Desconcierto parlamentario
La tragicomedia de la degradación política argentina, tuvo esta semana un nuevo acto con la representación de un sainete en el teatro parlamentario. El poder ejecutivo ya contaba con el abarcativo y temible “Decreto de Necesidad y Urgencia” (DNU) sobre cuya vigencia referiré más adelante. Sin embargo, a fin de ampliar la ofensiva y darle mayor legitimidad, el oficialismo envió al congreso, para ser tratado en período de sesiones extraordinarias fijado al efecto, el proyecto de ley “ómnibus” al que aludí en un artículo en la edición precedente: un mamotreto de 664 artículos y anexos con casi 100 más de amplia variedad de alcances que fue enmagreciendo conforme engordaba la cantidad de legisladores dispuestos a la aprobación en general. De este modo, eliminando en primer lugar el enorme y amenazante capítulo fiscal que constreñía económicamente aún más a las provincias, se fueron sucediendo tachaduras y recortes hasta que habría quedado en menos de la mitad. La semana anterior, en maratónicas sesiones de la cámara de diputados llegó a la aprobación general, ahora fallida, de lo que habría quedado de ella. Que se haya derrumbado no debería desalentarnos a reflexionar sobre lo sucedido.
He conjugado las últimas oraciones en condicional porque en verdad lo aprobado también sería objeto de controversia y hasta misterio. Además de exhibir públicamente la confusión y caos en el que se desenvolvieron las 3 largas sesiones, la torpeza e inexperiencia de los nuevos diputados y del desconcertado presidente del cuerpo, la validez de lo actuado quedó potencialmente en duda. Es probable que si el propio proyecto no desbarrancaba por la ausencia de acuerdos del bloque legislativo mayoritario, la aprobación hubiera sido declarada finalmente nula. Diversas objeciones han sido expresadas de manera inorgánica. Algunas en mi opinión menores como que varios testigos aliados al oficialismo refirieron que mientras en la cámara se discutía el proyecto, en un apartamento privado se le hacía modificaciones violando el reglamento que establece que las comisiones deben reunirse y sesionar en dependencias del Congreso. Sin embargo, en todo momento, la prensa y varios legisladores relataban que mientras el debate tenía lugar, se modificaba el proyecto de forma permanente a fin de conquistar los votos necesarios. Poco importa dónde. Lo fundamental es que se producían cambios en el original acrecentando el desconcierto generalizado sobre un cuerpo cuya mayoría no solo carece de serenidad y lucidez, sino antes bien, exhibe vocación circense. En consecuencia, las intervenciones se fundaban sobre un texto cuyo dinámico contenido, solo estaba reservado a los redactores, censores y unos pocos confidentes. Los oradores oscilaban de esta forma entre exordios genéricos y una lúdica búsqueda del tesoro: los artículos perdidos.
La práctica de introducción de tachaduras y enmiendas simultáneas a la sesión no solo impide un debate enjundioso, fundamentado y enriquecedor, sino que viola normas explícitas del reglamento ya que varios parlamentarios denunciaron que nunca recibieron la última versión del dictamen final, justamente por estar sometido a frecuentes cambios. El art. 147 del reglamento permite realizar el debate y aprobación de un proyecto sin previo despacho de comisión (o idénticamente, sobre un despacho desactualizado e informal) pero solo a condición de que tal aprobación sea adoptada por las dos terceras partes de los votos emitidos, cosa que no sucedió: el resultado final fue de 144 a favor con 109 en contra. Reforzaría además esta nulidad, si fuera cierto, lo denunciado por el diputado Hagman en la ex twiter respecto al retorno de 2 artículos que 2 días antes le habían confesado excluir. No disimula sin embargo, su aquiescencia con la manipulación y desquicio del propio poder legislativo, al haberle creído a referentes en base a dichos, hayan sido falsos o no. Su voto en contra del proyecto, fue a la vez un voto de confianza a quienes le habrían engañado y al fraude que convalidó la totalidad parlamentaria de confirmarse la incorporación por debajo de la mesa. Es completamente inaceptable que pueda debatirse, aprobarse o rechazarse en general una ley, si sus artículos constitutivos son móviles, desaparecen o reaparecen modificados en medio de la deliberación. Resulta gravemente preocupante que legisladores violen las reglamentaciones que los rigen, tanto como que las desconozcan. El propio Ministro del Interior, Guillermo Francos, interlocutor clave para los gobernadores provinciales y los respectivos legisladores, probable responsable de buena parte de las tachaduras y hasta de la retirada a comisiones y cierre de la sesión, quedó sorprendido por las consecuencias. Periodistas de un programa de TV tuvieron que explicarle en vivo que la totalidad de las votaciones realizadas ya no tenían efecto y el proyecto volvía a fojas cero ya que desconocía el art. 155 del reglamento que taxativamente lo establece. El aristocrático diario La Nación tituló “no la vieron”.
En sincronía, las sesiones fueron acompañadas de concentraciones en las inmediaciones que no tardaron en ser reprimidas salvajemente. Monstruosa e inédita, solo superada en ferocidad en el “argentinazo” de diciembre de 2001, los palos, gases y balas, hirieron 25 reporteros, además de manifestantes, con decenas de detenidos y una exhibición provocativa de recursos y fuerza. Paradójicamente, las fuerzas represivas cuyo declarado propósito consistía en garantizar la libertad circulatoria (de vehículos, no necesariamente de peatones) bloquearon las arterias viales mediante su magnificente y violento despliegue. Ningún fiscal actuó de oficio parando la masacre, de forma tal que muchas organizaciones acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la vez, las responsabilidades parlamentarias no se remiten exclusivamente a la demostración de torpeza, confusión e ignorancia. Aún sin ley ómnibus, muy diversas amenazas y sometimientos acechan a amplios estratos de la población, sobre los que el congreso tiene responsabilidad, además del poder judicial. De conjunto se revela como poder legislativo colaboracionista con honrosas excepciones individuales, carente de liderazgos importantes. Los principales referentes de la oposición, artífices del gobierno saliente y de la opción política alternativa a Milei, atruenan con el oxímoron de su inexplicable silencio. Mientras tanto, desde el 29 de diciembre del año pasado se encuentra vigente el DNU implementado por el poder ejecutivo que modifica, sustituye o deroga más de 100 leyes o decretos vigentes, con efectos devastadores en una inmensa variedad de ámbitos de intervención estatal. Podría haber sido derogado por las 2 cámaras legislativas, o inclusive aprobado por una de ellas, pero nada de eso sucedió, por excusas de procedimiento que ahorraré al lector. El código Civil y Comercial garantiza que, si no es rechazado por ambas, aprobado por alguna o simplemente no es tratado, entra automáticamente en vigencia 8 días corridos después de haber sido publicado en el Boletín Oficial. Al carecer tanto de rechazo o aprobación, el DNU impone su vigencia y efectos con la sola energía de su propio aliento.
Este instrumento fue profusamente utilizado por todos los gobiernos precedentes y salvo ocasiones contadas en que la Corte intervino, se mantienen. Más allá de las cuestiones procedimentales como el hecho de que no está constituida la comisión bicameral respectiva, la razón última habrá que encontrarla en la molicie de los “representantes” con la que coronan una complicidad tácita, incluyendo a la deshilachada, fragmentaria y voluble “oposición”. En 40 años de vigencia constitucional desde el derrumbe de la dictadura, sólo 2 DNUs fueron rechazados legislativamente. Sin pretensión alguna de exhaustividad, a través de él, hoy están derogadas las leyes de alquileres, todas aquellas que contaban con algún tímido control de precios y abastecimiento de bienes de primerísima necesidad, de control aduanero, cayeron las leyes de promociones industriales y comerciales, de tierras, de regulación de la medicina privada, obras sociales e industria farmacológica, y hasta las normativas que impedían la privatización de empresas públicas. También fue disuelto el “Observatorio de Precios del Ministerio de Economía”. No obstante, además del desgarramiento de las regulaciones y protecciones del Estado, también contiene iniciativas, como la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, la conversión de los clubes en tales figuras jurídicas empresarias y la llamada “modernización” laboral que un amparo de la Cámara correspondiente puso en suspenso argumentando inconstitucionalidad. De lo contario, a modo de ejemplo, ya estarían recortadas las indemnizaciones por despidos, que inevitablemente llegarán en cascada producto de la ruina económica, que sucede inevitablemente a lo escuetamente resumido. Apenas un susurro en medio de la tempestad. Argentina se está convirtiendo en el mayor laboratorio de experimentación social regresiva a escala mundial. A la “retro-revolución” de Milei, en marcha, solo le restaría la restitución de la esclavitud. El carácter abarcador de los ámbitos de aplicación, unido a la prisa e inescrupulosidad, no le es exclusiva. Parece un sesgo propio del neofascismo rioplatense que hoy recala en ambas orillas. Es imposible no reconocer algunos de estos propósitos y sus efectos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) con la que inició su gobierno el Presidente Lacalle en Uruguay.
El modelo republicano de teórico equilibrio e igualdad de los tres poderes (y contrapoderes) conlleva un único espacio donde se pueda encarnar la deliberación pública: precisamente el parlamento. Si ante un poder ejecutivo con pretensiones absolutistas, avasallantes y depredatorias de los intereses populares no se le opone un poder legislativo sólido y representativo, probablemente no haya fuerzas represivas que impidan que las funciones que éste resigna, las ejerza directamente la esperable población movilizada y en vías de organización.
Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires)
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