La Argentina representa solo el 0,3% de la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, pero es el décimo exportador de alimentos y el tercero en soja y sus derivados (harinas, pellets, aceite y biocombustible).
La fábrica Renova (Ex Vicentín y Glencore) [1] de Timbúes es la mayor productora de aceite de soja mundial, y el puerto de Rosario, con sus 31 terminales en 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur y Timbúes al norte de la ciudad, es el principal puerto de exportaciones agro y agro-industriales del planeta.
La Argentina extractivista y agro-exportadora se benefició y se potencializó con el gobierno de Macri, y se consolida con el gobierno de Alberto Fernández, hecho propiciado con la reducción de los derechos de exportación (retenciones), con cupos (limitaciones para exportar) muy flexibles, sumado a la baja presión impositiva sobre el valor de la tierra [2], las inmejorables condiciones naturales y las creadas por fuertes inversiones en el sector, acrecentando las ventajas comparativas estáticas y dinámicas.
A su vez, según la estadística elaborada por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en base a los embarques de granos y subproductos, durante el primer cuatrimestre del año se evidencia una fuerte primarización de los envíos. Es decir, se está exportando más grano sin procesar que con valor agregado (aceites y harinas), situación que impacta de lleno no solo en el ingreso de divisas sino también en la capacidad ociosa del sector y la rentabilidad del negocio.
En efecto, se exporta con menos trabajo incorporado y en desmedro del precio internacional, donde subieron fuertemente el de los granos pero mucho más el de su industrialización, por ejemplo, al 20 de mayo de 2022, en el mercado de Chicago, el precio de la tonelada de la soja es de 620,34 dólares y el de su aceite de 1.765 dólares.
Este país, que es el tercer productor de bienes y servicios de América Latina (después de Brasil y de México), es, sin embargo, el cuarto más pobre de la región en cuanto a porcentaje de su población. De acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dependiente de Naciones Unidas, la pobreza en la Argentina trepó a 38,8% y el desempleo a 20,9% como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en la economía en el año 2020. Mejoró en el año 2021 pero no revierte la situación de pobreza.
Una familia «tipo» (dos adultos y dos niños) necesitó en abril 2022 de $95.260,37 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC. Pero mayor aun fue la suba de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia: mostró un salto de 6,7% hasta los $42.526,96 y esto es así por el impacto directo del incremento en el precio de los alimentos.
Por decreto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del 1° de abril de 2022 se fijó un salario mínimo, vital y móvil de $38.940 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744. Y a partir del 1° de junio de 2022 en $ 45.540, salario que seguramente va a ser menor que el precio de la canasta básica alimentaria de dicho mes.
Trabajan y son pobres. Y los que perciben el salario mínimo, vital y móvil no superan la línea de indigencia, configurando la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) de que se tenga registro.
Y ello se agrava permanentemente cuando observamos que los exportadores de productos primarios, cuyo techo en sus precios estaba fijado por el de los mercados externos, hoy ni siquiera respetan ese límite. La botella de litro y medio de aceite de girasol cuesta en Ámsterdam (puerto de entrada a Europa) 2 euros y en los supermercados de Madrid 2,48 euros. El INDEC sostiene que ese producto tiene un precio promedio en la Argentina de abril 202 de $ 351,67, quiere decir 2,93 euros. O al revés, ya no toman la paridad oficial de $120 por euro que fue la fijada por el Banco de la Nación Argentina al día viernes 29 de abril de 2022, sino que es de $141,8 por euro. (El precio local dividido el precio en Madrid.)
El girasol se produce y cosecha acá, se prensa y se convierte en aceite acá, viaja 10.000 kilómetros hasta Europa y sin embargo el consumidor local lo paga más caro, cuando el salario neto promedio en Europa central es de 3.500 euros por mes y en la Argentina ronda los $ 118.000 (no alcanza a los 1.000 euros).
Al no existir los debidos controles de embarques (recordemos que Gustavo Nardelli [3] presidía la Terminal el Puerto de Rosario hasta hace muy poco, y continúa administrando al mismo tiempo la sociedad de la que formaba parte), se explica por qué los grandes acopiadores, productores y comercializadores acrecientan sus exportaciones en desmedro de la venta al mercado argentino, pese a que en el mercado argentino les pagan más que afuera.
Las retenciones
Las retenciones (Derechos de Exportación) hicieron su reaparición con el decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una de las crisis más profundas de la historia argentina. En los considerandos de la normativa se justificó su aplicación en la «grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas» y en la necesidad de «atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos».
Inicialmente, las alícuotas fueron del 10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol (productos procesados pagaban sólo 5%). Luego, en abril de ese año, los porcentajes subieron a 20% en cereales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mientras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron a tributar un 20%.
Hacia 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando, de esta forma, en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos.
En octubre de ese año 2007, Kirchner volvió a modificar el esquema, fijando para el maíz un derecho de exportación del 25% y para el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente. Las retenciones se mantuvieron en el mismo nivel desde fines de 2008 hasta finales de 2015, cuando asumió Mauricio Macri. En ese momento se eliminaron las retenciones para el trigo, maíz y girasol, en línea con una promesa de campaña. La soja bajó del 35% al 30% y a partir de 2018 fue bajando 0,5% por mes, llegando al 26% en agosto de ese año.
La anulación de los Derechos de Exportación solo le dejó alcanzada a la soja en el inicio del gobierno de Cambiemos, aunque luego le puso una suma fija de 4 a 5 dólares. Mediante la Ley 27.541.de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, el gobierno de Alberto Fernández estableció que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB.
Se prohíbe que la alícuota de los derechos de exportación supere el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB para las habas (porotos) de soja. Se prohíbe superar el 15% para aquellas mercancías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que tenían una alícuota de cero a esa fecha. (Los demás granos.)
Se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo nacional. Las alícuotas de los derechos de exportación para bienes industriales y para servicios no podrán superar el 5% del valor imponible o del precio oficial FOB. Las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial FOB. En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
Luego mediante Decretos del Poder Ejecutivo se modificaron las alícuotas de manera que en el caso de la soja, deben abonar el 33% aquellos productores que exporten más de mil toneladas anuales. Los productores medianos continuarán pagando el 30% y los productores chicos —hasta 500 toneladas anuales— son subsidiados por el 3% de las retenciones que pagan los que abonan la tasa del 33% (por ende al “Fisco” el ingreso es el 30%).
Finalmente con el aún no puesto en funcionamiento “Fideicomiso del Trigo” se incrementa la alícuota en 2 puntos de la harina y del aceite de soja, para financiar que el productor y comercializador de harina para panificación perciba un subsidio que reduzca el precio final a las panaderías.
De haberse aplicado el mismo esquema de Kirchner, por ejemplo, al maíz en grano, le hubiera significado a la Administración Nacional un ingreso de 1.176,8 millones de dólares, suma que le permitiría cubrir holgadamente el bono de asistencia a la población. Sin embargo escuchamos al Presidente de la Nación decir que “las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda“, cuando sabe que la llamada oposición va a votar en contra y su ministro Martín Guzmán asevera que el tema retenciones está afuera de la agenda gubernamental.
Cupos de Exportación
CARNE VACUNA: El 9 de marzo de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner suspendió las exportaciones de carne vacuna por seis meses (excluyendo la Cuota Hilton) por no haber cumplido los frigoríficos con el límite de venta al exterior en el segundo semestre del año 2005.
Con la actual administración, el 18 de mayo 2021, se decidió suspender por un lapso de 30 días la exportación de carne de res. Luego se iría flexibilizando la medida y otorgando cupos para su exportación, distribuyendo las 27.608 toneladas por mes hasta fin de año (7 meses x 27.608= 200.000 toneladas). Más de la mitad se repartió entre 10 frigoríficos del Consorcio ABC. Entre los frigoríficos exportadores beneficiados en el cupo se encuentran la brasileña Swift (con un cupo mensual de 3.183 toneladas), Arre Beef (1.867 toneladas), Friar (1.600 toneladas), Rioplatense (482 toneladas) y Compañía Bernal (1.303 toneladas). El también brasileño Grupo Marfrig (1.238 toneladas), Importadora y Exportadora Patagonia (1.231 toneladas), Azul Natural Beef (1.067 toneladas), Santa Giulia (969 toneladas) y Quickfood (923 toneladas).
TRIGO: Desde 2006, los gobiernos kirchneristas han limitado la cantidad de trigo exportable, con el mismo objetivo de asegurar un abastecimiento y a menor precio. Fue recién en el año 2015 que el entonces ministro Kicillof flexibilizó el cupo a un millón de toneladas para exportar trigo. Por otra parte, habilitó una cuota para colocar 100.000 toneladas de harina.
El gobierno de Alberto Fernández decidió “flexibilizar” el cupo tácito de exportación de trigo 2020/21 y en la cosecha 2021/22 que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dijo que fue de 22,1 millones de tonelada se autorizó a exportar 14 millones.
MAIZ: La idea, como con el trigo, es primero que los exportadores deberán asegurar 9,3 millones de toneladas de maíz para el abastecimiento del mercado interno y, a partir de allí se puede exportar. La cosecha 2021/22 fue (siempre según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) de 47,7 millones de toneladas y se autorizó exportar 38,4 millones
En síntesis
Es obvio que se deben extremar los controles en las ventas al exterior, como también fijar derechos y cupos de exportación que prioricen el mercado interno. Pero todo ello es inútil si no se frena el precio del dólar y, para ello, se debe incumplir con el FMI con el que se acordó que el precio de las divisas crezca a igual tasa que la inflación. Paralelamente impone metas de crecimiento de las reservas internacionales del BCRA de 5.800 millones este año 2022, cuando a mayo de 2022 y en plena cosecha gruesa no alcanza a los 800 millones de dólares, restan junio y julio y después desde agosto hasta diciembre, mes que recién comienza el ingreso de las ventas externas de trigo y del resto de la cosecha fina, pero que en ningún caso hace cumplible la meta y por ende el FMI propicia, permanentemente, la devaluación de nuestra moneda.
Notas
[1] Timbúes es una localidad del departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, a 35 km de Rosario. El 2 de diciembre de 2019 Vicentin transfirió el 16,67 % de sus acciones en RENOVA SA, a Glencore que de esa manera se quedó con la participación mayoritaria de esa firma.
[2] El total de la recaudación del impuesto inmobiliario rural de todas las provincias en el año 2021 fue menos del 0,4% del PIB
[3] Los hermanos Sergio (falleció en agosto 2020) y Gustavo Nardelli, Alberto Padoan, Daniel Buyatti y Roberto Gazze están acusados en la justicia Argentina y en los EEUU de quiebra fraudulenta. Un grupo de entidades, entre las que figuran Crédit Agricole, ING y Rabobank, reclama en Nueva York una deuda de 500 millones de dólares y considera que los ex directivos de Vicentin cometieron fraude “vaciando” la compañía
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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