De logro para México, calificó Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el mecanismo de protección Alerta de Violencia de Género (AVG), al que consideró una eficaz herramienta para proteger los derechos humanos de las mujeres. La afirmación fue formulada por Arámburu al participar el pasado día 6 en el […]
De logro para México, calificó Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el mecanismo de protección Alerta de Violencia de Género (AVG), al que consideró una eficaz herramienta para proteger los derechos humanos de las mujeres.
La afirmación fue formulada por Arámburu al participar el pasado día 6 en el Panel Eurosocial «La igualdad de género en el corazón de la cohesión social» durante las Jornadas Europeas de Desarrollo Social 2018 que se realizan en Bruselas.
Al feminicidio lo definió como un grave problema y dijo que la AVG lo reconoce y enfrenta, ya que es la punta del iceberg de múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres, que se dan de manera cotidiana y son socialmente toleradas.
El Panel Eurosocial dentro de las Jornadas Europeas de Desarrollo Social 2018 tiene como objetivo compartir las experiencias de políticas públicas para erradicar la discriminación de las mujeres; reúne a funcionarias de la Comisión Europea y Agencias de Cooperación Europeas, representantes de embajadas latinoamericanas en Bruselas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Eternod Arámburu afirmó que avanzar hacia sociedades más cohesionadas conlleva la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, y con ello su erradicación; sólo así alcanzaremos un desarrollo sostenible con igualdad sustantiva para todas y todos. La aplicación de la AVG toma medidas para que funcione, a pesar de los contextos políticos y sociales, altamente complejos y dinámicos que existen en México.
El INMUJERES solicitó el apoyo de consultoría a Eurosocial para evaluar el funcionamiento de la AVG y su Mecanismo, reconociendo que a pesar de los avances y esfuerzos para reforzar las políticas públicas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, ninguna de las alertas declaradas se ha concluido. En el primer semestre de esta consultoría se identificó que las dificultades en la efectividad del mecanismo son de índole estratégica y metodológica.
Luego advirtió que ni los gobiernos, ni las organizaciones de la sociedad civil ni las organizaciones internacionales están en condiciones de erradicar el problema de la violencia contra los mujeres por sí solos, sino que se requieren múltiples esfuerzos sostenidos y coordinados para resolver esta problemática, por ello el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, único en el mundo, está permitiendo generar una sinergia más sólida para dar una respuesta integral por parte del Estado Mexicano, pero, puntualizó «se necesita mucho más».
Expuso en su intervención las ventajas, límites y potencialidades del mecanismo de Alerta de Violencia de Género, destacó que el trabajo de las organizaciones de mujeres y la sociedad civil han sido clave para visibilizar, cuestionar y medir los avances y retos, denunciar y reconocer la violencia contra las mujeres, como un gravísimo problema, sacándolo del ámbito de lo privado a la agenda política.
En 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerada una de las legislaciones más integrales de la región de América Latina y el Caribe, pues señala tres mecanismos para aplicar la política pública nacional a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres: El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por el Secretario de Gobernación, dándole prioridad en la agenda nacional, un programa integral, y el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género en contra de las mujeres.
Eternod Arámburu destacó que la Alerta para la Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres para generar una reacción inmediata entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y los tres poderes de los gobiernos estatales para intervenir en corto plazo y no sustituye a las políticas públicas, sino las complementa.
Entre los retos de la Alerta de Violencia se encuentra generar una reacción inmediata entre las autoridades, pues en la actualidad la mayoría de las recomendaciones y medidas de trabajo que se han generado son de tipo estructural y requieren de un mediano o largo plazo para ser implementadas y arrojar resultados.
Informó que el funcionamiento de la Alerta de Violencia de Género fue definido por un reglamento de 2008, que establecía que correspondía al Sistema Nacional resolver definitivamente, mediante votación, la procedencia de la declaratoria de Alerta, pero las solicitudes se politizaban y no admitieron ninguna de las investigaciones solicitadas, por lo que el reglamente fue modificado en el 2013 para brindarle autonomía, transparencia e imparcialidad al proceso de investigación.
Como resultado se han presentado 44 solicitudes, de las cuales se han declarado 13 Alertas, mientras nueve se encuentran en trámite.
Explicó que las solicitudes las pueden presentar organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organismos de la sociedad civil legalmente constituidas. La solicitud se hace a través del INMUJERES, encargado de comunicarlo a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se tramita la solicitud y se confirma el grupo de trabajo que investiga la situación de violencia en particular y general, e implementa medidas provisionales de seguridad y justicia.
También incluye un estudio legislativo en su informe de la situación de violencia con el fin de proponer acciones que permitan contrarrestar el estado de emergencia. Las medidas incorporadas son de prevención, seguridad y justicia.
Los casos en que proceden las solicitudes de declaratoria son dos: cuando existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame y cuando exista un agravio comparado; es decir, un ordenamiento jurídico vigente o política pública que transgrede los derechos humanos de las mujeres.
Consideró necesario que la implementación de dichas medidas funcione a pesar de los contextos políticos y sociales, altamente complejos y dinámicos que existen en el país, y que se dé respuesta en dos niveles; es decir, a nivel global que determine el accionar del mecanismo y al momento de intervenir en un caso específico.
En la actualidad, el funcionamiento y los criterios de aplicación del mecanismo de Alerta han venido definiendo y modificándose sobre la marcha. Así como que se definan los recursos estatales y federales para generar las diferentes etapas del procedimiento, y se determinen los factores para dar por concluida la aplicación del mecanismo.
El garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia ha representado un enorme reto para México, un enorme desafío no sólo por su gran extensión territorial de casi dos millones de kilómetros cuadrados, al estar constituida por 32 estados al ser que conforman una República federal, donde cada una de ellas cuenta con sus propias leyes, instituciones y recursos, además de la gran diversidad cultural con 68 pueblos indígenas, por lo que incorporar la perspectiva territorial para mejorar y fortalecer la articulación entre el nivel federal y estatal, ha sido fundamental.
Marcela Eternod explicó que en México, gracias a que existe una mayor disponibilidad de información estadística sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres sabemos que se presenta en distintos ámbitos, en las distintas etapas de la vida de las mujeres donde se entrelazan múltiples tipos de violencia.
Agregó que hay diferentes dinámicas sociales y, por lo tanto, la violencia contra las mujeres no ocurre de la misma manera en todo el territorio mexicano, porque tiene características diferentes que responden a contextos diferentes, lo que exige soluciones específicas a cada realidad.
Establecer la perspectiva de género como estrategia transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 fue fundamental, y en este marco se elaboró en 2013 el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las Mujeres, el PROIGUALDAD, de cumplimiento obligatorio y que incide en los tres poderes; ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres órdenes de gobierno; federal, estatal y municipal, e incluye a organismos autónomos y a organizaciones de la sociedad civil.
Abundó que al reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema multidimensional, el PROIGUALDAD incluye 50 líneas de acción en materia de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, con indicadores precisos a los que se da puntualmente seguimiento para hacer los ajustes necesarios para su cumplimiento.
En este contexto, el gobierno federal y el INMUJERES han firmado convenios de colaboración con los gobiernos de las 32 entidades federativas, y se impulsa una agenda de trabajo conjunta para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para cuidar la salud, estudiar, acceder a recursos económicos, al empleo, al trabajo remunerado, a participar en la toma de decisiones y a vivir una vida libre de violencia.