En las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de La Paz, sentado en el suelo, un anciano indígena haraposo llora desesperadamente su desgracia: Buscó justicia en el lugar equivocado. Los jueces acaban de soltar a un mortal desalmado que le estafó todos los ahorros de su vida. Está destrozado y clama en quechua: «¡Ya […]
En las puertas del Palacio de Justicia de la ciudad de La Paz, sentado en el suelo, un anciano indígena haraposo llora desesperadamente su desgracia: Buscó justicia en el lugar equivocado. Los jueces acaban de soltar a un mortal desalmado que le estafó todos los ahorros de su vida. Está destrozado y clama en quechua: «¡Ya no quiero seguir sobreviviendo!». Lamento existencial extraño para los administradores de la (in)justicia porque el que clama no es un cliente solvente.
Esta es la cruda y cotidiana realidad judicial para los empobrecidos, quienes por desgracia pisaron los espacios del sistema judicial boliviano y fueron mordidos mortalmente por las serpientes. Inmoralidad que de tanto repetirse ya se nos hizo casi «natural».
Los palacios de justicia para los indígenas, las mujeres empobrecidas, los campesinos y todos los excluidos, son la materialización del mal, de la mentira y de la injusticia. El indígena se pone nervioso cuando por desgracia llega ante los tribunales. No porque sea culpable, sino porque está en un territorio extraño. Nadie habla su idioma. El desprecio y la calumnia se respiran hasta por los poros. La acusación es en un idioma desconocido y con tecnicismos jurídicos arcaicos. El indígena y el empobrecido ingresan vencidos a los tribunales para salir muertos en vida.
El sistema judicial boliviano es similar a un nido de serpientes. Serpientes que sólo pican a los descalzos que andan a pie. A sus progenitores las víboras nunca muerden. Este sistema es una de las trincheras de la corrupción tramada y legalizada por los politiqueros. Urdido según los intereses de los partidos políticos tradicionales. El Órgano Legislativo elige a los magistrados de la justicia como favores políticos seguros, porque, estos magistrados, una vez ya en el ejercicio de sus funciones, devuelven con creces dichos favores a sus camaradas.
En los últimos cinco años, los funcionarios públicos robaron del Estado boliviano cerca de un millón de dólares, de los cuales sólo se recuperó el 5%. Sabe Ud. ¿Cuántos ex legisladores, ex presidentes y ex ministros han sido procesados y sentenciados por velados actos de corrupción en la administración pública? Casi ninguno. ¡Ni pensar en procesar a los jueces cómplices! Este es el sistema judicial boliviano. Corrupto hasta el útero. Y esta corrupción es
la que se expande como ondas marinas hasta los rincones judiciales más remotos del país.
Frente a esta aberrante situación, la ciudadanía se organiza y ejerce la justicia con sus propias manos. ¿Recuerda Ud. por qué los comunarios quemaron vivo al Alcalde de Ayo Ayo el año 2004? ¿Recuerda quiénes protegían desde las estructuras judiciales más altas a este Alcalde, con velados antecedentes de corrupción? Los mismos que ahora defiende y quieren convencernos de que el sistema judicial boliviano es una guarida angelical. ¡No, pues! Entre abogados sabemos de qué madera está hecho nuestro sistema judicial. Además, la justicia es la virtud inexistente en el ejercicio de la abogacía.
La ciudadanía, medianamente informada, se enfurece cuando los 4 magistrados del tribunal Constitucional, posesionados por el «Ayatolá» de los corruptos, Gonzalo Sánchez, 14 días antes de huir de país, sacan de sus funciones a los 4 magistrados de la Corte Suprema nombrados interinamente por el Presidente Evo Morales. Estos magistrados interinos de la Corte Suprema pusieron en la cárcel al ex ministro F. Kieffer, quién robó la ayuda internacional para los sobrevivientes del terremoto de Aiquile y Totora. Además, aunque por unas horas, mandaron a la cárcel al ex Prefecto de La Paz, Chito Valle, quien en las narices de los paceños saqueó el presente y el futuro de dicho departamento. Impulsaban el juicio de responsabilidades contra el líder espiritual y moral de la oposición corrupta, Gonzalo Sánchez (sus ministros y colaboradores). Ahora, hasta este proceso corre serios peligros.
Esta vergonzante situación del sistema judicial, con algunas excepciones, exige una profunda transformación estructural y personal. La nueva constitución Política que emerja de la Asamblea Constituyente, tiene que establecer el voto popular para la elección de los magistrados del Órgano Judicial. Debemos construir un control social sobre los jueces, al igual que para el resto de los funcionarios públicos.
Por la salud de nuestra democracia, debemos superar el discurso legalista de: «La Ley dice», con relación al sistema judicial. Todos sabemos que el ordenamiento jurídico del país es la expresión de la voluntad y de los intereses de cuantos desgobernaron y colonizaron culturalmente el país por muchos años. Es el momento para ser autocríticos y comenzar a extirpar el mayor tumor maligno del país. De lo contrario, las víboras seguirán mordiendo a los descalzos de a pie.