El eslogan de la 4T y su régimen político

Si se trata de la secuencia independencia, etapa liberal del presidente Juárez y la Revolución Mexicana, sorprendentemente brinca o ignora el periodo del porfiriato que fue un régimen que duró de 1876 a 1911, es decir, 35 años donde, independientemente del carácter conservador del régimen, hubo importantes transformaciones que redundaron en el estallido de la revolución mexicana de 1910-1917 y que costó más de un millón de muertes. Si se incluyera no sería la 4T sino la 5T. El régimen posrevolucionario que se impuso en México fue uno presidencialista-autoritario con tintes populistas durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) que repartió la tierra entre el campesinado e intentó reducir, pero no extirpar, la desigualdad social, además de la implementación de la expropiación petrolera de manos privadas transnacionales, principalmente norteamericanas. En los regímenes posteriores hasta la actualidad (2024) si bien cambió de manos formalmente el gobierno: desde el priismo hasta el panismo y el retorno del primero con Peña Nieto -fundamentalmente neoliberales- el nuevo régimen político del morenismo no cambió ese carácter autoritario del presidencialismo. El Ejecutivo (como también se le denomina al presidente en turno) sigue mandando tanto al nivel del Congreso como de la sociedad, dictando las reformas a la constitución mediante sus ordenanzas a su partido político y sus afines. La «democracia» burguesa que se reduce al proceso electoral y ocurre cada 6 años, no es participativa, ni mucho menos directa, sino representativa a través de los flamantes diputados y senadores generalmente distanciados del «pueblo», es decir, de los trabajadores y las clases explotadas y oprimidas de la sociedad burguesa.

El gobierno saliente no cumplió con sus promesas de campaña, ni resolvió el problema de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa a raíz de un crimen de Estado así caracterizado por sus familiares que hasta la fecha exigen su esclarecimiento y la aplicación de la justicia. Tampoco resolvió el problema de la soberanía nacional al optar por una mayor «integración» con Estados Unidos al refrendar el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte mediante su renovación a través del actual T-MEC afianzando de este modo la dependencia estructural del país —sobre todo a través del aumento del porcentaje de las reglas de origen—y sus compromisos con el Norte Global, en detrimento del Sur Global, tanto con América Latina como con los BRICs.

Si una parte de la población refrendó su voto a favor del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que es la actual presidenta del país representando un continuismo del gobierno anterior, fue justamente por el vaciamiento social de los partidos burgueses del PAN, PRI y PRD y la ausencia de una fuerza política que representara una alternativa anticapitalista y no solamente reformista y socialdemócrata. El juego electoral es solamente corporativo entre los grupos políticos que se reparten y benefician del poder, de la riqueza y las prebendas mediante las cuales una buena parte de la burocracia partidista se enriquece a costa de la población que se empobrece agobiada por bajísimos salarios, empleos precarios e informales, pensiones de sobrevivencia, pobreza, violencia y desigualdad creciente. Si bien durante el gobierno anterior al actual se impulsaron «programas de beneficio social» como ayudas a los jubilados o becas a los jóvenes, por cierto bien vistos por el Banco Mundial en la medida en que en el fondo están encaminados a reducir un poco la pobreza extrema y a contener la conflictividad social en las zonas calientes del país, sin embargo fueron insuficientes para resolver los graves problemas socioeconómicos que padece la gran mayoría de la población. En este contexto también se registró un aumento histórico al salario mínimo, respecto a la curva descendente que venía experimentando desde los años setenta del siglo pasado, pero pronto fue engullido por la inflación galopante, sobre todo, de los productos de la canasta básica familiar que ingresan en el costo del valor social de la fuerza de trabajo y el incremento de impuestos. A diferencia del período del desarrollismo mexicano que por lo menos mantuvo una política de control de precios a través del mantenimiento de «precios de garantía» de productos básicos como el maíz y el frijol, entre otros, en la actualidad prevalece la política neoliberal de la «libertad de mercado», es decir, la libertad que tiene el capital y los comerciantes para «ajustar» sus precios (léase ¡aumentar!) en función de sus intereses de clase para obtener altas tasas de ganancia y de rentabilidad. No es casualidad que en estas condiciones el 1% de la población, es decir la lumpenburguesía y la oligarquía, se apropie del 49.9% de la riqueza nacional mientras la mayoría comparte el otro porcentaje. A pesar del bajo crecimiento económico observado durante el sexenio anterior en promedio de alrededor del 1%, uno de los más bajos de las últimas décadas, los magnates del capital, los Slim, los Salinas, los Azcárraga, los Larrea, los Bailleres, los Beckman fueron los empresarios mimados del régimen, al igual que en el pasado lo fueron los amigotes del «nacionalismo revolucionario». Y por supuesto los bancos trasnacionales. Aun así, no se implementó una reforma fiscal que gravara sus millonarios ingresos. Ciertamente que la epidemia del coronavirus fue un factor negativo que influyó en la política económica del gobierno y en la tasa de crecimiento, como ocurrió en gran parte de los países inclusive desarrollados; pero no debe ser invocada para justificar la ineficacia del régimen en materia de justicia y de desigualdad social. Otros países, incluso bloqueados por el imperialismo norteamericano como Cuba y Venezuela salieron airosos de la crisis sanitaria en medio de todo tipo de dificultades, arrojando tasas de mortalidad menores que países desarrollados como Estados Unidos, Suecia o Gran Bretaña considerados como «modelos de desarrollo». El bloqueo y el monopolio trasnacional de las vacunas no lograron quebrantar la solidaridad de los pueblos y sus gobiernos para vencer dicha crisis sanitaria.

En política internacional tampoco se mostró el presunto lado «progresista» del gobierno de AMLO: ante los insistentes reclamos de sectores de la ciudadanía mexicana e internacional hizo oídos sordos para romper relaciones diplomáticas con la entidad sionista que perpetra la bárbara masacre y el genocidio del pueblo palestino y gazatí, avalando con su silencio ese crimen de lesa humanidad.

Muchos pensaron que el gobierno iba a implementar una reforma constitucional para actualizar la carta magna y adaptarla a los nuevos tiempos considerando que otros gobiernos lo han hecho como el venezolano o boliviano, independientemente de la duración de sus mandatos. De esta actualización, tal vez, hubiera surgido algo parecido a la 4T o 5T. Pero no fue así, ni lo será durante la actual administración que ni siquiera lo ha planteado. Tendría que ser desde abajo, obra de los trabajadores y del pueblo mismo quienes marcaran el rumbo que debe seguir el país, por vez primera, en concordancia con sus intereses de clase y nacionales yendo al fondo de la profunda crisis estructural del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano fuertemente atado a la geopolítica imperialista norteamericana y a las contradicciones de la economía mundial.

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