La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum del pasado 25 de enero con el 61,4% de los votos y promulgada el 7 de febrero, es sin duda trascendental para la refundación de Bolivia. En lo sustancial, establece la conformación de «un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, […]
La nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el referéndum del pasado 25 de enero con el 61,4% de los votos y promulgada el 7 de febrero, es sin duda trascendental para la refundación de Bolivia. En lo sustancial, establece la conformación de «un Estado Unitario Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías» (departamentales, regionales, municipales e indígenas). El reconocimiento de los derechos individuales y colectivos, la participación ciudadana, el principio de equidad, el término de las exclusiones y discriminaciones de todo tipo están presentes en el nuevo texto constitucional.
Este triunfo de la revolución democrática liderada por el gobierno de Evo Morales se ganó a costa de grandes movilizaciones del pueblo boliviano y claras demostraciones de fuerza del Ejecutivo para desbaratar la campaña golpista de la oligarquía, apoyada decididamente por el imperialismo estadounidense. Igual fortaleza se requiere ahora para conseguir la aprobación de leyes transitorias y reglamentos en un Congreso con mayoría opositora. Sin este complemento muchos cambios contenidos en la nueva Constitución quedarían sólo en el papel. O bien, obligarían al presidente de la República a recurrir permanentemente a decretos supremos. Sin embargo, los derechos ciudadanos y los recursos de defensa legal entraron automáticamente en vigencia, porque no necesitan leyes especiales.
De acuerdo al mandato constitucional, el gobierno boliviano envió al Congreso un proyecto de ley electoral que modifica la anterior y convoca a elecciones generales para el 6 de diciembre de este año. Los bolivianos tendrán la posibilidad de reelegir al presidente y vicepresidente de la República por un nuevo período que terminará en 2015. En abril del próximo año, habrá otra elección nacional de autoridades municipales y prefecturales (gobernadores).
El calendario electoral boliviano también incluye la convocatoria a plebiscito en junio de este año, en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, para aprobar la formación de gobiernos autónomos. Estas regiones habían votado por el No a la autonomía en 2006. En tanto, los departamentos de la «media luna», que ya aprobaron la autonomía -Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija-, deberán adecuar sus estatutos a la norma constitucional.
Además de dar el sí a la nueva Carta Magna, en el referéndum el pueblo boliviano también se pronunció contra el latifundio, en un país donde el 91% de las tierras cultivables está en poder de latifundistas vinculados a la derecha política. El 78% de los votantes decidió que la propiedad máxima de la tierra no puede exceder las 5.000 hectáreas y sólo el 22% optó por un límite de 10.000 hectáreas.
Sobre estos temas, pero también sobre proyecciones de más largo plazo de la revolución democrática, PF conversó con el ministro de Relaciones Exteriores y de Culto de la República de Bolivia, David Choquehuanca. Debido a sus muchas obligaciones fuera y dentro del país, la entrevista se efectuó en dos partes, unos días antes del referéndum constituyente y después de éste.
¿Cuales son las prioridades en el proceso de implementación de la nueva Constitución Política del Estado?
«Una de las prioridades es que el Parlamento tiene que trabajar la ley para la elección del presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Otra de las prioridades es reglamentar el derecho a voto de los bolivianos en el exterior. Y, obviamente, lograr que los bolivianos conozcan los derechos que establece la nueva Constitución Política, porque muchos los ignoran.
Estamos adecuando la estructura del Poder Ejecutivo para que nos permita alcanzar los objetivos de un Estado plurinacional. Nosotros, como Ministerio, tenemos que elaborar una nueva ley del servicio exterior que pueda adecuarse a la Constitución».
¿Cuáles son los obstáculos que se encontrarán?
«Hay grupos de poder, personas que no querían escuchar hablar de la Asamblea Constituyente que debía elaborar el proyecto de nueva Constitución. No querían una democracia participativa. Ellos se han opuesto desde que el presidente Evo Morales fue elegido, desde que los indígenas marcharon demandando participación y la construcción de una nueva Bolivia, más incluyente, menos discriminadora. Y van a seguir obstaculizando. Se han organizado en partidos políticos, en comités cívicos, y a pesar que el pueblo boliviano ha dado un mensaje profundo de que no quiere el latifundio, estos latifundistas, que siempre han tenido privilegios, no abren el ojo todavía, y ya están trabajando para que este proceso no se consolide. Pero la mayoría del pueblo, no sólo el movimiento campesino indígena, ha votado contra el latifundio, incluso en Santa Cruz, Beni y Pando. Es un mensaje que ellos tienen que saber leer. O sea, la gente ya no quiere que los latifundistas sigan gobernando.
Pienso que el pueblo boliviano así como logró con sus movilizaciones que se instalara la Asamblea Constituyente, va a superar esos obstáculos.
Estos grupos de poder utilizaron a jóvenes universitarios para tratar de sabotear la Asamblea Constituyente, pero el pueblo se organizó y superó ese escollo. Luego quisieron cambiar a nuestro presidente y plantearon el referéndum revocatorio. Entonces el pueblo se organizó otra vez y respondió con mucha madurez, ratificando al presidente Evo Morales con más del 67% de los votos.
Los opositores no aceptaban el texto de la nueva Constitución Política del Estado, pero el pueblo la aprobó por mayoría. Ahora ellos se están reagrupando para que no haya elecciones en diciembre, porque saben que el presidente Morales va a ganar con más de dos tercios de los votos.
El pueblo boliviano está consciente de los resultados que se han alcanzado en apenas tres años de gobierno. Podemos hablar de varias medidas. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto (incentivo monetario para evitar la deserción escolar), la Renta Dignidad (asignación mensual del Estado a todos los mayores de 60 años, jubilados o no). Todo lo que ellos hicieron en veinte años en infraestructura y carreteras, nosotros lo hemos hecho en tres años. El pueblo boliviano lo sabe, está informado de los logros que ha alcanzado la revolución democrática. El trabajo de conspiración para hacer fracasar este proceso no va a avanzar».
Pachakuti: retorno al equilibrio
¿Cómo se combina el concepto de Estado plurinacional unitario con las autonomías y el autogobierno?
«Siempre ha habido autogobierno, autonomías. En algunos lugares incluso se practican formas de organización que se han mantenido durante 500 años. Este proceso y la nueva Constitución Política del Estado reconocen estas formas propias de organización. En el marco de un Estado plurinacional unitario, todo eso forma parte de un solo Estado. Es como la wilpala (emblema nacional de la cultura andina que conjuga los siete colores del arco iris, mostrando la convivencia de todas las naciones originarias). En los cuadraditos de colores están representadas las autonomías, pero son parte de algo más grande que es la wilpala. Es así. Somos un Estado plurinacional donde las autonomías otorgan diversas atribuciones a los departamentos, pero eso no significa que ellos pueden administrar sus recursos naturales solamente para el departamento. Los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano, del Estado boliviano.
Lo mismo sucede con los símbolos nacionales. Hay símbolos regionales que este Estado plurinacional reconoce, valora y respeta. Los diferentes idiomas que tenemos en las regiones se revalorizan, se respetan y promocionan. Esto consolida las autonomías, ya sean departamentales, municipales o indígenas, pero siempre en el marco de la unidad nacional».
¿Cómo caracteriza al socialismo comunitario que se busca construir con la revolución democrática y cultural?
«Los indígenas hemos dado algunos pasos hacia el reencuentro con nuestros valores y principios. Estamos caminando hacia el pachakuti (renacimiento o retorno al equilibrio en las personas, entre ellas, y entre éstas y la naturaleza). Y en ese caminar, en que incorporamos algunos valores y principios, hemos empezado a hablar de un socialismo comunitario.
Recogemos varios principios del socialismo, no hay que olvidar que nosotros buscamos el ‘vivir bien’, no solamente el ‘vivir mejor’. Para el capitalismo lo más importante es la plata, la vida no le interesa. La ley fundamental del capitalismo es la obtención de plusvalía, de ganancia. Por eso no estamos de acuerdo con el capitalismo.
El socialismo nos ha mostrado otro camino. Para el socialismo lo más importante es el ser humano, y por tanto busca la satisfacción de sus necesidades cada vez más crecientes, tanto materiales como espirituales.
Para nosotros, los indígenas, lo más importante no es la plata ni lo es solamente el ser humano. Lo más importante para nosotros es la vida. En primer lugar está la madre tierra -nuestra madre naturaleza-, luego las plantas, los animales, las piedras, las estrellas, los ríos, las aguas. En último lugar está el ser humano. Queremos una vida armónica entre el ser humano y la naturaleza.
Tenemos varias coincidencias con el socialismo. Buscamos la satisfacción de las necesidades y el bienestar de las personas, pero nuestra lucha no se queda sólo en eso. Al hablar de socialismo comunitario estamos incorporando la búsqueda del equilibrio con uno mismo, y de nosotros con nuestro entorno, con los demás seres humanos, con nuestras familias y con todo lo que nos rodea. Por eso hablamos del tackpacha, que significa ‘todo lo que existe’. También queremos incorporar poco a poco el retorno a la pacha (tierra) y hablamos del jacha uru (‘el gran día’). Cuando hablamos de socialismo comunitario nuestro mensaje es: queremos incorporar lo comunitario, no solamente en función de los seres humanos sino de todo».
¿De qué manera se llevará a la práctica la voluntad del pueblo boliviano de limitar la posesión de la tierra a un máximo de 5.000 hectáreas?
«El pueblo votó en forma contundente contra el latifundio. Con la implementación de la Constitución Política del Estado las nuevas dotaciones no podrán tener más de 5.000 hectáreas. Y las antiguas, que sobrepasaban las 5.000, 10.000, 40.000 y hasta las 100.000 hectáreas, deberán someterse al proceso de saneamiento que está en la actual ley. Las empresas tienen que demostrar que cumplen una función económico-social. Si no es así, el Estado deberá recuperar esas tierras.
Según informaciones que provienen de las instancias correspondientes, en Bolivia ningún empresario cumple una función económico-social con más de 15 mil hectáreas. Al escuchar el mensaje del pueblo, los latifundistas deberán someterse a las leyes que ellos mismos han aprobado. La ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), que establece un proceso de saneamiento, se aprobó durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Su objetivo era sanear las tierras de 60.000, 70.000 ú 80.000 hectáreas a favor de los terratenientes, porque las autoridades eran manipuladas desde las esferas del poder económico. Ahora no pasa eso. Además, en el proceso implementado en el gobierno anterior hubo mucha corrupción, el saneamiento por hectárea les ha costado a ellos casi 10 dólares y a nosotros 1 dólar. Nuestro gobierno llevará adelante un saneamiento transparente».
Poder de las organizaciones
¿Qué papel han jugado organizaciones sociales como la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» en el proceso de acumulación que encabezan ustedes?
«Nosotros hemos venido organizándonos desde nuestras comunidades. En Bolivia debe haber alrededor de diez mil comunidades y en cada comunidad hay un sindicato de trabajadores campesinos. Cada sindicato tiene una central que se agrupa primero a nivel provincial, y luego a nivel departamental y nacional. Esta última es la CSUTCB. No son organizaciones naturales. Son las organizaciones que nos han permitido pelear diversas reivindicaciones y participar en las elecciones. Hay varios sectores organizados con esquemas similares, como los maestros, los mineros, los indígenas, las mujeres, los fabriles. Y tenemos una organización matriz que es la Central Obrera Boliviana (COB).
Esas son las organizaciones del pueblo. El presidente Evo Morales llamó a fortalecerlas, porque son las que han llevado adelante este proceso de cambio.
En esos espacios debatimos la situación boliviana y las políticas implementadas por los partidos neoliberales. En el seno de esas organizaciones nació el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (el MAS, N. de PF). No fue el resultado de una reunión entre cuatro o cinco intelectuales. Organizaciones como la CSUTCB, como la Confederación Sindical de Colonizadores, la Confederación de Pueblos Indígenas CIDOB, la Federación Nacional de Mujeres ‘Bartolina Sisa’ convocaron en 1995 a un Congreso de Tierra y Territorio. Y ahí nació esta propuesta de construir un instrumento político propio de nosotros».
A su juicio, ¿existen en Bolivia gérmenes del poder popular?
«Siempre nos hemos gobernado nosotros mismos en las comunidades. Por eso seguimos manteniendo nuestras costumbres, practicando nuestra música, hablando nuestro aymara, a pesar de estos 500 años en que han tratado de hacer desaparecer nuestra música, nuestra lengua, nuestra cultura. Desde la clandestinidad hemos continuado manteniendo valores, categorías económicas, formas propias de organización comunitaria, que es lo que se está revalorizando ahora. Por eso estamos incorporando al socialismo lo comunitario que ha resistido durante 500 años. Queremos construir un socialismo nuestro.
En las comunidades teníamos permanentemente nuestras ulacas (asambleas), donde se debatía. Esos espacios políticos se están recuperando. No sé si podemos llamar a eso ‘gérmenes del poder popular’. Lo que existía, lo que existe, se está empezando a revalorizar y a recrear. Estamos en esos tiempos»
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RECUADRO 1: Mano dura contra la corrupción
A pocos días de aprobada la nueva Constitución Política de Bolivia, el gobierno tuvo que enfrentar problemas inesperados como la acusación de graves actos de corrupción contra el ex presidente de la empresa estatal petrolera YPFB, Santos Ramírez, ex senador y hasta entonces destacado político del Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente de la República lo destituyó de inmediato, consecuente con su decisión de combatir fuertemente los actos de corrupción, en especial dentro del Estado. Ramírez se encuentra hoy en prisión y su situación está en manos de la justicia.
Con la misma decisión, Evo Morales instruyó el 9 de marzo al canciller David Choquehuanca que comunicara a la Embajada de EE.UU. la expulsión del país del funcionario de esa misión diplomática Francisco Martínez, por haber conspirado con la oposición en septiembre de 2008 durante las revueltas contra el gobierno. Por la misma razón, el embajador de EE.UU., Philip Goldberg, fue expulsado del país en septiembre del año pasado, acusado de apoyar y financiar el llamado «golpe cívico»
RECUADRO 2: El canciller que vino de abajo
Pocas personas del gobierno boliviano tienen mayor cercanía al presidente Evo Morales que el canciller David Choquehuanca Céspedes. Ambos son aymaras, los primeros indígenas en ocupar cargos de gobierno. Son de origen campesino y se conocieron muy jóvenes, Evo como dirigente sindical cocalero y David dedicado principalmente a tareas de formación y capacitación de futuros líderes. Eso fue en 1984, durante el primer encuentro de jóvenes campesinos aymaras, realizado en La Paz. «Eramos 400 jóvenes. Al final hicimos una marcha, vino la prensa y se fue directo donde Evo Morales, y no donde nosotros que éramos los que habíamos organizado el encuentro», recuerda sonriendo Choquehuanca. «Tiene ‘algo’ el presidente», concluye.
El actual ministro de Relaciones Exteriores y de Culto de Bolivia nació hace 47 años en la comunidad Cota Cota Baja, a orillas del lago Titikaka, en la provincia Omasuyus del Departamento de La Paz. Aprendió a hablar castellano a los siete años. Fue a la escuela de la población más cercana, Huarina, donde terminó el bachillerato en 1980. «En tercero medio, un profesor de filosofía nos hizo leer a Georges Politzer (pensador marxista) en forma extracurricular -recuerda Choquehuanca-. Teníamos ganas de organizarnos y cuestionábamos varias cosas. Este profesor percibió nuestras inquietudes. A veces nos reuníamos los sábados para analizar la situación de nuesto país. Conocimos el materialismo histórico, la dialéctica, leímos el Manifiesto Comunista, algo de El Capital. Y yo empecé a alimentar esto de querer luchar, de buscar una sociedad más equilibrada y justa».
Partió a estudiar filosofía a La Paz, pero duró sólo un año en la Escuela Normal Superior Simón Bolívar, donde formó con otros compañeros el movimiento TREN (Tendencia Revolucionaria de Estudiantes Normalistas). Los estudios fueron quedando de lado para dedicarse de lleno a la actividad social y política, participando en diversas protestas, huelgas de hambre, bloqueos de caminos y también en los congresos de la Central Obrera Boliviana (COB).
En 1985 obtuvo una beca en la Escuela de Formación de Cuadros Vicente Pérez Noa, en La Habana, donde conoció algo más de filosofía, elementos básicos de economía política, historia del movimiento sindical internacional y de la revolución cubana. «Fueron seis meses, el único momento en que tuve acceso a la formación sistemática», señala el canciller.
En los siguientes 15 años trabajó en una organización no gubernamental, dirigiendo el programa Nina (palabra que significa «fuego» en aymara y quechua), dedicado a la formación y capacitación en organizaciones campesinas indígenas, recuperación de saberes de manera comunitaria y construcción de nuevos conocimientos. De ese trabajo emergieron propuestas y movilizaciones. «Así me he formado. Y allí conocí a todos los dirigentes a nivel nacional, a los que habían nacido y a los que estaban por nacer», dice Choquehuanca.
En los últimos seis años, antes de asumir su actual cargo en el gobierno, fue asesor de organizaciones y diputados indígenas. En el intertanto hizo un posgrado de historia y antropología y cursó un diplomado superior sobre derechos de los pueblos indígenas en la Universidad Cordillera.
Diversas experiencias lo llevaron a cuestionar el trabajo de los partidos políticos y a la convicción de que el movimiento campesino indígena debía construir su propio instrumento político para retomar la lucha de sus antepasados. En 1992, en el contexto de la Campaña 500 Años de Resistencia, participó en la creación de un primer referente, antecesor del Movimiento al Socialismo (MAS) -Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (ISP), que declaraba en su primer documento: «Hasta ahora nos han traído propuestas prefabricadas, programas de gobierno que no nos han servido y que no nos sirven. Por eso, de acuerdo a nuestras propias cabezas, de acuerdo a nuestro propio pensamiento y a nuestros propios sentimientos, comenzaremos a trabajar nuestras propuestas. Y empezaremos a resolver nuestros problemas con nuestras propias manos»
(Publicado en «Punto Final» (Chile) Nº 681, viernes 20 de marzo, 2009)