El pasado 7 de julio de 2026, la empresa Toyota anunció el cierre de su planta de producción en Tijuana, Baja California, y el traslado de la producción de su camioneta Tacoma hacia San Antonio, Texas. La inversión en el país vecino será de 3 mil 600 millones de dólares y la pérdida de empleos para Tijuana será de por lo menos dos mil plazas. Se dice que es un proceso gradual durante cuatro años, pero, aunque así sea, es evidente el perjuicio para muchos trabajadores mexicanos.
Mientras que la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue de que “no existe preocupación en el gobierno por el movimiento de Toyota” y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que “no sucederá de inmediato”; por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump reaccionó con gran júbilo y total triunfalismo, reflejado en sus redes sociales donde anotó: “¡Un asunto verdaderamente importante. Los aranceles funcionando!”
El anuncio de Toyota ocurrió unos días después de que EE. UU. decidiera no prorrogar el T-MEC con Canadá y México por 16 años más, como lo propuso el Gobierno mexicano, y que, en cambio, se tendrán que realizar revisiones anuales, lo que genera una gran incertidumbre en muchas de las empresas del sector automotriz y de otras ramas de la producción.
Cada vez que hay nuevas negociaciones, el Gobierno gringo decide imponer nuevas restricciones a los productos mexicanos. Por ejemplo, desde el 4 de junio de 2025 ya le había impuesto un arancel del 50 por ciento al acero y aluminio, indispensables en la industria automotriz, y en las pláticas recientes para no cobrar aranceles subió el porcentaje de contenido del vehículo exigiendo ahora que el 75 por ciento de su valor sea producido en América del norte, cuando antes era del 62 por ciento; adicionalmente impuso la regla de que en la fabricación de vehículos automotores los trabajadores ganen por lo menos 16 dólares por hora y como en México los salarios están por debajo de esa cantidad, la producción deberá realizarse en USA. Si a esto le agregamos que ya no serán reglas fijas y que pueden ser modificadas cada año, la consecuencia lógica es el aumento de incertidumbre para las inversiones de las diferentes empresas del ramo automotriz.
Esta situación que ahora pretende minimizar el Gobierno mexicano, en realidad tendrá serias repercusiones. Ya otras empresas del ramo automotriz en México habían tomado medidas para cancelar o aplazar inversiones, o bien para trasladar parte de su producción a EE. UU., por ejemplo, Honda tiene el proyecto de producir el Honda Civic en Indiana y ya no en Celaya, Guanajuato; Stellantis, que abarca las marcas de Dodge, Chrysler, Jeep y Ram, detuvo parte de su producción en Toluca, Estado de México, para producir más en su planta de Estados Unidos, aunque dijo que era temporal; en el caso de General Motors anunció el incremento de sus inversiones en EE. UU. hasta en 4 mil millones de dólares en sus plantas de Tennesse, Michigan, Kansas e Indiana para aumentar la producción allá, especialmente de la camioneta Silverado y GMC Sierra y reducirla en México en las plantas de Silao, Guanajuato y en Ramos Arizpe, Coahuila.
La empresa Volvo Cars planteó revisar el traslado de parte de la producción a su planta de Carolina del Sur. Nissan también informó estar estudiando el traslado de parte de su producción a EE. UU., especialmente de sus modelos Infiniti QX50 y QX55. En fin, todas estas empresas de la rama automotriz están en revisión de acciones para disminuir el efecto negativo de los aranceles impuestos por el Gobierno norteamericano, iniciando con el aumento de su producción en EE. UU.
No es pues Toyota el único caso que puede tomar la medida drástica de cerrar parte de su producción en México y trasladarla hacia el país vecino. Ante la incertidumbre que genera el hecho de que el tratado comercial no sea tan estable por varios años como antes y que tenga que modificarse cada año, en el mejor de los casos; o que ya no se renueve, si así conviene a los intereses del país imperialista, algunas medidas provisionales que habían tomado empresas del sector automotriz pueden tornarse permanentes y trasladar toda su producción hacia el país vecino.
Diferentes actores económicos hablan de que con el cierre de Toyota en Baja California puede producirse el efecto dominó y que otras empresas del sector se vayan de México, o bien que el cierre de Toyota pueda ser el inicio del fin del nearshoring, que consistió en la llegada de muchas inversiones y empresas a nuestro país y que ahora pueden optar por emigrar hacia el país vecino. “Las revisiones anuales del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) […] pueden afectar la relocalización de empresas por falta de certeza para las inversiones […] vamos a estar viendo un periodo de mayor incertidumbre […] Con una revisión anual nos vamos a enfrentar a que esas nuevas inversiones puedan estar detenidas e inclusive, las que ya están en México, puedan evaluar nuevos mercados en donde se vean más beneficiadas con reglas claras a largo plazo”, advirtió Yolanda Aguirre de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.
En el análisis de BBVA México ante la revisión del T-MEC se señala que “El principal costo para empresas e inversionistas no sería la pérdida del acceso preferencial al mercado estadounidense, sino la persistencia de incertidumbre regulatoria y comercial durante los próximos años” (Reforma, 7 de julio de 2026).
La rama automotriz no es la única en tomar acciones para enfrentar el embate arancelario norteamericano, también están planeando tomar acciones de reestructuración de su producción empresas de la industria electrónica y de electrodomésticos como LG electronics o Samsung electronics.
Si bien el factor preponderante en las industrias que están buscando trasladar su producción a EE. UU., o que frenaron sus inversiones en México, es la política arancelaria de Trump, también es cierto que hay voces que señalan que otro factor determinante es la Reforma Judicial aprobada por el gobierno de la 4T, puesto que, en lo sucesivo, el criterio que prevalecerá en los nuevos jueces del bienestar será el criterio que les imponga el Poder Ejecutivo por su nula independencia y autonomía. Sin embargo, consideramos que este factor tiene menos impacto puesto que las corporaciones industriales saben, conocen y están seguras de que, independientemente de lo que diga, el Gobierno mexicano está alineado plenamente con el sistema capitalista mundial y con los grandes capitales del mundo.
Ante este panorama, si la pinza imperialista sigue apretando por este camino (y lo seguirá haciendo ya que prepara aplicar un 10 por ciento más de aranceles a los productos mexicanos por no implementar la prohibición a las importaciones de productos elaborados con “trabajo forzoso”), muchas de las empresas se mudarán a EE. UU., o aumentarán su producción en aquel país y disminuirán drásticamente la producción en México, lo que pone en peligro el empleo para miles de mexicanos, quienes serán lanzados a la calle, engrosando las filas del ejército industrial de reserva.
En abril de 2025, escribió Daily Forex que el 55 por ciento de los empleos manufactureros en México están vinculados a exportaciones, por lo cual la amenaza arancelaria gringa para México afectaría cerca de 200 mil empleos directos en los sectores automotriz, electrónico y siderúrgico, y el efecto dominó podría repercutir en Pymes, pues el 40 por ciento de las autopartes mexicanas son producidas por pequeñas empresas que dependen de gigantes como Nemak o Grupo México. Parte de esta predicción hoy la estamos viviendo en México, y digo parte, porque según el medio informativo CEO.com, basado en la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi “El personal ocupado en las actividades industriales del país sufrió la pérdida de más de medio millón de personas empleadas únicamente en el mes de junio pasado, respecto a mayo” (El CEO. Com., 24 de julio de 2026.)
Para enfrentar la embestida imperialista, al Gobierno y a las industrias mexicanas no les queda otro camino que, como en otros trabajos se ha señalado, diversificar las exportaciones hacia otros países y eliminar la dependencia hacia el país norteamericano. Hasta la fecha, México sigue exportando el 80 por ciento de su producción al vecino país y es obvio que la dependencia económica genera la gran dependencia política que sufre nuestro país.
En conclusión, los cambios arancelarios y la eliminación paulatina del T-MEC traerá para nuestro país desempleo y pobreza y, como siempre sucede en los países capitalistas, la afectación principal será para quienes tienen que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, los trabajadores. Si los asalariados quieren enfrentar con éxito los vaivenes en que los tiene el sistema capitalista, deben organizarse y luchar por un cambio de modelo económico, un nuevo sistema que les asegure estabilidad en el empleo y un ingreso decoroso para sostener a la familia y vivir como seres humanos.
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