Los ex presidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada, y de México Vicente Fox firmaron en 2004 un tratado de libre comercio plus que comprendía cuatro capítulos que el gobierno de Evo Morales considera «incompatibles» con la Constitución de su país y con el proceso de recuperación de autonomía que promueve. Ayer, en una conferencia […]
Los ex presidentes de Bolivia Gonzalo Sánchez de Losada, y de México Vicente Fox firmaron en 2004 un tratado de libre comercio plus que comprendía cuatro capítulos que el gobierno de Evo Morales considera «incompatibles» con la Constitución de su país y con el proceso de recuperación de autonomía que promueve.
Ayer, en una conferencia de prensa, el canciller de ese país andino, David Choquehuanca, explicó las razones por las que su gobierno denunció este tratado bilateral y aseguró que, al ser informada sobre la decisión del gobierno de La Paz, la canciller mexicana Patricia Espinosa tuvo «una respuesta positiva» ante el anuncio oficial que le hizo su homólogo.
Sería la primera vez en que un gobierno denuncie un tratado de libre comercio firmado con otra nación. Este tratado con México, el único en su tipo que ha suscrito Bolivia, «no tomó en cuenta las asimetrías» en el desarrollo económico entre los dos países, dijo el ministro.
En el futuro próximo, aclaró, los dos gobiernos iniciarán consultas para hacer la revisión de este tratado. Interrogado sobre si los dos países reanudarían las negociaciones para la venta de gas boliviano, interrumpidas cuando Evo Morales asumió la presidencia, el ministro respondió: «Ningún tema está excluido. Ni siquiera el gas».
El canciller andino confirmó que los presidentes Evo Morales y Felipe Calderón sostendrán una reunión bilateral en Santiago de Chile, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana del 8 al 10 de noviembre.
Por otra parte, Choquehuanca eludió volver al debate que en septiembre del año pasado, al calor del conflicto poselectoral, provocó irritación en la relación bilateral cuando funcionarios de alto nivel en Bolivia afirmaron que el candidato Felipe Calderón, proclamado presidente electo, no tenía legitimidad. En la misma línea que ha adoptado el gobierno de Venezuela de plantear la política del borrón y cuenta nueva frente al calderonismo, superando la etapa de descalificaciones mutuas, Choquehuanca hizo gala de su oficio diplomático al responder: «La discusión sobre la legitimidad del presidente Felipe Calderón no es asunto nuestro, es una cuestión que sólo compete al pueblo de México y nosotros no debemos interferir».
Pero al mismo tiempo dejó claro que su gobierno no permitirá que se le critique por tener relaciones cercanas con la Venezuela de Hugo Chávez y la Cuba de los hermanos Castro.
En otro orden de cosas, al abordar la cuestión interna de Bolivia, el canciller manifestó su esperanza de que pronto pueda realizarse la asamblea constituyente para que el nuevo texto constitucional esté listo en la fecha prevista, 14 de diciembre, y pueda ser sometido a un referéndum. Para ello, aseguró, su gobierno mantiene abierto el diálogo con todas las fuerzas políticas, incluso con los partidos minoritarios que se oponen a la constituyente.
«A pesar de que fueron ellos los que subastaron y colapsaron al país, es decisión del presidente Evo que en la reconstrucción de Bolivia participen todos, incluso ellos».
Por su parte, el ministro plenipotenciario de Integración Económica, Pablo Solón, explicó a la prensa las razones por las que su gobierno pide revisar el TLC con México para negociar, en su lugar, un acuerdo comercial que sólo abarque el intercambio de bienes, no de servicios ni inversiones.
Sobre el capítulo de inversiones contenido en el TLC plus -dijo- es incompatible con la Constitución boliviana y con el proyecto del gobierno de planificar su economía. Por esto, Bolivia denunció su adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones y a su sistema de arbitraje, porque sus tribunales sólo cuidan los intereses de las empresas y no de los países.
En cuanto al libre comercio de servicios, es intención del presidente Evo Morales reforzar el papel regulador del Estado y ampliar la participación social.
El rechazo al capítulo de propiedad intelectual obedece a la convicción de que Bolivia no puede liberalizar las patentes sobre sus productos y su biodiversidad.
Por último, el capítulo de compras gubernamentales que el anterior gobierno firmó con México interfiere con los actuales mecanismos que buscan planificar la economía y favorecer a los productores nacionales.
Por otro lado, el canciller se refirió al proceso de construcción que está en curso en Sudamérica de un nuevo modelo de integración regional «que no esté en función de las empresas sino de los pueblos».