Finalmente terminó el tiempo de campañas anticipadas irregulares, el de precampañas tardías y campañas electorales ampliamente cuestionadas y, en México vamos de cara al futuro próximo a votar el 2 de junio.
Se ponen en juego, Presidente de la Republica, 9 de 32 gubernaturas, 128 senadores y 500 diputados federales y locales (algunos de representación proporcional) cargos a elegir, entre dos alianzas finalmente, la que encabeza Xóchitl Gálvez con PRI, PAN y PRD y, la que encabeza Claudia Sheinbaum, con MORENA, PVEM y PT.
Con la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano con Jorge Máynez, realmente lo que está en juego el su registro como partido, aunque obtendrán con amplia ventaja el Estado de Jalisco. Las encuestas más serias del país ponen en empate técnico la mayoría de los estados en contienda e incluso la presidencial, por lo que estas elecciones seguro son de pronóstico reservado, aunque también podría darse la perdida de registro como partidos nacionales de PT y PVEM y en el caso de PRD solo salvarlo en algunos estados.
Empero, estas campañas electorales y sus actores principales le quedaron a deber mucho a las y los mexicanos, en propuestas, de corto, mediano y largo plazo, pero además el cómo, con qué y cuándo. En la mayoría de los debates tanto en los estados como los presidenciales, se privilegió la denuncia de la presunta corrupción de las y los contendientes, de quienes se dijo, han amasado inmensas y millonarias fortunas al amparo de los cargos y trabajos pasados, con el común denominador de que, en el sexenio que se va y en los del pasado reciente, dichos actos de corrupción e impunidad, no fueron denunciados por los responsables de esos gobiernos estatales y nacionales.
Por tanto, pareciera que México camina en una democracia donde ésta solo sirve, para llevar a alguien al poder, sin que el fin supremo de las democracias sean gobiernos benefactores y por supuesto incorruptibles.
Por otra parte, en México existe la sensación generalizada que los actores políticos actuales utilizan los partidos políticos, el poder que obtienen, las prerrogativas de los partidos y las instituciones, para judicializar la política y politizar la justicia.
Existe la sensación de que independientemente de posturas política de construcción nacional, lo que está en juego es el rompimiento del orden constitucional establecido y la creciente intromisión de la delincuencia –ese si organizada- en la vida pública del país, su democracia, elecciones y destino, ya que estudios también serios revelan que dicha maniobra de acción se ha “institucionalizado” en un tercio del país, ante la política actual de combate o contención del Estado Mexicano, conocida o dada a conocer por el propio residente que ya se va, AMLO, de abrazos y no balazos, sin que los programas sociales –constitucionales por cierto y permanentes gane quien gane- no han revertido la inseguridad pública en todo el país, desaparecidos, impunidad rampante, como si por decreto delictivo, la inseguridad pública y la delincuencia organizada, sea un poder paralelo a los tres poderes de la unión; legislativo, ejecutivo y judicial.
México es un país de 120 millones aproximadamente con una mitad de ellos sumidos en la pobreza que se contiene con paliativos económicos en forma de programas asistenciales que no son la solución, y que han servido desde el gobierno de Salinas de Gortari hasta el actual, para tener control de la pobreza que da votos y esto poder. El presente le echa la culpa al pasado sin ponerle nombre y sin que exista justicia para los afectados, todo queda en un discurso que cansa y no resuelve, sin dejar de mencionar que el presente ya es pasado desde hace casi 6 años.
Pobreza, inseguridad, hambre, hospitales sin medicamentos, servicios caros, desempleo, migración, desplazamiento forzado, pandemia, tristeza, resignación, son hoy los “padres nuestros de cada día”, quien gane la elección de no resolver esta problemática a quien le echará la culpa de su omisión e irresponsabilidad publica y constitucional, ya no digamos de su falta de ética y moral. ¿A quién?
Me parece que después de las elecciones del 2 de junio, los ciudadanos debemos construir desde abajo ciudadanía y empoderarla, porque los partidos políticos actuales y sus dirigencias eternas, no son ya la solución al cáncer que come lentamente a México. Eso será parte de otra entrega.
Me parece que la vigencia de la Constitución Política de México y el Estado de Derecho, hoy sigue ausentes porque le quedan grandes a la clase política actual. Es muy lamentable, pero cierto y que cada uno de ellos, los que deberían irse de la política, asuman su costo con la historia y la justicia.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
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