Desde la renuncia forzada de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, a raíz de unos comicios polémicos, Bolivia ha sido gobernada por un gobierno no electo que llegó al poder con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición, en circunstancias cuando menos confusas.
La ruptura resultante de la sucesión constitucional llevó al poder a una presidenta interina, Jeanine Áñez, procedente de un partido conservador muy minoritario, cuya misión era convocar nuevas elecciones en un plazo de tres meses. Finalmente éstas se celebrarán el próximo 18 de octubre.
Tras inaugurar su administración con la persecución a los dirigentes del MAS y sus partidarios, reducidos al rango de “hordas” y acusados de “terrorismo”, con amenazas contra una prensa nacional e internacional calificada de “sediciosa” y con una represión que dejó al menos 33 muertos y cientos de heridos, la presidenta interina fue mucho más allá de su misión. Además del retiro del ALBA y de la UNASUR, del reemplazo sistemático de sus embajadores y, más recientemente, de la promoción de personal militar por decreto, el gobierno de transición ha tomado, sin el mandato del pueblo boliviano, una serie de decisiones que preocupan a los defensores de la democracia en todo el mundo.
Si bien el regreso de exiliados, acusados por el gobierno de Morales de participar en organizaciones terroristas o extorsionar fondos públicos, ha sido aclamado por el gobierno de Áñez como una señal de retorno a la “normalidad”, ahora son varios cientos de ex autoridades del MAS y de las organizaciones sociales los que están siendo procesados sin reacción de parte de los que, en otoño, se habían movilizado en nombre de la democracia. Varios informes internacionales han denunciado los abusos del gobierno de Áñez, entre ellos el de Human Rights Watch, que mencionó, en septiembre, “un ataque político contra Morales y sus partidarios” y señaló “pruebas de acusaciones infundadas, violaciones del proceso penal, restricciones a la libertad de expresión y el uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.
Las revelaciones de falsas cuentas de Facebook que difunden propaganda gubernamental, los controvertidos nombramientos al frente de empresas públicas nacionales, la liberalización de las exportaciones agrícolas y el decreto que autoriza el cultivo de nuevas especies de OGM en beneficio de la agroindustria en la rica región de Santa Cruz, que constituye un bastión de la oposición al MAS, son elementos que deberían servir de advertencia sobre la crisis democrática que sufre Bolivia. El pasado mes de junio, el gobierno interino se aventuró nada más y nada menos que a dotar de tierras fiscales al sector agroexportador y, con el falso pretexto de luchar contra el covid-19, a realizar una transferencia de 600 millones de dólares de dinero público para saldar las deudas de las grandes empresas privadas de Santa Cruz. Entre sus principales beneficiarios se encontraba el nuevo ministro encargado de dicha medida, Branko Marinkovic. En septiembre, a pesar de un efecto de anuncio inicial en contra, el gobierno preservó el marco legal que permitía la tala de bosques para la agricultura. Además, la voluntad de reorientar las políticas públicas a favor de las grandes empresas privadas incluyó la autorización de aumentar las tasas de interés bancarias, la reducción de la tasa impositiva para las grandes empresas y el intento de privatizar la empresa pública de distribución de electricidad de Cochabamba (ELFEC).
Además del escándalo de la compra de respiradores inservibles para los hospitales y con sobreprecio, que desembocó en la detención del Ministro de Salud, los préstamos pagados al Estado boliviano para enfrentar la crisis sanitaria, incluido el préstamo de 327 millones de dólares concedido por el FMI sin la aprobación de la asamblea, ilustran el estado de corrupción generalizada en el país. Al menos 20 casos de corrupción e irregularidades han afectado a ministros o personas cercanas al gobierno de Áñez. Con el pretexto de “ahorrar” y reorientar sus presupuestos hacia la atención sanitaria, el ejecutivo cerró sus embajadas en Irán y Nicaragua a principios de junio. Los Ministerios de Cultura, Deportes y Comunicación están ahora bajo la supervisión de otros ministerios con presupuestos y competencias reducidas. Programas de la televisión pública en lenguas indígenas han sido abolidos. Y fue en nombre de la crisis sanitaria que el gobierno de Áñez quiso aplazar de nuevo las elecciones, finalmente fijadas al 18 de octubre de 2020.
Mientras tanto, la represión continúa bajo el férreo control de Arturo Murillo, Ministro de Gobierno que parece ser, a veces, el que gobierna el país. En pocos meses el presupuesto del Estado boliviano con la importación de armas para equipar a la policía ha sido multiplicado por dieciocho en comparación con el año 2019. Mientras se multiplican los actos de violencia contra los militantes del MAS, también tratan de impedir que su candidato, Luis Arce, el favorito en las encuestas, pueda presentarse. Y los intereses comunes entre los poderosos agroindustriales autonomistas de Santa Cruz y el Brasil de Jair Bolsonaro dejan serias dudas sobre las intenciones del “bloque democrático” boliviano de asegurar el respeto al voto y no impedir el regreso del MAS al poder; una duda reactivada por la reciente intervención de la Ministra boliviana Karen Longaric ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que fue fuertemente criticada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios.
Como muestra la experiencia personal de Lula en Brasil, se ha convertido en algo común recurrir a maniobras políticas para establecer intentos de desestabilizar el poder judicial y deshacerse de candidatos incómodos. La acusación de “fraude electoral” que precipitó, en noviembre pasado, la salida de Evo Morales se basó en gran medida en un informe de la OEA ahora cuestionado por varios estudios, ampliamente difundidos en la prensa internacional. El gobierno interino bien parece usar una estratagema similar al agitar la amenaza de un futuro “fraude”.
Algunos organismos internacionales, en particular la OEA y la Unión Europea, que no dudaron en convocar una segunda vuelta de las elecciones en 2019, están mostrando en este caso una neutralidad desconcertante. El resultado pacífico de esta votación sólo puede garantizarse si todos los ciudadanos bolivianos, que viven en Bolivia o en el extranjero, tienen acceso irrestricto y transparente a estos comicios decisivos, y si sus resultados son respetados por todos los candidatos. En un contexto de importantes actos de violencia cometidos durante la campaña electoral, sobre todo contra el MAS, es imprescindible aumentar la vigilancia sobre las condiciones en que se celebrarán estas elecciones extremadamente polarizadas.
El pueblo boliviano, extremadamente afectado por la crisis del covid-19, no debe en ningún caso revivir los trágicos acontecimientos de noviembre de 2019 y tiene derecho a esperar una salida democrática a la creciente polarización de la sociedad. Está en juego la responsabilidad de todos los actores políticos bolivianos, como también la de la comunidad internacional.
Firman este texto:
Victor Audubert, Doctor en Derecho Público (IDPS – Universidad de la Sorbona Paris Nord)
Hervé Do Alto, Doctorando en ciencias políticas (Universidad de Nice-Sophia Antipolis)
Élise Gadea, Doctora en Sociología (IFEA /CREDA – Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle)
Pablo Laguna, Investigador Asociado del CREDA (Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle)
Claude Le Gouill, Investigador Asociado del CREDA (Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle)
Françoise Martinez, Profesora de las Universidades en Historia y Civilización de América Latina (LER – Universidad Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
Baptiste Mongis, Doctorando en sociología (CREDA – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
Franck Poupeau, Director de investigación en sociología (IFEA/CREDA – CNRS)