Al influjo de la ofensiva ultraderechista mundial, pero con el infaltable tinte local, Bolivia enfrenta la apertura del escenario de las elecciones subnacionales 2026 bajo el giro a la ultraderecha del gobierno de Rodrigo Paz, quien sin partido político ni votación propias, se hizo del poder y rápidamente se alió a la oligarquía burguesa feudal oriental y a la Embajada yanqui, desplazando al partido (PDC) que lo llevó a las elecciones y anulando a su vicepresidente Edman. Lara, quien fue clave para acumular la votación que le dio la victoria.
Paz, recuperando del basurero de la historia a viejos políticos de la era neoliberal y sumando a nuevas fichas tecnócratas y políticas, asumió una posición ultraderechista y rápida y audazmente dobló la apuesta luego de probar la aparente pasividad popular y el desencanto por la izquierda lanzando el criminal Decreto Supremo (DS) 5503 que representa un violento, inconstitucional y antipopular ajuste estructural para imponer un neoliberalismo salvaje con la entrega de los recursos naturales al capital, sobre todo transnacional, pauperizar el trabajo librado al libre mercado, vetar el sindicalismo y la protesta social, fortalecer un Estado gendarme con billetera libre para reprimir, corromper dirigentes y muy posiblemente financiar al paramilitarismo, y todo encubierto bajo la eliminación de la subvención a los carburantes, mientras prosigue subvencionando a las oligarquías, ya sea librando de impuestos a las grandes fortunas o descaradamente subvencionando la compra de insumos, sobre todo en el caso de la agroindustria.
Rodrigo Paz dicta su Decreto “del hambre” antes de las fiestas de fin de año y en medio de la convocatoria y la primera etapa de inscripción de tiendas políticas para las elecciones subnacionales de 2026. El fin, claramente, es el de disminuir la posibilidad de movilizaciones populares –aunque estas persisten a la cabeza de una discursivamente renovada Central Obrera Boliviana (COB), otrora máximo ente articulador de lo popular– y abrir en lo electoral subnacional un escenario de resolución política de los conflictos sociales. Pero no lo hace esperando el desarrollo “normal” y democrático del proceso electoral, sino, primero, interviniendo en las dirigencias sociales y sindicales más prebendales para comprar o por lo menos persuadir a sus dirigentes a que eviten que sus bases se movilicen. Y, segundo, tomando el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que recientemente ha cambiado vocales, incluido su eterno presidente, el probanzerista –y por tanto protutista– Óscar Hassenteufel, reconocido por la derecha por haber proscrito al movimiento popular en las últimas y recientes elecciones nacionales. El recambio no es significativo, el nuevo presidente del TSE no es otro que el exdelegado presidencial de Luis Arce Catacora y ahora delegado de Rodrigo Paz, Gustavo Ávila que, como una de sus primeras acciones, acaba de inhabilitar al partido MORENA, sigla con la que el movimiento popular, particularmente el evismo, habían llegado a un acuerdo para participar en las elecciones subnacionales.
De esta manera, bajo el signo de la proscripción política, la instrumentalización delincuencial de los órganos que regulan la democracia representativa, los entes de represión, como la Policía, y la persecución judicial, la intención del malgobierno de Paz es consolidar la restauración neoliberal y eliminar al movimiento popular del escenario político, por lo menos del de la democracia representativa y burguesa.
Así, en esta coyuntura, en Cochabamba han proliferado los partidos y alianzas de derecha –tal cual el síntoma de la época– con un discurso ultraconservador, proburgués y básicamente de radicalización de la polarización antipopular, o “antievista” y antirevolucionario. De ahí, que la línea proarcista –y muy cercana al androniquismo– haya insistido en la candidatura a la alcaldía de la exautoridad y funcionaria pública Rocío Molina, ahijada de los promotores de la “clase media” como dirigente y proyecto, y de la mano de otra exautoridad con un papel colaboracionista al régimen golpista de Añez en su posición de Gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, como candidata a la Gobernación, pero en las filas de una Alianza política de ultraderecha.
Valga apuntar que el actual parlamento goza de una presencia mayoritaria de mujeres diputadas y senadoras, aunque también resulta en ser la Asamblea Legislativa más retrógrada de los últimos 20 años, con posturas misóginas, como no podría ser de otra manera. Se cae así el supuesto formal de las liberales que exigían la paridad de participación de mujeres como garantía de mejor democracia, pero también de quienes aplauden la participación de mujeres, aunque sea violentando su trayectoria política con un giro hacia la derecha en tiempos de ultraderecha.
Por su lado, el movimiento popular y el evismo han definido buscar consolidar candidaturas por las vías que individual y colectivamente sean posibles, corriendo el riesgo de perder los mecanismos de articulación, debate, reflexión, toma de decisiones y coerción que comprenden un partido o una entidad política organizada, pero abriendo la posibilidad y la necesidad de rediscutir la crítica a la democracia burguesa y la expropiación de la capacidad política tras la emisión del voto.
Para el movimiento popular no ha quedado otra opción que enfrentar una coyuntura decisiva en la que el gobierno de Paz busca imponerse y es necesario recordar que con el DS 21060 del ajuste estructural neoliberal, la derrota popular duró casi 20 años.
Hoy, en el que muchas y muchos se han quitado la careta, y tratan de hacer cierto que poco o nada vale la ideología, la revolución o el movimiento popular, vivimos un verdadero momento de definiciones: o estamos con la revolución y el pueblo de indígenas, obreros y campesinos o estamos del lado de la burguesía y el imperialismo.
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