Organizaciones civiles llamaron a los tres poderes de gobierno y al Instituto Nacional de Migración (INM), para que eliminen los centros de detención para personas migrantes o bien regulen sus condiciones, ya que en ellos se violan los Derechos Humanos (DH). Así lo señalaron Mónica Oheler Toca, abogada de la organización civil Sin Fronteras y […]
Organizaciones civiles llamaron a los tres poderes de gobierno y al Instituto Nacional de Migración (INM), para que eliminen los centros de detención para personas migrantes o bien regulen sus condiciones, ya que en ellos se violan los Derechos Humanos (DH).
Así lo señalaron Mónica Oheler Toca, abogada de la organización civil Sin Fronteras y encargada de la defensoría de personas migrantes; Elvia Coria López, asociada regional de la Coalición Internacional Contra la Detención, y Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional-México, al presentar el informe «La ruta del encierro. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales», elaborado por Sin Fronteras.
Según el informe, en 2012 hubo 11 mil 963 mujeres migrantes detenidas y para 2013 la cifra aumentó a 14 mil 73 mujeres, de éstas, 2 mil 700 eran menores de 18 años de edad.
En el país hay 34 estaciones migratorias, 15 estaciones provisionales tipo A -previstas para una estancia máxima de 48 horas-, y 12 estancias tipo B -para una estadía máxima de siete días-, a lo que se suman otras estancias que fueron acondicionadas.
No obstante, todas rebasan su capacidad, ninguna cuenta con condiciones hospitalarias adecuadas y en ellas las personas pueden llegar estar más de siete meses, de acuerdo con el reporte de Sin Fronteras.
En la presentación del estudio, Oheler Toca detalló que las personas extranjeras que transitan por el país sin documentación, y que son detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales, sufren violaciones a sus DH incluso con el aval de la ley migratoria mexicana.
Por ello, Sin Fronteras exigió al Ejecutivo que ofrezca a las personas migrantes alternativas diferentes a la detención, toda vez que su reclusión es contraria a los principios de dignidad y libertad que marca la Constitución.
Agregó que en caso de seguir con la detención, entonces deberá garantizarse el debido proceso y realizarse en condiciones dignas.
La organización instó también al Poder Legislativo a modificar el artículo 111 de la Ley de Migración, para que esta población pueda realizar procedimientos legales para defender sus derechos y sin la necesidad de detención.
De igual modo, llamó a reformar los artículos 101 y 102 de la misma norma para que las personas físicas, y no sólo grupos civiles, puedan obtener la custodia de las personas migrantes para que ya no estén en reclusión y puedan vivir con sus familias o amigos.
Sin Fronteras exigió al Poder Judicial que otorgué alternativas a la detención a través de la figura jurídica de «la suspensión en el amparo», de modo que las personas migrantes puedan llevar sus procesos administrativos en libertad.
También señaló que debe ser obligación del INM garantizar que se cumpla con el derecho a la información, para que las personas conozcan el procedimiento que les concierne mientras están en detención, sus etapas y su posible resultado, así como sus derechos y obligaciones.
Del mismo modo, el INM deberá celebrar convenios con las defensorías de oficios y con organizaciones civiles para garantizar el acceso a la justicia de estas personas, así como contar con una defensa adecuada para cada caso.
Lo anterior debido a que según un estudio de Sin Fronteras, de 147 personas entrevistadas sólo tres recibieron ayuda legal.
Igualmente, el INM tendría que celebrar convenios con el DIF y albergues especializados en infancia y adolescencia; garantizar que los espacios habilitados como estancias provisionales sean adecuados, y contar con servicios psicológicos y médicos disponibles las 24 horas.
Por su parte, Elvia Coria López criticó que la mayoría de los recursos económicos del INM se destinen para acondicionar centros de detención, y no para garantizar la vida de las y los migrantes.
Perseo Quiroz refirió que las violaciones a DH que se cometen contra las personas migrantes en las estaciones migratorias son una forma de tortura, por lo que llamó al Estado mexicano a dejar «reformas estéticas» y que vuelva efectivas las demandas ciudadanas en materia de protección a la vida de esta población.
Las y los activistas dijeron que durante el cumplimiento del debido proceso para que las personas migrantes sean devueltas a su país de origen, ellas experimentan amenazas para que desistan de sus denuncias o procedimientos legales para regular su tránsito por el país, carecen de representación legal, no gozan de traductores e intérpretes, y no tienen asistencia consular.
Dentro de las estaciones migratorias las personas denunciaron haber experimentado discriminación, agresiones física y verbal, y la existencia de un cuarto de aislamiento y de castigo para quien «se porta mal».
Respecto a las condiciones materiales de los centros de detención, hay falta de iluminación y ventilación; ausencia de instrumentos suficientes para la higiene personal; carencia de servicios sanitarios adecuados; precariedad de ropa y camas; sobrepoblación y problemas de alojamiento.
En el caso de los cuidados especiales que requieren mujeres, niñas, niños, o quienes padecen enfermedades transmisibles, Sin Fronteras señaló que no identificó algún procedimiento que les brinde atención especializada en los centros de detención.
En el caso de las mujeres embarazadas y las que fueron víctimas de violencia sexual, en la mayoría de los casos no reciben atención para mejorar su salud física y mental.