Hay que parar la especulación inmobiliaria y el despojo de nuestro pueblo. ¡Basta de desalojos! el Estado es responsable.
Ante la grave situación habitacional, que afecta a los sectores populares, y dado que se esperan cientos de desalojos al término de la feria judicial de este 2021, desde la Liga nos sumamos al reclamo de numerosas organizaciones sociales y exigimos la prórroga del plazo establecido por el DNU 320/20 modificado por el DNU 766/20 que suspenden los desalojos y los aumentos de alquileres.
Sostenemos que tal prórroga no deberá limitarse a unos pocos meses y menos aún a un exiguo plazo como ha trascendido y se viene adelantando en los medios de comunicación; sino que deberá abarcar un período de al menos dos (2) años, tiempo razonable para que en simultáneo se puedan ir implementando las soluciones habitacionales para el acceso a la vivienda digna.
Entendemos que, tal prórroga deberá atender la problemática no solamente de los/as inquilinos/as formales sino también de las personas y familias que viven en las villas, hoteles, inquilinatos, “casas recuperadas” y otros asentamientos populares independientemente de la relación jurídica que ellas mantengan con los/as propietarios/as
de los inmuebles con fines de vivienda. Entendemos también que se deben incluir todas las causales y procesos judiciales que puedan provocar desalojos forzados: civiles, penales, comerciales, administrativos, entre otros. Asimismo, atender la situación de endeudamiento que afecta a los/las inquilinos/as formales e informales.
Exigimos al Gobierno Nacional un pronto pronunciamiento al respecto, con la normativa y regulación adecuada, tomando medidas concretas para poner coto a los abusos especulativos de uno de los poderes fácticos que azota a nuestro pueblo y que perpetúa desigualdades con sus privilegios, despojando a goteo de sus viviendas a los/as trabajadores/as. Esto es así ya que no solo actúan con la ejecución de desalojos de hecho sino también con el aumento abusivo de los precios de los alquileres que rondan en un 60%, haciendo caso omiso a la reciente ley de alquileres.
Los intereses de los propietarios o de las empresas inmobiliarias en su gran mayoría, lucran en esa materia y el Estado debe intervenir para priorizar a la vivienda como un derecho humano, más aún de quienes necesitan urgentemente acceder a la vivienda digna, como así refieren la Constitución Nacional, las Provinciales y los Tratados Internacionales de derechos humanos.
Estamos sufriendo una emergencia social, económica y sanitaria en el marco de la pandemia, el Gobierno Nacional debe enfrentarla con máxima decisión y vigor, con perspectiva de derechos humanos, de género y atendiendo a los sectores en contexto de vulnerabilidad.
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos no vamos a consentir el desalojo de las centenares de familias que quedarán en la calle si se permite, con la pasividad, que siga dominando esta feroz caterva de jueces, especuladores, políticos de derecha y comunicadores del odio.
Nadie le suelta la mano a nadie.