Al cierre de esta edición, el MAS -del presidente Evo Morales- advertía sobre el cierre definitivo de la Asamblea Constituyente ante el desacuerdo sobre las pretensiones de Sucre de recuperar su estatus de «capital plena». La posibilidad de que fracase la «refundación de Bolivia» da cuenta de las dificultades de una nueva institucionalidad, ante la […]
Al cierre de esta edición, el MAS -del presidente Evo Morales- advertía sobre el cierre definitivo de la Asamblea Constituyente ante el desacuerdo sobre las pretensiones de Sucre de recuperar su estatus de «capital plena». La posibilidad de que fracase la «refundación de Bolivia» da cuenta de las dificultades de una nueva institucionalidad, ante la resistencia conservadora basada en reivindicaciones regionales.
A tres meses de cumplir dos años en el Palacio Quemado, el presidente Evo Morales mantiene un elevado capital político: las encuestas ubican la aprobación ciudadana a su gestión en alrededor del 60%. El apoyo social a su liderazgo se independizó, hasta cierto punto, de las dificultades cotidianas del gobierno -que no son pocas- y son los «malos» ministros que lo rodean quienes quedan en la mira de los cuestionamientos sociales. Las razones de la popularidad del aún líder cocalero, y de su propuesta de nacionalismo popular con tintes desarrollistas y redistribucionistas, que constituye la ideología de la mayor parte del gobierno, no son un misterio para nadie. Por un lado está la nacionalización del gas, que después de un año y medio de su implementación sigue alentando el sueño popular de dejar atrás el atraso económico y «ser como Suiza» (1). Por otro, existe una fuerte identificación de la mayoría de los bolivianos pobres -principalmente campesinos- con el «primer Presidente indígena de la historia» nacional. Todo en el marco de la buena situación macroeconómica, vinculada al boom internacional del precio de las materias primas, que posibilitó un récord de exportaciones: más de 4.000 millones de dólares, el doble que en 2004, compuestas en un 75% por hidrocarburos y minerales (2). Debe agregarse la inversión en infraestructura de parte de la renta gasífera captada por el Estado luego de las nacionalizaciones y la cooperación venezolana, que se traduce, entre otras cosas, en el financiamiento de proyectos de desarrollo de los municipios (3).
Se sinceran los límites
No obstante, si 2006 fue el año de los grandes anuncios y utopías, 2007 viene siendo el del sinceramiento de los límites que se presentan a la hora de avanzar en un «reformismo con reformas»; de poner los primeros ladrillos de una nueva institucionalidad e intentar salvar del fracaso a la Asamblea Constituyente , al borde del cierre por el acoso del sector más duro de la derecha, que nunca la quiso, pero también por las dificultades del Movimiento al Socialismo (MAS) para precisar su propuesta de cambio. La gestión gubernamental está teñida por medidas de fuerte impacto mediático pero con escaso sentido de continuidad y ausencia de criterios estratégicos articuladores que permitirían generar un programa de gestión sólido, y sostenible.
Por eso, el «empate catastrófico» que vive el país desde 2003, en gran medida, sigue vigente. Ninguno de los sectores políticos logra imponer su visión de país y tampoco consigue cierto consenso para buscar una salida pactada. Pese al desprestigio de la vieja política conservadora, en Bolivia tiene aún una influencia mucho mayor que en Venezuela, Argentina o Ecuador, debido a su anclaje regional.
La Asamblea Constituyente fue propuesta, por primera vez, por los indígenas de tierras bajas (oriente boliviano) en 1990, pero adquirió carácter de demanda nacional en la «guerra del agua» de abril de 2000 y, más aun, con la «guerra del gas» de octubre de 2003, en paralelo con la nacionalización de los hidrocarburos. El Congreso la convocó formalmente en marzo de 2006, pero ya en su primer año de funcionamiento quedó en evidencia un problema estructural de Bolivia: la crónica dificultad para traducir los proyectos populares (a menudo expresados en términos «refundacionales») en propuestas institucionales realistas y efectivas de cambio político, económico y social. Además de la escasa capacidad del MAS para articular las demandas corporativas de los sectores que lo componen, la concepción de la nueva Carta Magna como un «pliego petitorio» sindical; la ambivalente influencia de las ONG ante la ausencia de cuadros propios de la izquierda indígena y las profundas diferencias entre los constituyentes campesinos y aquellos provenientes de las clases medias urbanas conspiraron contra el «poder constituyente», imaginado como un paso para dejar atrás a la Bolivia neocolonial y neoliberal.
El golpe de gracia a la convención provino de la demanda de un sector de la ciudad de Sucre, liderado por la alcaldesa Aydée Nava, de volver a ser sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que recayeron en La Paz luego de la Guerra Federal de 1899, cuando las ascendentes elites del estaño desplazaron a la decadente oligarquía de la plata. Obligada a reunirse en la «culta Charcas», la Asamblea Constituyente quedó como rehén de los grupos violentos -encabezados por los estudiantes universitarios- que, con la bandera de la «capitalidad plena» para Sucre y no pocos insultos racistas (como «el que no salta es llama» durante las movilizaciones) presionaron para introducir ese tema en la agenda.
Ante el crescendo de la violencia, se decidió la suspensión por un mes de las sesiones de la Asamblea (4). Sólo así se logró el retorno a la calma y la apertura del diálogo incierto para buscar un acuerdo político que permita dar a luz una nueva Carta Magna que, según los plazos previstos, debería estar redactada el próximo 14 de diciembre. «Esta Asamblea debe servir para unir a los bolivianos. Si no se logra eso, Jorge ‘Tuto’ Quiroga va a irse a Estados Unidos y Evo Morales a Libia, y será el pueblo boliviano quien vuelva a derramar su sangre», dijo el convencional constituyente David Vargas, un policía que sabe de qué habla: en febrero de 2003 se amotinó con su tropa y se enfrentó a los militares con varios muertos y heridos.
Para evitar el retorno de la violencia, el oficialismo moderó sensiblemente las expectativas en la Convención. De «cambiar todo» se pasó a «constitucionalizar lo ya hecho» por Evo Morales, incluyendo la introducción de «candados» que impidan, en el futuro, la privatización de los recursos naturales (5). Al mismo tiempo, se «edulcoraron» propuestas conflictivas como el «cuarto poder social» -que pasa a ser una suerte de foro social por fuera de la estructura estatal- o el «Estado plurinacional» que, en la práctica, consistiría en una profundización de las autonomías municipales instauradas en los años ’90 (6). El MAS rechazó propuestas de representación étnica en una futura cámara legislativa en la que, si avanza su proyecto, se eliminaría el Senado, lo cual ha provocado distanciamiento con organizaciones etnicistas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) o la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). Se mantiene empero la reversión al Estado, sin indemnización, de los latifundios improductivos y se reconocen las autonomías departamentales reclamadas por la denominada «media luna» liderada por Santa Cruz (7). Pero donde el MAS no puede ceder, pese a la oposición de la derecha, es en la pelea por la reelección presidencial indefinida -con la posibilidad de referéndum revocatorio-, clave para la continuidad del actual gobierno. No hay figuras de recambio, y de acuerdo con la actual Constitución, tanto el Presidente como el Vicepresidente están inhabilitados para acceder a un segundo mandato.
«El objetivo es estructurar alianzas con la centroderecha ( la Unidad Nacional , de Samuel Doria Medina, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario progresivamente emancipado de la tutela del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo en Estados Unidos) y aislar a la derecha recalcitrante», resumió al Dipló un asesor de la bancada del MAS. Con estos partidos, el oficialismo podría conseguir los dos tercios necesarios para evitar que los temas conflictivos vayan a referéndum popular previo a la aprobación, por la misma vía, del texto final de la nueva Carta Magna. Pero cada vez menos bolivianos creen en esa posibilidad.
No obstante, una interpretación posible de esta evolución sería que estaría avanzando la vía «pactista» del vicepresidente Álvaro García Linera, resistida durante meses por sectores campesinos al interior del cónclave. Queda pues a resolver si se trata de un camino gradualista -y con mayor densidad institucional- para consolidar el proceso de cambio o de una desaceleración de las reformas y una apuesta, de mirada estrecha, por la gobernabilidad (y la reelección) en el marco de los comicios adelantados con la nueva Constitución que, según anunció meses atrás Morales, deberían llevarse a cabo en 2008.
Violencia y denuncias de complot
Los recientes paros cívicos en las regiones del oriente y sur del país, convocados en «defensa de la democracia» el 28 de agosto pasado, y el debilitamiento del movimiento en Sucre (8) dejaron en evidencia la fragilidad de la oposición. La violencia ejercida por grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), para hacer cumplir la medida de fuerza, desató fuertes críticas que incluyeron a periódicos como La Razón , que calificó a los activistas de «fascistas». A las imágenes de jóvenes autonomistas que en su huida del saqueo de un mercado atropellaron a un comerciante se sumó la postal, que circuló por internet, de dos unionistas «patrullando» Santa Cruz en el techo de una camioneta roja con esvásticas prolijamente pintadas en sus puertas. Por otro lado, Radio Erbol, vinculada a la Iglesia Católica , denunció que los trabajadores de la aceitera Rico, propiedad del presidente del comité cívico de Santa Cruz y promotor del paro, Branko Marinkovic, fueron obligados a trabajar a puertas cerradas en la empresa, ¡aunque «oficialmente estaban en paro»! Entretanto, quedaba en evidencia el escaso acatamiento a las huelgas en los barrios urbanos populares y en las zonas rurales. En Santa Cruz, Tarija o Chuquisaca, el campo sigue siendo un bastión «evista» y un contrapeso político a las elites locales vinculadas a la estructura latifundista que sobrevivió e incluso se consolidó luego de la reforma agraria de 1953. En ese contexto, un grupo de personalidades moderadas de Santa Cruz publicó el manifiesto «Santa Cruz somos todos» en el que denunciaban que «se está condenando a la muerte civil a quienes no repiten en el alma un único discurso oficial supuestamente cruceñista, a quienes no respaldan su violencia, a los que no aceptan sus dogmas». Estas personalidades se distanciaron así de la Junta Nacional Democrática, promovida por los comités cívico-empresariales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, articulados con el derechista Poder Democrático Social (Podemos), encabezado por el ex presidente Jorge Quiroga, quien acusa al gobierno de haber cambiado la injerencia estadounidense por el «sometimiento a la Venezuela de Chávez».
Esta crispación pareció dar consistencia a las sucesivas denuncias del gobierno sobre supuestas conspiraciones -nunca probadas- para derrocar a Evo Morales. Uno de esos planes estaría plasmado en el documento «Plan para tumbar al indio de mierda», que servicios de inteligencia entregaron al Presidente boliviano y Hugo Chávez mostró en su programa radial «Aló presidente». De acuerdo al gobierno, el esbozo atribuido al grupo separatista Nación Camba tiene cuatro etapas. La primera: apoyar a la Unión Juvenil Cruceñista para hacer fracasar la Constituyente con el cambio de la capital. Segunda: abrir otro frente de conflicto pidiendo el traslado de la empresa estatal minera Comibol de Oruro a Potosí. Tercera: radicalizar la pelea por las autonomías hasta que haya muertos. Y la cuarta: forzar la convocatoria a elecciones generales y «usar» al alcalde potosino de origen indígena René Joaquino como candidato a Presidente.
Otros planes, según el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, contarían con apoyo de la agencia de cooperación estadounidense USAID, a la que el gobierno intimó a «adecuarse a las políticas del Estado boliviano o caso contrario tiene las puertas abiertas para dejar el país». No obstante, la falta de evidencias contundentes ha restado credibilidad a este tipo de denuncias, que la oposición califica como «cortinas de humo» y que parecen tener una vida fugaz, con escasos resultados en el terreno de la propia inteligencia estatal que las alentó.
Con todo, es cierto que Joaquino aparece, para parte del abanico conservador, como el «indígena moderado» que podría hacer frente al «indígena violento» (Morales). El ex senador del MAS (expulsado en 2004) Filemón Escobar, acuñó la fórmula «indio gana a indio». Incluso el ex caudillo aymara Felipe Quispe hizo en mayo pasado un mea culpa por haberse alejado de las clases medias y admitió la posibilidad de unir fuerzas con el alcalde potosino.
Recambio de elites
Pese a los obstáculos, no cabe duda de que en Bolivia se está procesando un recambio de elites que algunos sectores acomodados leen como el aliento a una «revancha étnica» de parte de los indígenas. Estos grupos «blancoides» recuerdan ahora que «en Bolivia todos somos mestizos», mientras algunos de sus miembros no logran contener sus exabruptos racistas. Refiriéndose al empantanamiento de la Asamblea Constituyente , Manfredo Kempff, ex vicecanciller y vocero de Hugo Banzer se preguntaba: «¿Qué podía ofrecer al país un conglomerado de pastores, cocaleros y bloqueadores, amamantados por las ONG?… La Asamblea Constituyente ha sido muy democrática, de acuerdo. Pero hasta la irresponsabilidad de pretender que legislen los analfabetos» (9). Con todo, una rápida revisión «sociológica» del gabinete de Evo Morales arroja una imagen alejada del etnofundamentalismo indio: sólo el canciller David Choquehuanca se autoidentifica como indianista, a quien se podría sumar la ministra de Justicia, de origen campesino cocalero, Celima Torrico. Por eso, algunos intelectuales indianistas radicales hablan de la existencia de un «entorno blancoide» que estaría alejando a Evo Morales de las bases «bajo una máscara indígena».
«Detrás de estos desencuentros actúan dos elites políticas. Una que asciende bajo las banderas de la igualdad y quiere distribuir la riqueza y el poder con un alto costo institucional; y otra que se resiste con la bandera de la libertad y la defensa de la institucionalidad. Bolivia vive la enésima versión de la pelea que la ha paralizado desde siempre: la lucha por una cantidad insuficiente de recursos», explica el analista político Fernando Molina. Y el propio García Linera sostuvo que todo proceso de transformaciones conlleva tensiones y que confía en que «la derecha contrarrevolucionaria no se apoderará del espacio conservador, donde hay una derecha democrática». El desafío es cómo procesar, de forma pacífica pero sin desactivar los anhelos plebeyos de cambio, este proceso tendiente a construir una República más igualitaria que la que predominó desde la fundación del país en 1825.
En el siglo XIX, el presidente Manuel Isidoro Belzu advirtió proféticamente a las elites de la época: «Haced las reformas por vosotros mismos si no queréis que el pueblo haga revoluciones a su modo» (10). Hoy, para la izquierda indígena, Bolivia vive una revolución «democrática y cultural» derivada de la falta de reformas oportunas. Y para la derecha, un tránsito sin escalas hacia una dictadura supuestamente inspirada en el «modelo autoritario chavista».
*Periodista e investigador social. Autor, con Hervé Do Alto, de La revolución de Evo Morales, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
1 «Evo promete hacer de Bolivia una Suiza en 10 años», Los Tiempos, Cochabamba, 7-8-07.
2 Fernando Molina, «Bolivia: ¿redistribución radical en democracia?», Archipiélago, La Paz , octubre-diciembre de 2007.
3 En los últimos meses, Morales repartió cheques a los alcaldes por varios millones de dólares, financiados con fondos venezolanos. Ver «Morales busca la reconciliación con Santa Cruz», La Razón , La Paz , 19-9-07.
4 La crisis se desató el 15 de agosto, cuando el MAS y sus aliados decidieron excluir el tratamiento de la demanda de Sucre, apoyada con entusiasmo por los sectores autonomistas de Santa Cruz.
5 Incluso, en un exabrupto, el mandatario boliviano pidió introducir la «pena de muerte para los privatizadores», lo que fue casi inmediatamente retirado en el contexto de su competencia por el premio Nobel de la Paz.
6 En los municipios de mayoría indígena se respetarán algunos «usos y costumbres», como la justicia comunitaria, y si constituyen mancomunidades con otros municipios pueden dar lugar a «regiones indígenas».
7 La Razón , La Paz , 19-9-07.
8 Radio Erbol demostró que el número de huelguistas de hambre era una tercera parte de lo que decía el comité impulsor de la capitalidad «plena».
9 La Razón , La Paz , 23-6-07.
10 Andrey Schelchkov, La utopía social conservadora en Bolivia: Manuel Isidoro Belzu 1848-1855, Academia de las Ciencias de Rusia, Moscú, 2007.