Un personaje ligado a los opositores derechistas venezolanos y empleado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), participó con su equipo de consultores en el Congreso del Estado del 23 al 25 de marzo, donde se llevó a cabo la cuarta mesa de trabajo del Modelo Homologado de Justicia Cívica, con la asistencia de diputados y funcionarios de seguridad y justicia cívica del Municipio de La Paz.
Ahí, los asesores presentaron su «proyecto de asistencia técnica y fortalecimiento» de dicho modelo, que se pretende instalar en los cinco municipios.
Se trata del francés Thomas Julien Fabennec radicado en el país desde el 2014 y quien constituyó en ese año en la ciudad de México, con fondos de USAID, el Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Lab-Co), operador en México del programa de Prevención y Reducción de la Violencia (PREVI), que se anuncia como un organismo de «innovación y soluciones en materia de prevención de violencia, seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos en América Latina», pero que no es otra cosa que la intromisión de los Estados Unidos para salvaguardar sus intereses mediante la aplicación de políticas públicas que aseguren el control de la comunidad, al tiempo que buscan asegurar la paz social que piden los inversionistas estadounidenses y sus ciudadanos que, en el caso de la Península de Baja California, ya la ven como su segundo hogar.
Acompañaron a Favennec los «consultores de justicia cívica» José Luis Castellón y Denisse Valdés, así como la estadounidense Elizabeth Brady, Directora de Donaciones de USAID y Gabriela Posada, «Coordinadora Regional de las Baja Californias» del programa PREVI, quienes emitieron un documento con los compromisos asumidos con la Coordinación Municipal de Prevención del Delito y Justicia Cívica y la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, entre otros «revisar y retroalimentar» borradores de la propuesta de Ley Estatal de Justicia Cívica.
USAID, la agencia que depende del Departamento de Estado de EEUU, es la misma que financia a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que dirige Claudio X González, el líder opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 18 de febrero pasado, México envió una nota diplomática al gobierno de Joe Biden, donde le exigen que deje de subsidiar económicamente a esa asociación civil: “Consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano”, dice la nota. Entre 2018 y 2021, USAID entregó fondos a MCCI por 2.25 millones de dólares (50 millones de pesos).
La agencia también ha donado importantes sumas de dinero a la organización de la sociedad civil de Baja California Sur, Como Vamos La Paz, que dirige Lucía Frausto. En los tres años pasados le han entregado 500 mil dólares para su sostenimiento y desarrollo de programas (aproximadamente 10 millones de pesos); asimismo, brinda apoyo económico a la Alianza Comunitaria de Baja California Sur y a Los Cabos Children.
El 16 de noviembre de 2020, Thomas Julien Fabennec y Santiago Hernán Rosas Lorenzo, comparecieron en la ciudad de San Salvador ante el Notario Público Jacobo Jiménez Quintanilla para constituir otro Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas (Lab-Co), protocolo publicado en el Diario Oficial de la República de El Salvador, el 29 de junio de 2021 (https://bit.ly/3M1Myr1). Durante el acto se nombró a Santiago Hernán Rosas Lorenzo como Presidente, a Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Azpúrua como Secretaria y a Thomas Julien Favennec como Tesorero.
Hernán Rosas Lorenzo fue cofundador con Thomas Favennec de Lab-Co México en 2014. Tiene nacionalidad española pero con muchos años de residencia en Venezuela. Llegó a El Salvador en 2019 al igual que Mercedes de Lourdes como parte de un equipo de asesores venezolanos del presidente Nayib Bukele, dirigidos por Sarah Hanna Georges (https://bit.ly/3LQVyPz), un mando medio de la oposición al presidente Nicolás Maduro, vinculada a Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular. López fue condenado a 13 años de prisión por «participar e instigar» las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos, protestas que fueron incitadas y financiadas por USAID, agencia que había puesto en marcha un programa de formación de una nueva generación de políticos opositores, entonces integrantes del movimiento estudiantil. Juan Guaidó, que se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela en enero de 2019, era uno de esos estudiantes. y quien sigue contando con el apoyo económico y político de Estados Unidos y la Unión Europea.
Las agencias de Estados Unidos, USAID y NED (National Endowment for Democracy), se presentan ante la opinión pública como entidades humanitarias, pero son una de las armas preferidas por EEUU en su injerencia interna en otros países. Los dólares son la diplomacia paralela de la Casa Blanca.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.