Para nadie es un secreto que los acaudalados grupos agro exportadores de Argentina, apoyados por los medios de comunicación privados, han puesto en marcha todas las formas posibles en aras de obstaculizar las medidas económicas que ha tratado de introducir el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en beneficio de las capas más […]
Para nadie es un secreto que los acaudalados grupos agro exportadores de Argentina, apoyados por los medios de comunicación privados, han puesto en marcha todas las formas posibles en aras de obstaculizar las medidas económicas que ha tratado de introducir el gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en beneficio de las capas más humildes de la sociedad.
La producción agroindustrial argentina tiene un fuerte impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y sus exportaciones alcanzan 35 000 millones de dólares, más de 50 % de todas las ventas internacionales de esa nación sudamericana. Además, Argentina es uno de los principales proveedores mundiales de alimentos aunque contradictoriamente una quinta parte de sus 41 millones de habitantes no pueden cubrir las necesidades básicas nutritivas.
Hace 17 meses, en marzo de 2008, el gobierno de Cristina Fernández logró que el Congreso aprobara la ley sobre las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias con la cual se proyectaba que los dividendos obtenidos se utilizaran en obras de beneficio social, como construcción y reparación de hospitales, centros de salud, viviendas y caminos rurales.
La ley gravó el alza de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, de 35 a 46%, con lo cual el gobierno esperaba recaudar 11.000 millones de dólares a través de impuestos pues la soja es el principal cultivo de Argentina, que exporta el 95% de la cosecha, pero la reacción de las oligarquías agropecuarias no se hizo esperar.
Para boicotear la medida, comenzaron bloqueos de carreteras en todo el país, afectaron las producciones industriales y la cesantía de miles de obreros por falta de insumos, provocaron desabastecimiento de carne, leche y harinas y las consecuentes alzas en los precios de los alimentos.
Las presiones y los paros han estado acompañados por una fuerte ofensiva en los medios de comunicación controlados por el gran capital que alientan las campañas contra las medidas económicas que adopta la mandataria argentina.
Desde hace dos décadas cuando el derechista presidente argentino Carlos Ménem llegó al poder en 1989, el sector agroindustrial argentino adquirió mucha fuerza en el acontecer político y económico de la nación. Antes de esa fecha, campesinos, cooperativas e industrias nacionales, participaba en el sistema agroalimentario con productos baratos para bajos salarios pues las producciones se destinaban indistintamente para el mercado interno y externo.
Para equiparar los precios internacionales y que los internos no se dispararan había una serie de regulaciones, dos de las cuales eran, el tipo de cambio, y las retenciones. Ménem impulsó la privatización de empresas alimenticias, sancionó la desregulación de los productos, incitó la entrada de transnacionales y la formación de poderosos grupos nacionales agropecuarios.
El año 1996 marcó la introducción de la soja transgénica del emporio transnacional Monsanto, sin que se realizaran discusiones públicas o en el Parlamento, y mucho menos un estudio sobre el impacto ambiental que ocasiona este tipo de siembra.
En Argentina se sembrarán este año 18 millones de hectáreas de soja, una superficie que abarca el 50 % de las tierras del país que utiliza el herbicida glifosato (nombrado como Soya RR) creado y producido también por Monsanto. Este es el único herbicida que se utiliza en ese tipo de cultivo.
El uso del Soya RR, ha provocado afectaciones en los suelos, el medio ambiente y las personas, a la par que se producen desmontes de bosques y desplazamientos de campesinos para poner más tierras a disposición de la soja.
La transnacional ha informado que sus ganancias aumentaron en Argentina un 44 % en 2007 y 120 % en 2008.
En cuanto a las quejas de los sectores agroindustriales que mediante la llamada Mesa de Enlace se lamentan de que «hasta ahora, en las conversaciones con las autoridades del gobierno, nunca conseguimos nada», el diario Pagina 12 acaba de dar numerosos datos que desbaratan esa falsedad.
En un extenso artículo, basado en un informe realizado por la ministra de Producción, Débora Giorgi, el diario bonaerense indica que las medidas oficiales en beneficio al campo fueron 47, que sumadas a distintos gastos de la administración nacional y los créditos subsidiados al sector, arrojan una cifra de 21 739 millones de pesos en los últimos 15 meses (unos 5 720 millones de dólares).
El documento de Giorgi puntualiza que «la reducción de retenciones (impuestos a las rentas extraordinarias por exportaciones), plan ganadero, aportes a las economías regionales, subsidios por sequía, créditos a tasa blanda, compensaciones y estímulo a la producción, son algunos de los beneficios otorgados en poco más de un año, prácticamente desde el inicio mismo del prolongado conflicto por las retenciones móviles, en marzo de 2008« .
Pero de éstas dádivas no hablan nada los medios de comunicación que sin embargo, arrecian sus ataques contra el gobierno en estrecha unión con los enriquecido agroindustriales.
La deformación del agro introducida por las políticas neoliberales y de privatizaciones en beneficio de grandes monopolios nacionales y extranjeros atentan el desarrollo económico y social de la mayoritaria población argentina. Mientras unos pocos se enriquecen, otros muchos padecen las consecuencias. Los emporios agroindustriales han sido los llamados a cercenar las leyes encaminadas a favorecer al pueblo. Esta porfía resulta el mayor peligro para el gobierno de Cristina.