La «nacionalización de la tierra» en Bolivia amenaza con reactivar la ofensiva autonomista del rico oriente boliviano. Los cruceños reclaman que sea su departamento el que defina la política de tenencia de la tierra. Entre once y catorce millones de hectáreas cultivables son susceptibles de ser redistribuidas.
La noticia se expandió como reguero de pólvora y ya ocupa las primeras planas de los diarios bolivianos: después de la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno de Evo Morales se apresta a llevar adelante una medida potencialmente más explosiva: una segunda reforma agraria que «elimine el latifundio improductivo», en un país en el que el 40 por ciento de la población aún vive en el campo. La consigna de los años ’40 era «tierras para el indio, minas para el Estado», hoy basta cambiar minas por hidrocarburos para sintetizar los objetivos del nuevo nacionalismo indígena que llegó al gobierno el pasado 22 de enero. Al afectar intereses internos regionalizados, la «nacionalización de la tierra» amenaza con reactivar la ofensiva autonomista del oriente boliviano, liderada por Santa Cruz. Los sectores empresariales y políticos cruceños ya anticiparon su rechazo a la medida y reclamaron que la Comisión Agraria Departamental, presidida por el prefecto del departamento, sea la encargada de definir la política de tenencia de la tierra. Una especie de «blindaje» frente al gobierno nacional en manos de la izquierda. Según el Ministerio de Desarrollo Rural, entre 11 y 14 millones de los 106 millones de hectáreas cultivables que posee Bolivia son susceptibles de ser redistribuidas.
Promulgada en la localidad cochabambina de Ucureña el 2 de agosto de 1953, la reforma agraria fue decidida por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) frente a las presiones de las milicias campesinas que ocupaban las haciendas demandando una «revolución agraria». Fue el primer intento de resolver de manera radical el problema de la tierra. Sin embargo, la medida no afectó al oriente boliviano, ya que allí no había latifundios, sino «empresas agrícolas» con jornaleros asalariados, funcionales a los objetivos nacionalistas revolucionarios de dejar atrás el «régimen feudal» y avanzar por el camino de la modernización capitalista del país. Luego, el dictador Hugo Banzer Suárez (1971-1978) utilizó la tierra para pagar los favores de quienes apoyaron su ascenso al poder mediante un golpe de Estado, al tiempo que el narcotráfico se constituía en una de las fuentes de acumulación de poder económico, político y de acceso a grandes extensiones de tierra.
Paralelamente, en el occidente los minifundios resultantes del reparto inicial de tierras fueron dividiéndose en sucesivas herencias hasta pequeñas extensiones denominadas surcofundios, su productividad se deterioró ante la ausencia de políticas de apoyo desde el Estado y las estructuras de propiedad comunal se disolvieron en gran medida en propiedades familiares. Hoy las «empresas agrícolas», vinculadas con la agroexportación, según datos del sociólogo Danilo Paz, controlan el 90 por ciento de la tierra productiva.
La ley INRA aprobada en 1996 otorgó a los pueblos indígenas, fundamentalmente del oriente del país, las denominadas tierras comunitarias de origen -unos 5 millones de hectáreas- y se propuso clarificar la situación de la propiedad de la tierra, anular los títulos fraudulentos y priorizar la titulación de las tierras de los pueblos indígenas. Después de diez años, los resultados son frustrantes para la mayoría de los campesinos y las grandes extensiones de tierras cedidas a las comunidades para que reproduzcan sus hábitos de vida tradicionales, sin apoyo técnico ni económico, no permitieron superar las condiciones de pobreza crónica de los indígenas de tierras bajas, lo que se suma a la constante presión de los «terceros» -ganaderos, madereros, petroleras y los mismos campesinos colonizadores del occidente del país- sobre sus tierras.
-¿Puede hablarse de una segunda reforma agraria? -preguntó Página/12 al viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
-Sería pertinente llamarlo así pero la hemos denominado «ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria», para enfatizar algunos aspectos novedosos. En este caso podría redistribuirse tres o cuatro veces más tierra en la cuarta parte del tiempo que durante la reforma agraria de 1953. Por otro lado, la reforma agraria distribuyó tierras de manera individual y en condiciones de libre disponibilidad, mientras que nosotros estamos trabajando en un reparto colectivo, preservándolo de futuros procesos de reconcentración de tierras y fortaleciendo su desarrollo productivo.
-¿Qué tipo de tierras se va a redistribuir?
Lo que se va a redistribuir son los nuevos latifundios, que son más agresivos y nocivos que los antiguos, lo que se denomina «engorde de tierras», es decir, mantener la tierra improductiva, como garantía de operaciones bancarias y como objeto de acciones especulativas. De todas formas, también se afectará a los viejos latifundios. Estas tierras van a pasar a manos de comunidades campesinas e indígenas.
-¿De qué superficie estamos hablando?
-Son varios millones de hectáreas. Más de dos millones ya fueron declaradas tierra fiscal y disponible por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, ésas son las primeras tierras que se van a distribuir. Por otro lado, estamos trabajando en el desalojo de propietarios extranjeros irregulares, mayoritariamente brasileños, en la zona fronteriza del departamento de Pando. Ya está en proceso su expulsión, una delegación de nuestro viceministerio entregó días atrás las órdenes de desalojo y esas tierras serán distribuidas entre las comunidades pandinas.
La reacción regional-empresarial cruceña no se hizo esperar. La confederación de empresarios privados de Santa Cruz reclamó «seguridad jurídica» y rechazó cualquier tipo de expropiación, en tanto que la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) condenó por anticipado el «avasallamiento de tierras», señaló que en el tema tierra «no hay verdades absolutas», y reclamó que las políticas agrarias se decidan por consenso y que se siga con el saneamiento por parte del INRA para determinar qué propiedades son improductivas.
El gobierno anunció el Plan Nacional de Apoyo a la Producción, con la finalidad de fomentar la mecanización del campo mediante la cesión de 900 tractores a las comunidades y el incentivo a producciones como la quinua y la cría de camélidos.
