Aníbal Fernández y Julio Alak enviaron un proyecto legislativo a contrapelo de la voluntad popular de afirmar los derechos humanos y alejarse de la estrategia imperial de guerra y barbarie que desde Afganistán a las montañas colombianas viene transformando el mundo en un espacio donde «vale todo» para defender el status quo internacional. Con fecha […]
Aníbal Fernández y Julio Alak enviaron un proyecto legislativo a contrapelo de la voluntad popular de afirmar los derechos humanos y alejarse de la estrategia imperial de guerra y barbarie que desde Afganistán a las montañas colombianas viene transformando el mundo en un espacio donde «vale todo» para defender el status quo internacional.
Con fecha 13 de octubre, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de dos de sus ministros envió al recinto legislativo un proyecto de agravamiento de la ley antiterrorista 26.268 sancionada -contra la opinión de todos los organismos de derechos humanos y numerosas fuerzas populares- en 2007, so pretexto de cumplir con requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), uno de los organismos financieros que integran el sistema encabezado por el F.M.I. que vienen siendo denunciados por su responsabilidad en la crisis mundial y repudiados por amplios sectores sociales y aún gobiernos.
En su momento la Liga Argentina por los Derechos del Hombre repudió la sanción de la ley antiterrorista «que subordina la legislación argentina a la estrategia norteamericana de dominio de los pueblos del mundo, so pretexto de su «guerra contra el terrorismo…. que establece gravísimas modificaciones regresivas en un Código Penal que arrastra el impacto reaccionario de las propuestas Blumberg….
Resalta entre otras, la propuesta de crear la figura de «asociación ilícita terrorista» mediante la creación de un nuevo articulo 213 ter que propone considerar como actos terroristas a los cometidos para «aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo» para lo cual realicen una «acción de propagación del odio étnico, religioso o político» y «disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas».
Esto abre la posibilidad de que se sancione como acto terrorista a cualquier acción popular que pretenda modificar alguna decisión gubernamental. Supongamos que se pida aumentar el presupuesto educativo para que no existan escuelas sin calefacción en invierno, y que en el transcurso de las movilizaciones, la Policía o los servicios de inteligencia «descubran» con su labor de «investigación» que alguien tiene una granada de gas o alguna pistola tal como la Policía del Gatillo Fácil planta armas para justificar sus acciones».
Fue desde la lógica de la lucha contra el terrorismo en que se basa la Ley, y el nuevo proyecto gubernamental de agravamiento, que en su momento se expulsó del país a seis campesinos paraguayos: Bordòn, Vera, Cardozo, Lescano y Rodriguez, que desde entonces permanecen encerrado en pésimas condiciones en la tenebrosa Cárcel de Tacumbú de Asunción de Paraguay.
Nunca es gratuito sancionar una ley basada en una lógica represora y macartista.
Y ahora, contra la expectativa de que la prometida profundización del proceso en marcha exigía la derogación de la Ley por antidemocrática y funcional a la estrategia imperial de guerras que el gobierno dice repudiar, el proyecto agrava la ley vigente puesto que propone nada menos que «duplicar» todas las penas que pudieran corresponder en una continuación de la lógica de Blumberg que ha llevado nuestro Código Penal a ser una máquina de encarcelar pobres y luchadores sociales, generando una crisis carcelaria que no tiene solución con esta política.
El proyecto del Ejecutivo se «autocrítica» de no haber sido más drásticos en la Ley del 2007 y al proponer duplicar las penas acude a un mecanismo que propone modificar la «parte general» del Código Penal por lo que la reforma propuesta «teñirá» todos los delitos habidos y por haber. Vale decir que se modificará el articulo 41, añadiéndole un párrafo, el 5º que establece el doble de la pena prevista para absolutamente todos los delitos si se considera que fueron cometidos con finalidad terrorista, con lo que se sigue Blumberizando nuestra legislación. Al contrario de este rumbo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre insiste en el tratamiento legislativo del llamado proyecto Baigún, que propone una reforma integral del Código Penal en una dirección opuesta a la marcada por Blumberg, Alak y Fernández.
Convocamos a todas las fuerzas comprometidas con la vigencia de los derechos humanos a movilizarse en demanda del no tratamiento legislativo del proyecto enviado recientemente, por la derogación de la Ley Antiterrorista y por el tratamiento del proyecto Baigún de reforma integral del Código Penal.
¡Es hora de democratizar la democracia argentina!
¡Todos los derechos para todos!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.