Luego de la irrupción electoral masiva de la población en favor del candidato triunfante del partido «Movimiento de Regeneración Nacional» (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una idea está permeando dentro del conjunto del sindicalismo democrático, e incluso de sectores burocráticos, la de que el nuevo gobierno se comprometa a apoyarlos para sacar de la […]
Luego de la irrupción electoral masiva de la población en favor del candidato triunfante del partido «Movimiento de Regeneración Nacional» (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO), una idea está permeando dentro del conjunto del sindicalismo democrático, e incluso de sectores burocráticos, la de que el nuevo gobierno se comprometa a apoyarlos para sacar de la cúpula de sus organizaciones sindicales, a las corruptas y gansteriles dirigencias «charras».
En tal sentido, un portal de izquierda, «Sin Embargo», se pregunta «¿Podrá AMLO llevar democracia a sindicatos que han servido por décadas a los gobiernos y al PRI?»; trabajadores petroleros demandan a AMLO, que su mafioso dirigente, Carlos Romero Deschamps, sea encarcelado; un sector burocrático del Sindicato de Trabajadores de la Educación, representado por Elba Esther Gordillo, está al acecho para desplazar a la dirigencia ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el sentido contrario, esta vez contra la democracia sindical, otro connotado líder priísta traidor al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Jorge Sánchez García, aliado de facto con opositores que vienen de la izquierda radical, como José Antonio Almazán Gonzáles y Mario Benítez, demandan su intervención para que haga lo que las bases electricistas repetidamente les ha negado: derrocar a la dirigencia del SME.
Todos estos sectores están ilusionados en que se repita una espectacular y autoritaria decisión del poder Ejecutivo, como el «Quinazo», para encarcelar a los odiados dirigentes «charros» y que imponga a las dirigencias que él considere las más «representativas y democráticas». Confunden los procesos judiciales como tarea obligada del nuevo gobierno contra la corrupción que promete combatir, con nuestras tareas como trabajadores y trabajadoras en la construcción de la democracia y la independencia sindicales. Sustentar la democracia y la independencia en esas medidas gubernamentales contra la corrupción de los líderes corporativos reproduce una mentalidad «paternalista», en este caso por parte de un gobierno «progresista», renunciando al control de su propio destino y abonando a la edificación de un nuevo corporativismo. La pregunta que sirve de título al reportaje «¿Podrá AMLO llevar democracia a sindicatos que han servido por décadas a los gobiernos y al PRI?» es improcedente e incide en la lógica corporativista que ha sujetado al sindicalismo mexicano durante toda su existencia post revolucionaria, con las excepciones del caso. Lograr la democracia sindical junto con su inseparable independencia política y su autonomía frente a las patronales, los partidos políticos y los gobiernos es tarea de los propios trabajadores y no de los gobiernos. De otra manera estaríamos hablando de una democracia tutelada que encierra en sí misma su negación. Una auténtica democracia sindical jamás provendrá de ningún gobierno, así sea de un gobierno revolucionario -que no es el caso-, por una sencilla razón: los intereses de Estado, de contar con el control y la fidelidad de las organizaciones sindicales, siempre estará por encima de garantizar la democracia e independencia sindicales. Los sindicatos están obligados a construir y mantener su independencia aún en el caso de que se tratare de un gobierno de los trabajadores, que tampoco es el caso.
La tarea de los gobiernos, incluido el próximo, es respetar los Convenios Internacionales en materia de libertad sindical y derecho de asociación, contratación y negociación colectiva y huelga, así como poner a tono la legislación nacional Constitucional y secundaria con esos principios amparados por esos Convenios. La reforma Constitucional de 2017, cuya correspondiente ley reglamentaria está en proceso, se tiene que concretar pero habría que advertir que es completamente insuficiente para garantizar esos derechos de todos y todas las trabajadoras. La reforma constitucional aprobada en 2017, que se centra en la justicia laboral, es muy limitada y habría que ampliar sus alcances. Es el caso de que dicha reforma Constitucional ignora que la mera existencia del Apartado «B» que reglamenta los derechos y relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado, parte de derechos laborales de asociación, negociación colectiva y huelga, muy limitados por no decir que inexistentes. También es el caso patético -tampoco considerado en la reforma constitucional aludida- de la contradicción existente en la propia Ley Federal del Trabajo, que por un lado contempla el derecho de asociación, y por tanto de negociación colectiva y huelga, de carácter nacional, y por otro lado, en uno de sus apartados especiales, limita ese derecho de asociación -y por tanto de negociación y de huelga- a la sola constitución de sindicatos de gremio o de institución (de empresa). Nos referimos a los trabajadores de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. El resultado: la violación del derecho desde la norma misma, el Apartado»B», y en el propio instrumento normativo reglamentario, la LFT. Los trabajadores universitarios conocen con detalle el agravio histórico que significó este atentado en su contra y las nefastas consecuencias que permanecen hasta la fecha no sólo en detrimento de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de estas instituciones sino en perjuicio de cualquier pretensión de avance del conocimiento científico, tecnológico y de calidad en y al servicio de los mayorías. Buena parte de la crisis de este nivel educativo puede ser atribuida a la destrucción del sujeto colectivo -el sindicato nacional- y principal protagonista de la educación universitaria: sus trabajadores académicos y administrativos organizados. Construir pues la libertad sindical obliga a una reforma de la LFT para derogar las limitaciones al derecho de asociación de los trabajadores universitarios.
Es completamente cierto que, con el próximo gobierno, se crean las condiciones de posibilidad para lograr que se acaten los Convenios de libertad sindical y la negociación colectiva, 87 y 98, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero estos derechos jamás se lograrán si no existe un movimiento sindical auténticamente independiente y democrático. Nunca ha sido más cierta la consigna de que «la emancipación de la clase obrera, es obra de la clase obrera misma».
Una clase trabajadora, verdaderamente consciente, jamás demandará que el gobierno en turno resuelva sus propios problemas. Podemos, eso sí, demandar al nuevo gobierno que juzgue y encarcele a las dirigencias burocráticas por sus delitos del fuero común y federal; que no los proteja ante las demandas de recuento; que no meta sus manos en los asuntos internos de las organizaciones sindicales; que haga públicos el registro de asociaciones sindicales y de contratos colectivos, que no obstaculice el nacimiento de las organizaciones sindicales independientes con las «tomas de nota»…. Pero, jamás dejar en sus manos la organización de las y los trabajadores y la elección de nuestras dirigencias.
La caída del gobierno priísta no significa que, automáticamente, caerán las dirigencias «charras». Sería confundir la democracia electoral, que incluso apenas se plantea como posibilidad con los resultados del primero de julio, con la democracia real y sustantiva en las organizaciones sociales del campo y la ciudad, particularmente en las de los trabajadores, en sus sindicatos existentes y por construir. Ese objetivo, el de la democracia e independencia sindicales, sólo se logrará con la combativa participación de la clase trabajadora. De hecho, el haber podido sacar del gobierno al PRIAN y al PRD es fruto de más de 30 años de lucha de diversos movimientos sociales que hemos resistido los embates del neoliberalismo. Paradójicamente, la misma debacle del PRD, de alto significado, expresa la de la ruta de la transformación del país por la vía parlamentarista y electorera que privilegió la mayoría de la izquierda de la generación del 68, al tiempo que desnuda los estragos que causó la ideología neoliberal en la organización y en la consciencia de la clase trabajadora y de sus núcleos revolucionarios que en la jornada electoral sólo se pudieron expresar como ciudadanos individualizados, y no como clase con opción propia. Fueron las masas, prioritariamente los y las ciudadanas trabajadoras, las que por la única vía a su alcance, la electoral, las que empezaron a cavar la tumba de sus opresores y las que están iniciando la verdadera transición a la democracia real y sustantiva, la que pretende construir la madre de todas la autonomías: la de la unidad democrática e independiente de la clase trabajadora, la de la ya organizada en sindicatos democráticos -pero hasta ahora aislados y fragmentados- y la del noventa por ciento de trabajadoras y trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, en el sub y desempleo, los desplazados por la automatización y la inteligencia artificial, en la informalidad, la subcontratación, en falso régimen de honorarios, los «homologados», en el autoempleo, migrantes, en el campo, etc., todos ellos y ellas no organizados. Es esta la gran oportunidad y el enorme peligro que abre la irrupción electoral de las masas como mera posibilidad, que se plantea como disyuntiva: o se acepta el reto de construirse como sujeto unido, organizado democrática e independientemente del nuevo gobierno, lo que significa recuperar su sentido clasista, o permite con su ausencia o sectarismo que se repita la historia de la debacle pero ahora con tonalidades trágicas.
El mejor ejemplo de esta disyuntiva lo representan nuestros compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El anuncio en campaña de AMLO de la cancelación de la mal llamada «reforma Educativa», en caso de materializarse, será un triunfo de la CNTE, misma que debe empezar por reconocer el resultado de su persistente lucha de años para evitar que sean otros, incluidos los charros, lo que se paren el cuello. Es con esa autoridad moral, política y educativa-pedagógica que la CNTE ahora puede y debe exigir que efectivamente se cancele tal reforma de forma integral y proponer el proyecto alternativo de educación, que junto con el resto del sindicalismo de otros niveles educativos, el de la ciencia y la cultura, debe construir para ofrecerlo y oponerlo al de las concepciones empresariales que seguramente seguirán presentes, eventualmente con más bríos. Es el momento que la CNTE debe aprovechar para demandar la realización de un Congreso General Extraordinario, electo democráticamente, y nuevas elecciones para renovar al conjunto de las direcciones delegacionales, seccionales y nacional del SNTE. Es, en ese mismo rumbo, el momento para que la CNTE y los demás sindicatos democráticos de la educación de las universidades, los tecnológicos, los centros de investigación y los de la cultura, recuperen sus derechos laborales colectivos plenos y den pasos hacia una nueva organización de todos los y las trabajadoras de la educación, la ciencia y la cultura de todos los niveles. La otra opción en esta disyuntiva está clara: la renovación del corporativismo sindical y la imposición de un modelo educativo pro empresarial, además de la cancelación de las aspiraciones más amplias del conjunto del sindicalismo democrático.
Por otro lado, es también tarea del nuevo gobierno dejar de lado los ánimos corporativos del pasado y auspiciar las aspiraciones de autonomía e independencia del sindicalismo auténtico. Corresponde en ese rumbo, si la lucha contra la corrupción aspira a una tonalidad de credibilidad, atacar el núcleo de la corrupción presente en las organizaciones sindicales y, sobre todo en la relación de esos sindicatos y centrales con las empresas y con los gobiernos. La así llamada en el ámbito sindical, la «Delincuencia Sindical Organizada», habla sólo de uno de los participantes, los líderes sindicales, en unas relaciones laborales corruptas en las que actúan de manera interesada y deliberada, los patrones y los gobiernos. Su expresión extrema, ya lo sabemos, es el sindicalismo y contratismo de protección que encuentra su terreno más fértil en el outsourcing, el «bueno y el malo». El malo que viola la ley y el bueno cuya legalidad no alcanza a encubrir su carácter corrupto y mórbido.
Finalmente, consideramos que siendo los derechos laborales colectivos mencionados -derecho de asociación, contratación colectiva auténtica y de huelga- sumamente importantes y muy ligados a la corrupción y al control corporativo y patronal de los trabajadores y trabajadoras, lo que obliga a su amplia e irrenunciable defensa, la mayor corrupción se encuentra en el fraude que significa el establecer como principio rector la promoción del trabajo decente en el Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo aprobada de forma inconsulta por el PRIAN en 2012, y acto seguido, en el resto de los artículos construir justamente la antítesis del trabajo decente: el mundo de la precariedad laboral y sindical. El combate a fondo de la corrupción pasa por la elaboración de una Nueva Ley Federal del Trabajo que destierre el engaño fraudulento de la ley aprobada en 2012. No se trata de cerrar los ojos ante las evidentes transformaciones del mundo empresarial y del trabajo en su organización y en el uso de las nuevas tecnologías de la producción y la distribución de mercancías. Por el contrario, se trata de contemporizar, en la regulación del trabajo y de las relaciones laborales, con los nuevos métodos de la producción y la distribución, con el uso de las nuevas tecnologías, dejando de lado las concepciones retrógradas patronales y del sindicalismo entreguista, disfrazadas de modernas. Se trata de construir nuestra propia concepción para profundizar las derechos laborales colectivos como la vía cierta para un trabajo y vida decentes.
La pregunta de «Sin embargo» «¿Podrá AMLO llevar democracia a sindicatos que han servido por décadas a los gobiernos y al PRI?», con la ayuda de Abraham Nuncio, puede ahora ser reformulada como «¿Pueden los trabajadores esperar una nueva etapa de mejoría? Sí, pero a condición de que luchen por ella y no se esperen al próximo periodo electoral.»
¡Por una Nueva Ley Federal del Trabajo!
¡Cárcel a los líderes sindicales corruptos!