En esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal […]
En esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal del proceso.
El gobierno lanzó un programa de siete foros nacionales temáticos que inició este mes y termina el 17 de julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales entre mayo y junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro nacional global en la Ciudad de México.
Pero si Arquímedes fuera gobernante mexicano podría decir: «dadme una consulta amañada y legitimaré un mundo». El clamor general campesino es que «la organización unilateral desde el aparato público de esos foros favorece las voces coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina disidencias, excluye o reduce a su mínima expresión la presencia de voces críticas de la situación actual de desigualdad y concentración de beneficios en ciertos segmentos de agricultores», tal como dice un documento de circulación para el consenso entre dirigentes, el cual se hará público en breve.
La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió hace unos días no participar en los foros convocados por el gobierno al estimar que se trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas tendientes a profundizar la privatización del campo.
Jesús Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador del Congreso Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de las organizaciones campesinas, incluso las cercanas al gobierno, informó que están elaborando un documento de trabajo y programando cinco encuentros campesinos.
Serán dos encuentros nacionales en el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres regionales en el Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará la propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.
No hemos visto resultados favorables en la producción de alimentos a partir de las perversas políticas públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes productores, por eso, a pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y el hambre siguen acentuándose, dijo Durán.
El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario, Cruz López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos no pueden ganar batallas en los foros gubernamentales porque «ahí se imponen los poderosos».
El reformador
El 5 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el arranque de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más productivo, rentable y digno. Para las organizaciones campesinas que no confían en las intenciones del régimen, el anuncio sonó como advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.
Peña afirmó que su gobierno «no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país», lo cual no lo compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime de impulsar la privatización de los territorios codiciados que aún están en manos campesinas.
La palabra del presidente es una moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar que después de negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma energética, ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.
De hecho, entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño afirmar que la secretaría de Agricultura ejercerá este año el presupuesto más alto de su historia, 82 mil 900 millones de pesos, cuando se sabe que el incremento de 10 por ciento respecto a 2013 proviene de recursos tomados de programas de otras secretarías.
El presidente dijo que convocaría a «foros y espacios de diálogo y propuestas a organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y todos quienes están inscritos bajo las tres modalidades de régimen de propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su experiencia.»
El secretario de agricultura Enrique Martínez, menos obligado a cuidar las formas, declaró el 14 de enero que uno de los caminos para elevar la productividad del campo es «buscar en esas reformas jurídicas un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada», y lamentaba, muy preocupado, que «desde que se hizo la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de la propiedad ha pasado de un régimen a otro».
No hace falta gran imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y cooperando al facilitar la entrega de recursos y territorios, reformando leyes y cancelando derechos de la población para abrir los espacios exigidos por la inversión extranjera de la industria extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y contratos otorgados a empresas mineras y petroleras.
Nada más adecuado para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal -régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del territorio nacional-, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo «un espacio digno para quienes viven y dependen de él».
Las intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el contenido de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética presentadas recientemente al Congreso, en las que, por ejemplo, el Artículo 91 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece:
«La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera.»
De ese modo los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente a poder de las empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a la explotación de hidrocarburos, la cual «tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo».
Saldos del TLCAN
Las condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables. Después de 20 años de libre mercado, la sociedad rural mexicana está exhausta. La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.
El desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza en la sociedad rural. El campo cuenta con unos 30 millones de habitantes: 81% pobres, 37% en pobreza extrema; de los 28 millones de hambrientos en el país, casi 20 millones viven en el campo.
De los apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60 por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de productores del campo.
La economía se fue a pique. De 1934 a 1982 el PIB había crecido a una tasa media superior al 6 por ciento anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%. También se profundizó notablemente la desigualdad social.
En términos de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector agropecuario mexicano que pasó de una balanza comercial positiva en 1991 (cuando México exportaba a EEUU 2,373 millones de dólares e importaba 2,131), a una negativa en 2012 cuando exportó 18 mil 219.771 mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4 mil mdd). En enero de este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con importaciones totales por más de 30 mil mdd.
Los grandes ganones del TLCAN son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra alrededor del 20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del ganado bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.
La producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la producción en 26.8%.
La importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en 1995, a más de 10 millones el año pasado.
En arroz, de 1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir sólo 10% del consumo interno del grano (un millón 200 mil toneladas).
En el caso de la leche en polvo, México es el primer importador del mundo; compra además al exterior el 95 por ciento del soya que consume, el 53 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y cerdo, el 30 por ciento del frijol. La dependencia alimentaria admitida oficialmente es de 45%.
Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía informal.
El libre mercado modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen sobrepeso y obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna discapacidad y eventualmente morirán pronto a causa de diabetes o enfermedad cardiovascular.
En los primeros cinco años de vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa de EE.UU. en las industrias de alimentos y bebidas de México casi se cuadruplicó, pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y 2007, la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.
En 2012, los cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos asociados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta representaron el 75 por ciento de las importaciones desde los Estados Unidos.
En síntesis, tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales.
En defensa del ejido y la comunidad campesina
En cambio, los representantes de la clase campesina organizada demandan restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible, inalienable e inembargable y eliminar la facultad de las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.
La contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27 Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas, autorizó que las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores a los límites de la pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil para explotación ganadera.
El ejido es una dotación de tierra en calidad de propiedad social de uso individual o colectivo que tiene raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de latifundios en el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución Mexicana, consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general Cárdenas.
Ahora en el campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6 millones de sujetos de derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.
El modelo neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí que una de las demandas del movimiento campesino sea dotar de fondos al Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.
Otro punto de consenso unánime es el financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo.
La lista incluye elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria, incentivar el establecimiento de prácticas agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz transgénico en territorio nacional.
Reglamentar los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.
Crear un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.
Demanda imprescindible es erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros y regular la exportación e importación de granos básicos así como cambiar de fondo la orientación del gasto público rural.
La reforma al campo deberá garantizar los derechos de los pueblos indígenas y solucionar los conflictos mineros en favor de las comunidades y hay quienes están convencidos de que muchas de estas demandas no podrán avanzar sin renegociar el TLCAN con el fin de cancelar su capítulo agropecuario.
La UNORCA aprobó en su reunión de coordinadora nacional realizar plantones y tomas de edificios gubernamentales para defender estas demandas, y Durán, por separado, coincidió en que «si el autoritarismo quiere imponerse, pasaremos dignamente a la resistencia y a la movilización».
Alfredo Acedo es periodista y director de comunicaciones de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)