Hace unas semanas, en vísperas de las elecciones regionales, Samuel Doria Medina lanzó una advertencia: «el reino de los movimientos sociales está llegando a su fin». Así, este representante de la burguesía, identificó claramente a su enemigo: el sujeto revolucionario que gestó hace quince años este proceso de cambio y que hoy, en condiciones económicas […]
Hace unas semanas, en vísperas de las elecciones regionales, Samuel Doria Medina lanzó una advertencia: «el reino de los movimientos sociales está llegando a su fin». Así, este representante de la burguesía, identificó claramente a su enemigo: el sujeto revolucionario que gestó hace quince años este proceso de cambio y que hoy, en condiciones económicas y políticas desfavorables, sigue defendiéndolo planteando la necesidad de su profundización.
Digo quince años porque es una afirmación generalmente aceptada que a principios del año 2000, cuando en la ciudad de Cochabamba se conformó la «Coordinadora de defensa del agua y la vida», surgía como la primera expresión orgánica de los sectores urbano-populares y campesinos que lograron un triunfo contra el neoliberalismo en la guerra del agua.
Este naciente bloque social revolucionario comenzó luego a expandirse hacia el occidente del país y en octubre de 2003, en la guerra del gas cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto, obtuvo una victoria estratégica poniendo fin al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese momento, más que instaurarse una agenda denominada «de octubre», comenzó un proceso constituyente. Esto no entendió Carlos Mesa, convertido en presidente por sucesión constitucional, que pensó que su labor era sólo administrar la transición hacia nuevas elecciones y no, como exigía el pueblo, implementar profundas reformas democráticas. Aferrado al formalismo jurídico no pudo convocar a la Asamblea Constituyente y, si bien efectuó el referéndum sobre el gas, no aprovechó el enorme respaldo social a la nacionalización, cometiendo un error garrafal al vetar la nueva Ley de Hidrocarburos, finalmente promulgada por el Congreso Nacional en mayo de 2005.
Por entonces los principales factores de poder eran los movimientos sociales que demandaban la nacionalización del gas, Asamblea Constituyente y una revolución agraria, y los comités cívicos que demandaban las autonomías departamentales. En las elecciones de diciembre de 2005, triunfó Evo Morales con un programa que convertía esas demandas en políticas de gobierno, subsumiendo el proceso autonómico en el proceso constituyente.
Así fue que del 2006 al 2009 se desplegó toda la potencia social transformadora de los movimientos sociales, apoyando las iniciativas gubernamentales sobre nacionalización de los hidrocarburos, redistribución comunitaria de las tierras y bonos sociales, e impulsando las reformas político-estatales en la Asamblea Constituyente. El bloque conservador, actuando desde los comités cívicos y prefecturas de la «media luna» intentó frenar estas transformaciones; eran las épocas en que la derecha acudió a discursos separatistas, regionalistas y racistas que en septiembre de 2008 alcanzaron su expresión más cruenta con la masacre de Porvenir donde murieron 18 campesinos pandinos.
Este ciclo de mayor movilización de masas en nuestra historia democrática, permitió la transformación económica con la recuperación de los recursos naturales, la revolución política con el desplazamiento de las tradicionales clases dominantes y el empoderamiento de las nacionalidades oprimidas y las clases explotadas, así como la fundación del nuevo Estado Plurinacional, Comunitario y con Autonomías.
Surgimiento de Conalcam
Se había constituido la Coordinadora Nacional por el Cambio el 2007 como una supraestructura política conformada por las organizaciones indígenas y campesinas, el instrumento político MAS – IPSP y las bancadas masistas en el legislativo y en la constituyente. Evo Morales, al anunciar su creación en su informe al Congreso el 22 de enero de 2007 afirmó: «Conalcam será la máxima instancia de decisiones políticas, que estará por encima del gabinete, para profundizar los cambios». Era una derivación práctica del nuevo concepto de un gobierno de los movimientos sociales, en el contexto de un proceso de transformaciones cuyos objetivos programáticos y estratégicos, siendo democráticos, van adquiriendo proyección revolucionaria por los métodos de acción de masas utilizados para su consecución.
Conalcam se fortaleció aún más el año 2008 con la plena incorporación de la Central Obrera Boliviana. Fue en octubre de ese año que todas las organizaciones indígena-obrero-populares convocaron a una enorme movilización social exigiendo la convocatoria al referéndum constitucional. En esa consulta de principios del 2009 se aprobó la nueva Constitución con el 61% de los votos. Fue una victoria estructural, ratificada después en las elecciones de diciembre de 2009, en las que Evo arrasó con el histórico y tal vez irrepetible 64%.
Fisuras y reconstitución
Vino después el reflujo con que comenzó a cerrarse el proceso constituyente. Confiadas en el triunfo, las multitudes entregaron el protagonismo a sus dirigencias partidarias y sindicales, en tanto que en el gobierno la tecnoburocracia pasó a predominar en las decisiones. Las consecuencias se vieron en diciembre de 2010 con el «gasolinazo», un error estratégico cuyo costo político fue la ruptura con la COB. Tiempo después, la mala gestión del conflicto en el Tipnis fracturó también al Pacto de Unidad, alejando a las dirigencias de la Cidob y el Conamaq.
Aunque enfrentadas en la palestra pública, las dirigencias campesina e indígena cohabitaban en el directorio del Fondo Indígena, dedicándose a gestionar dineros y proyectos. En un proceso de envilecimiento interno, en algunas organizaciones comenzaron a surgir camarillas corruptas, siendo uno de los casos más graves el de El Alto, donde el alcalde Patana conformó con la «dirigencia alteña» una red que funcionó a base de prebendas y que ahogaba toda iniciativa surgida de las bases vecinales.
Tomó años revitalizar la Conalcam. A fines de 2013, derrotada la ultraizquierda en el seno de los sindicatos mineros, la dirigencia cobista aprobó el Reencuentro con el proceso de cambio. En junio de 2014, los movimientos sociales del país, reunidos en un Encuentro Antiimperialista en Cochabamba, aprobaron una Tesis Política cuya idea-fuerza es: transitar de la revolución democrática y cultural a la revolución económica y social, en un proceso que permita iniciar la construcción del socialismo comunitario bajo el paradigma del vivir bien. Después de bastante tiempo volvían los debates ideológicos y las propuestas estratégicas.
El entronque del proyecto socialista de la clase obrera con el proyecto comunitario de las naciones originarias sólo podrá darse si es que, a partir del fortalecimiento de la Conalcam y bajo un programa de medidas revolucionarias, se producen nuevas movilizaciones sociales que radicalicen las conquistas democráticas; a esto se denomina «profundización del proceso». La idea del socialismo comunitario va arraigando en los movimientos sociales, por lo que es lógico que sea atacada tanto por la derecha tradicional que la tilda de «populista», como por la derecha indigenista de Félix Patzi, cuyo mensaje «ni capitalismo ni socialismo, tercer sistema» suena como melodía a los oídos de la burguesía aymara.
La democracia boliviana le debe mucho a los movimientos sociales. Los grandes avances en derechos económicos, sociales y culturales para los pueblos indígenas, los trabajadores y las mujeres nos colocan a la vanguardia de Latinoamérica, sin que ello signifique que se haya terminado con el colonialismo interno, el capitalismo y el patriarcado. Los avances en democracia participativa y comunitaria, así como la redistribución económica y las políticas sociales, fueron posibles gracias a la lucha de los movimientos sociales. Está muy claro que el sacrificio de centenares de miles no puede ser descalificado por el accionar corrupto de un puñado de dirigentes. Hoy, en un contexto político marcado por la derrota electoral (en las elecciones subnacionales del 29 de marzo reciente) del MAS en las grandes ciudades, la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas y en las organizaciones sociales es una tarea urgente, sin cuyo cumplimiento cualquier perspectiva para recuperar el liderazgo moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad no será posible.
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