El 24 de febrero de 2013, surgió un levantamiento armado en la tenencia de la Ruana y en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista-Tomatlán en el estado de Michoacán, para enfrentar al cártel de los Caballeros Templarios, que asolaban la región cobrando «derecho de piso» por toda actividad económica, secuestrando y asesinando a quienes se […]
El 24 de febrero de 2013, surgió un levantamiento armado en la tenencia de la Ruana y en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista-Tomatlán en el estado de Michoacán, para enfrentar al cártel de los Caballeros Templarios, que asolaban la región cobrando «derecho de piso» por toda actividad económica, secuestrando y asesinando a quienes se les oponían o no podían pagar el rescate y violando mujeres. Todo ello con la complicidad de autoridades estatales y federales.
En un principio las autoridades federales permitieron o fueron indolentes al surgimiento a estas autodefensas, tal vez vieron en ellas la posibilidad de crear grupos de presión hacia el gobierno estatal, hacia los Templarios o experimentar la formación de grupos paramilitares. No sabemos cuál fue su cálculo inicial, pero lo que sí está quedando claro es que la existencia de estas autodefensas responde más al interés de sus comunidades que al de alguna autoridad gubernamental o de algún otro grupo criminal.
Muy pronto los grupos de autodefensa se extendieron a nuevos municipios, ahora están integradas por más de 25 mil hombres y mujeres armados (aunque aseguran que pueden movilizar a más de cien mil), la inseguridad está desapareciendo en los territorios que controlan, están devolviendo tierras y propiedades usurpadas por el crimen organizado, detienen a los principales cabecillas templarios y exhiben la complicidad de las autoridades políticas y judiciales. A pesar de tener una composición muy heterogénea, en cuanto a dirigencia y base social, hay evidencias de que muchas autodefensas están controladas por sus propias comunidades, sus comandantes son electos y cuando toman una nueva población su primera acción es realizar asambleas en donde llaman a la creación de milicias locales y nombrar a sus propios representantes.
Todo esto no tiene nada que ver con las mal llamadas «autodefensas» colombianas, que en realidad eran grupos paramilitares creados por los latifundistas y grandes empresarios, para combatir a la insurgencia colombiana y expulsar de sus tierras a millones de campesinos.
Es cierto que estos grupos de autodefensa reciben apoyo de pequeños y medianos empresarios, e incluso de alguna gran empresa minera, pero lo hacen porque ven en ellas la posibilidad de terminar con las extorsiones que los estaba llevando a la quiebra y no como una forma de crear un nuevo grupo armado que controle la región. El doctor Juan José Mireles ha sido muy claro al decir que su levantamiento no busca derrocar al gobierno, pero exigen que antes de desarmarse y regresar a sus labores cotidianas, se encarcele a todos los cabecillas templarios y de las autoridades que los han protegido.
La toma de la comunidad de Nueva Italia el domingo 12 de enero por las fuerzas de autodefensa, y que las dejaba a un paso de tomar la ciudad de Apatzingán, fue el elemento clave que obligó al gobierno federal a tomar una definición precisa sobre las autodefensas. Al día siguiente, el lunes 13, el ejército mexicano tomó la ciudad de Apatzingán y el Secretario de Gobernación (interior), Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió a las autodefensas que debían disolverse, desarmarse y regresar a sus comunidades de origen de inmediato. La rotunda negativa al desarme y las movilizaciones populares exigiendo que le devolvieran las armas a las autodefensas, que en la comunidad de Antúnez costó la vida de tres personas asesinadas por el ejército, demostró que el gobierno no solo no controlaba a las autodefensas sino que veía en ellas una amenaza a su «monopolio de la violencia». Para el gobierno resultó claro que intentar disolver las autodefensas mediante el uso de la fuerza, significaría un baño de sangre con un alto costo político, así que ha cambiado su estrategia ofreciendo la «legalización de los grupos de autodefensa», la detención de algunos mandos medios de los Caballeros Templarios y asignar 45 mil millones de pesos para «combatir la pobreza».
Ante la gravedad e importancia de estos hechos las organizaciones socialistas que signamos esta declaración, consideramos:
1. Que el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, y que rápidamente se están extendiendo a otras regiones del país, es una reacción espontánea ante la incapacidad del semiestado mexicano de ofrecer seguridad y una vida digna a toda la población. Es una legítima expresión de auto organización popular, ante el fracaso de un modelo económico que solo ha generado una mayor miseria y desempleo, en beneficio de un puñado de multimillonarios. Es una sana recomposición del tejido social ante la barbarie generada por las políticas neoliberales y la polarización social existente.
2. Declaramos nuestra solidaridad incondicional con todas las comunidades que, a nivel nacional, han recurrido al derecho a la autodefensa ante el acoso del crimen organizado y la complicidad de las autoridades federales y estatales. Los guardias privados y los cuerpos de seguridad de que hacen gala los grandes potentados son también cuerpos armados de autodefensa. La única diferencia es que los ricos pagan a profesionales y los pobres lo hacemos con nuestros propios medios. ¿Aceptarían los altos funcionarios públicos y sus familias, lo mismo que los grandes millonarios, salir a la calle sin la protección de que hacen gala?
3. Apoyamos la negativa de las autodefensas a desarmarse y de su exigencia para que se detenga a todos los cabecillas templarios y de las autoridades que han sido cómplices u omisas en el combate al crimen organizado.
4. Ninguna confianza en el gobierno federal. Las autodefensas deben evitar, a toda costa, ser asimiladas por el gobierno federal y convertirse en las corruptas policías que ellos mismos han denunciado. Todo ello podría evitarse manteniendo el control de las comunidades sobre las Policías Comunitarias y el derecho de elegir y revocar a sus integrantes.
5. También rechazamos que las autodefensas se conviertan en brazo armado de cualquier credo religioso, aún a pesar de existir clérigos honestos y progresistas. La historia ha demostrado, en infinidad de casos y lugares, que las iglesias, como institución, siempre han estado del lado de los opresores e incluso del crimen organizado.
6. Libertad inmediata e incondicional a todos los Policías Comunitarios y de las Autodefensas presos por el mal gobierno, como es el caso de la Comandante Néstora Salgado de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC) del estado de Guerrero, de los presos de Aquila en Michoacán y del resto del país.
7. Hacemos un respetuosa llamado a todos los movimientos sociales de México para que manifestemos nuestro pleno apoyo y respeto a las comunidades que han tenido el valor de enfrentarse al crimen organizado y ponerlos de rodillas.
8. Exhortamos a los diferentes grupos y partidos de la izquierda mexicana para que, dejando atrás todo tipo de doctrinarismo o sectarismo, también nos manifestemos en apoyo al legítimo derecho del pueblo mexicano a la autodefensa. México D. F. a 10 de febrero de 2014
¡ Por un Gobierno Obrero, Campesino y Popular ¡