En la huelga aceitera se jugó algo más que una paritaria

De este modo, el haber inicial pasa a ser de $93.647,51 a partir del 1° de enero de 2021. Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $70.178 y un bono excepcional de $90.000 para aquellos trabajadores declarados esenciales que cumplieron tareas durante el ASPO. La Federación dio a conocer que los otros dos gremios alcanzaron acuerdos similares y afirmó que «hoy volvimos a demostrar que es posible luchar y vencer por nuestros derechos como trabajadores». 

Desde el inicio de la medida de lucha, todo el complejo agroexportador pasó a estar paralizado desde Bahía Blanca a Timbúes, incluyendo numerosas plantas en el interior. 

A pesar de que la oferta salarial era de «cero», el paso de los días y la agudización del conflicto llevó a los tres gremios a unificar sus exigencias, tomando como base una de las reivindicaciones históricas de la Federación aceitera: el Salario Mínimo Vital y Móvil, que no se basa en porcentajes de inflación ni en valores de canastas básicas, sino en el artículo 14bis de la Constitución Nacional y en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Difundimos el Comunicado de Prensa de la Federación Aceitera: 

Victoria de la Huelga Nacional en la Industria Aceitera y de Exportación de Granos 

Este martes 29 de diciembre de 2020, en el día 21 de la gran Huelga Nacional en la industria aceitera y de exportación de granos, los compañeros paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina firmaron en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO que llevará el salario inicial a $93.647,51, incluyendo $1.000 de presentismo, a partir del 1° de enero de 2021 para los obreros y empleados aceiteros que se encuentran en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05. 

Eso significa el triunfo de la huelga por un salario digno que asegure a cada trabajador y trabajadora aceitera y sus familias una vida digna. 

Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $ 70.178 para todos los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05, hayan trabajado o no durante la pandemia (se abonará en dos cuotas durante enero y febrero de 2021). 

Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010, que desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, imputamos como participación en las ganancias. 

En tanto que se acordó el pago de otro bono excepcional de $90.000 (pagadero en 9 cuotas de 10.000) para aquellos trabajadores declarados esenciales y que trabajaron durante la vigencia del ASPO. 

Por su parte, en concepto de revisión del acuerdo salarial de 2020 se acordó un aumento que lleva el salario inicial a $70.823 en el mes de noviembre de 2020 y $74.118 en el mes de diciembre de 2020. 

Se incluye además una cláusula de revisión pautada para el mes de agosto de 2021. 

Acuerdos similares alcanzaron los compañeros del Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), junto a quienes transitamos esta lucha que hoy nos encuentra gracias a la unidad alcanzando el objetivo. 

Las especificidades de cada acuerdo los difundirá, como corresponde, cada organización gremial. 

Compañeras, compañeros: no hay palabras que le hagan justicia a la victoria que logramos hoy gracias a cada compañera y cada compañero que luchó con conciencia del valor de su fuerza de trabajo en cada planta y sector de trabajo del país. 

El triunfo de esta extraordinaria huelga es un logro de todos ustedes, compañeras y compañeros, que impulsaron la solidaridad con conciencia de clase, que sostuvieron la unidad, que lograron vencer a la prepotencia patronal del poder económico concentrado de las empresas y multinacionales que controlan este sector clave para la economía de nuestro país. 

Hoy volvimos a demostrar que es posible luchar y vencer por nuestros derechos como trabajadores, y los de nuestras familias, reafirmando el fundamento de nuestra política gremial que es el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. 

Por eso, el salario inicial de $93.647,51 que hoy logramos es la conquista del valor de la fuerza de trabajo. 

Con el deseo de que nuevos ejemplos de unidad y solidaridad obrera para la lucha se multipliquen, hasta que llegue el día que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea un derecho de toda la clase trabajadora argentina. 

¡Celebremos compañeras y compañeros el triunfo de la gran Huelga Nacional en la industria aceitera y de exportación de granos! 

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA, VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES, VIVA LA UNIDAD OBRERA! 

Comisión Directiva Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina F.T.C.I.O.D y A.R.A. 

Los trabajadores del sector agroindustrial mantuvieron paralizados 21 días todos los puertos exportadores de las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD), como así también a las plantas que proveen el mercado interno. 

Las empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) ofrecían un aumento fraccionado en tres cuotas en los primeros siete meses del año próximo (13% en enero, 6% en abril y 6% en julio). 

“Ellos dicen que no pueden pagar y eso es mentira, por eso nosotros queremos que la patronal se siente a negociar con los balances de las empresas. No sólo todavía no presentaron los de este año, sino que deben incluso de anteriores ciclos”, aseguraba el pro Secretario Gremial de la Federación Aceitera (Ftciodyara), Miguel Ferreyra. “De todas formas, no se trata de pedir dinero por el sólo hecho de que lo pueden pagar, queremos salarios dignos que cubran las necesidades de nuestras familias”. 

El costo salarial -según los cálculos de Ftciodyara- oscila entre el 0,5 y el 1,5% de la facturación. Es decir que de cada $100, las empresas destinan en promedio $1 en salarios, contribuciones y otros aportes. 

“Nosotros queremos que a partir del 1° de enero llegue a $92.000, pero las empresas ofrecen alcanzar esa cifra recién en julio de 2021”, detallaba Ferreyra, trabajador del área de carga de camiones de la planta industrial de Tancacha, donde la empresa Bunge produce un promedio de 1.000 toneladas diarias. 

Desde 2009 se acuerda en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero ahora “las empresas se niegan y pretenden darnos un aumento que acompañe la inflación mes a mes, pero con el salario de abril, lo que implica una rebaja salarial”, señaló Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA). 

El ministerio de Trabajo convocó a las partes a una nueva audiencia de conciliación –la número 17– que tuvo lugar el martes 29 de diciembre. 

Históricamente, CIARA fue el representante de la voz patronal. Hoy la Cámara está más preocupada en jugar un papel más político al interior del Consejo Agroindustrial Argentino, en una clara disputa con la Sociedad Rural y las demás entidades que conforman la Mesa de Enlace. 

En lo que va del año, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, mantuvo cerca de 20 reuniones con el Gobierno. El acercamiento encubre pedidos y promesas. Por un lado, la CIARA reclama una reducción de retenciones y una flexibilización en las obligaciones de liquidar en Argentina los dólares de las ventas en el exterior; a cambio, las empresas prometen más inversiones y creación de puestos de trabajo. 

Las empresas afirmaban perder 100 millones de dólares por día de paro. El titular del FTCIODyARA, Daniel Yofra, había sostenido al respecto: “quiere decir que con un solo día de paro pagaban el sueldo anual de todos los trabajadores aceiteros”. 

Yofra consideró que es la clase obrera la que debe determinar cuánto debe cobrar un trabajador para vivir dignamente, ajustándose a derecho. “De lo contrario, nos adaptamos al sistema que dice que tenemos que cerrar salarios por porcentaje de inflación, independientemente de si tenemos un sueldo de pobre, como si ese porcentaje te levantara el poder adquisitivo”, analizó. 

“Los aceiteros queremos ser un referente de la clase trabajadora; no un referente gremial ni político, sino ideológico, queremos concientizar a todos los trabajadores, tenemos la obligación de saber cuánto debemos cobrar para vivir dignamente”, subrayó. 

Respecto de la unidad exhibida con los otros gremios en huelga, Yofra señaló que “las patronales lograron lo que nosotros, los dirigentes, no lográbamos hacer. Venimos hablando hace mucho tiempo de pelear juntos, independientemente de los reclamos que cada sector haga y la patronal en su negativa y en su intransigencia nos ha unido”. 

En ese sentido, la medida de fuerza es “un faro para el resto de la clase trabajadora, porque si esperamos a que las centrales sindicales se unan vamos a estar muchos años porque hay ambiciones desmedidas de poder”, remató. 

Entrevista a Daniel Yofra, Secretario General del gremio aceitero -Plan B(aires) – FM La Boca (90.1) – 17/12/2020  

Seguramente tendremos buenos resultados como cada vez que los trabajadores se unen 

M.H.: Están llevando adelante un conflicto duro. 

D.Y.: Como todo conflicto donde se negocia salario y cuando la patronal se pone dura, se hace difícil. Por suerte estamos unidos con los compañeros de URGARA y San Lorenzo que están fuera de la Federación, pero estamos unidos en la lucha. Seguramente tengamos buenos resultados como pasa siempre que los trabajadores se unen.  

M.H.: ¿Cuántos días hace de esto? 

D.Y.: Hoy es el noveno día de paro. 

M.H.: ¿Cuál es la perspectiva? 

D.Y.: Nunca se sabe bien qué va a ocurrir. Hoy hay mucha frialdad por parte de los empresarios, pero tal vez mañana se soluciona. No hay mucho margen para seguir dialogando. Nosotros tenemos una posición muy firme en el pedido y ellos también, supuestamente. El gobierno ha intervenido para llegar a un acuerdo lógico y esperemos que entren en razón para no seguir haciendo perder plata al país, además de las estafas que hacen al país con la triangulación y con todas las maniobras fraudulentas que tiene este tipo de empresas a la hora de rendir cuentas. 

M.H.: La propuesta patronal fue 0 % de aumento. 

D.Y.: En un principio, después fueron subiendo, pero la última propuesta fue ajustar el salario de los aceiteros de acuerdo a inflación. Nosotros nunca cambiamos el pedido que hacemos todos los años a partir de 2009 a nivel nacional. Hacemos un estudio de Encuesta de hogares del INDEC y lo proyectamos con algunos ítems que pone el INDEC para saber cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Esto lo venimos pidiendo desde siempre y hoy nos quieren cambiar las matemáticas para bajar el salario de los trabajadores. 

M.H.: ¿Cuál sería ese número? 

D.Y.: Estamos en 69.000 pesos y queremos llevarlo a 82.000 a partir de agosto. Y a 93.000 a partir del 1° de enero que es la proyección que hacemos nosotros del Salario Mínimo Vital y Móvil de cualquier trabajador a partir de esa fecha.  

M.H.: ¿Cómo ven el futuro de este conflicto? 

D.Y.: El futuro va a depender de que haya voluntad de la empresa, que el gobierno entienda que esta empresa no solo viene dividiendo al Estado, sino que también nos quiere dividir a los trabajadores. En ese contexto esperamos que entren en razón. Nosotros utilizamos la herramienta que nos da la Constitución nacional que es la huelga.  

Martín Guzmán le otorgó a la CIARA el 1° de octubre una doble rebaja de retenciones, una generalizada y temporal para las exportaciones de soja, y una adicional, persistente en el tiempo, que reinstauró el diferencial para el valor agregado de aceites, harinas y subproductos, que había eliminado Macri en su afán recaudatorio en el invierno de 2018. 

Pocos días después de esa medida, que implicó una inmediata transferencia multimillonaria en dólares de las arcas del Estado a las multinacionales, justificada sólo por la desesperación del gobierno, el presidente de la CIARA, Gustavo Idígoras, apareció en la señal de noticias TN planteando que no se liquidarían divisas hasta que el gobierno le garantizara la aprobación de un paquete legislativo a medida. Y escasas horas después, el presidente Alberto Fernández reconoció en una entrevista que la baja de retenciones no había cumplido su propósito: que las empresas ingresen dólares frescos a la economía y a las reservas del Banco Central. 

En ese momento, la CIARA estaba reclamándole al Estado Argentino incluso el diálogo directo con las embajadas extranjeras: la desaparición total de la soberanía en el sector. 

El 7 de octubre, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) transmitió que la oferta salarial para las y los aceiteros era “cero”. Ante esta situación, desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) convocaron a los sindicatos que la conforman a declararse en estado de asamblea e iniciar el trabajo a reglamento. 

La primera huelga llegó el 13 de octubre. Al día siguiente, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. 

Pero el 14 de octubre también fue el día en que la Federación y la Unión Recibidores de Granos (URGARA) sellaron un acuerdo de unidad en la acción. Ambas entidades gremiales tenían las paritarias vencidas y reclamaban al sector agroexportador mejoras en las condiciones laborales y en higiene y seguridad. En el acuerdo, recalcaron: “hemos resuelto aunar esfuerzos y transitar un camino de trabajo conjunto, acompañándonos (…) Hemos resuelto coordinar nuestras acciones para conseguir nuestros objetivos”. Fue así que el 30 de noviembre y por 24 horas se inició la primera huelga nacional conjunta. 

Dos días después, comenzó con medidas otro gremio del sector: el SOEA San Lorenzo, que representa a los trabajadores de los establecimientos que van de San Lorenzo a Timbúes, en la provincia de Santa Fe, y que comprenden en su conjunto el mayor complejo industrial oleaginoso del planeta. 

Se inició con el pasar de los días y ante la falta de repuesta de las empresas, la huelga que cumplió 21 días: a las 6 de la mañana del 9 de diciembre, la Federación y URGARA relanzaron el paro y, el mismo día por la tarde, convocó a su vez el SOEA San Lorenzo. Todo el complejo agroexportador pasó a estar paralizado. 

El 14 de diciembre, tras una audiencia de más de diez horas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero sin respuesta a los reclamos, los tres gremios unificaron su pedido y formalizaron la alianza a través de una declaración titulada “Por un salario digno como manda la Constitución Nacional”, tomando como base una de las reivindicaciones históricas de la Federación: el Salario Mínimo Vital y Móvil, que no se basa en porcentajes de inflación ni en valores de canastas básicas, sino en el artículo 14bis de la Constitución Nacional y en el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Cristian Montaño, trabajador de Oleaginosa Moreno Puerto Galván (Bahía Blanca, Buenos Aires) y Secretario de Prensa y Formación de la Federación, sostuvo: 

“Nuestra fortaleza está principalmente en la organización de las bases. Desde que se recuperó la Federación en el 2009, se hizo un trabajo muy grande sobre las bases, en elecciones de delegados y en concientizar en la lucha y lo que es el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) para los trabajadores y trabajadoras. 

Esa organización va desde abajo hacia arriba, concientizando a las bases, capacitando a los delegados y ellos a su vez bajando a sus compañeros las capacitaciones y la experiencia, enseñándoles las herramientas viejas del sindicalismo, como la huelga, los piquetes, las asambleas, la democracia obrera. No se puede lograr nada sin el esfuerzo de las bases. 

Nosotros, desde la Federación, pensamos siempre lo mismo: esto es como una pirámide, en la cual la Federación está arriba en la punta y las bases están abajo, pero si las bases se corren, se dispersan, todo lo que es esa pirámide se desmorona. Siempre creemos que la fuerza a los dirigentes, a los compañeros paritarios, nos la dan las bases, los compañeros que están en la fábrica, los que están todos los días en la huelga, en el piquete, haciendo el aguante ahí”. 

Preguntado sobre qué aportó la unidad de los tres gremios contestó: “Hoy se vive un contexto diferente a lo que fue la huelga del 2015. En el 2015, las patronales apostaron a doblegarnos y el gobierno en ese momento también, porque había puesto un techo a las paritarias. En el contexto de hoy, si bien el gobierno no está poniendo un techo ni nos pone palos en la rueda y actúa el Ministerio como debe actuar, las patronales se prepararon muy bien para darnos esta nueva batalla. No fue como en el 2015. Se prepararon mejor. En el 2015 estábamos en plena producción, en plena marcha de plantas, y era cuestión de tiempo que esas patronales se sentarán y negociarán. Hoy nos agarran en un momento de baja en la producción, con muchas de las plantas paradas, en reparaciones, pero porque es la época. No es la época de la cosecha gruesa donde nosotros tenemos más fuerza. ¿A qué voy con esto? La unidad entre los tres gremios aportó a la lucha. 

Primero, el Sindicato de San Lorenzo porque negocia con las mismas patronales, tiene el vencimiento de paritarias iguales, ganan lo mismo que nosotros y tienen también un conglomerado muy importante del cual sale el 60, 70% de la molienda; el resto lo tenemos nosotros como Federación aceitera. Al estar nosotros parados y ellos también, toda la industria aceitera está paralizada. 

URGARA también hace un aporte muy importante a la lucha. Nosotros si bien tenemos fábricas y algunos puertos, como el de Bahía Blanca o el de Cargill en Rosario, el resto de los puertos los tiene URGARA, que es la rama del convenio colectivo de puertos privados. URGARA hace un aporte muy importante a la lucha porque ellos son los que hoy paralizan todos los puertos que nosotros no tenemos. 

Es una unidad en la lucha en la cual los tres gremios aportan muchísimo porque se está parando desde la comercialización de granos, la industrialización, el valor agregado a la materia prima, y la exportación con veintidós, veintitrés puertos paralizados en todo el país. La unión de los tres gremios nos hizo mucho más fuertes”. 

Sobre los motivos de fondo para que las Cámaras empresariales negaran el aumento salarial afirmó: “El conflicto en el que hoy estamos envueltos los tres gremios ya pasó de ser salarial a ser un conflicto político. Si bien ha habido muchas declaraciones que dicen que estas empresas están perdiendo alrededor de 100 millones de dólares por día, no se entiende el por qué negar un aumento salarial con las pérdidas millonarias que está habiendo en este momento. 

Me parece que es un problema más político, de presiones de estas grandes agroindustrias hacia el gobierno. No les alcanzó con que el presidente Alberto Fernández bajara las retenciones gradualmente, sino que van por más. En un momento, los gobiernos se sentaban con la Mesa de Enlace porque eran los que manejaban todo. Hoy me parece que la CIARA es la que maneja todo, los dólares que tanto precisa el gobierno. 

Se han puesto primero en una postura de no querer negociar. Desde agosto que nosotros denunciamos la revisión paritaria y nunca quisieron negociar. Desde julio, URGARA con paritarias vencidas; le habían dado $15.000 a cuenta, pero no tenían paritarias desde el año pasado. Hicieron todo un lobby, nos estuvieron arrastrando a los tres gremios para llevarnos a este conflicto. Lo que no pudimos hacer nosotros como gremios, reunirnos los tres en la lucha, lo hicieron las Cámaras patronales, arrastrándonos a esto. Hoy estamos juntos, en la lucha, pero ellos también usan este conflicto para presionar al gobierno para que baje las retenciones y los impuestos, para presionar una devaluación de la moneda local, porque a ellos también les conviene ya que exportan en dólares, pero acá pagan en pesos. Ellos se sienten los dueños de la pelota, son los dueños de los agro-dólares, son los dueños de esos dólares que tanto está necesitando el Estado en este momento. Creo que hicieron toda esta jugada para sacar algún rédito al gobierno. 

Los trabajadores quedamos en el medio de este conflicto, donde el Consejo Agroindustrial se reúne con el gobierno, le lleva una carta donde pide 50 puntos, en el medio está el conflicto salarial, que queda como aprisionado y se nos culpa a nosotros de que no hay liquidaciones por el paro, cuando ya no venían liquidando hace tiempo, de la época del gobierno de Mauricio Macri, quien les dijo que no liquidaran. Cuando este gobierno les hizo la baja de retenciones, también dijeron que no liquidaron lo que tenían que liquidar. 

Estas empresas siempre van por más. La torta que ellos ganan cada vez la quieren engrosar más y no quieren repartir nada. Quieren tener cada vez más rentabilidad, más ganancias. No quieren repartir nada: ni un salario digno hacia los trabajadores ni lo que tienen que devolver al Estado. Quieren seguir dejando los dólares afuera, seguir teniendo empresas off-shore, no liquidar las divisas, quieren la baja de impuestos. Cada vez quieren engrosar más esa ganancia de estos capitales extranjeros y nosotros quedamos en el medio con un conflicto salarial, que con las pérdidas abultadas de miles de millones de dólares que se pierden por día no tiene relación. 

El estudio que nosotros tenemos hecho es que de la empresa más grande a la más chica varía entre un 1, 2 o 3% sobre las ganancias el costo salarial. Pasó a ser algo más político, de reclamos al gobierno, y nosotros, los trabajadores, quedamos de rehenes en esta disputa”. 

Primeras conclusiones 

En este conflicto se jugaron cuestiones fundamentales. La victoria de la huelga, con su proceso de unidad entre organizaciones sindicales disímiles e incluso ocasionalmente hostiles entre sí, fue un hecho político mayúsculo. Así como el retroceso de Alberto Fernández en la intervención de Vicentín fue interpretado como una señal de debilidad de parte de las patronales, que avanzaron contra los trabajadores en todo el país, la victoria de la huelga de aceiteros y recibidores de granos da una señal contundente y positiva en el sentido contrario. 

Además de lo concreto: el aumento salarial beneficiará de inmediato no sólo a los miles de afiliados de estas organizaciones y las economías de las regiones en las que viven, sino también a los afiliados de otros gremios del sector que también están luchando. El miércoles 23, en la víspera de Navidad, una intersindical de gremios portuarios lanzó su propia huelga por el salario. 

No sólo eso: la Intersindical Marítima Portuaria del Cordón Industrial (Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo; Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos de la República Argentina (Seamara); Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina (Urgara); Serenos de Buques; Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu); Sindicato Unido de Trabajadores de la Vigilancia Privada (Sutravip); Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de San Lorenzo; Carga y Descarga; Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante (Ajepromm) y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), en sí misma una experiencia unitaria, se sumó a la huelga de aceiteros y recibidores de granos, paralizando las escasas actividades que no estuvieran aún paradas. 

En cambio, una victoria de las Cámaras patronales hubiera consolidado la dirección de despojo y explotación capitalista ultraliberal y extractivista que el lobby de la CIARA y el Consejo Agroindustrial Argentino quieren imprimirle no sólo a su sector, sino a toda la economía nacional. Es parte de lo que se encuentra subyacente en su intento de aplastar a los gremios del sector y proponerse como ejemplo al resto de la burguesía argentina. 

Otra victoria aceitera: reinstalación en Dánica Llavallol 

La jueza Rosalía Romero ordenó la reinstalación de Lucas Suárez a su puesto de trabajo y determinó que se proceda con el pago de los salarios caídos desde su cesantía el 26 de junio de 2020. Suárez fue despedido por el Grupo Beltrán como parte del ataque empresarial contra el Convenio Colectivo aceitero y los derechos laborales, sindicales y sanitarios de la planta de Dánica Llavallol. «Las compañeras y compañeros de Dánica en vez de resignarse se pusieron de pie y en asamblea junto a su Sindicato reorganizaron la lucha. La prepotencia del Grupo Beltrán no logró encontrar más brechas para avanzar ante los trabajadores», afirman desde el SOEIA Capital y GBA. 

Reproducimos comunicado: 

Compañeras y compañeros, en el día de la fecha el Poder Judicial ordenó mediante una medida cautelar, la reinstalación en su puesto de trabajo del compañero Lucas Suárez, trabajador aceitero despedido por el Grupo Beltrán como parte de su ataque contra el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 y los derechos laborales, sindicales y sanitarios de las trabajadoras y los trabajadores aceiteros de la planta de Dánica Llavallol. ¡Es una nueva victoria de la unidad y la solidaridad obrera! 

En la presentación realizada por María Paula Lozano y Matías Cremonte, asesores legales del SOEIA y la FTCIODyARA, la jueza Rosalía Romero resolvió ordenar a Avex S.A. que proceda a reinstalar a Lucas Suárez en su puesto de trabajo, tras ser notificada, y proceder al pago de los salarios caídos que dejó de percibir desde su despido el 26 de junio de 2020. 

Se señala en el texto que el despido es violatorio del DNU 329/2020, que los prohíbe durante la emergencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, y por resultar discriminatorio en el marco de las conductas persecutorias y antisindicales que llevó adelante el Grupo Beltrán. 

Agrega la magistrada que los recursos que pueda presentar la empresa no suspenden el cumplimiento de la medida. 

Compañeras y compañeros, este logro es fruto de la inmensa lucha que las trabajadoras y los trabajadores de Dánica Llavallol han sostenido contra la prepotencia patronal del Grupo Beltrán. A pesar de todos los intentos de atemorizarlos y dividirlos, nunca dejaron de pelear por todos sus derechos, por su Convenio aceitero, por su salario y por sobre todas las cosas nunca dejaron de pelear por la reincorporación. 

¡Eso es tener conciencia de clase, eso es ser solidario, eso es construir fuerza colectiva, es la manera y el camino para continuar avanzando por nuestros derechos! 

Las compañeras y compañeros de Dánica, en el momento que recibían los golpes más duros de la patronal, en vez de resignarse se pusieron de pie y en asamblea junto a su Sindicato reorganizaron la lucha. Y desde ese día la prepotencia del Grupo Beltrán no logró encontrar más brechas para avanzar ante los trabajadores firmes y dignos de Dánica Llavallol. 

Pocas horas después de la gran victoria de la Huelga Nacional, celebramos un nuevo logro. Esta es la forma en que luchan las y los aceiteros. Este es el camino que nos enseña nuestra Federación, construyendo unidad y solidaridad obrera, siempre para la lucha por la dignidad de los trabajadores y sus familias. 

En esa senda está este Sindicato, de pie defendiendo a cada afiliado y afiliada, comprometido con los derechos de los trabajadores, dispuesto a jugarse hasta el final y así lo va a seguir haciendo. 

¡Porque una vez más queda demostrado que el camino hacia la victoria no es otro que la lucha y la unidad de todas y todos los compañeros! 

Por todo esto, hoy celebramos y abrazamos a la familia aceitera del SOEIA, de cada planta y sector, y también a todas las compañeras y los compañeros aceiteros del país. 

¡Viva la solidaridad obrera! ¡Viva la lucha aceitera! ¡Viva la clase trabajadora! 

¡Por un 2021 de lucha y victoria, felicidades! 

Comisión Directiva
SOEIA Capital y GBA 

Continúa la rebelión de los trabajadores de la salud 

Entrevista Norma Lezana (titular de la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan) – Plan B(aires) – FM La Boca (90.1) – jue. de 18:00 a 19:00  

Nos han llevado a una situación límite 

M.H.: Hoy han hecho un paro de 24 horas. ¿Por qué este paro? 

N.H.: Estamos a 17 de diciembre y llegamos a fin de año con la decisión de las autoridades de otorgar solamente 7% de aumento. Nosotros estamos pidiendo al Consejo de administración que necesitamos una recomposición salarial para este año, pero no se dio y ante eso el equipo de salud se fue sumando a las medidas de fuerza. Este es el quinto paro que hacemos, el de hoy fue especialmente rotundo. Todos los sectores, ya no solo Enfermería, sino también los médicos pediatras, los terapistas, la farmacia, el laboratorio, nutricionistas, todo el equipo interdisciplinario luchando por salario, haciendo nexo con la comunidad que nos conoce, con algunas cuestiones educativas.  

Después nos movimos al ministerio de Salud y ahora tenemos la promesa al menos de una reunión en el ministerio. Porque ya es evidente que el Consejo de administración no puede resolver este problema. Ellos dicen que estamos atados a la pauta nacional, que no hay forma de modificar una paritaria del Garrahan, que siempre existió en junio, siempre teníamos paritaria. Ahí la empleadora que es el Consejo de administración con los gremios que entran a la paritaria discutían el acuerdo para el hospital, el salario y las condiciones de trabajo. Este año se pasó por alto, firma UPCN el 7% tal cual lo firmó en el Estado Nacional, sin acuerdo con los trabajadores.  

Lo que nosotros decimos es que eso no es una paritaria porque no tiene el acuerdo de los trabajadores. Es una impericia de UPCN firmar una paritaria en donde nos rebajan el salario. A trabajadores de la salud que estuvieron trabajando todo el año en pandemia, sin vacaciones. No da para más. Esa es la situación por eso resolveremos cómo terminamos este año y cómo iniciamos el siguiente. Nosotros esperamos que el ministro Ginés nos escuche y pueda resolver algo diferente. Las autoridades nos dicen que reconocen que el reclamo es legítimo. Eso llama la atención. 

M.H.: Lo que uno ve es que hay un reclamo generalizado de los trabajadores de la salud, no solo en el Garrahan sino residentes y todos los que dependen de Nación.  

N.L.: Cicop en la provincia de Buenos Aires pudo lograr un acuerdo digno, aunque lo aceptaron en disconformidad porque no es lo que pedían ni exactamente la inflación acumulada durante el año, pero consiguieron 35% en el año. 

M.H.: Contra un 7% de ustedes. 

N.L.: Que nos deja muy por debajo. Y si ves todas las paritarias, desde la policía, aceiteros, bancarios, camioneros, todos tuvieron un acuerdo que compense la inflación. No estamos pidiendo que nos aumenten el sueldo, ni que recompongan lo histórico. Ya a esta altura lo que pedimos, aunque sea es que hagan un acuerdo digno para no cerrar el año otra vez perdiendo. La verdad es que nos han llevado a una situación límite. Yo conversé mucho con el Consejo de administración y en este momento los interlocutores son el ministro de Salud y el Ejecutivo nacional, que puedan darle un giro a este problema y podamos terminar el año con más aire. Esperamos esa buena noticia, pero la estamos peleando. 

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan realizó el martes 29 de diciembre una manifestación que comenzó a las 13.30 en la entrada de la calle Combate de los Pozos al 1800 de la Ciudad de Buenos Aires y se dirigió al acceso de la calle Pichincha, donde habrá un “mega RCP del salario”, en protesta contra el pacto de aumento salarial firmado en el hospital “a la baja” por el gremio UPCN con el Consejo de Administración y el Gobierno Nacional, que fue de un 18% de recomposición salarial en cuotas y hasta febrero próximo, ante una inflación de 54%. Por este mismo reclamo llevarán adelante además un nuevo paro el 5 de enero. 

Reproducimos comunicado:
La modalidad de protesta de este martes 29 de diciembre respetará como siempre los protocolos de cuidado contra el COVID y tiene la finalidad de dar nuevamente un servicio a la comunidad con una capacitación sobre maniobras de RCP, que en este caso será metáfora de “recuperar” el salario perdido por las y los trabajadores del Garrahan.
“Anunciamos esta nueva medida de fuerza, votada en la última asamblea de trabajadores y trabajadoras, porque indignan los anuncios del Consejo de Administración del hospital, que vuelven a firmar un acuerdo salarial a la baja con UPCN, ahora un por 18 % en cuotas hasta febrero, que no coincide con las demandas de la mayoría de las y los trabajadores. Nuestro salario es de carácter alimentario, y por eso no tenemos por qué aceptar que nos recorten el sueldo, cuando todas las demás variables de la economía se ajustan a la inflación”, explicó al respecto la licenciada Norma Lezana, presidenta de la APyT.
“Representantes de Asociación de Profesionales y Técnicos tuvimos una reunión con autoridades del Ministerio de Salud el pasado 21 de diciembre, donde planteamos el desfasaje que se produjo durante el año 2020, con una paritaria que se recibió en cuotas por un 28 %, contra una inflación del 54 % y un acuerdo que vencía en junio de 2020 y que llegó en octubre con un 7 %. Así cerramos un 2020 con el Consejo de Administración y UPCN pactando otra vez en contra de las y los que estamos en la primera línea de batalla en la salud pública y más este año en el que cursamos una pandemia”, agregó Lezana.
“Una vez más, el gremio UPCN anunció un pacto salarial a la baja, antes con los funcionarios del Consejo de Administración de la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, y ahora con los designados por el presidente Alberto Fernández, que es lisa y llanamente una rebaja salarial porque no recompone nada de nuestro salario perdido, porque no contiene ninguna retroactividad, y es otro acuerdo desventajoso que firma UPCN con el Consejo de turno y sin oponer ninguna resistencia”, añadió.
“Simbólicamente, este martes 29 de diciembre haremos un mega RCP a nuestro salario, y empezaremos además el año en paro, desde el 5 de enero a las 7 de la mañana hasta el 6 de enero a las 8 de la mañana (25 horas), si es que se mantiene esta rebaja de nuestro sueldo”, finalizó Lezana. 

Rosario: los profesionales de la salud fueron al paro 

La llegada de las dosis de la vacuna Sputnik V y el inicio de la vacunación han sido presentados por los gobiernos nacional y provincial como motivo de festejo. Pero la pandemia sigue poniendo en evidencia la situación de los trabajadores de la salud de la provincia: trabajo en negro, salarios con escasos aumentos y siempre por debajo de la inflación, elementos de trabajo y seguridad insuficientes y condiciones laborales precarias. Ante esta situación, los profesionales de la salud agrupados en Siprus iniciaron el 29 de diciembre un paro de 72 horas, en reclamo del llamado a paritarias en la provincia. A la medida se sumó también el gremio médico AMRA, que a partir de las 00:0 del 30/12 comenzó un paro de 48 horas. 

La medida cierra un año particularmente duro para quienes trabajan en salud. La pandemia de COVID19 generó una enorme exigencia al sistema de salud, obligando a los trabajadores a poner en riesgo su vida con jornadas extenuantes e insumos insuficientes, cobrando magros salarios que terminaron el año fuertemente devaluados. A pesar de los halagos y aplausos de los funcionarios, quedó claro que los trabajadores de la salud nunca fueron prioridad para los gobiernos municipal, nacional y provincial. 

Nuevo paro y movilización de residentes y concurrentes de CABA 

El lunes 28 de diciembre residentes y concurrentes de CABA, Provincia de Buenos Aires y Nación se convocaron nuevamente en una jornada de paro y movilización que se había votado en la asamblea de la semana anterior. La jornada comenzó en el Obelisco donde confluyeron con los trabajadores de LATAM y Parque de Costa, sectores que se encuentran también en lucha por sus condiciones laborales. 

Movilizaron hacia Plaza de Mayo donde hicieron una asamblea votando los pasos a seguir, los cuales incluyen realizar asambleas en cada hospital como forma de continuar con la organización que se empezó a generar en cada institución de salud; convocar, difundir y participar de la asamblea interhospitalaria convocada para el 5/1, abierta a todos los trabajadores de salud y realizar una asamblea unificada de residentes y concurrentes de CABA, provincia y Nación, para la segunda semana de enero. 

Latam  

A pocos días de declarada la pandemia la empresa comenzó su hostigamiento a las trabajadoras/es en una verdadera avanzada empresaria de ataque a los trabajadores en el país. Luego le siguieron varias empresas con la receta de ajuste y despidos. 

La prepotencia de LATAM y su constante desacato a los fallos ministeriales en favor de las trabajadoras/es encuentra su explicación en un Estado y un gobierno que le dejó pasar cada uno de los atropellos. Mientras, la empresa sigue volando y lucrando con los cielos argentinos. 

El avance empresario es usado por otras empresas del rubro (estatales y privadas) para disciplinar y atemorizar al conjunto de las trabajadoras/es aeronáuticos. De ahí que la lucha y perseverancia de las trabajadoras/es de LATAM contra los despidos y por la continuidad laboral sea tan necesaria para el futuro laboral de todos los aeronáuticos.  

Lo que el gobierno de Macri y su “revolución de los aviones” no pudieron imponer intenta pasar ahora bajo la excusa de una “crisis histórica”. 

Luego de largos meses de resistencia contra los despidos encubiertos (en la jerga empresaria retiros voluntarios), más de un tercio de los trabajadores/as lograron resistir la extorsión.  

Sin embargo, todas las medidas de lucha fueron llevadas adelante por las trabajadoras/es de LATAM sin el acompañamiento de las cúpulas gremiales enroladas en el Frente Aeronáutico.  

Este lunes 28 de diciembre, a las 9, en el Obelisco, trabajadoras y trabajadores de LATAM se movilizaron nuevamente para reclamar por su continuidad laboral. Desde allí marcharon al ministerio de Transporte. 

Reproducimos comunicado:
Llegadas las fechas festivas las familias aeronáuticas de LATAM seguimos en la total incertidumbre respecto al futuro laboral. Denunciamos que esto sucede mientras el monopolio LATAM sigue lucrando y operando en los cielos argentinos. La impunidad y el desprecio por la legalidad laboral son totales por parte de la empresa, al incumplimiento de los fallos salariales se agrega el no pago del aguinaldo. El atropello de la empresa se torna perverso toda vez que propinan sus golpes al bolsillo de las trabajadoras/es con el fin de extorsionar y expulsar (despedir) por la vía de los hechos a sus empleados. 

Al día de la fecha los Ministerios competentes no han definido de manera clara la continuidad laboral de cientos de familias. Nos movilizamos con el fin de reclamar precisión respecto a la continuidad laboral. Exigimos que la misma sea simultánea, con fecha de ingreso y manteniendo los derechos convencionales. Advertimos que cualquier acuerdo o compromiso debe ser con el colectivo de trabajadoras y trabajadores, las verdaderas víctimas de la pandemia empresaria. 

Denunciamos que en estos últimos días la empresa avanzó aún más en los mecanismos de extorsión para imponer su mal llamado plan de retiros voluntarios. Es por esto que mañana volvemos a movilizar las trabajadoras/es de LATAM. Apostamos a la unidad y a que dicha movilización confluya con nuestras compañeras/es tercerizados aeronáuticos. También a la confluencia con otros sectores de trabajadores a los que la pandemia empresaria amenaza dejarlos sin trabajo 

Entrevista a Martín Brat, delegado de GPS (tercerizados de AA) en Fe de erratas, FM La Boca (90.1), miércoles de 9:00 a 10:00 

Como no lograron la reforma laboral durante el macrismo, muchas empresas buscan hacerla aprovechando la pandemia 

M.H.: Los trabajadores de Latam el lunes 14 bloquearon el ingreso al Aeropuerto internacional de Ezeiza conjuntamente con los trabajadores de GPS y de Securitas. Las familias de Latam siguen en la calle. No quieren una Navidad con familias en la calle. La empresa Latam sigue operando y lucrando con los cielos argentinos mientras hay miles de trabajadores luchando hace meses que aún no tienen respuesta por su continuidad laboral. También trabajadores de Securitas que es una tercerizada de Latam que vienen sufriendo en Aeroparque y Ezeiza traslados compulsivos que no son más que despidos encubiertos y persecución. Y además los y las trabajadoras de GPS, tercerizados de Aerolíneas Argentinas, que vienen con la paritaria congelada hace un año y la empresa no deja ingresar a los delegados a las bases operativas de Ezeiza aun con un fallo judicial a favor de los trabajadores que los obliga. Se cuentan de a miles en los aeropuertos las suspensiones, rebajas salariales y despidos encubiertos. También participaron del corte organizaciones sociales, políticas y de DD HH. El comunicado finaliza diciendo “los trabajadores tenemos en claro que la reactivación aerocomercial debe ser con todas y todos trabajando. El gobierno y el ministerio son los responsables de dar respuesta a nuestros reclamos. Ninguna familia en la calle, ninguna suspensión y ninguna rebaja salarial. Por una Navidad sin despidos”. 

Comentanos los motivos de la actividad que los llevó el lunes 14 a bloquear el ingreso al Aeropuerto internacional de Ezeiza. 

M.B.: La jornada del lunes fue organizada entre tres sectores importantes del Aeropuerto, los y las trabajadoras de Latam, los tercerizados de Latam y nosotros que somos tercerizados de Aerolíneas.  

En el caso de los compañeros de Latam vienen con despidos hace 8 meses y la empresa de un día para el otro se fue, dejó a todos los compañeros en la calle cobrando una parte de su sueldo. En el caso de los tercerizados los traslados, que son despidos encubiertos, y en nuestro caso que somos tercerizados de Aerolíneas Argentinas, tenemos la paritaria vencida hace más de un año y con el traslado de trabajadores de Aeroparque a Ezeiza, porque Aeroparque está cerrado por obras, no dejan ingresar a los delegados a Ezeiza a pesar de que hay un fallo a favor que nos habilita a ingresar.  

Justamente esa política que tiene la empresa de negar que nosotros estemos con la mayoría de los trabajadores tiene que ver con violentar los reclamos que venimos haciendo. Nosotros somos todos trabajadores esenciales que desde el primer día de la pandemia trabajamos poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias. 

M.H.: ¿Qué tipo de actividad desarrollan? 

M.B.: Control de equipaje y carga.  

M.H.: ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? 

M.B.: Somos 1.600 trabajadores solamente los tercerizados de Aerolíneas Argentinas. Entre Ezeiza y Aeroparque, 800 respectivamente.  

M.H.: Y con paritaria congelada hace un año. 

M.B.: Un poco más de un año. Con sueldos que están muy por debajo de la inflación. 

M.H.: ¿Qué repercusiones tuvo el bloqueo y movilización del lunes 14? 

M.B.: En el mismo momento que estábamos haciendo el corte nos llamaron del ministerio y tuvimos una reunión en el ministerio de Trabajo. Nosotros queríamos eso. Que se abra una puerta. 

M.H.: ¿Fue con la empresa la reunión? 

M.B.: No. Una reunión con autoridades del ministerio. En principio se abrió una puerta de diálogo con el ministerio. Que para nosotros es muy importante, porque desde el principio venimos diciendo que la llave para resolver los conflictos la tiene el gobierno nacional. En el caso de Latam porque desaparece la empresa, que es una empresa de capitales chilenos, de origen bien turbios de la mano de la dictadura militar de Pinochet. Entonces el reclamo tiene que ver con que el gobierno garantice y sostenga la continuidad laboral de miles de trabajadores que quedan en la calle después de muchos años de prestar servicios. Son empresas que se han llevado millones de este país. Después del fallo del ministerio de Trabajo que la empresa desconoce, como el pago de salarios. No paga los salarios. Todavía incluso Latam sigue operando en el país, tiene la desfachatez de seguir vendiendo pasajes y haciendo publicidad a través de Latam Airlines que es exactamente lo mismo que Latam Argentina. Las rutas comerciales, que son un capital fundamental de cualquier compañía aérea las mantiene Latam. Entonces una empresa que incumple toda la legislación de nuestro país y deja a miles de personas en la calle, el gobierno tiene que ponerle un límite. 

M.H.: ¿Esta empresa Latam, es la única línea aérea con este tipo de situación o hay otras que se han retirado del mercado? 

M.B.: Hay una crisis aerocomercial en el mundo. Ahora cerró El Palomar por otras cuestiones, porque es un aeropuerto que no puede operar porque está muy cerca de barrios residenciales. Flybondy que operaba ahí va a pasar a Ezeiza, está en veremos, pero no se ha ido. Y antes del año pasado se fue Norwegian que es otra empresa low cost pero que tiene que ver con empresas de capitales golondrina, que agarran un sector y después se van, pero no son empresas que se funden. Latam no cierra. Latam se desplaza, hace fluir sus capitales a otras filiales, a la de Perú, por ejemplo. Tiene ocho en Latinoamérica, es un holding, no es una empresita, entonces traslada capitales a donde más le conviene, pero sigue trabajando en Argentina. Y es probable que lo haga con trabajadores argentinos cuando vuelvan a funcionar los vuelos para cubrir esos puestos. Lo que va a hacer es contratar flexibilizando las condiciones, bajando los sueldos, el convenio. Como no lograron la reforma laboral que quisieron hacer durante el macrismo, muchas empresas buscan hacer la reforma laboral ahora. Lo que nosotros es un problema, la pandemia, para muchos empresarios es una oportunidad. Nosotros nos empobrecimos, pero hay muchos empresarios que ganaron millones y que llevaron adelante sus planes que eran previos a la pandemia. Estos planes de ajuste de Latam eran previos, la pandemia fue la excusa perfecta para llevarlos adelante.  

M.H.: ¿Han quedado en alguna nueva reunión en el ministerio de Trabajo? 

M.B.: No. En principio se abre una mesa de negociación. Tenemos próximamente junto a los trabajadores de Latam reuniones en el ministerio de Transporte, que son los dos ministerios que están interviniendo. Así que veremos qué resulta de esas reuniones y también vamos a decidir entre los trabajadores en asamblea, como decidimos todo, cómo vamos a seguir. 

Nosotros nunca tuvimos la intención de perjudicar a los pasajeros ni mucho menos, sí pedimos que se entienda que hay muchos trabajadores y trabajadoras desesperados porque están por pasar las fiestas en la calle, porque perdieron sus trabajos y no tienen ninguna certidumbre de cuál es su futuro y el de su familia en el peor de los momentos. Cuidarse de la pandemia sin trabajo es una situación realmente difícil. 

Sindicato de judiciales bonaerenses rechazó oferta salarial 

El pasado martes 29 se realizó la reunión paritaria entre la Asociación Judicial Bonaerense y representantes del gobierno de Axel Kicillof quienes realizaron una oferta salarial por debajo de la inflación proyectada para el 2020. 

La oferta realizada para las y los trabajadores judiciales consistía de un aumento del 4% a partir del mes de diciembre, pero basado en los haberes de diciembre del 2019. Con dicha oferta el incremento anual resultaría de un 31% en total. Ese porcentaje condenaría a trabajadores judiciales a una recomposición salarial por debajo de la inflación. 

La conducción del sindicato rechazó directamente en la mesa de negociación la oferta realizada, argumentando que se encuentra entre cuatro y cinco puntos por debajo de la inflación proyectada y convocó a la realización de un paro total de actividades para el miércoles 30 de diciembre y a asambleas en todas las departamentales. 

Sin obra social a fin de año 

Se quedaron sin cobertura médica en plena pandemia docentes precarizados de toda la provincia de Buenos Aires. El PIEDAS y el ATR fueron programas precarizadores que “remplazaron” en medio de la cuarentena a los actos públicos donde toman horas habitualmente lxs docentes suplentes. Se iban extendiendo mes a mes conforme seguía el ASPO, luego el DISPO.  

La última información oficial fue que el 31 de diciembre los programas terminaban. Muchxs docentes expresaron por redes sociales que “tenían fe” en que los programas sigan porque necesitaban tener un ingreso durante el receso de verano, como sucedió siempre. Finalmente se confirmó que los programas no se prorrogaban de la peor manera: la obra social para la docencia de la provincia informó que la cobertura se terminaba el 31 de diciembre y que quienes lo necesitaran podían pagar un bono, que es inaccesible para muchxs, ahora sin trabajo y sin atención médica. 

Miles de docentes en toda la provincia fueron precarizadxs compulsivamente este año y puestos a trabajar bajo contrato con la excusa del COVID. Quienes trabajaron en esos programas que suplieron en principio a los actos públicos donde se toman horas -cursos- pasaron de cobrar el equivalente a un IFE -solo 10.000 pesos sin ruralidad, sin antigüedad, sin aguinaldo- en el PIEDAS, desde marzo en adelante, a percibir solo 8.000 pesos más un viático de 800 pesos que en zonas rurales no alcanza ni para tres viajes en la semana en el último programa precarizador del año que anunció el gobernador Kicillof: el ATR.  

Maestras y profesoras jefas de familia que afrontaron el recorte salarial, se enteraron del corte abrupto de la obra social IOMA. Ilegal por donde se lo mire, porque en otros gremios aún luego de cesadxs lxs trabajadorxs cuentan con su obra social por dos o tres meses más, el problema crucial son ahora casos como los de gente que necesita respiradores, controles periódicos para un paciente trasplantado, o ir a parir.  

Denuncian que Ferraresi despide a cientos de trabajadores de Desarrollo Territorial y Hábitat 

Con un mensaje por mail enviado el 29 de diciembre titulado “Finalización de contrato al 31 de diciembre de 2020”, cientos de trabajadores y trabajadores estatales fueron notificados sin previo aviso que a partir del 1° de enero no se renovaban sus contratos dentro del organismo encabezado por el reciente asumido ministro Jorge Ferraresi. 

Según fuentes gremiales esta medida podría llegar a afectar a 500 trabajadores que se encuentran contratados precariamente, los cuales se quedarían en la calle a partir del año nuevo a pesar de la prohibición de despidos que rige actualmente.  

Por su parte, los trabajadores del ministerio ya empezaron a visibilizar el conflicto y se autoconvocaron a una reunión en el hall de entrada de Esmeralda 255 para pedir la reincorporación de lxs trabajadorxs y continúan debatiendo sobre los siguientes pasos en su plan de lucha. Sin embargo, la situación de pandemia y el inicio de las vacaciones de enero dificultan seriamente que las autoridades reciban el reclamo. 

Dentro del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dependen programas como el PROCREAR, el Plan Argentina Construye, Plan Nacional de Suelo Urbano, Argentina Construye Solidaria, entre otros. Esta situación constituye un fuerte recorte en un ministerio clave encargado de abordar el problema de falta de vivienda y las condiciones de hábitat de la población. Estos despidos están enmarcados en el plan de ajuste presupuestario del 2021 ordenado por el FMI que supone la reestructuración de la planta de trabajadores de varios organismos estales. 

Entrevista a representante de Organizaciones culturales de la CABA 

Estamos necesitando que tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Estado nacional decreten la emergencia cultural 

M.H.: Organizaciones culturales convocaron el lunes 14 de diciembre a una conferencia de prensa en la vereda del espacio Planta Investigación & Creación Transversal ubicado en Inclán 2661 de la Ciudad de Buenos Aires ¿por qué motivo? 

O.C.: Porque estamos en emergencia cultural y estamos necesitando que tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Estado nacional decreten la emergencia cultural porque la situación ya es extremadamente crítica. En CABA en lo que va del año cerraron 20 espacios entre teatros independientes y centros culturales. Y los espacios como lugares donde se nuclea una cantidad de trabajo independiente, trabajadores independientes que más del 74% no está registrado, el 40% de ese 26% sobrante que sí está registrado, recibe un salario menor al mínimo o a la canasta básica. Toda esa gente hace 10 meses que está sin trabajar. Encima no hay perspectiva de vuelta.  

M.H.: ¿Cómo impacta en esta situación el Presupuesto aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para el año que viene? 

O.C.: Creemos que va a ser una masacre. Porque nosotros venimos denunciando hace por lo menos diez años con todas las organizaciones de cultura de la Ciudad que nuclean salas de teatros, centros culturales, docentes, artistas callejeros, bailarines, la danza, los músicos, muchísimas organizaciones que venimos trabajando hace años juntas y que venimos reclamando lo mismo. Porque el presupuesto de Cultura es el más bajo de todos los ministerios de la Ciudad. El que aprobaron para el año que viene está por debajo de la inflación esperada. De ese presupuesto nosotros recibimos el 1,9% y ese porcentaje está destinado a toda la cantidad de actividades que nombré, más los bares notables.  

Entonces, en esta situación de crisis, la cultura independiente que no puede volver, porque los protocolos no nos sirven, estamos hablando de espacios de menos de 50 espectadores, entonces con los aforos no pueden entrar más que 5 a 10 personas. Además, si una sala decidiera ir a pérdida y abriera para 10 personas, hay que hacer una inversión por sala, para adecuarla con la ventilación mecánica, filtros de aire acondicionado y todo el resto de las cosas se necesita un dinero que no podemos cubrir.  

El mayor porcentaje de los espacios alquila, han acumulado deuda en estos meses. La Ciudad de Buenos Aires no sacó ninguna partida extraordinaria en lo que va de la pandemia. Tuvimos que repartir bolsones de comida, estamos haciendo un trabajo de contención hacia los artistas que no está haciendo el Estado. Nos han llegado algunas cosas del Estado nacional que sí ha hecho la cosa más sencilla y rápida. Porque encima, las ayudas regulares que recibimos de la Ciudad este año vinieron aún más tarde. Lo que hace Nación, que si bien estuvo presente y fue mucho mejor, no termina de resolver la situación.  

Necesitamos que se declare la emergencia cultural y necesitamos que nos ayude el Estado porque somos una actividad esencial y se están llenando la boca con la cultura de la Ciudad de Buenos Aires y el 80% de la producción de la cultura de la Ciudad sale de la cultura independiente.  

Estamos ante una situación muy grave, simbólicamente también es muy grave. Es patrimonio cultural. Acá falta una decisión política. No hay perspectiva de vuelta, no nos sirven los protocolos, no nos alcanzan las ayudas que dieron hasta ahora desde la Ciudad que fueron las de siempre y ya no alcanzaba antes. Estamos muy preocupados. Necesitamos que el Estado nacional saque una tarifa cultural para los servicios, un monotributo cultural para los trabajadores, porque la situación es completamente irregular.  

Por suerte estamos juntos, muy organizados. Venimos trabajando hace muchísimos años en la Ciudad, donde hace muchísimos años que está el macrismo. Nosotros también hemos sido víctimas de clausuras, es sumamente complicado abrir un espacio cultural y sostenerlo con habilitación. El Estado de la Ciudad no nos quiere. Y necesitamos un poco más de amor.  

Ajuste jubilatorio para pagar la deuda pública  

Héctor Guliano escribió el 1.1.2021 en: “En línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el Déficit Previsional Argentino – como parte de la Política de Ajuste en curso para poder pagar los servicios de la Deuda Financiera del Estado – el gobierno Fernández-Fernández (FF) logró el 29.12 pasado la aprobación de una Ley del Congreso que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria vigente eliminando la actualización por concepto de Inflación. 

[…] 

REBAJA DE LAS JUBILACIONES 

La política de cuarentena aplicada durante el 2020 por el gobierno FF con el argumento de la pandemia de Covid 19 en la Argentina – que sería aquí la más larga del Mundo – coincide sintomáticamente con la Política de Ajuste pactada según el Acuerdo Stand-By (SBA) firmado con el FMI por la administración Macri, pese a que en este momento dicho arreglo se encuentra suspendido en su ejecución mientras se negocia uno nuevo. 

El SBA del 2018 implicaba medidas de Ajuste según la clásica “receta recesiva” del FMI – hoy reformulada con el aditamento de algunas medidas de asistencia social compensatorias del Ajuste – y el compromiso de tres Reformas Estructurales, que siguen presentes en las negociaciones con el Fondo y que en la práctica se están instrumentando:^[1] 

1. La llamada Reforma Laboral, un eufemismo para enmascarar la Política de Reducción de los Salarios Reales de los Trabajadores a través de la Inflación (por desfase entre Precios y Salarios), de la aplicación retardada y en cuotas de los aumentos por paritarias e incluso de acuerdos formales de rebaja de los Sueldos Nominales entre Sindicatos y Empresas (caso Acuerdo CGT-UIA). 

El aumento de la Pobreza e Indigencia por Desempleo y Sub-ocupación, proveniente de la gestión Macri, pero además derivado de la Política de Ajuste bajo Cuarentena por Coronavirus, ha sido uno de los factores clave dentro de esta Política de rebaja de los Salarios. 

2. La denominada Reforma Previsional, cuyo objeto real – como en el caso de los Agentes de la Administración Pública, según el punto anterior – es obtener una reducción del Gasto Público por menores pagos de Jubilaciones, Pensiones y Planes Sociales. 

Para ello, el presidente Fernández suspendió durante el 2020 la aplicación de la fórmula legal de Movilidad Jubilatoria vigente reemplazándola por aumentos discrecionales inferiores a la Inflación, que fueron fijados por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y que le significaron al Fisco el ahorro de unos 100.000 M$, a costa de los jubilados. 

La Ley 27.426 – de diciembre de 2017 – establecía la indexación de los haberes jubilatorios en un 70 % por Inflación Minorista (IPC) y en un 30 % por variación Salarial. 

La nueva fórmula aprobada ahora por el gobierno FF modifica dicho ajuste a un 50 % en función de la Recaudación Fiscal de la ANSES (es decir, se abona según lo que ingresa) y el otro 50 % por Paritarias (incrementos promedio de los Salarios Activos). 

Con esta medida se garantiza que los haberes del Sector Pasivo no tengan un recupero directo frente a la Inflación de nuestro país – que está entre las más altas del Mundo – lo que implica una rebaja de las jubilaciones en términos reales y también nominales por Ley del Congreso. 

Eliminar el ajuste inflacionario en la fórmula de actualización de haberes en un país de alta inflación constituye una agresión impune al bolsillo de los jubilados argentinos.^[2] 

La pérdida de las jubilaciones contra la Inflación habría sido – en base a datos oficiales – de 20 puntos porcentuales durante el período Macri 2018-2019 (más otro 6 % de pérdida por desfase de aplicación en contra del Sector Pasivo de la Ley 27.426) y se estima que podría ser otro 10-15 % entre 2020-2021.   

[…] 

CONCLUSIONES 

La rebaja masiva de los haberes jubilatorios por parte del gobierno FF que acaba de convertirse en Ley del Congreso – el mismo día en que se aprobaba la Ley del Aborto y que paralelamente se iniciaba la campaña de vacunas experimentales para millones de argentinos – es parte del mecanismo de rebaja de salarios, jubilaciones y planes sociales en términos reales, esto es, por aumentos inferiores a la Inflación. 

Esta política de reducción generalizada de las remuneraciones netas activas y pasivas del Estado, así como de las partidas para la asistencia social conexas al sistema previsional, son parte de las exigencias del FMI a la anterior administración Macri y a la actual FF. 

Se trata de dos condicionamientos clave del FMI que el gobierno FF tiene que cumplir para poder garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los FB firmado en agosto y el nuevo arreglo con el FMI, además del resto de los OFI (incluyendo al Club de París). 

Y de esta manera, si el actual gobierno FF cumple con el ajuste exigido tendría allanado el camino para regresar al Mercado Internacional de Capitales; precisamente para volver a endeudarse. 

Notas:

^[1] La Tercera de estas Reformas Estructurales del FMI, la Reforma Tributaria –Impositiva y Previsional– está en manos de una comisión interna del gobierno que trabaja en secreto y por ende todavía no se conocen ni siquiera en sus lineamientos generales, por lo que no será tocada en esta oportunidad.  

^[2] La relación entre la actual Jubilación Mínima – de 19.000 $/Mes – y la Canasta Básica calculada para un Jubilado – que es de 49.000 $ – significa que el 75 % de los pasivos cobran hoy una jubilación mínima que es menos de la mitad de su Canasta Básica. 

Fuentes: Anred, Canal Abierto, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Infogremiales, Ciudad Cultural (FM la Boca-90.1), Fe de erratas (FM La Boca -90.1), PlanB(aires) – FM La Boca (90.1)