Desde la ‘Guerra del Agua’ de Cochabamba (2000), los movimientos sociales bolivianos han visibilizado su rechazo de la lógica del capital que mueve tanto a las multinacionales como a otros actores en la globalización. En lo que atañe a las inversiones españolas, el caso de Repsol YPF ha sido ampliamente difundido en el área de […]
Desde la ‘Guerra del Agua’ de Cochabamba (2000), los movimientos sociales bolivianos han visibilizado su rechazo de la lógica del capital que mueve tanto a las multinacionales como a otros actores en la globalización. En lo que atañe a las inversiones españolas, el caso de Repsol YPF ha sido ampliamente difundido en el área de los hidrocarburos, en particular desde la nacionalización realizada por el Gobierno de Evo Morales. Un caso menos conocido pero que promete generar también chispas a medio plazo se ubica en el descontento popular ante Iberdrola. La privatización del sector eléctrico en 1995 implicó la entrada del capital estadounidense en la generación de energía mientras que el Grupo Iberdrola se situó en la distribución adquiriendo por 65 millones de dólares el 56% de Electropaz y el 58% de Elfeo, encargadas de un 37% del mercado nacional. En un escenario ya reiterativo en el proceso de privatización en América Latina, la presencia de la inversión privada extranjera no ha implicado una mejora de los servicios ni de las condiciones laborales.
Efectivamente, se observa una política de flexibilización laboral que ha implicado en 10 años un recorte de hasta 37,5% del número de trabajadores tanto en Electropaz como en Elfeo. Los despidos fueron realizados directamente o bajo la forma de retiro por incentivos, aplicándose además una política de «polivalencia en el trabajo», es decir, una sobrecarga de las tareas que no se tradujo en un aumento salarial. Además, los empleados fueron -en parte- reemplazados por obreros subcontratados que ganan la tercera parte de lo que cobran los empleados permanentes, sin acceso a los derechos laborales más básicos. Por otra parte, existe una permanente presión por parte de los directivos para impedir la afiliación al sindicato de la empresa. A todo ello se añaden las protestas de los usuarios. Desde diciembre del año 2000, la población de El Alto ha realizado masivas protestas contra Electropaz para denunciar el incumplimiento de los contratos, constantes cortes de luz e injustificadas alzas de las tarifas que afectaron a los barrios más empobrecidos. Más adelante, durante la ‘Guerra del Gas’ de octubre de 2003, las oficinas de la compañía fueron incendiadas, las protestas se incrementaron en noviembre de 2004, y el año siguiente la empresa fue obligada a devolver dos millones de dólares a cinco municipios por los importes cobrados en exceso. En 2006, la empresa ha introducido la «tarifa dignidad», que reduce el 25% de la factura a las viviendas que consuman menos de 70 kW al mes. Sin embargo, los habitantes difícilmente pueden aspirar a dicha rebaja puesto que El Alto se caracteriza por la creciente presencia de una industria maquiladora a domicilio que permite a empresas del sector textil aprovecharse de mano de obra barata y ahorrar en infraestructura y electricidad. En agosto de este año, la Federación de Juntas Vecinales ha asumido que después de cerrar el caso Aguas del Illimani-Suez -léase conseguir su expulsión-, la siguiente será Iberdrola…
Mónica Vargas es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)