El 18 de noviembre de 2007, luego de conocer las medidas redistributivas del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) dentro de los mismos departamentos, aplicadas por el gobierno, el Consejo Nacional Democrático (Conalde), que aglutina a los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, resolvió comenzar una «resistencia democrática» que tardó ocho […]
El 18 de noviembre de 2007, luego de conocer las medidas redistributivas del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) dentro de los mismos departamentos, aplicadas por el gobierno, el Consejo Nacional Democrático (Conalde), que aglutina a los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, resolvió comenzar una «resistencia democrática» que tardó ocho meses en hacerse efectiva, con una huelga de hambre y acciones de violencia protagonizadas por grupos paramilitares justo una semana antes del referéndum revocatorio.
Los cientos de huelguistas en esos departamentos, incluidos prefectos, reclaman lo que consideran una «confiscación» de los recursos provenientes por este impuesto, que les habría reducido el presupuesto para inversiones y frenado proyectos importantes de salud, educación e infraestructura, cuando este año los nueve departamentos recibirán por transferencias del Gobierno 12.719 millones de bolivianos, el doble que hace dos años.
En los dos años de la actual administración, según cifras del ministerio de Hacienda, los departamentos tuvieron más de 33 mil millones de bolivianos, importe superior a lo que recibieron en los 12 años anteriores, ya que entre 1994 y 2005 recibieron poco más de 30 mil millones de bolivianos.
Queda así desvirtuado el principal argumento -o pretexto, según el gobierno- de los prefectos como es la «recuperación» de los recursos «confiscados» del IDH, para lanzar una huelga de hambre a pocos días de la realización del referéndum revocatorio, lo que apunta a entender la medida como un componente más dentro la estrategia para frenarlo.
Así lo ha denunciado Iván Canelas, portavoz gubernamental: «Después de una evaluación hemos establecido que estas movilizaciones, comenzando por la huelga de hambre en Santa Cruz, seguida por el manejo que se está haciendo de algunos hermanos discapacitados y toda esa movilización de algunos trabajadores mineros de Huanuni dirigidos por Jaime Solares, es prácticamente un plan destinado a boicotear y a evitar que este domingo se realice en nuestro país el referéndum revocatorio».
Anteriormente, en la misma línea, el vicepresidente Álvaro García Linera había informado que este año las prefecturas recibirán 950 millones de bolivianos adicionales y que «por lo tanto no hay justificativo técnico ni económico para hablar de ausencia de recursos, de falta de recursos; es una movilización estrictamente partidaria, no regional, en defensa de intereses particulares».
Precisando conceptos
El pronunciamiento del Conalde señala que «la actitud perversa, mañosa y autoritaria del gobierno nacional de confiscar y centralizar los recursos del IDH, con el único fin de truncar el proceso de descentralización y autonomía, contrariando el voto soberano expresado en el Referéndum del gas (2004) y de la autonomía departamental (2005), es un hecho simplemente confiscatorio», discurso hoy retomado por los huelguistas.
El viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, explica que el decreto supremo que modifica la distribución de los recursos por el IDH lo que hizo fue aumentar el porcentaje de las transferencias más hacia los municipios que a las prefecturas, pero dentro del mismo departamento; por lo que «los departamentos no han sido perjudicados en un solo centavo en el IDH; por tanto, no hay ningún tipo de confiscación».
Aclara también que la Ley que establece el financiamiento de la Renta Dignidad (un bono vitalicio de 200 bolivianos mensuales para todos los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años) contempla un segundo mecanismo redistributivo de la riqueza de la renta petrolera: el 30 por ciento que perciben por el IDH tanto el Tesoro General de la Nación (TGN) como las prefecturas, los municipios y el Fondo Indígena, se destinará a financiar este bono.
«Es bueno establecer estas diferencias conceptuales porque se ha estado especulando, yo diría manipulando la información al interior de los departamentos, planteándoles (a su población) que el gobierno nacional se habría quedado con los recursos, que se estarían expropiando o confiscando estos recursos, cuando en el fondo lo que ha establecido es un beneficio social; es decir, el IDH se ha traducido en un 30 por ciento para beneficio de las personas mayores de 60 años de los propios departamentos», afirma.
Agrega que la «confiscación» es en realidad una redistribución de la renta petrolera «que está yendo en beneficio de las propias regiones; se queda en las regiones ya sea en mayor porcentaje a los municipios o en una política social tan importante como la Renta Dignidad».
Y cita como ejemplo el caso de Santa Cruz, donde se tienen previstos 300 millones de bolivianos para pagar la Renta Dignidad a los aproximadamente 130 mil actuales beneficiarios, donde el aporte de la prefectura (por el 30 por ciento) no supera los 100 millones. «Entonces, el beneficio es mucho mayor a la contribución que hacen a este fondo solidario que se ha creado con los recursos de ese 30 por ciento», indica Yacsik.
Probablemente estos 200 bolivianos si bien podrían no significar gran cosa para alguien bien acomodado, para la mayoría de los 1,4 millones de beneficiarios supone un tema de sobrevivencia digna, enfatiza el viceministro.
Ingresos departamentales
Un análisis del Observatorio Bolivia Democrática del viceministerio de Descentralización establece que en los últimos 15 años las transferencias del Gobierno Central a las prefecturas departamentales, municipios y universidades, aumentaron significativamente, sobre todo en el último período, después de la nacionalización de los hidrocarburos y la firma de nuevos contratos petroleros.
Así, de recibir 362,8 millones de bolivianos el año 1994 recibirán este año 12.719,3 millones de bolivianos, que implica un incremento de 3.406 por ciento.
«Son las universidades públicas las más favorecidas con estas políticas, ya que los recursos que reciben crecieron de 72,1 millones de bolivianos en 1994 a 521 millones el 2005 y a 1.956,2 millones de bolivianos el 2008; es decir, tuvieron un incremento total de 2.613 por ciento, y en la actual gestión se ha incrementado casi cuatro veces», señala el documento.
Respecto de los ingresos municipales, informa que estos pasaron de 290,7 millones de bolivianos en 1994 a 5.704,8 millones de bolivianos; un aumento de 1.863 por ciento.
Las prefecturas tuvieron igual suerte. Para 1996 recibieron 574,9 millones de bolivianos y este año recibirán 5.058,2 millones de bolivianos, o sea 780 por ciento más.
Todas estas cifras ya contemplan el descuento del 30 por ciento que municipios y prefecturas hacen al pago de la Renta Dignidad. «Quedan así claramente desmentidas las afirmaciones sobre el supuesto perjuicio que este avance social significaría para los recursos subnacionales», dice el informe del Observatorio.
¿Y las prefecturas?
El análisis comparativo de los tres últimos presupuestos del Estado, correspondientes a la actual gestión gubernamental, revela que los departamentos, en este corto tiempo, han recibido más de 33 mil bolivianos, monto superior a lo que recibieron en los 12 años anteriores, ya que entre 1994 y 2005 los departamentos recibieron algo más de 30 mil bolivianos. Un dato muy revelador.
El documento del Observatorio destaca que las prefecturas hayan recibido 3.156 millones de bolivianos el año 2005 y que para el año 2008 este monto se hubiera incrementado en 60 por ciento, teniendo ahora las administraciones departamentales un monto presupuestado de 5.058 millones de bolivianos en transferencias desde el Tesoro General de la Nación (TGN).
Respecto de los municipios, que el año 2005 recibieron 2.443 millones de bolivianos, destaca que este año recibirán 5.704 millones, es decir 133 por ciento más, en sólo tres años.
Se evidencia, pues, que con la nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de los precios de exportación de gas a Argentina y Brasil, los ingresos de las regiones aumentaron considerablemente y actualmente tienen recursos suficientes para financiar sus proyectos de inversión y atender las necesidades de la población.
Más políticos que administradores
La diferencia conceptual y cualitativa con el modelo neoliberal -y la razón para el aumento de los ingresos- radica en haber retomado el control estatal de la explotación y administración de los recursos naturales, luego de dos décadas en las que el Estado fue reducido a simple espectador de la actividad económica.
Yacsik afirma que la resistencia tenaz que se observa hoy en algunas regiones obedece a que este proceso implicó «afectar y reducir intereses que han estado cobijados en el viejo Estado centralista, que ha alimentado estructuras de poder partidocrático a lo largo de los últimos 30, 40 años, y es eso lo que desapareció.
«Hay mucha gente afectada, grupos privilegiados que han estado siempre, como se decía antes: ‘mamando del Estado’. Un Estado centralista que estaba al servicio del interés privado y eso es lo que está revertido de manera irreversible. Por supuesto, se está recuperando la dignidad y el rol del Estado en la economía, para que beneficie al conjunto del país y no que capitalice a pequeños grupos de privilegiados», sostiene.
Este viraje del modelo de desarrollo será puesto a prueba este 10 de agosto. «Un proceso de cambio tan profundo requiere, sin duda, ser alimentado por la ciudadanía y generar un respaldo y una re-legitimación de este proceso. Con eso va a contribuir el (referéndum) revocatorio frente a la actitud de la oposición que cree que el Presidente no tiene respaldo ciudadano», afirma.
En ese contexto, las autoridades departamentales asumieron una actitud claramente política. «Algunos prefectos han asumido una actitud de oposición política más que administradores de la enorme cantidad de recursos departamentales», señala.
Este referéndum revocatorio supone el estreno de un mecanismo que profundiza la democracia participativa, pues permitirá poner nuevamente en manos del Soberano la posibilidad de reafirmar o revocar el mandato popular conferido al Presidente, al Vicepresidente y a los prefectos departamentales. Por tanto, cabe la posibilidad de que los prefectos en huelga ya no sean cinco, sino menos… o más. Lo sabremos el día 11.