La Paz, octubre 11, 2004.- Dos mil campesinos y cocaleros comenzaron a recorrer a pie los 100 kilómetros que los separan de la ciudad de La Paz en el reinicio de la ofensiva popular para obligar al Congreso de Bolivia a enjuiciar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y para evitar que se apruebe […]
La Paz, octubre 11, 2004.- Dos mil campesinos y cocaleros comenzaron a recorrer a pie los 100 kilómetros que los separan de la ciudad de La Paz en el reinicio de la ofensiva popular para obligar al Congreso de Bolivia a enjuiciar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y para evitar que se apruebe una Ley a favor de las petroleras y en contra el interés nacional. Otras columnas de trabajadores, fabriles, desocupados y vecinos de los barrios más pobres de Cochabamba, Oruro y El Alto también se están concentrando en localidades del Altiplano con igual propósito.
A la cabeza de los cocaleros y campesinos del valle marcha el diputado Evo Morales, quien dijo que la marcha que se inicia desde Caracollo pide que el Congreso autorice el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, y que el Parlamento rechace la propuesta de ley del presidente Carlos Mesa y apruebe, por el contrario, otra propuesta presentada por la Comisión parlamentaria. Dijo que lamentablemente algunos parlamentarios, el Poder Ejecutivo y el Presidente no tienen interés de cumplir con el mandato del pueblo boliviano. Manifestó que se podría avanzar si hubiera voluntad política del Congreso para comenzar el tratamiento de Ley de Hidrocarburos. Amenazó que si el gobierno y el Congreso Nacional no aprueban esta ley hasta el día 18 se radicalizarán las medidas de presión.
Otras tres marchas, organizadas por la Coordinadora de Defensa del Gas, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto llegarán a la sede de gobierno el 18 de octubre, confirmó Morales. «Es una marcha para que la sangre derramada el año pasado no se haya derramado en vano», dijo en alusión a la movilización social que busca no dejar en la impunidad la masacre perpetrada en septiembre y octubre del 2003 y que ocasionó la muerte de 67 civiles y dejó heridos a más de 300.
Al interior del movimiento obrero y popular hay, sin embargo, fuertes diferencias en torno al gas y al petróleo. Los campesinos y cocaleros, seguidores de Morales, exigen la aprobación de una ley que, en lo esencial, impone más tributos a las petroleras. En cambio, la COB y la Coordinadora exigen la nacionalización de toda la industria.