La revolución boliviana, la más profunda de toda su historia por el carácter del sujeto que la conduce y el horizonte que se ha propuesto, avanza a pesar del asedio mediático permanente y los intentos de derrotarla por la vía institucional o derrocarla mediante una ruptura constitucional.
Los dos años y medio del primer mandado del presidente Evo Morales bajo la nueva Constitución Política del Estado han concluido con un saldo favorable para una revolución cuya período político de transición -en la que se irán construyendo las base materiales y subjetiva de la nueva sociedad- anticipa ser más largo del inicialmente pensando.
Los problemas que se enfrentan tienen relación más con la interpretación y la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado que con una interpelación o rechazo al proceso de cambio, a tal punto que la propia oposición se esfuerza por acumular a través de una apropiación del discurso de cambio que presentando otro proyecto alternativo al país.
Es evidente que no obstante el crecimiento de la conflictividad, con un carácter radicalmente distinto al registrado en dos décadas de neoliberalismo, el proceso de cambio no ha dejado de avanzar. Las contradicciones dentro del nuevo bloque en el poder y las disputas por la hegemonía en el sujeto histórico -que es plural- han provocado momentos de desaceleración -que no es lo mismo que reversión- y de cierta pérdida de iniciativa política.
Sin embargo, eso no ha implicado, por efecto automático, una recuperación de las fuerzas políticas -partidarias, cívicas y de otra naturaleza- de la derecha, aunque se nota todavía favorable a los sectores conservadores la relación de fuerzas en el campo mediático, que es desde donde la revolución sufre un asedio permanente y sistemático.
Los tres intentos más serios de la derecha por montarse en los conflictos para activar a fondo su estrategia de desgaste prolongado del gobierno y el liderazgo del presidente Evo Morales se dieron con la marcha indígena de 2011, la huelga de los profesionales y trabajadores de la salud y el motín policial de este año, sin haber alcanzado sus objetivos.
Los días del motín policial -montado sobre una legítima demanda de los policías de base y en medio de una crisis institucional de los uniformados alentada desde la embajada estadounidense-, fue construyendo un escenario de golpe de estado y es el único peligro real que fue sorteado con éxito por una táctica gubernamental que combinó la movilización de sus sectores sociales más duros y por no caer en la provocación.
Pero quizá, por razones metodológicas y de espacio, deba dividirse estos dos años y medio de gobierno en dos grandes momentos:
El primer momento, (enero 2010-noviembre 2011) se caracterizó por el retorno de los movimientos sociales, particularmente de los trabajadores urbanos, cooperativistas y el proletariado minero, a sus intereses particulares, lo que ciertamente facilitó la tendencia, ya advertida antes de las elecciones de 2009, hacia un mayor protagonismo estatal.
Esta tensión creativa, como diría el vicepresidente Álvaro García Linera, entre el empuje desordenadamente democratizador de los sectores y movimientos sociales y la tendencia del Estado a concentrar las decisiones, así como el privilegiar las reivindicaciones sectoriales de parte de los primeros, expresó el paso de las relaciones de correspondencia armoniosa entre el Estado y la sociedad civil organizada que acompañaron al proceso entre enero de 2006 y diciembre de 2009 al establecimiento de relaciones de correspondencia no armoniosa vigentes hasta ahora.
Sin embargo, esta nueva forma de relacionamiento -que no implica ruptura de los movimientos sociales con el gobierno, como erróneamente presenta la oposición partidaria y mediática- no impidió que el proceso de cambio desarrollara con éxito dos nuevas tareas derivadas de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado: las elecciones locales -departamentales y municipales-, con lo que se dio paso a la constitución de gobiernos subnacionales con amplia mayoría del MAS y la selección democrática, mediante sufragio universal, de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
Quizá lo más difícil se enfrentó en diciembre de 2010 cuando fracasó un intento de nivelar el precio de los carburantes a estándares internacionales por mecanismos neoliberales, lo cual es una convocatoria a ser más creativos a la hora de querer resolver algunos de los problemas de la macroeconomía.
El segundo momento (diciembre 2011 hasta la fecha) se inaugura con el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio, cuyo desarrollo se dio en tres tiempos y que permitió estructurar una agenda con la más amplia participación social. Si bien la COB no asistió, un alto porcentaje de sus sindicatos miembros aceptó la invitación oficial y no menos importante fue la presencia del sector empresarial.
Las condiciones favorables para organizar esta nueva forma de participación social (encuentros y cumbres) empezaron a sentarse, paradójicamente, durante la marcha de un sector de los indígenas de las tierras bajas hacia la ciudad de La Paz, en rechazo a la construcción de una carretera por el TPNIS que, debido a la violenta intervención policial, recibió el apoyo de sectores sociales opositores al gobierno y se desactivó con la promulgación de un decreto supremo que prohibía la obra de vinculación y declaraba la intangibilidad del parque.
Otra marcha, esta vez a favor de la carretera, le dio al gobierno la oportunidad de tomar la iniciativa a través de la convocatoria a una consulta, como mecanismo de materialización de los tratados internacionales y la nueva Constitución Política del Estado, así como de restablecer su relación con los indígenas de las tierras bajas.
A partir de las conclusiones del Primer Encuentro Plurinacional la desaceleración llegó al límite, se retomó paulatinamente el ritmo y se dio paso a una tendencia creciente de disputa por los excedentes. Toma de yacimientos, principalmente mineros, por parte de comunarios, cooperativistas y trabajadores del subsuelo han marcado la tónica, y si bien no dejan de provocar molestia al gobierno -pues lo tienen ocupado en la búsqueda de soluciones-, al mismo tiempo le han permitido continuar, con legitimidad, avanzando en su proyecto de la recuperación estatal de los recursos naturales por la vía de la nacionalización o la reversión. Colquiri y Malku Kota son el ejemplo.
Es decir, lejos estas pugnas por quedarse con la mayor parte de la torta, como diría René Zavaleta, no se dan por falta de recursos sino por su demasía, no interpelan políticamente al gobierno y más bien le son altamente funcionales a su proyecto de construcción hegemónica.
La iniciativa política está de nuevo en el gobierno y los movimientos sociales. El motín policial que quiso ser aprovechado para montar un escenario de golpe de estado ha demostrado que la mayor parte de los sectores sociales lo mismo se disputan entre ellos los excedentes generados por la economía que se unifican para defender su revolución.
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