Una disputa territorial entre dos municipios en los Altos de Chiapas, Chalchihuitán y Chenalhó de población indígena tsotsil, ha derivado en una grave crisis humanitaria. El conflicto por los límites territoriales se arrastra desde hace décadas y se ha visto incrementado por la existencia de paramilitares en la zona que se implantaron, desde hace años, […]
Una disputa territorial entre dos municipios en los Altos de Chiapas, Chalchihuitán y Chenalhó de población indígena tsotsil, ha derivado en una grave crisis humanitaria. El conflicto por los límites territoriales se arrastra desde hace décadas y se ha visto incrementado por la existencia de paramilitares en la zona que se implantaron, desde hace años, como recurso contra la presencia zapatista en la región.
El pasado 18 de octubre, paramilitares procedentes de Chenalhó asesinaron a Samuel Luna, de Chalchihuitán. En noviembre se produjo un ataque con disparos e incendios a casas situadas en Chalchihitán, en la franja entre ambas comunidades. El ataque motivó el desplazamiento interno de unos 5.000 pobladores a las montañas. Estos se han visto obligados a dormir fuera de sus casas ante el miedo a nuevos ataques. Desde entonces, más de 10 personas, principalmente niños, han fallecido por frío y hambre.
En compañía de Pedro Faro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas visitamos los campamentos de desplazados y estos nos relatan las difíciles situaciones que sufren. Por las noches no duermen porque grupos desconocidos les acosan con una mezcla de lanzamiento de petardos y disparos en la que es difícil distinguir si se les atacan con fuego real o simplemente forma parte de una maniobra de hostigamiento psicológico.
En todo caso, muestras de munición real han sido recogidas en el terreno. Desde las organizaciones locales que colaboran in situ hacen énfasis en que el Gobierno solo reacciona ante la presión externa, especialmente internacional, y solo entonces Protección Civil inició un reparto de ayuda de alimentos y asistencia médica. Sin embargo, denuncian que no se ha hecho nada para desarmar a los paramilitares y que no hay seguridad.
Recientemente un grupo de unas 3.858 personas han retornado a las comunidades Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno pero otras 1.165 personas no retornaron ante el temor a nuevas masacres de paramilitares.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denuncian que parte de los desplazados han empezado a irse de la región y que si no se resuelve inmediatamente la situación se perderán las cosechas lo que agravará la crisis por falta de alimentos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.