A dos años de la explosión en Salta 2141, ENARGAS sigue sin dar información de «interés colectivo» para que se esclarezcan los hechos y no vuelven a ocurrir. «No hemos encontrado una actitud de colaboración ni de cumplimiento de la ley», lamentó Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación. La investigación busca establecer si hubo controles sobre Litoral Gas. Preocupa el debilitamiento de los protocolos. Qué pasa con la seguridad y calidad del servicio
Resulta imposible olvidar las imágenes de aquella mañana del 6 de agosto de 2013: el edificio derrumbándose, los heridos, los bomberos y rescatistas trabajando sobre escombros, y el dolor que sigue ahí junto con la pérdida. Frente a un nuevo aniversario de la tragedia de Salta 2141, ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) todavía adeuda informes sobre la explosión que se cobró 22 vidas. El presidente de la Auditoría General refirió con preocupación a este tema: «No hemos encontrado una actitud de colaboración ni de cumplimiento de la ley, que obliga a entregar información que nos permita llegar a conclusiones objetivas, precisas, categóricas».
En diálogo con La Brújula de la Mañana por Radio Wox 88.3, Despouy subrayó que existen «cuestiones vinculadas a la prestación del servicio, que es riesgoso y exige medidas de seguridad, sobre las cuales es necesario conocer». Mediante la auditoría se busca establecer el accionar del organismo de control y de Litoral Gas, lo que «permitiría entender las circunstancias» del hecho. Los datos solicitados apuntan, por un lado, al comportamiento de ENARGAS teniendo en cuenta la reglamentación y pautas prácticas vigentes; y por otro lado, la aplicación de «sanciones en el caso de que se haya comprobado que la empresa no prestaba el servicio según los parámetros del contrato de concesión».
«Queremos establecer, con nuestro material e instrumental, elementos que pueden llegar a ser de mucha utilidad», remarcó en ese sentido; y explicó que los datos recabados en la auditoría podrían significar un avance en la causa que se sigue en la Justicia. «Pasaron dos años y no pudimos concluir porque no tenemos la información para hacerlo. Esto es lo desgarrador, porque nos impide cumplir con nuestras obligaciones en un momento en el que todo el mundo necesita una respuesta; y esto es lo grave», sentenció.
A principios de agosto, la fiscal Graciela Argüelles presentó el pedido de elevación a juicio para los 11 imputados en el caso. En el expediente 1027/13, fueron procesados el técnico José Luis Allala, quien trabajó en el lugar días antes del siniestro; los gasistas Carlos Osvaldo García y Pablo Miño, que trabajaban en el regulador el día del hecho; y los administradores del edificio Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli. Además se procesó a personal de Litoral Gas: los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe técnico, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.
ENARGAS no informa
«Cuando se produce un hecho de esta naturaleza, todos los que tienen responsabilidades en el cuidado y el control ponen buena voluntad para que las cosas se puedan esclarecer. Esto es de un interés colectivo para que no se vuelva a repetir», reflexionó Despouy. Recalcó que la auditoría responde tanto a atribuciones legales como a «una sensibilidad particular porque se está frente a un hecho que alarma a la sociedad en general». Sin embargo esto no hizo mella en ENARGAS y, a contramano de lo esperado, adoptó la postura de entregar «información que no era la solicitada o expedientes que no tenían utilidad» para la investigación. «Son medidas que no son conducentes a cumplir con el deber legal que tienen las entidades», aseguró.
Respecto a la actitud de otros organismos que deben controlar empresas privatizadas, expuso que no suelen surgir dificultades al momento de llevar adelante las auditorías. «No se plantea una disputa sobre cuál información entregar. Hay una práctica ya generalizada y cuando hemos tenido dificultades recurrimos a la Justicia», contó.
«Debilitaron los parámetros de control»
El titular de la Auditoría General manifestó que los informes sobre ENARGAS se realizan «de manera muy regular», aunque ahora el interés está puesto en «la situación Rosario en un período que abarca la explosión». En auditorías previas, se marcaron «observaciones bastante serias» sobre el organismo porque «ha ido debilitando sus funciones y parámetros de control».
Al respecto, explicó que «con anterioridad las reglamentaciones preveían una especie de censo de las pérdidas de gas y la calidad del servicio». No obstante, «esos parámetros fueron desapareciendo», lo que valió algunas objeciones: «En un país donde se producen tantas fugas, se tienen que extremar los controles y la severidad de las medidas frente a los incumplimientos. Tienen que haber incentivos para que las empresas presten el servicio con calidad y seguridad», afirmó.
Privatización y negocio
Esta falta de regulación de las empresas es, en parte, producto de un proceso que se inició en los ’90 con las privatizaciones. En diciembre de 1992, Gas del Estado pasó a manos de Litoral Gas mediante una venta realizada por un décimo de su valor y gracias a un falso quórum parlamentario (el oficialismo obtuvo los votos necesarios para sancionar la norma con legisladores «truchos»). La concesión se concretó por 35 años, con opción a diez más.
En 2005, se revisaron esos contratos y se labró un acta en la que quedó asentado que «las utilidades y la proporción en que se distribuyeron los dividendos demuestran el bajo nivel de inversión del grupo adjudicatario, que sólo pagó 14 millones de pesos en efectivo de los 117 millones de pesos de 1992 y luego no hubo otros aportes de capital propio». Si bien no se encontraron incumplimientos en las empresas, «el método de control empleado para establecer dicha afirmación es, en ciertos aspectos sub-óptimo, dado que se han acotado los márgenes de atribuciones de supervisión estatal que permite la Ley N° 24.076″.
Como resultado, en 2008 se negociaron los términos y condiciones para arribar a un acuerdo definitivo que mantenga la concesión a Litoral Gas. El convenio lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández y del entonces jefe de Gabinete y actual rival político del kirchnerismo, Sergio Massa.
Saber qué pasó para hacer justicia
La posibilidad de establecer el comportamiento de ENARGAS y de Litoral Gas, puede echar luz sobre «dónde estuvieron las debilidades» que produjeron la explosión de calle Salta; ya sea falta de control, fallas técnicas, ausencia de sanciones ante incumplimientos, entre otras alternativas. En todo caso, «las conclusiones de la auditoría van a ser de enorme utilidad» para que «la sociedad tenga un diagnóstico claro» y se haga justicia.
Analizando los hechos desde la lógica del sentido común, Despouy consideró que una empresa que no tiene nada que ocultar «lo primero que hace es entregar la documentación para que se compruebe la eficacia, legalidad y regularidad de su desempeño». Pero la reacción es de «mucha reticencia». «Lo que nosotros queremos es que nos permitan evaluar y decirle a la sociedad lo que comprobamos con objetividad, sin prejuzgar, sin ningún tipo de elemento ajeno a la auditoría, que la hacen profesionales técnicos que tienen 30 años de experiencia», insistió por último.
AUDIO de la entrevista completa en la Brújula de la Mañana. [Enlace].
[N. de E.] Sobre el mismo asunto puede leerse también:
Memoria del fuego, por Carlos del Frade. APe. [Enlace].