Argentina y Uruguay explican hoy y mañana los motivos del diferendo. Buenos Aires pide suspender la instalación de las industrias hasta realizar un estudio ambiental. Montevideo sostiene que no se va a contaminar el río Uruguay. Si se nos permite utilizar una expresión tantas veces usada, hoy es del «Día D» en el diferendo entre […]
Argentina y Uruguay explican hoy y mañana los motivos del diferendo. Buenos Aires pide suspender la instalación de las industrias hasta realizar un estudio ambiental. Montevideo sostiene que no se va a contaminar el río Uruguay.
Si se nos permite utilizar una expresión tantas veces usada, hoy es del «Día D» en el diferendo entre Buenos Aires y Montevideo a raíz de la instalación en la margen oriental del río Uruguay de dos plantas químicas procesadoras de pasta celulosa, ya que la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad holandesa de La Haya, va a examinar hoy y mañana las medidas cautelares presentadas por la diplomacia argentina para suspender las instalaciones.
Gracias a casi dos décadas de incentivo de la producción forestal, la finlandesa Botnia y la española ENCE levantan dos fábricas de pasta celulosa -insumo básico para la producción de papel- en la localidad de Fray Bentos, sobre el río Uruguay que sirve de límite con Argentina.
Precisamente, este país sostiene que no se realizaron estudios de impacto ambiental para determinar el grado de contaminación de las plantas, y pide suspender la construcción hasta que una investigación determine que no existen riesgos para la población y el entorno.
Durante dos días, representantes de los dos países sudamericanos deben explicar la posición de cada delegación ante quince expertos de ese tribunal.
La Corte Internacional de Justicia debe decidir únicamente si debe paralizarse la construcción de las dos plantas de celulosa, con el fin de realizar un estudio profundo sobre el impacto medioambiental que provocarían.
Sólo después, la Corte entrará en el tema de fondo: la demanda argentina basada en la supuesta violación por parte de Uruguay del estatuto del Río Uruguay de 1975, un proceso jurídico que podría durar unos cuatro años.
Argentina decidió en mayo llevar este conflicto ante el tribunal de La Haya, un organismo creado para resolver los diferendos entre los Estados, en vista del total fracaso de las negociaciones bilaterales en esta crisis que enturbió gravemente las relaciones en el Mercosur.
Los expertos argentinos, encabezados por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, buscan demostrar ante la Corte el poder contaminante de estas fábricas, aunque, admiten por lo bajo, que va a ser difícil que el tribunal se pronuncie a favor de esta medida cautelar.
Cada país dispone de tres horas para exponer sus argumentos ante el tribunal, y mañana, otras dos. La decisión de la Corte sólo se va a conocer a mediados o fines de julio.
Según el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina- «si la construcción de las papeleras continúa, la situación sería irreversible y Uruguay presentaría ante la Corte los hechos consumados» cuando el tribunal estudie el caso.
En tanto, para el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell -encargado de la defensa de su país ante la Corte- su país «siempre» ha respetado el medio ambiente y ha previsto que en estas fábricas se apliquen las técnicas más modernas con el fin de no ensuciar las aguas del río.
Sin embargo, para Argentina, la construcción de las papeleras viola el estatuto del Río Uruguay que estipula la utilización racional y eficaz del río, la conservación, utilización y explotación de sus recursos naturales, y la prevención de la contaminación.
Según fuentes de Buenos Aires, estas fábricas -situadas frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú- afectarán negativamente a una población de más de 300 mil personas.
La Corte Internacional de Justicia emite veredictos definitivos que no se pueden apelar, pero el tribunal no tiene los medios de obligar a los países a que los apliquen.