El pasado 9 de mayo de 2026, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, convocó en Cochabamba al denominado “Encuentro por el país – Acuerdo nacional para la estabilidad y las reformas”. Presentado oficialmente como un espacio de concertación política frente a la crisis económica, política e institucional, el evento tuvo como finalidad rearticular a la derecha oligárquica a escala nacional para viabilizar un proyecto de restauración neoliberal en Bolivia.
La iniciativa busca consolidar la reedición contemporánea de la democracia pactada en el órgano legislativo que permita impulsar un paquete de leyes para reformas económicas y políticas, incluyendo la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, con el respaldo de la mayoría de gobernadores departamentales, algunos alcaldes municipales y empresarios privados.
La composición política del encuentro, así como las propuestas discutidas en su interior, permiten observar que no se trata únicamente de una convocatoria coyuntural frente a la crisis, sino de un intento de reorganización de la derecha oligárquica nacional en torno a un nuevo programa de reformas económicas, institucionales y constitucionales. Por ello, resulta necesario examinar en qué circunstancias estos actores participaron, cuáles son los intereses que representan y qué proyecto de país buscan imponer.
I. ¿En qué contexto se da la rearticulación de la derecha?
El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por la agudización y articulación de las movilizaciones populares. A través del “Pacto de unidad por la dignidad, la soberanía nacional, la defensa de la tierra y el territorio para el movimiento indígena originario campesino”, distintos sectores populares —indígenas, campesinos, maestros, fabriles, obreros, universitarios y activistas— han comenzado a enfrentar en unidad y mediante una plataforma de lucha conjunta las políticas gubernamentales orientadas a descargar el peso de la crisis económica sobre las espaldas del pueblo trabajador, mientras se preservan y amplían los privilegios del gran empresariado nacional y transnacional.
Estas políticas regresivas se expresan en la emisión de distintos decretos supremos (DS) que, pese a la abrogación del DS N.º 5503 —producto de la lucha popular—, han continuado fragmentando y reponiendo parcialmente su contenido; en la vigencia de la Ley N.º 1720 de conversión de la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana, cuyo proyecto de ley (PL) para su abrogación fue aprobado en la Cámara de Diputados gracias a la presión de la Marcha Indígena que, tras 28 días de recorrido desde Pando, llegó a la ciudad de La Paz y continúa en vigilia hasta su abrogación total; así como en las amenazas de modificación de la Ley General del Trabajo, el tratamiento de una denominada “Ley Antibloqueos”, la pretensión de aprobar el PL N.º 060/25 sobre mercados de carbono, las propuestas de descentralización de la educación y la salud y el progresivo debilitamiento de empresas públicas nacionales para allanar el camino para futuras políticas de privatización.
En las últimas semanas, el país ha ingresado en una etapa de creciente conflictividad social caracterizada por marchas, bloqueos, movilizaciones, el paro general indefinido impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y una posible huelga general. Las demandas expresan no sólo el rechazo al deterioro de las condiciones de vida, el incremento del costo de la canasta familiar, la crisis por falta y mala calidad de los combustibles —gasolina y diésel— y las políticas de ajuste económico, sino también una oposición cada vez más abierta a las medidas orientadas a favorecer a grupos empresariales vinculados al agronegocio, la banca y el capital transnacional.
En este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una creciente pérdida de legitimidad y una profundización del descontento social. El denominado “Encuentro por el país” aparece así no como un simple mecanismo de diálogo político, sino como un intento de reorganizar a los sectores de la derecha oligárquica conservadora frente al ascenso de la protesta social y la posibilidad de una mayor coordinación entre organizaciones obreras, campesinas e indígenas.
II. ¿Quiénes participaron del encuentro?
Distintos medios de comunicación señalaron la presencia de aproximadamente 600 invitados en el denominado “Encuentro por el país”. En representación del aparato estatal participaron ministros de Estado, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, así como el presidente del Tribunal Supremo Electoral. A ello se sumó la presencia de 6 de los 9 gobernadores departamentales —Oruro, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Beni y Pando— y 9 alcaldes municipales —Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Trinidad, Cobija, Riberalta, Tarija, Sucre y Potosí— de 335 autoridades electas en las recientes elecciones subnacionales. También asistieron la presidenta de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC) y el ejecutivo del Gobierno Regional del Gran Chaco.
En el ámbito político-partidario participaron dirigentes y representantes de partidos y alianzas de derecha —FRI, Libre, PDC, Creemos y APB-Súmate, con excepción de Samuel Doria Medina (Unidad)—, además de algunos rectores de universidades públicas y privadas, representantes de distintas iglesias, empresarios privados y “organizaciones sociales” afines al gobierno. Sin embargo, estas últimas no fueron identificadas públicamente, ni se precisó qué sectores sociales o sindicales representaban efectivamente.
La composición del encuentro permite advertir que la convocatoria presidencial no estuvo orientada a construir un espacio amplio de deliberación nacional con participación de las organizaciones populares movilizadas, sino a articular un bloque político-institucional-parlamentario integrado por autoridades estatales y liderazgos regionales, respaldados por sectores empresariales y fuerzas conservadoras que comparten la necesidad de organizar un nuevo orden económico neoliberal y contener el creciente ascenso de la conflictividad social.
III. ¿Quiénes tomaron la palabra y qué dijeron?
Tras la inauguración del evento a cargo del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), y la entonación del himno nacional, comenzaron las intervenciones que se extendieron por aproximadamente cuatro horas. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó el encuentro como un “momento histórico”, el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo para el país.
En su intervención inicial, el presidente Rodrigo Paz reiteró que la responsabilidad de la crisis económica, política e institucional recae exclusivamente sobre la anterior gestión del MAS, pese a que su gobierno ya lleva seis meses en funciones y las medidas implementadas hasta el momento no sólo no han resuelto los principales problemas del país, sino que han contribuido a profundizar la crisis social y económica. Aun así, insistió en presentar el encuentro como un espacio destinado a “defender la democracia”, “salvar la patria” y respaldar al “equipo que eligió Bolivia” en las elecciones nacionales y subnacionales.
Posteriormente intervinieron gobernadores y alcaldes, quienes, más allá de diferencias partidarias o regionales[1], coincidieron en una misma orientación política y programática. Entre los principales puntos planteados destacaron:
- El rechazo a la abrogación de la Ley N.º 1720 y la expectativa de frenar dicha medida en la Cámara de Senadores;
- la implementación del denominado “50/50” como base de un nuevo pacto fiscal y redistribución de regalías;
- el fortalecimiento de las garantías para la inversión privada;
- el ingreso de Bolivia al mercado internacional de bonos de carbono;
- la necesidad de nuevas leyes y una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para instaurar un nuevo modelo económico;
- y el endurecimiento estatal frente a la protesta social, incluyendo discursos orientados a criminalizar a sectores movilizados, calificados como “bloqueadores”, “sicarios” o incluso “cáncer” del país.
Dos intervenciones resultaron particularmente significativas por las organizaciones a las que representaban. Raquel Antúnez, presidenta de la CONAIOC, defendió la necesidad de consensuar futuras leyes para evitar nuevos cuestionamientos como los generados por la Ley N.º 1720, respaldó el esquema del “50/50” como oportunidad para las autonomías indígenas y promovió el acceso de pueblos indígenas al mercado de bonos de carbono y al turismo vinculado a la identidad cultural amazónica. Por su parte, David Rojas, ejecutivo del Gobierno Regional del Gran Chaco y dirigente de la Alianza Patria, sostuvo abiertamente que Bolivia necesita una economía liberal en la que el Estado garantice condiciones para que el sector privado asuma el liderazgo económico.
Las intervenciones de representantes de partidos y alianzas de derecha terminaron de delinear el horizonte político del encuentro. Edgar Guzmán (FRI), quien se atribuyó ser amigo personal del presidente, convocó a “defender la democracia” ante el peligro de convulsión y señaló que todos los participantes del encuentro eran “soldados” en aquella tarea. Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) defendió la necesidad de acabar con el “estatismo” y el “centralismo” mediante una reforma parcial de la Constitución, la ampliación del endeudamiento externo[2], la apertura al mercado de carbono y el fortalecimiento de la agroindustria. Luis Fernando Camacho (Creemos) planteó que “un nuevo ciclo necesita un nuevo andamiaje jurídico”, defendiendo el federalismo, una economía abierta basada en la iniciativa privada y nuevas normas favorables al sector agroindustrial; así también le recordó al presidente que ante los intentos de tumbarlo “tiene a Santa Cruz para gobernar”. Por su parte, Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) insistió en la necesidad de “poner orden”, destacó la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al gobierno para impulsar reformas estructurales y reiteró la importancia de contener las movilizaciones que exigen la renuncia presidencial.
La única intervención parcialmente disonante fue la de Roberto Castro (PDC), quien, pese a respaldar el fin de la hegemonía del MAS y la necesidad de un nuevo modelo económico, cuestionó la Ley N.º 1720 por considerar que favorece la concentración especulativa de tierras y vulnera principios constitucionales. Sin embargo, su posición quedó aislada dentro de un encuentro donde predominó ampliamente un consenso conservador orientado a profundizar reformas neoliberales, fortalecer el poder empresarial y reconfigurar el marco jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia[3].
Por último, intervino el presidente para cerrar el evento. Después de recordar el pasado “izquierdista” de su familia[4] y su tránsito a la socialdemocracia, el primer mandatario señaló que “el problema del país no es de izquierda ni de derecha”, sino que el problema es “resolver los problemas del prójimo” —desde un punto de vista cristiano—. Afirmó también que el principal escollo es que la gente en Bolivia “quiere e insiste en ser pobre”, que “donde hay pobreza hay bloqueadores”, y que cuando esa gente migra al oriente lleva esas malas costumbres. Sostuvo, además, que la manera de vencer a los bloqueadores y a la pobreza es en la “cancha democrática”, dando a entender que eso ocurrirá cuando la Ley N.º 1720 llegue a la Cámara de Senadores y se enfrente a la democracia pactada parlamentaria. Para finalizar, planteó un paquete de leyes con dos objetivos: (1) modificar la normativa vigente en hidrocarburos, minería, electricidad e inversiones; y (2) crear nuevas regulaciones sobre economía verde, emprendimiento, régimen electoral, justicia, seguridad nacional, y la reducción del Estado y su burocracia. A esto se suma la conformación de una comisión para reformar parcialmente la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que abra el camino al federalismo, a la inversión privada; que permita el “50/50” para que los gobiernos departamentales y municipales dispongan de sus recursos naturales; que nos introduzca en el mercado de carbono (capitalismo verde); y que construyan más cárceles para quienes atenten contra la “democracia”, la “patria”, la “propiedad privada” y, evidentemente, contra su gobierno.
IV. Este proyecto de restauración neoliberal que pretende imponer la derecha oligárquica del país ¿Qué intereses defiende y a quién beneficia?
Las propuestas políticas, económicas y constitucionales planteadas en el “Encuentro por el país” permiten advertir que el proyecto impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz y los sectores que lo respaldan no constituye simplemente un “programa de estabilización frente a la crisis”, sino un intento de restauración neoliberal orientado a reorganizar el Estado Plurinacional de Bolivia en función de los intereses del gran capital privado nacional y transnacional.
No se trata únicamente de modificar determinadas leyes o realizar ajustes parciales en la administración pública. Lo que se encuentra en discusión es la construcción de un nuevo bloque de poder político-institucional-parlamentario que elimine los elementos centrales del modelo estatal surgido tras la CPE de 2009. En ese sentido, la insistencia en reformar parcialmente la CPE, fortalecer la gran propiedad privada, ampliar las garantías para la inversión privada nacional y extranjera, profundizar el extractivismo agroindustrial y minero, introducir al país en el mercado internacional de bonos de carbono y reducir el papel económico del Estado, expresa la voluntad de desmontar las bases económicas, sociales y jurídicas del Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democratico intercultural, descentralizado y con autonomías[5].
La reedición contemporánea de la democracia pactada aparece precisamente en ese punto. Al igual que durante el periodo neoliberal de 1985-2003, distintas fuerzas políticas de derecha —más allá de sus diferencias electorales o regionales— buscan articular acuerdos parlamentarios y territoriales para garantizar gobernabilidad a un programa económico profundamente antipopular. La apelación constante a la “unidad”, la “democracia”, la “estabilidad” y la “defensa de la patria” cumple así una función ideológica destinada a legitimar un proyecto de reorganización estatal favorable a las élites económicas y a deslegitimar toda resistencia social como amenaza al orden democrático.
Este proyecto beneficia principalmente a sectores empresariales vinculados al agronegocio, la agroindustria exportadora, la banca privada, el capital financiero internacional, las corporaciones mineras y energéticas, así como a nuevos grupos económicos interesados en los mercados de carbono y en la mercantilización de territorios indígenas y recursos naturales bajo el discurso del “capitalismo verde”. La propuesta del “50/50”, el federalismo y la ampliación de competencias departamentales y regionales sobre recursos estratégicos responden, en gran medida, a la disputa por el control de la renta estatal y de los recursos naturales del país, otra querella por el excedente.
Al mismo tiempo, la criminalización de la protesta social, el impulso de leyes antibloqueo, el planteamiento de construir más cárceles y los discursos que califican a sectores movilizados como “sicarios”, “cáncer” o enemigos de la democracia, revelan que esta restauración neoliberal requiere también de un endurecimiento político e institucional del Estado frente a las organizaciones populares. En otras palabras, el proyecto no apunta únicamente a transformar el modelo económico, sino también a disciplinar social y políticamente a quienes se opongan a dichas transformaciones.
Así, el denominado “Encuentro por el país” no puede entenderse como un espacio neutral de concertación nacional, sino como el intento de articular una nueva hegemonía oligárquica-neoliberal-conservadora en Bolivia. Su objetivo estratégico parece orientarse a construir las condiciones políticas, parlamentarias, jurídicas e ideológicas necesarias para consolidar un nuevo ciclo neoliberal bajo discursos de modernización, estabilidad y democracia, pero sustentado en la profundización de las desigualdades sociales, la subordinación del Estado a intereses privados y el debilitamiento de las conquistas populares alcanzadas durante las últimas décadas.
V. A la expectativa de un momento constitutivo…
El denominado “Encuentro por el país” ha puesto en evidencia que la crisis boliviana actual no se limita a un problema económico o administrativo, sino que expresa una disputa más profunda en torno al carácter del Estado, el control de los recursos estratégicos y el proyecto histórico de país que se busca imponer. Bajo el discurso de la “estabilidad”, la “democracia” y la “reforma”, el gobierno de Rodrigo Paz y la derecha oligárquica intentan reorganizar el poder político para abrir un nuevo ciclo de restauración neoliberal sustentado en pactos parlamentarios, fortalecimiento empresarial y reconfiguración constitucional.
Sin embargo, este intento de recomposición conservadora emerge en un escenario distinto al del viejo periodo neoliberal (1985). La creciente conflictividad social, la articulación de organizaciones indígenas, campesinas y obreras, así como el desgaste acelerado de la legitimidad gubernamental, muestran que las contradicciones sociales lejos de cerrarse tienden a profundizarse. El bloque dominante busca reorganizarse, pero al mismo tiempo las masas comienzan también a reconstituirse políticamente desde la experiencia concreta de la crisis y su autoorganización.
En ese sentido, la coyuntura actual recuerda a las reflexiones centrales de René Zavaleta Mercado[6], en donde las masas no aparecen únicamente como suma cuantitativa de individuos movilizados, sino como una irrupción histórica capaz de alterar el horizonte político del Estado y revelar las contradicciones profundas de la sociedad. En los momentos de crisis orgánica, las masas irrumpen como sujeto constitutivo, desbordando los límites institucionales previamente establecidos y cuestionando el orden existente desde la práctica política concreta.
Bolivia parece ingresar nuevamente en un periodo de esas características. El ascenso de las movilizaciones, las tensiones territoriales, la disputa por la tierra y los recursos naturales, la crisis económica y el agotamiento de las formas tradicionales de representación política configuran un escenario donde el viejo orden pierde capacidad de dirección mientras el nuevo todavía no termina de constituirse plenamente. La restauración neoliberal impulsada desde arriba —y desde afuera—intenta anticiparse precisamente a esa posibilidad e impedir que el descontento social se transforme en fuerza política constitutiva.
Por ello, más allá de los acuerdos parlamentarios, las reformas jurídicas o los intentos de reorganización conservadora, el desenlace de la crisis boliviana dependerá fundamentalmente de la capacidad de las organizaciones populares para articular un proyecto político propio —desde abajo— frente a la ofensiva oligárquica en curso. La historia política del país ha demostrado reiteradamente que, cuando las masas irrumpen en la escena nacional, ninguna reingeniería institucional puede controlar completamente el curso de los acontecimientos.
Notas:
[1] Aunque existieron diferencias de forma entre los participantes, estas estuvieron determinadas principalmente por las organizaciones políticas que los llevaron como candidatos triunfantes en las elecciones subnacionales de 2026. Entre los gobernadores presentes se encontraban Edgar Sánchez (Jach’a–Jakisa–Sol–Fesorc, Oruro), J.P. Velasco (Libre, Santa Cruz), Luis Revilla (Alianza Patria-Sol, La Paz), Luis Ayllón (AGN, Chuquisaca), Jesús Egüez (Alianza Patria, Beni) y Gabriela de Paiva (Libre Pando). En el caso de los alcaldes, participaron Manfred Reyes Villa (APB-Súmate, Cochabamba), Manuel Saavedra (VOS, Santa Cruz de la Sierra), César Dockweiler (Innovación Humana, La Paz), Mauricio Barba (Patria Trinidad), Diego Suárez (Libre Cobija), Fernando Pérez (FSD, Riberalta), Johnny Torres (Primero Tarija, Tarija), Fátima Tardío (AGN, Sucre) y Williams Cervantes (MTS, Potosí).
[2] Su reiterativo plan de “salvataje económico con apoyo internacional”.
[3] Es muy probable que la intervención de Castro explique por qué en la Cámara de Diputados la bancada del PDC votó mayoritariamente por la aprobación del PL que plantea la abrogación de la Ley N.º 1720.
[4] Seguramente en lo referente a su tío, Néstor Paz Zamora, quien murió en la guerrilla de Teoponte (1970), iniciada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el propósito de dar continuidad a la guerrilla de Ñancahuazú (1967). Su nombre sirvió de inspiración para la formación del grupo guerrillero denominado Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) en 1990, como una afrenta a su padre, Jaime Paz Zamora (MIR), quien ejercía el cargo de presidente en ese entonces y sería responsable de la primera etapa de privatización de las empresas nacionales.
[5] Como establece el Art. 1 de la CPE.
[6] Zavaleta, R. (2013). Obras completas, Tomo II – Ensayos 1975-1984. Plural Editores
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