Un estado de confrontación permanente. De ese modo definen los analistas la relación de casi cuatro años del centroizquierdista gobierno argentino de Néstor Kirchner con la dirigencia rural en todas sus expresiones, tanto grandes terratenientes como cooperativas agrarias. Históricamente, el siempre influyente sector agropecuario tuvo más desencuentros que acuerdos con el justicialismo, el ecléctico movimiento […]
Un estado de confrontación permanente. De ese modo definen los analistas la relación de casi cuatro años del centroizquierdista gobierno argentino de Néstor Kirchner con la dirigencia rural en todas sus expresiones, tanto grandes terratenientes como cooperativas agrarias.
Históricamente, el siempre influyente sector agropecuario tuvo más desencuentros que acuerdos con el justicialismo, el ecléctico movimiento al que pertenece el actual mandatario y que fundó a mediados del siglo pasado Juan Domingo Perón (1895-1974), tres veces presidente de Argentina.
Pero lo particular ahora es que las explotaciones agrícola-ganaderas crecieron de modo constante desde que Kirchner asumió el gobierno, en mayo de 2003, tanto en volumen como en precios en los mercados internacionales, como son los casos de la soja, maíz, trigo, leche, carnes vacunas, frutas y sus derivados.
En un nuevo capítulo de esta disputa, productores rurales bloquearon rutas en varias partes del país el 23 de este mes, el mismo día que la Corte Internacional de Justicia legitimó igual protesta, alentada en un principio por el propio gobierno en oposición a la planta de celulosa en construcción en la costa uruguaya de un río limítrofe.
Las movilizaciones convocadas por las Confederaciones Rurales Argentinas, que reúnen a propietarios de parcelas medianas, y la Federación Agraria Argentina, de pequeños productores, tuvieron como epicentro importantes carreteras de la centro-oriental región pampeana, considerada la pradera fértil más extensa del mundo.
Los productores agrícola-ganaderos reclaman contra lo que llaman «cortoplacismo» e «intervencionismo» del Estado y, puntualmente, se oponen al aumento de cuatro por ciento del impuesto a la exportación de soja, que lleva esas retenciones hasta 27,5 por ciento, dispuesta a mediados de mes.
La medida de Kirchner tiene como objetivo alimentar un fondo compensatorio de 400 millones de dólares anuales para subsidiar precios internos de otros alimentos exportables, a fin de combatir la inflación amenazante.
Luego de llevar a cabo en julio un «paro agropecuario» de actividades por 48 horas contra las restricciones a las exportaciones cárnicas, y de repetirlo durante una semana en diciembre, algunas asociaciones rurales amenazan ahora con una próxima medida de fuerza por 10 días.
El mapa de la dirigencia agropecuaria lo completan la poderosa Sociedad Rural Argentina, que congrega a los grandes productores y terratenientes defensores del liberalismo económico a ultranza, y los cooperativistas de Coninagro, especializados en la producción láctea. Ambas críticas, pero dialoguistas con el gobierno, que no adhirieron a la última protesta.
Los bloqueos de rutas, caminos o calles, conocidos como piquetes en Argentina, no nacieron precisamente de este sector. Fue la herramienta a la que apelaron a partir de la mitad de la década del 90 los miles de trabajadores que quedaron desempleados en la localidad de Cutral-Co, en la Patagonia, y en Tartagal, en la norteña provincia de Salta, tras las privatizaciones a granel.
Esos cortes de tránsito se hicieron luego masivos e intensivos, especialmente en la oriental provincia de Buenos Aires y en la capital argentina, con la agudización de la inédita crisis económica de fines de 2001, para dar paso a un fuerte y heterogéneo movimiento de marginados de la economía y la sociedad, que tomaron el nombre de piqueteros.
A pesar de la insistencia de parte de la clase media, entidades empresariales y hasta de un sector de la prensa, Kirchner siempre se opuso a ordenar la represión policial contra los piquetes.
El enfrentamiento del gobierno de Kirchner con el campo muestra facetas particulares. El nudo del conflicto radica en la devaluación de enero de 2002, que dejó atrás más de 10 años de paridad uno a uno entre el peso argentino y el dólar.
Esa medida financiera, obligada por el colapso de fines de 2001 que se llevó consigo al gobierno del conservador Fernando de la Rúa a mitad de su mandato, provocó una maximización de la ganancia exportadora de los productos primarios.
Mientras los costos agropecuarios se mantuvieron parcialmente en pesos, la demanda externa alcanzó niveles inéditos en volumen, gracias a las necesidades de países como China, y por consiguiente crecieron los precios internacionales medidos en dólares a parecido ritmo.
Ello también provocó el alza de los valores internos de los alimentos, justo cuando la crisis catapultó la pobreza hasta alcanzar en el primer semestre de 2002 a 57 por ciento de los 37 millones de argentinos. En la actualidad, ese indicador cayó a 32 por ciento.
Para morigerar esta tendencia alcista, el entonces gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003) reimplantó un mecanismo de impuestos (retenciones) a las exportaciones, que varía según el bien primario exportable.
Tras la llegada de Kirchner al gobierno se ampliaron las medidas de intervención estatal, ya sea por variaciones de retenciones, acuerdos de precios o presiones directas sobre la industria alimenticia y los productores.
Ello llevó a las entidades rurales a denunciar beneficios de la industria exportadora en su detrimento que, según sostienen, «es la única variable de ajuste para contener los precios locales».
Algunas medidas fueron un tanto bruscas, como la prohibición absoluta de la exportación de carne vacuna dispuesta en marzo de 2006, levantada parcialmente dos meses más tarde, que afectó especialmente a los productores pequeños y, por ende, con menor capacidad financiera.
Sin embargo, no todo el conflicto se circunscribe a motivos económicos. Pedro Apaolaza, titular de la poderosa Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap, filial de CRA), pincela ante IPS otras claves menos económicas del reclamo.
«En la actitud del gobierno algo ideológico hay, algo de la herencia de todo lo que fue el conflicto anterior (en la década del 70 con los recios enfrentamientos entre derecha e izquierda, especialmente dentro del mismo peronismo)», analiza Apaolaza.
Kirchner, simpatizante en su juventud con el ala izquierdista del peronismo o justicialismo, reivindicó ahora parte de ese pensamiento sostenido por un sector de la sociedad argentina hace más de 30 años e impulsó, por ejemplo, la reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1983-1976).
A excepción de la Federación Agraria Argentina, otrora proclive a la reforma agraria y vinculada a organizaciones sociales y sindicales, el resto de la dirigencia rural apoyó de modo explícito a la dictadura y posteriormente al gobierno de Carlos Menem (1989-1999), también peronista pero en las antípodas ideológicas de Kirchner.
Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló a IPS que «el conflicto tiene un matiz ideológico». Coincide con Apaolaza en que hay «desconocimiento de las autoridades de cómo son los mercados agropecuarios». Se estima que en la Argentina hay cerca de 240.000 productores.
Biolcati dice que «en el campo argentino hoy priman las pequeñas y medianas empresas, con alto riesgo, que no tienen nada que ver con la imagen de elite que se quiere dar», y como sucedía en el pasado.
Además, denuncia que en este país «se ganan votos pegándole al campo». «Quizás por culpa nuestra, que no hemos sabido combatir esos prejuicios, por lo que es redituable acusar al productor de oligarca, avaro, que no trabaja», admitió.
«Creo que puede haber un poco de ida y vuelta en todo esto», sostuvo Biolcati en referencia a los prejuicios hacia Kirchner. «Por eso se trata de bajar los niveles de confrontación y generar mayor diálogo y conocimiento mutuo. La situación actual no es la de 2006 y, si una medida de fuerza se toma todos los meses, pierde efectividad», concluyó.
El análisis del sector agropecuario actual exige desmenuzar qué ocurre con la soja, un cultivo que reemplazó explotaciones tradicionales. Argentina vendió al exterior el año pasado 8.860 millones de dólares de esa oleaginosa y derivados, que equivalen a 18 por ciento del total de las exportaciones.
Es tal la ganancia que reporta la oleaginosa, con destino principal a China, que muchos productores y gobiernos provinciales dejan de lado año a año plantaciones hasta de frutales o destruyen selvas para aumentar la extensión de los cultivos.
El diputado Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos (de tendencia centroizquierdista), evalúa que «aumentar las retenciones a la soja sobre la ganancia extraordinaria que otorga ese cultivo era imprescindible para mejorar el uso de la tierra y combatir la ruptura de la diversidad agropecuaria».
Lozano, crítico de la política económica del gobierno, sostiene que, «en función de un uso equilibrado y razonable del suelo en nuestro país» y de «alcanzar una ganancia normal», era necesario el aumento de las retenciones.
Reclama, empero, otras medidas de «reconstrucción estatal», además de cuestionar al gobierno porque no se ha avanzado en evitar la concentración de la tierra en pocas manos.