De un tiempo a esta parte pareciera que el país vive un proceso, interno y externo, de descalificación global del uso potencial de energías existentes en su territorio, salvo las alternativas, como la solar, la eólica y la geotérmica. La censura más directa ha recaído en la nuclear, sobre todo a partir de las tragedias […]
De un tiempo a esta parte pareciera que el país vive un proceso, interno y externo, de descalificación global del uso potencial de energías existentes en su territorio, salvo las alternativas, como la solar, la eólica y la geotérmica. La censura más directa ha recaído en la nuclear, sobre todo a partir de las tragedias de Chernóbyl y Fucushima, lo que habría clausurado cualquier debate posible. Sin abogar por su vigencia, cabe recordar que el 30 % de la energía que consume la Unión Europa tiene origen nuclear, lo que evita que se envíe a la atmósfera 700.000 toneladas anuales de dióxido de carbono, lo que implicaría mayor daño atmosférico. El 86 % de la energía que consume Francia es nuclear. Las tres centrales atómicas argentinas funcionan sin problemas desde hace cuatro décadas y al igual que las brasileñas contribuyen a avances en medicina y agricultura. La modernización de los métodos de alerta temprana ha influido para reabrir Fucushima, aunque, claro está, la existencia de riesgos siempre estará presente.
Los ataques han alcanzado a la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas. No existen países que se nieguen a conocer la riqueza existente en su suelo. No parece correcto que las potencias mundiales, gracias a sus avances satelitales, conozcan nuestra geología y que esa información esté vedada a nosotros. La exploración y explotación del gas ha permitido que las 29.000 conexiones domiciliarias en el 2005 hubieran alcanzado a 500.000, lo que implica un avance en el nivel de vida de la gente. Lo anterior no sucedía por falta de gas, sino porque era exportado a la Argentina y Brasil, sin atender nuestras necesidades propias. Es obvio que las tareas exploratorias deben ser consultadas y coordinadas con poblaciones indígenas, a fin de lograr consensos que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
La renovación del contrato de venta de gas al Brasil, a partir del 2019, será muy difícil si no incorporamos la termoelectricidad y la hidroelectricidad en nuestra oferta exportable. El poderoso vecino se ha negado hasta ahora a comprarnos termoelectricidad, lo que podría cambiar debido a sus requerimientos internos. La masificación de termoeléctricas amplia el horizonte exportador a prácticamente todos los países vecinos y ofrece un panorama menos deprimente si acaso no se contara con esta alternativa. Lo anterior es aún más importante al tener presente el difícil panorama para la obtención de divisas, debido a la baja de la cotización del petróleo y la recesión china.
Un panorama similar se presenta con la hidroelectricidad, el que recibiría gran impulso con los proyectos Rositas y el Bala. En este segundo caso, se requiere evaluar las inundaciones que causarán el proyecto y la necesidad de compensar a los pueblos indígenas afectados. Sin embargo, en el balance global se debe también tener en cuenta que un país que se niega a desarrollar sus riquezas termina por exportar sus recursos humanos. ¿Acaso no es doloroso que alrededor del 30 % de la población boliviana se hubiera visto obligada a emigrar a otros países, donde, por lo general, sufre humillaciones y abusos. Un país que no desarrolla su energía y su industria es presa fácil, además, de la prostitución, trata de personas y del casi incontrolable narcotráfico. Tampoco es lícito cerrar caminos al desarrollo con el uso descontrolado de la palabra extractivismo, cuyos límites no están bien definidos.
Cada país busca resolver sus problemas con los medios de que dispone. España, por ejemplo, está impulsando la explotación del contaminante fracking, por que considera que peor que el fracking es el uso del carbón en su industria. Angela Merkel ha autorizado la reapertura de minas de carbón, a fin de paliar los índices de desocupación en Alemania. La forma en que China maneja el tema de la contaminación es un escándalo.
¿Significa lo anterior que debemos ser indiferentes frente al cambio climático y la contaminación ambiental? De ninguna manera. Bolivia debe abogar porque cada país disminuya la contaminación en proporción a su actividad contaminadora. Lo que no es correcto es que se nos apliquen índices de contaminación per cápita, de los que resultan que los 10 millones de bolivianos causamos más contaminación que los casi 2.000 millones de chinos. Es tiempo de constatar que países débiles como el nuestro no combatirá el daño ambiental con más debilidad. Por el contrario, sólo potenciándonos y agrupándonos en entidades como el MERCOSUR y la CELAC crearemos mejores condiciones para salvar al planeta de la irracional sociedad de consumo de las potencias industriales.
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