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Enjuiciar a los expresidentes

Fuentes: Cambio de Michoacán

No tengo duda alguna de que varios de nuestros ex presidentes de la República merecerían ser puestos en un banquillo frente al poder judicial y pagar con penas privativas de libertad por sus abusos de poder cuando estuvieron en el cargo.

Peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desincorporación ilegal o amañada de empresas estatales, violaciones graves a derechos humanos por los órganos del Estado, como asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros, forman parte del repertorio de delitos en los que casi todos ellos han incurrido durante su mandato. En otros muchos países como la Argentina, Perú, Brasil, Ecuador (ahora se ha sumado Colombia, con el encausamiento a Álvaro Uribe), por sólo hablar de los de nuestra región continental, antiguos gobernantes han sido procesados por delitos diversos y han purgado penas de privación de la libertad.

En México no sería la primera vez que eso ocurriera. En 2002 y 2006 ya el ex presidente Luis Echeverría Álvarez fue consignado por su posible responsabilidad en las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, y se le llegó a decretar prisión domiciliaria, si bien fue luego absuelto por una segunda instancia jurisdiccional.

El tema de la posible consignación judicial a nuestros ex jefes de Estado ha vuelto al debate nacional, a los medios y a las redes sociales, como era inevitable, por la denuncia de hechos presentada por el también testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Éste señala en su amplio escrito dirigido al ministerio público federal a su antiguo jefe Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda en el sexenio anterior, Luis Videgaray Caso, como quienes le ordenaron tratar con la constructora brasileña Odebrecht un soborno de seis millones de dólares destinados a la campaña del PRI y Partido Verde de 2012, de los cuales, esa firma habría entregado cuatro millones que sirvieron para pagar a asesores extranjeros en ese proceso electoral. Una parte de esos ilegales ingresos —siempre según Lozoya— sirvió también para comprar los votos de legisladores del PAN y el PRD durante los procesos de discusión y aprobación de las reformas peñistas, bautizadas como “estructurales”, señaladamente la petrolera.

Pero también la denuncia de marras señala el caso del contrato del gobierno de Felipe Calderón con la misma corporación brasileña para la construcción y venta de gas de Pemex a precio muy rebajado (gas que incluso era importado a precios internacionales), al construirse la planta de polímeros Etileno XXI. No deja de señalar, asimismo, a Carlos Salinas de Gortari como quien “cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa Trese más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima. Al enterarme de los detalles —agrega—, resultó que en dicha plataforma habrían fallecido trabajadores por una explosión motivada por la falta de mantenimiento que debió dar dicha empresa…”.

Pero más allá de esas delaciones de Lozoya, diversos reportajes e investigaciones de Ana Lilia Pérez, Jesusa Cervantes, Anabel Hernández, Álvaro Delgado, Carmen Aristegui y varios más que es difícil enumerar aquí, han puesto con anterioridad ante la opinión pública el involucramiento directo de al menos esos tres ex presidentes —Salinas, Calderón y Peña— en actos de corrupción. Menos se habla ahora, aunque no hay que dejar de señalarlas, de las violaciones a derechos humanos, que también están presentes en los tres casos y en las que podrían tener responsabilidad los ex gobernantes.

Pero para la mayoría de los mexicanos el tema no ha de ser si se encausa o no a tan ilustres personajes, sino cómo. En sus cotidianas conferencias de prensa el presidente López Obrador ha salido, no sin evidente provecho político, a hacer declaraciones al respecto. Ha insistido en los días recientes en que para enjuiciar a los ex presidentes lo conveniente es realizar una consulta pública, y ha llegado a hacer la falaz afirmación de que éstos cuentan con fuero.

El artículo 108 de la Constitución General de la República, que ya no contiene el término “fuero”, sólo habla de los casos únicos en que el presidente en funciones puede ser procesado: “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Y si, como lo afirma falsamente AMLO, los ex presidentes tuvieran fuero, el artículo 74 fracción V de la propia Constitución establece como exclusiva de la Cámara de Diputados la facultad para “Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución”. Los artículos 110 y 111 se refieren al juicio político a funcionarios y representantes populares por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo. Pero, nuevamente, no entran en ese supuesto los ex presidentes de la República. No hace este ni ningún otro ordenamiento jurídico referencia a ellos, de manera que no hay impedimento para su enjuiciamiento por delitos del orden común o federales conforme a los códigos penales o de procedimientos correspondientes.

El tema de la consulta, pues, ha sido introducido artificialmente en el debate nacional, sin ser procedente. El artículo 35 de la propia CPEUM establece los procedimientos para que las consultas populares sean vinculantes: “1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) El Presidente de la República; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión […]. Pero también establece ese mismo artículo los impedimentos a la realización de tales consultas: “3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

Previo a la organización de la consulta, entonces, su materia debe ser validada por la SCJN, lo cual, en la forma hoy planteada, no procedería, pues se pretende, de manera genérica, avalar mediante la participación de los ciudadanos, una acusación abstracta contra los ex presidentes, que vulneraría uno de sus derechos humanos, la presunción de inocencia.

Sin embargo, falsamente, el presidente insiste en la necesidad de realizar ese ejercicio de participación ciudadana antes de colocar a los ex mandatarios ante los órganos de justicia. Y en los días recientes han surgido iniciativas al interior del partido de gobierno, Morena, y desde fuera de éste, para realizar campañas de firmas que, pretendidamente, tendrían el propósito de enjuiciar a esos antiguos funcionarios. Uno de los formatos para recabar suscripciones que han comenzado a circular se encabeza, por ejemplo: “Campaña Nacional de Recolección de firmas para enjuiciar a los Ex Presidentes de México Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por el Saqueo de Nuestros Recursos Naturales y Traición a la Patria”. Así. Además de aplicar a todos los mencionados el mismo rasero, no se refiere ningún hecho concreto de “saqueo de recursos naturales” o que configure la “traición a la patria”. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con la complicidad de quién? ¿En beneficio de quiénes? ¿Qué delitos se configuraron? Todo queda a la imaginación particular de cada uno de los que estampen sus datos personales y su firma en esta campaña; cada quien lo interpretará a su modo sin aportar ningún dato adicional.

Ni la campaña de firmas ni la planteada consulta tendrán, por consecuencia, efecto alguno en términos jurídicos, penales o de juicio político, ni podrían ser tomadas con seriedad por la Corte o el poder Legislativo. La única forma de colocar a nuestros aborrecidos ex gobernantes ante un tribunal de pleno derecho es la de acudir a presentar ante la Fiscalía General de la República una o más denuncias de hechos constitutivos de posibles delitos, y aportar las pruebas correspondientes, para que esa institución arme las carpetas y proceda a realizar las investigaciones procedentes, sin perder nunca de vista los periodos en que tales delitos pudieran haber prescrito (lo que sería muy probable en los casos de Salinas, Zedillo y Fox). Eso ya ha ocurrido antes, en materia de violaciones a derechos humanos —materia que, al parecer, no está incluida en esas toscas iniciativas acusatorias—, lo que ha llevado al Estado mexicano al papel de acusado ante cortes internacionales, como la Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente López Obrador no puede ignorar todo lo anterior. Pero sigue planteando con total ligereza la supuesta necesidad o conveniencia de una “consulta popular”, a todas luces improcedente. Contradictoriamente, declara también sin tapujos que él no está de acuerdo en que sus antecesores en el cargo sean enjuiciados. ¿Existe el pacto de impunidad AMLO-EPN que se sospecha fue parte del proceso de transición de 2018?

¿Por qué el presidente, entonces, plantea sus tan ambiguas posiciones: que haya consulta para enjuiciarlos; pero yo no quiero que los enjuicien? Creo que hay tres posibilidades.

Una, la política de Pilatos: consultar al pueblo si los señalados han de ser enjuiciados, pero lavarse las manos ante su condena (o, mucho más probable, su no enjuiciamiento). Que el pueblo sabio y bueno decida, y quitarse de responsabilidades.

Dos, a sabiendas de que la consulta o las campañas de firmas no tendrán efecto judicial ninguno, buscar únicamente la sanción moral-popular a la corrupción y crímenes de los señalados, al tiempo que la impunidad en términos estrictamente penales. De hecho, esta intencionalidad ya la ha expresado el presidente: condena moral y “escarmiento” a potenciales o futuros corruptos, pero oposición a que sean juzgados conforme a las leyes penales.

Tres, también muy probable, darle a la consulta y a la campaña para su realización un uso meramente electoral, de cara al inminente inicio del proceso federal 2020-2021 y los comicios locales en una veintena de Estados. Es decir, ligar las figuras de los ex presidentes con las de sus respectivos partidos (PRI y PAN) en medio de los procesos de renovación de la Cámara de Diputados y de gobiernos, congresos y ayuntamientos en una multiplicidad de entidades.

Las tres opciones no se excluyen, por supuesto, y todas ellas pueden estar presentes en la intencionalidad del presidente y en sus confusos posicionamientos. Si fuera otro el objetivo, la aplicación de la ley sin más, la ruta sería muy otra. La Presidencia podría, con seriedad, acopiar las pruebas a su alcance para reforzar las denuncias hasta ahora existentes —la de Emilio Lozoya, destacadamente— o presentar nuevas ante la FGR para iniciar un verdadero proceso de procuración de justicia. Pero por las declaraciones del mismo presidente en sus conferencias, esa vía está descartada.

El asunto en ciernes rebasa con mucho a los ex presidentes como personas o a sus equipos de colaboradores más directos. Como lo ha señalado el ex consejero electoral Alfredo Figueroa en sus participaciones en el noticiero de Carmen Aristegui y en una reciente entrevista con la revista Proceso (2286, 23 de agosto de 2020), de comprobarse que en la campaña presidencial del PRI y el PVEM de 2012 hubo financiamiento de una persona moral, además extranjera, como lo es Odebrecht, ambos partidos podrían ser sancionados con la pérdida del registro electoral. Para ello, el propio Figueroa ha presentado denuncia formal ante el INE desde 2017, que involucra también la elección de ese año en el Estado de México. El expediente Lozoya podría corroborar, ratificar y aportar pruebas de las violaciones al proceso cometidas en la elección de Peña Nieto, y llegar a la conclusión de que ésta fue ilegal.

No sólo la presidencia de López Obrador, sino su partido Morena, más que “juntar firmas” mejor podrían realizar una campaña nacional de recolección de datos precisos de las violaciones en los procesos electorales recientes, pese a que en su momento, en enero de 2013, el entonces IFE validó las elecciones federales desechando las evidencias de rebase de los topes de campaña y de compra de votos por medio de las tristemente célebres tarjetas de tiendas Soriana y del banco Monex.

En realidad, en medio de la crisis económica y la muy grave y letal crisis por Covid 19, el Morena podría organizar muchas otras actividades más productivas y benéficas para la población en ambos campos, que la recopilación de firmas sin destino; pero eso se ve muy difícil en un organismo que vive su propia crisis interna y no tiene iniciativa ni autonomía con respecto de la voluntad presidencial.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH

Fuente: https://cambiodemichoacan.com.mx/2020/08/28/enjuiciar-a-los-expresidentes/

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