La decisión de Transredes (Shell-Ashmore, heredera de Enron) de entregar la ampliación del gasoducto Villamontes – Tarija a la prefectura tarijeña, sin tomar en cuenta al gobierno central, demostró, una vez más, que la citada empresa impulsa la fragmentación de Bolivia, tema que se comenta a nivel mundial. Frente a esta situación, el Presidente Evo […]
La decisión de Transredes (Shell-Ashmore, heredera de Enron) de entregar la ampliación del gasoducto Villamontes – Tarija a la prefectura tarijeña, sin tomar en cuenta al gobierno central, demostró, una vez más, que la citada empresa impulsa la fragmentación de Bolivia, tema que se comenta a nivel mundial. Frente a esta situación, el Presidente Evo Morales hizo lo mínimo que podía hacer: Decretar el traspaso al Estado de las acciones de la empresa transportadora de hidrocarburos, por las que se pagará lo que corresponda.
Así parece terminar la presencia de la Enron, que, en nombre propio y de sus herederas, marcó un hito de corrupción en suelo boliviano. Recuérdese que la Enron, al declararse en quiebra, el 2-XII-01, fue calificada como una de las empresas más corruptas en la historia non santa de EEUU. La Enron llegó al país al amparo del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), a fin de acelerar la liquidación de YPFB. A los pocos meses de posesionarse en el cargo, GSL firmó con la Enron (julio de 1994), un «memorando de entendimiento» para construir el gasoducto Bolivia-Brasil.
Petrobrás, al anunciar que financiaría los 300 millones de dólares que requería la obra, en la parte boliviana, pretendió dejar fuera del negocio a la Enron. GSL se negó a aceptar el crédito aduciendo que no podía pagarlo. Petrobrás respondió que aceptaría el pago en gas natural. En ese momento, GSL reemplazó a YPFB, que debió quedar como propietaria del gasoducto en territorio nacional, por la compañía estadounidense.
Enron, convertida después en parte de Transredes, incentivó actos oprobiosos. El vicepresidente aymara, Víctor Hugo Cárdenas, promulgó el decreto que aprobaba el ilegal contrato con la petrolera, debido a GSL estaba en EEUU. Los más altos ejecutivos de YPFB, Arturo Castaños y Hugo Peredo, aparecieron trabajando en Petrobrás. El Superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, no exigió que se instalara una planta separadora de líquidos, lo que hizo que Brasil se beneficiara con el gas húmedo que recibía en forma adicional y gratuita. No se conocieron protestas del directorio de YPFB, integrado también por el economista Gonzalo Chávez. Transredes «prestó» a uno de sus directores, Carlos Kempff Bruno, para que sea Ministro de Jorge Quiroga, para luego recuperarlo.
Transredes desplegó millonarias campañas en radios periódicos y televisoras, en las que, mediante hábiles programas («campaña del buen conductor»), compró el silencio o la complicidad de otrora aguerridos periodistas, además de políticos y dirigentes cívicos, en especial de Santa Cruz. Las auditorias estatales a las petroleras demostraron que Transredes incumplió compromisos de inversión y que hizo exportaciones irregulares, además de extraños desembolsos que coincidían con gastos en banderas, pasacalles, camisolas y juegos artificiales para la realización de concentraciones, marchas y cabildos, cada vez más agresivos en contra del Estado nacional.
Quienes sirvieron a la Enron dicen ahora que la nacionalización «atenta contra la seguridad jurídica» y que «no habrán nuevas inversiones», sin mencionar la forma en que Bolivia quedó sin seguridad jurídica para evitar que sea astillada por el poder transnacional y sus empleados. Si Evo Morales reorganizara YPFB de manera efectiva, si abandona su política rentista, si deja de desembolsar préstamos a transnacionales y Bancos extranjeros y si congela la consigna de dividir a Bolivia en 36 naciones originarias, habrá encontrado el camino para conducir al país por la senda de la «revolución democrática» que proclama.