«Hay que ganar las elecciones». Es la frase más escuchada hoy en los ambientes gubernamentales y en las reuniones de organizaciones sociales del campo popular. Pero tan importante como fijar ese objetivo político (el triunfo en las urnas) es también plantearse «cómo ganar» y «para qué ganar»; la cuestión primera nos remite al bloque […]
«Hay que ganar las elecciones». Es la frase más escuchada hoy en los ambientes gubernamentales y en las reuniones de organizaciones sociales del campo popular. Pero tan importante como fijar ese objetivo político (el triunfo en las urnas) es también plantearse «cómo ganar» y «para qué ganar»; la cuestión primera nos remite al bloque político, la segunda al programa.
Fue un acierto estratégico del Gobierno orientar sus acciones a la reunificación de los sectores campesino-originarios, obreros y urbano-populares que gestaron este proceso de transformaciones allá por el año 2000, cuando en Cochabamba surgió la «Coordinadora de defensa del agua y la vida», primera expresión orgánica del Bloque Social Revolucionario (BSR) emergente. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB), en una muestra de madurez ideológica, decidió consolidar el reencuentro entre el movimiento obrero y el gobierno de Evo Morales, superando la etapa de distanciamiento y confrontación abierta luego del «gasolinazo» del 2010. No faltaron las voces de ultraizquierda que reclamaron independencia de clase a la dirigencia cobista, olvidando que tal independencia debe darse contra los gobiernos de la burguesía que protegen los intereses del imperialismo norteamericano, por lo que no puede aplicarse a un gobierno de los movimientos sociales, antiimperialista y cuyo presidente está afiliado a la COB.
Como se constató en la multitudinaria marcha (la más grande en muchos años) del 1 de mayo en La Paz, el reencuentro ha fortalecido a la entidad matriz de los trabajadores, pero también ha permitido ampliar la base social de respaldo al proceso, sumando al núcleo histórico de campesinos e indígenas la incorporación de mineros, fabriles, petroleros, constructores, gráficos, maestros y salubristas. Al mismo tiempo consolidó la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) en la que confluyen cooperativistas, gremialistas, transportistas, artesanos y juntas de vecinos. La nueva correlación de fuerzas al interior del BSR, con decisiva presencia obrera, puede poner en crisis al aparato político del Movimiento al Socialismo (MAS) si es que no vuelve a actuar como lo que originalmente fue: el instrumento político de los movimientos sociales.
Ahora que tanto se especula en algunos medios de comunicación sobre la unidad -lograda o deseada- de los partidos de oposición, el dato político más relevante del momento es la reconstitución de la unidad campesina, obrera y popular para respaldar a Evo y la profundización del proceso de cambio en Bolivia.
La construcción programática
Cuando hablamos de programa nos referimos a la concreción en el plano de las políticas públicas de un horizonte estratégico. Por tanto, primero hay que definir ese horizonte y para hacerlo es útil preguntarse: ¿cuál será el modelo económico, social y político post-neoliberal?
La respuesta no es el modelo de economía plural ya que este planteamiento -contemporizado con la derecha en la Asamblea Constituyente- es conservador del actual orden de cosas y a lo más que puede llevar su aplicación es a un «capitalismo de base ancha». No es casualidad que la burguesía formalmente establecida, así como los nuevos burgueses que anidan, por dar un ejemplo, al interior del cooperativismo minero, acudan al argumento del pluralismo económico cuando se trata de defender sus intereses vinculados a la acumulación del capital.
El planteamiento que el BSR, expresado políticamente por la bancada del MAS, defendió en la Asamblea Constituyente fue el «Modelo económico social comunitario para vivir bien», que requiere del fortalecimiento del pilar económico estatal a través de nacionalizaciones o estatizaciones en sectores estratégicos para, una vez logrado el control del excedente económico, transferir una parte del mismo hacia las formas económicas sociales y comunitarias. Este modelo está incorporado en varios artículos de la nueva Constitución Política del Estado, pero su implementación todavía está en ciernes.
Otros aspectos medulares del programa de gobierno son la erradicación de la pobreza y la redistribución de la riqueza. Ambos son ahora planteados como expresiones de un «progresismo» prevaleciente en la gestión gubernamental. Y no es que me oponga a esos postulados, sino a que se los pretenda diseñar como políticas públicas que no plantean superar el sistema capitalista dominante en nuestro país, que ha dejado de ser un sistema nacional y se vuelve cada vez más globalizado, fundamentalmente por la creciente exportación de materias primas. Siendo el capitalismo generador de pobreza (absoluta o relativa) en un polo y de acumulación de riqueza en el otro polo, no es posible la eliminación estructural de la pobreza si no se plantea al mismo tiempo la lucha contra la concentración de la riqueza. Es así como el discurso anticapitalista y anticolonialista se traducirá en práctica transformadora desde el gobierno.
Un acápite especial merecen las empresas nacionalizadas. Si esas nacionalizaciones se limitan a un cambio del régimen de propiedad, que pasa de ser privada a pública, pero no se pone interés en transformar las relaciones sociales de producción al interior de dichas empresas, sólo se estará incubando un capitalismo de Estado que, a la larga, revertirá las transformaciones mismas. A quienes consideran que es imposible avanzar en este tipo de cambios, les invito a analizar la experiencia de la Empresa Nacional Textil (ENATEX), resultado de la nacionalización de Ametex cuyo propietario (Marcos Iberkleid) incurrió en prácticas fraudulentas y acumuló gran cantidad de deudas por lo que salió del país. El gobierno tomó la valiente decisión de preservar las fuentes de empleo de 1700 obreros textiles, sin asumir las deudas privadas del empresario, ampliando la escala de operaciones productivas y logrando importantes avances en los derechos laborales, ¿quién dijo que el Estado es un mal administrador?
Estos temas deben ser debatidos, mucho más ahora que la reconstitución del Bloque Social Revolucionario abre las puertas para que el proyecto socialista de la clase obrera se conjugue con el proyecto comunitario de las naciones originarias.
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