La centralidad porteño-bonaerense, que tiene la Argentina, se consolida y eso se verifica en muchos, grandes y pequeños acontecimientos, de la vida nacional. Los datos del Covid-19 no podían ser ajenos a esa misma realidad.
Los números de contagiados y fallecidos producto de este coronavirus lo confirman, mostrando de qué modo este virus corrió el velo que cubre la realidad.
Allí, en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires), reside bastante menos del 50% de la población pero hay un 91% del total de contagiados y un 86% de los fallecidos. Eso explica el recurrente protagonismo del gobernador de la Provincia de Buenos Aires y del Jefe de Gobierno porteño, junto al Presidente de la Nación, para ofrecer informes y planes sobre la evolución de esta peste.
El hacinamiento que supone el gigantismo del AMBA se hizo sentir con motivo de este coronavirus: esos complejos habitacionales de escasos espacios son el mejor lugar para la rápida trasmisión del virus. En este sentido lo que es conocido como nuestras “villas” -con sus angostos pasillos- y los complejos habitacionales son los lugares ideales para los veloces contagios.
Este proceso, de concentración de casos que afecta a las condiciones sanitarias, forma parte del mismo fenómeno por el cual se sigue alimentando un gigantismo urbano en unos pocos territorios. Es una situación a la cual la dirigencia del país no encuentra (o no quiere encontrar) salida.
Sigue en pie esa tendencia de que, en lugar de promover políticas de desconcentración, sigue apuntalando una perspectiva de mayor concentración, asentada en los intereses cercanos al puerto y la administración estatal, atentando contra la unidad y equilibrio de lo que todavía se denomina Argentina. La prueba de lo dicho los encontramos en dos cuestiones centrales. Una está ligada a la historia de cómo se conformó el país y la otra a medidas político-administrativas de los gobiernos centrales de los últimos años.
En este sentido, muchos de los históricos privilegios del área del AMBA, particularmente de la Capital Federal, en materia de los valores a pagar por los servicios de agua, cloacas, energía, transportes y combustible, encuentran su explicación en los subsidios que reciben. Ellos son aportados por todos los argentinos residan o no en esa zona. Este es solo un ejemplo explicativo de tales “beneficios” que responden a conveniencias políticas de diferentes gobiernos, de distintos signos políticos.
El otro dato de la realidad tiene que ver con la publicación de las transferencias no participables giradas por el gobierno central durante el primer semestre de este año.
La provincia de Buenos Aires, donde reside el 38,9% del total de la población argentina, recibió el 52,1% de tales transferencias. Le siguió Córdoba que, con el 8,3% de la población y la que sigue a Buenos Aires en volumen de población y transferencias, recibió –casi diez veces menos- solo el 5,3% de los fondos transferidos. Santa Fe con el 7,8% de la población recibió el 4,2% de las transferencias y Mendoza con el 4,4% de la población acusó recibo del 2% de lo enviado.
“Francamente: no creo en los planes económicos”
Le dijo Alberto Fernández a periodistas del Financial Times, un periódico británico especializado en temas de economía. Pensó que, de ese modo, podría sortear la presión de los bonistas que le preguntan por el plan que les garantice que va a pagar lo que firme. Lo que el Presidente no tuvo en cuenta, es que no tener plan es un plan.
De ese modo no corre el riesgo de tener que desdecirse pero acepta el desafío de ser una hoja al viento de las presiones de adentro y por fuera del gobierno. Transformar esa forma de pensar en un modelo a seguir es otra de las cuestiones que abonan nuestras frustraciones como sociedad.
Con sus indefiniciones a cuestas, Alberto sigue navegando en medio de los dos grandes problemas que viene arrastrando (deuda y Covid-19), que son como topes para que pueda “arrancar” la economía. A esas dificultades se le ha agregado, en estos últimos tiempos, las contradicciones y cruces dentro del propio gobierno.
La “deuda eterna” con el repetitivo minué (de la “última oferta”) entre gobierno y bonistas hace que este tema, pasados casi cuatro meses de la fecha “final” prevista (31 de marzo) para su arreglo, sigue estando allí. Los acreedores, sabedores que se trata de una deuda “ilegitima e impagable”, procuran lograr –lo más inmediatamente posible- los máximos beneficios.
El desarrollo del Covid-19 era la carta fuerte que tenía el gobierno para mostrar su eficacia. El duro manejo inicial le dio tiempo para reequipar al destruido sistema de salud. La continuidad de las cuarentenas y controles “cansó” a la sociedad y ahora, en los momentos más críticos, resulta casi imposible imponer muchas restricciones a la circulación de las personas. Todo ello atenta contra un buen control de esta enfermedad.
En momentos que todos esperan que las cuestiones económicas ocupen el centro de la agenda del gobierno ,toman cuerpo las cuestiones internas que hacen difícil un “arranque” imprescindible.
Cuando, a pesar de estos días fríos, el calor del clima social inunda los salones de la residencia presidencial, el Presidente dijo, el pasado viernes, que en los próximos días “anunciará más de 60 medidas para empezar a construir un futuro más definido para salir de esta crisis”. Amén.
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)