A medida que el calendario electoral en México se aproxima al día principal, resulta cada vez más claro el escenario de la competencia electoral junto a las jugadas del aparato estatal dominado por el Ejecutivo. El jueves 7 de junio ocurrió una especie de punto de inflexión en la competencia electoral. A poco más de […]
A medida que el calendario electoral en México se aproxima al día principal, resulta cada vez más claro el escenario de la competencia electoral junto a las jugadas del aparato estatal dominado por el Ejecutivo.
El jueves 7 de junio ocurrió una especie de punto de inflexión en la competencia electoral. A poco más de tres semanas de la elección presidencial y legislativa del 1º de julio, se agudizó la competencia -de por sí marcada por los altos niveles de violencia, con más de 110 asesinatos, la campaña de «guerra sucia», los furiosos ataques de la oligarquía local y trasnacional al candidato de centro-izquierda, las repetidas violaciones a la ley electoral, etc., etc.-. El motivo de la nueva crispación se ha debido a que el gobierno en turno terminó por optar -de entre varias cartas- por la vieja tradición del «videoescándalo político». Esto para incriminar, en sus ya conocidas maniobras de lavado de dinero, al corrupto candidato de la derecha más conservadora Ricardo Anaya (RA), en segundo lugar en la intención de voto con 24 puntos, y quien abandera la coalición «Por México al Frente» por los partidos PAN-PRD-MC.
Es evidente que la nueva ofensiva del Ejecutivo, en manos de Enrique Peña Nieto (EPN), resguarda dos cartas bajo el brazo: 1) pulverizar a Ricardo Anaya para buscar sumarle sus votos a su propio candidato, José Antonio Meade (JAM), de la coalición «Todos Por México» (PRI-PVEM-NA), que hasta ahora marcha en tercer lugar con una intención de voto de 20 puntos, según la mayoría de las encuestas; 2) obligar a Ricardo Anaya (bajo la amenaza judicial) a un pacto oligárquico de facto con la declinación de éste por el candidato de EPN y del mismo bloque en el poder.
Hay que subrayar que los dos juegos en proceso, tienen por objetivo pretender imponerse sobre el candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición «Juntos Haremos Historia» (MORENA-PT-PES), líder en todas las encuestas con una intención de voto que rebasa los 50 puntos. Lo común en ambos juegos del poder es que, en el supuesto que funcionara con éxito uno u otro, las dos acciones son insuficientes para imponerse sobre AMLO, lo que arrastra al Ejecutivo a profundizar el conjunto de operaciones del Fraude Electoral a disposición del aparato electoral del partido gobernante (PRI) -caracterizado precisamente por su dominio en estas «artes» por casi un siglo-, y así imponerse sobre el electorado.
La primera carta, es decir, la destrucción de RA, supondría un acontecimiento inédito: expresaría la cancelación (coyuntural) de una alianza sistémica establecida entre los principales administradores del régimen de partidos de Estado, es decir, la anulación (temporal) de la histórica alianza entre el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), con la cual se ha sustentado el ciclo político neoliberal en México por más de tres décadas. El ataque a RA y al desplome del PAN, significaría un split definitivo en la coyuntura actual al interior de la tradicional alianza del PRIAN.
Más allá de que se concrete dicho split, -el día de hoy el régimen político fluctúa hacia estas opciones- hay que reconocer su seria posibilidad. Y es que, el aparato de Estado, al estar situado en manos de una clase estrictamente distinta a la clase capitalista y a los grupos empresariales, permite que se puedan habilitar estas fisuras al interior de los administradores o mantenedores del aparato estatal. No se debe olvidar que hay comúnmente en todo Estado capitalista, un grado de «autonomía relativa» entre el aparato de Estado, su personal de Estado y las clases dominantes. Existen así, distintas mediaciones por la cuales las clases dominantes ejercen su hegemonía política en el seno del aparato de dominación estatal.
El principal impacto en esta fractura política reside en el debilitamiento del bloque neoliberal, pues asumen el riesgo de no lograr el «traspaso» de votos de RA al candidato oficialista, aunque hay que señalar que muy posiblemente el voto duro de RA es un voto anti-AMLO. De cualquier modo, el split político, al golpear a RA, podría permitir un ascenso del candidato del capital financiero (JAM), quien es conocido como «el padre de los gasolinazos», y por lo mismo, del empobrecimiento de la población y de la defensa del capital financiero, en su reciente paso por la secretaría de Hacienda.
Sobre la segunda carta, referida al establecimiento de un pacto oligárquico de facto, habría que señalar que sería el escenario más favorable para las fuerzas del régimen neoliberal autoritario y excluyente. El propio Diego Fernández de Ceballos, «asesor legal» del equipo de Ricardo Anaya, lo deja entrever cuando señala este lunes (11 de junio): «para nosotros, cualquier opción será mejor, o menos mala, que entregar el país…» (Ver, https://www.proceso.
Es de hacer notar que, desde el jueves 7 de junio que se presentó el escándalo nacional mediante el video contra RA, mientras se calcula y opera la mejor carta desde las alturas, la clase empresarial, por vez primera en la campaña electoral, se ha agazapado. Muestra un silencio sintomático, seguro en espera de las acciones del Estado y de la definición de los golpes de mano del Ejecutivo que marquen la pauta para la entrada de la segunda voz.
No todo se ciñe exactamente por la economía, como se observa con las contradicciones y fisuras al interior del régimen político. Sin embargo, la grave crisis de legitimidad, la inestabilidad política, el endurecimiento autoritario del Estado, sus pronunciados rasgos de militarización, la crisis y agotamiento de la democracia -rasgos principales del México actual- están permeados por la gran concentración de riqueza, los excesos fuera de toda lógica de la explotación generalizada de los trabajadores, ligada a sus condiciones de pobreza alimentaria y escasas o nulas condiciones de protección y seguridad laboral. La acentuación de estas condiciones incide en el auge de la marea Morenista, lo que a su vez lleva al agravamiento de la forma oligárquico-autoritaria del Estado mexicano. En este sentido, se pone de relieve el hecho de que, la contienda electoral, al colocarse como una disputa por o en contra de la dinámica neoliberal en la conducción del Estado y la política económica y social, está situada sobre bases de un conflicto de clase profundo.
Ante el encaminamiento manifiesto de un nuevo Fraude nacional, quien puede defender el voto son las bases sociales que respaldan a AMLO, precisamente las mismas bases populares que pueden incidir e impulsar cambios sustantivos que trasciendan la propia debilidad del programa de centro-izquierda neodesarrolli
Con más de 50 puntos de ventaja, el abanderado de MORENA y su enorme marea de simpatizantes, pelean contra la historia. La ironía sería que lo hacen para darle continuidad.
Nota:
[1] Para nuestra crítica al programa de MORENA y de AMLO, ver, «El nuevo desarrollismo progresista en México», https://www.lahaine.
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