Tardará dos meses más de lo calculado, pero al final, según las recicladas previsiones oficialistas, el gobierno tendrá aprobada hacia enero o febrero próximos la nueva CPE, y con ella las elecciones generales que, a mediados de año, le otorgarán un mandato de aplastante mayoría constitucional ante una oposición que no se resigna al ejercicio […]
Tardará dos meses más de lo calculado, pero al final, según las recicladas previsiones oficialistas, el gobierno tendrá aprobada hacia enero o febrero próximos la nueva CPE, y con ella las elecciones generales que, a mediados de año, le otorgarán un mandato de aplastante mayoría constitucional ante una oposición que no se resigna al ejercicio de una minoría democrática.
El costo a mediano plazo es, según esos mismos cálculos, dejar que algunas fracciones del antiguo régimen compartan el control del Estado, aunque asignándoles el rol que les corresponde por su actual 33 por ciento y el que logren a futuro.
Pero ese papel es, precisamente, uno que los opositores no se muestran dispuestos a aceptar, de acuerdo a los términos de la pulseta en que los bandos se hallan sumergidos y a las ambiciones de la derecha, que se resiste a perder espacios de poder
Por lo pronto, mientras en la superficie se multiplican las «tomas» de oficinas gubernamentales, bloqueos, atentados y agresiones de la oposición, la «marea azul» de los movimientos sociales, casi repuesta de sus recientes errores, rebasa ahora los términos procedimentales en que la Corte Electoral la estaba ahogando, y se desplaza hacia el ámbito congresal donde la virulencia de la oposición parlamentaria parece menos funesta que las bandas armadas de los prefectos de la derecha racista.
«El tema de la nueva Constitución y el referendo ha pasado al Congreso», anunció al concluir la semana el vicepresidente Alvaro García, al tiempo que se tejía una serie de versiones sobre el eventual canje, con el bloque parlamentario de derecha, del referéndum aprobatorio de la nueva CPE por designaciones en la Corte Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
Las negociaciones y probabilidades se mantenían en reserva, pero el oficialismo confiaba en el voto de cuatro senadores opositores y otros 19 diputados abiertos a la concertación, con los cuales conseguiría convertir en ley aceptada, la convocatoria al referéndum aprobatorio de la nueva CPE.
Pese a la prudencia de los plazos, las transacciones en curso podrían ser incluso adelantadas dada la urgencia de las decisiones.
SALVAVIDAS, MIENTRAS TENGA AIRE
Tres simples cartas de una aparentemente «debil» Corte Electoral encabezada por dos vocales, uno de ellos designado por el presidente Evo Morales, ahogaron la convocatoria oficial para una cuádruple consulta destinada a dirimir, el 7 de diciembre, el tamaño de los latifundios, el destino de la Carta Magna de Oruro, los nombres de los nuevos prefectos en La Paz y Cochabamba y la suerte de 279 cargos de elección popular, entre subprefectos y consejeros departamentales.
La Corte sostuvo que no estaba en condiciones de administrar ni ejecutar estos comicios por insuficiencia de ordenamiento legal.
Si es «insuficiente o hay limitaciones o imposibilidad de aplicar o cumplir el decreto, el siguiente paso obligatorio es la ley», explicó el Vicepresidente confirmando al recurrencia a un salvavidas parlamentario que le permitiera escurrirse hacia espacios menos asfixiantes, allí, dijo, donde «hay una mayoría política que hará valer su apoyo a través de decretos y leyes en cumplimiento de la Constitución».
Su conmilitante, el senador Felix Rojas dijo que las trabas de la CNE sólo eran «inconvenientes menores» y que la táctica era ahora confirmar el respaldo de 19 diputados y cuatro senadores adscritos a la fracción «democrática» de la oposición congresal.
Al frente del Ejecutivo, la superficie parlamentaria se mecía en calma y esperaba acuerdos para fin de mes, luego que la comisión encargada de seleccionar los titulares de nueve importantes cargos estatales prolongara sus sesiones hasta el martes 16, cuando vuelva a estar en juego la selección de un Fiscal General, un vocal de la Corte Suprema y dos de la CNE, además de cinco titulares y cuatro suplentes en el Tribunal Constitucional.
El senador opositor Carlos Borth, dijo que oficialistas y opositores están obligados a consensuar una ley para los referendo constitucional y dirimidor, como última oportunidad para «salvar la imagen del Congreso». Las negociaciones devolverían a Tuto Quiroga el puesto de líder de la oposición, ante la ultraderecha de los prefectos que amenaza con incendiar el país.
LA DERECHA MAS RABIOSA
«Nadie está muriéndose por las designaciones. Más importante es la modificación de la CPE», dijo a la prensa, más receloso por los efectos del nuevo ordenamiento, otro senador podemista, Roger Pinto, advirtiendo que no habrá avance en las designaciones mientras no se cambie la CPE aprobada en Oruro.
Contra el modelo neoliberal de la derecha vigente durante casi toda la historia de Bolivia, la nueva Constitución por socialista, preserva los derechos de los pueblos indígenas y originarios y la explotación de los recursos naturales a favor de los bolivianos antes que de las transnacionales.
La diferencia de opiniones mostraba dos tendencias conservadoras: la moderada y la ultra, esta última conformada por un grupo de latifundistas y agroempresarios que encabezados por Branco Marinkovic y el prefecto Rubén Costas en Santa Cruz han logrado, con apoyo de los consorcios mediáticos, una base social de aristas delincuenciales y bandas de matones que intimidan y humillan a los disidentes y están asaltando las instituciones estatales.
Las diversas facciones coinciden en rechazar el modelo propuesto por la nueva Constitución, que reduce el aplastante control que sobre el estado y la economía del país ejercieron desde la fundación de la república. Sin embargo, sectores moderados, como los que representa el senador Borth, ven factible no la redacción de una nueva Constitución, sino modificaciones a la aprobada en Oruro.
Los masistas por su parte han admitido la posibilidad de discutir cambios en su texto constitucional, que con el reciente referéndum ratificatorio del Presidente alcanzó los dos tercios de respaldo popular, un requisito largamente exigido por los opositores durantes las sesiones de la Asamblea Constituyente, donde los votos oficialistas bordeaban escasamente el 66 por ciento.
Al retornar al país, el presidente Morales denunció que la toma violenta de oficinas gubernamentales formaba parte de un «golpe civil» y llamó a la población a la unidad en defensa de la patria.
Sobre las demandas populares de aplicar el estado de Sitio para contener los desmanes de los grupos exaltados, el mandatario proclamó también que el régimen constitucional preservará el Estado de derecho y empleará los recursos establecidos por la Carta Magna para el ejercicio de su gobierno.
La tensión parecía bajar al terminar la semana, pese a la escasez de combustibles y la amenaza de desabastecimiento de productos básicos en regiones orientales y del Chaco afectadas por los disturbios de la derecha. La misma Fexpocruz, orgullo de los empresarios orientales que mueven con ella 117 millones de dólares, estaba en riesgo de ser cercada por los movimientos sociales.
En el frente oficial, para disgusto del gobierno, el embajador norteamericano Philip Goldberg volvió a reunirse con un líder opositor, en este caso la prefecta de Sucre. Igualmente, diplomáticos de la Unión Europea mantuvieron contacto con jefes adversarios del régimen constitucional, e incluso el presidente Lula da Silva, ante la amenaza de cierre de válvulas de exportación de gas a Brasil dijo: «Si fuera necesario, estoy dispuesto a tener contacto con los gobiernos regionales bolivianos».