Es prudente especular sobre el conflicto en Potosí caracterizándola como Cívica – Política y considerando dos ejes de análisis. El primer eje debe mantener la certeza de que los movimientos sociales y la ciudadanía en Potosí fueron movilizadas con demandas legítimas (demandas postergadas a lo largo de los últimos años), y el segundo eje reconociendo […]
Es prudente especular sobre el conflicto en Potosí caracterizándola como Cívica – Política y considerando dos ejes de análisis. El primer eje debe mantener la certeza de que los movimientos sociales y la ciudadanía en Potosí fueron movilizadas con demandas legítimas (demandas postergadas a lo largo de los últimos años), y el segundo eje reconociendo la acción y presencia de fuerzas político partidistas mimetizadas en los debates y deliberaciones orgánicas para direccionar las movilizaciones hacia objetivos particulares y concretos.
¿Cuáles son los componentes de estos dos ejes de análisis?
Un componente que estampa el debate mediático, en todo el tiempo que duró el conflicto, es que el equipo de ministros que asumió la responsabilidad de negociar en representación del Gobierno Central miró el componente político y centró su análisis en el caso de suspensión del alcalde René Joaquino y la acción de sus seguidores. Es innegable que la irrupción violenta de partidarios de René Joaquino durante la sesión del Consejo Municipal del 27 de julio obligo al equipo ministerial a centrarse en este hecho que a voces tuvo el fin de evitar la suspensión a la autoridad electa y en consecuencia preparar hacia adelante una serie de acciones improvisadas en rebeldía a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para mantener en el cargo al ejecutivo del Gobierno Municipal.
De las declaraciones del presidente del Comité Cívico Potosino (Comcipo) se sabe que los activistas del Gobierno Municipal de Potosí y seguidores de Joaquino participaron en la movilización mimetizados en las organizaciones sociales y en las demandas del pueblo potosino. De los debates en el Consejo Consultivo Potosinista, es sus determinaciones y condiciones exigidas para abrir el diálogo con el gobierno se recupera que los activistas de Alianza Social (AS), buscaron posicionar una dura defensa de facto para preparar condiciones que justifiquen manifestaciones y actos violentos y evitar la destitución de Joaquino. Esto último no ocurrió y el 18 de agosto, a dos días de los acuerdos entre Comcipo y el Gobierno, el Concejo Municipal procedió a la suspensión del Alcalde que fue protestada en horas de la mañana por un pequeño grupo de mujeres desde una huelga de hambre y que en horas de la tarde fue levantada a sugerencias del propio René Joaquino.
Para marcar líneas estratégicas, si bien, el equipo ministerial tuvo la necesidad de seguir el hilo conductor del análisis político centrado en la suspensión de Alcalde potosino y la resistencia por parte de sus adherentes y militantes de AS, se concluye que este punto de vista fue válido antes del 27 de julio y lo que se dio a partir del 17 de agosto, en el intervalo que comprende estas dos fechas el eje de análisis tendría que haberse caracterizado desde lo cívico y reivindicativo regional, pero eso no lo entendió el equipo ministerial y se movió y razonó dándole continuidad a un hecho meramente político. Solo así se explica la falta de atención inmediata a las demandas de los cívicos y la de los pobladores de Coroma (Tema de límites municipales), el crecimiento acelerado de las movilizaciones y la radicalización de las medidas de presión. Explica además el por qué aquellas organizaciones potosinas que al iniciarse las medidas de presión se oponían y hasta repudiaban las determinaciones del Comcipo, a los dos o tres días fueron protagonistas importantes de los bloqueos, el cabildo y la determinaciones radicales en el Consejo Consultivo. (Juntas vecinales, mineros cooperativistas, ayllus y otros).
En un contexto confuso en sus inicios, el pueblo potosino se movilizó improvisando mecanismos y recursos provistos de su vida cotidiana y en la medida que avanzaba el conflicto y el gobierno negaba y desconocía el valor democrático y cívico del mismo, se generaron las condiciones para que el pueblo asuma la conducción de la huelga indefinida. Entonces el mando el debate y deliberación se posicionó en las calles, las carreteras y los centros de concentración pública. Los dirigentes del Comcipo pasaron a ser rehenes de las masas. Las masas se enfrentaron participativamente al Estado y a toda una estructura ideológica de mando central. Las masas en su avanzada más radical movilizaron e instauraron por una semana un régimen organizado de defensa contra el Estado. Potosí durante la segunda semana de huelga fue «Organización Social» y no Estado, por eso reclamó la presencia y el respaldo del líder y no la representación institucional del Estado. Las masas, cuando repasaron su historia, cultura e identidad, miraron integralmente a «Su Potosí» y potenciaron su facultad organizativa y desarrollaron la capacidad de tomar decisiones con criterio colectivo, esto fue mas allá de lo que pudo imaginar Joaquino, sus seguidores y el Gobierno Central. El salto cualitativo de la movilización a la organización separó la maniobra política de la demanda regional para beneficio del equipo ministerial que vio finalizado toda resistencia a la suspensión de Joaquino.
El pueblo potosino marcó rumbo y agenda en el conflicto, dentro los límites de la democracia participativa y directa y se constató que si el gobierno quiso «disciplinar» a sus votantes, como plantea un analista, el caso no se dio. Igualmente si el gobierno uso la estrategia del desgaste, tampoco le resultó.
Finalmente se tiene que afirmar que el proceso constituyente tiene que ser reconducido desde la propuesta y la acción de las masas para superar las contradicciones de la economía neoliberal y revertir la restauración de la vieja institucionalidad liberal.
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