El proceso de cambio de la matriz económico, político y régimen social boliviana bajo el esqueleto normativo de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) demanda diseñar y proyectar (independientemente de la correlación de fuerzas) acuerdos inevitables (o pactos) para encarar la superación de una compleja estela negativa, que dejó todo un conjunto de movilizaciones […]
El proceso de cambio de la matriz económico, político y régimen social boliviana bajo el esqueleto normativo de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) demanda diseñar y proyectar (independientemente de la correlación de fuerzas) acuerdos inevitables (o pactos) para encarar la superación de una compleja estela negativa, que dejó todo un conjunto de movilizaciones junto a prejuicios, esquemas y slogans publicitarios, construidos y difundidos masivamente (como campaña y no como socialización) a favor o en contra de la aprobación de la nueva CPE en el referéndum del 25 de enero pasado.
Tanto el oficialismo como la oposición cívica-prefectural (en sus niveles de liderazgo o vanguardia institucional nacional) intuyendo y presagiando esta demanda intentan reordenar su actitudes desde una tregua estratégica pero (sobre todo la oposición) juega la carta de controlar movimientos reivindicativos sectoriales (con protagonismo medio) manipulables para atacar el ámbito jurídico de la norma actual (Conflictos en el área educativa, infraestructura hospitalaria, invasión de predios urbanos, toma de tierras y otros) para medir y preparar escenarios favorables que definan una nueva correlación de fuerzas en las elecciones nacionales de diciembre de 2009 y la aplicabilidad de la NCPE
Los conflictos ubicados dentro los que podríamos llamar político-institucionales de impacto sectorial (no solo como continuidad a la promulgación de la NCPE) pueden ser los termómetros que den la alerta para aminorar la polarización o en cambio profundizarla. Al frente se tienen ya (y se tendrán mas) una serie de conflictos pequeños que remplazan ya a los conflictos mayores o de impacto nacional (Asamblea constituyente, referéndum revocatorio y elecciones nacionales) abriendo una nueva configuración de tópicos políticos (gestión política administrativa), que aparentemente pueden dejar en un segundo las mas fuertes diferencias del proceso de cambio de CPE sin embargo aun persiste una demanda de nulidad de la NCPE que puede interpretarse como una actitud de honor y dignidad del derrotado, pero no es así.
Los nuevos conflictos sectoriales no deben entenderse (solamente) como desgajo del conflicto constituyente, (la nueva constitución no está generando nuevos conflictos mas allá de los ya existentes o postergados coyunturalmente), pero tampoco separarlo de la visión proyectada en la NCPE, y sobre todo (en este periodo) de los pasos transitorios para caminar desde la vieja CPE hacia la NCPE. (Elecciones nacionales en diciembre de 2009, regionales, municipales y departamentales en abril de 2010).
Entonces nos encontramos ante dos procesos cuasi independientes (que cuentan con la venia de la oposición); una que intenta profundizar el conflicto sectorial, desde una institucionalidad renovada, (nuevos comités de defensa sectorial) dirigidas a organizar instancias de movilización social en contra de toda gestión gubernamental y la otra que después de actuar al margen de la ley (resistencia civil) se contextualiza políticamente e intenta recuperar desde la tradicional institucionalidad (Comité cívico, prefectura, asociación de municipios, cooperativas y otros) el espacio y la iniciativa deliberativa perdida al interior de los poderes constituidos en el ámbito nacional.
Son (en ambos casos) la manera de oponerse democráticamente al partido en función de gobierno, en las condiciones que marca la ya promulgada Nueva Constitución Política del Estado después de la campaña intensa del SI y del NO. Pero también mantener con vida la vieja pelea constitucional contra la NCPE.
Es evidente que en enero del 2009 (a diferencia de meses anteriores) el curso de la socialización del texto constitucional y toda apropiación de conocimiento sobre su contenido (por parte del ciudadano) fueron temporalmente desplazadas significativamente por la campaña que inducía al NO o al SI; y aunque la campaña (incluyendo las manifestaciones, caravanas y enfrentamiento callejeros) no rebasaron los márgenes del derecho reconocido y controlado constitucionalmente, se hace necesario listar los escollos que con el propio peso de la realidad concreta (y en menor grado conceptual) debe superarse para pensar en avanzar hacia una nueva Bolivia desde la marca de la nueva Constitución Política del Estado y generar la real y necesaria participación ciudadana con igualdad de derechos.
El primer escollo viene a ser la negativa a la lectura del texto propuesto a la población por la oposición arguyendo «ilegalidad» y «manchas de sangre» entre otros.
Ahora oponerse a la lectura de la NCPE es ir abiertamente contra el derecho ciudadano y (por el 61.43 % que dijo si a la propuesta constitucional) objetivamente se hace insostenible seguir hilando argumentos para oponerse a su lectura. Salvo mantener en vilo las expectativas de la población dada la existente demanda de inconstitucionalidad.
El segundo escollo está marcado por un conjunto de interpretaciones y conclusiones erróneas (o finalmente mentirosas) que atribuían a la nueva constitución como legalizadora del aborto y del matrimonio entre homosexuales.
Es evidente que mientras no existan reformas a la constitución refrendada el 25 de enero y promulgada el 7 de enero no veremos un solo contrato matrimonial entre dos hombres o dos mujeres reconocidas jurídicamente y tampoco viviremos la experiencia de un aborto legal mas allá de lo que se establece en el código penal en actual vigencia. Pues la oposición está empezando a vivir la fatalidad de no poder demostrar con hechos la gran mentira del aborto y el matrimonio gay que (esta mentira), a la larga será un punto en contra a nuevas campañas. Ya la población más vulnerable a caer en la instrumentalización de dogmas o creencias empezará a cuestionar y sobre todo a reflexionar qué tanto han sido objetos manipulados con mentiras e intereses ajenos; y es que en política la falsa promesas y mentiras de campaña se las paga.
Un tercer escollo es haber posicionado (a veces con un alto contenido racista) un falso antagonismo de derechos políticos y sociales entre la ciudadanía boliviana y la nación y pueblo indígena originario campesino.
Bajo el prejuicio de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda se construyó una militante oposición al MAS en los centros urbanos metropolitanos y provinciales de la media luna. Para interpretaciones prácticas y de análisis políticos esto no es más que la manifestación política de los que ya se beneficiaron del Estado (principalmente en las zonas urbanas) frente a los que pretenden también hacerlo (desde su contexto campesino, indígena o citadino excluido). El supuesto antagonismo de derechos constitucionales ciudad – campo en la NCPE fue construcción mediática (con fines dirigidos a mantener un cauda electoral y sus privilegios políticos) de grupos y partidos con historia y trayectoria en el manejo del Estado.
La intelectualidad y los operadores políticos de la oposición parlamentaria y el movimiento cívico – prefectural ya no pueden defender ninguna tesis ni objetivar el slogan de ciudadanos de primera y de segunda; y frente a ello (desde la negación a su slogan) tienen que agarrar (no evadir) el desafío de cualificar y democratizar su participación política aprovechando sus habilidades y su capacidad reflexiva para asimilar la profundización democrática expuesta en la NCPE, pero aun pasará mas tiempo hasta que quiera hacerlo, principalmente por la persistencia de una demanda de nulidad.
El cuarto escollo está referida al perpetuo Estado totalitario masista, que al igual que en el punto anterior buscaba solo hacer frente y oposición al parlamentarismo y asambleísmo del MAS.
La oposición y los grupos de poder no quisieron o no pudieron (en algunos casos) asimilar positivamente (a favor de sus intereses políticos y económicos) la nueva correlación de fuerzas en el Congreso Nacional (después de las elecciones del 2005), la Asamblea Constituyente (agosto 2006 – Diciembre 2007), el referéndum revocatorio (agosto 10 de 2008) y el bloque antiimperialista de países latinoamericanos (UNASUR)
Para afrontar una determinada correlación de fuerzas tanto a nivel nacional como internacional, los grupos de poder antepusieron intentos paralelos legislativos y normativos y de relaciones internacionales al margen de la norma en actual vigencia y ajena a la lógica republicana del voto universal. El totalitarismo pregonado (contrariamente) entonces fue encarnado en los intentos paralelos (Estatuto autonómico sin sometimiento a la CPE) y no en el poder central (Constitución Política del Estado y estatutos sometidos en él). El totalitarismo autonomista fue (a ojos del ciudadano boliviano y la comunidad internacional) contrarestado por el poder central en la jornadas violentas de septiembre del 2007 (Matanza de Pando toma de instituciones en Santa Cruz, Atentados dinamiteros en el Chaco, y otros) El gobierno en esas instancias fue defensor del constitucionalismo vigente y la institucionalidad, y eso en la comunidad internacional es lo que vale y definió en última instancia la nueva correlación de fuerzas en disputa internacional para reconocer el proceso democrático gestado en Bolivia.
Con los fracasos del 2008 y la aprobación de la NCPE el movimiento cívico y prefectural tiene el desafío de reflexionar la posibilidad de entrar al carro del cambio y desde allá ganar espacios o en definitiva insistir con la vieja postura de oposición a la NCPE (ya ni siquiera al MAS) que le llevará a restringir su participación política y su derecho ciudadano y seguir andando a la deriva, bajo la lógica del ensayo (sin mirar analíticamente los errores).
La realidad actual está llena de señales para que no se siga ensayando acciones opositoras a la NCPE en el solo afán de no perder sus 38,67 % (negándose a si misma una participación reflexiva y constructora del nuevo Estado boliviano), es vital en ese entendido que viabilice su visión desde la misma práctica y respetando la pluralidad del conjunto sistémico constitutivo del nuevo Estado Boliviano. ¿Cuanto más podrá la oposición cargar el peso de la mentira para conservar sus 38,67% de preferencia electoral?
Tácticamente hablando, es evidente que el caudal electoral del MAS (en esta etapa) no depende (pese a sus fuertes fluctuaciones entre aciertos y desaciertos) de la buena o mala gestión o del descrédito que se le quiera dar en la etapa electoral; el caudal mas bien depende y dependerá de un conjunto de estrategias de alianza con organizaciones sociales y con las corrientes de izquierda radical y centrista que han configurado a lo largo de los últimos 50 años una visión de país con contenido social, mas democrático e inclusivo para los Obreros y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Así ha ocurrido con la Asamblea Constituyente y así ocurrirá en las elecciones del 2009. Desde esta lógica se entiende el caudal de votos obtenidos en el referéndum revocatorio y en el referéndum constituyente. En todo esto el «Voto consigna» tiene un valor electoral inmenso y lleva a corroborar lo que decíamos mas arriba. Nos percatamos que el voto consigna no fue instruida desde una relación de jerarquía vertical (de arriba hacia abajo), sino que la consigna se construyó en las bases de las organizaciones sociales y las iniciativas ciudadanas que fueron involucrándose con el cambio desde la propuesta de la NCPE, en ese sentido hay una construcción colectiva de una estrategia de alianzas políticas entre el ciudadano, partido y las organizaciones sociales.
En un panorama semejante en el otro lado las alianzas la oposición se movió desde un modelo de organización corporativa sustentado por grupos de poder que capitalizaban sus avances políticos en el conjunto de la institucionalidad cívico – prefectural. Igualmente se pudo percibir un «voto consigna» a favor del movimiento cívico prefectural de la media luna desde líneas propositivas de acción y de ideologización que fueron construidas e instrumentalizadas desde lo rutinario y cultural de la ciudadanía. Se mostró en la NCPE una agresión al equilibrio ético moral y bienestar económico de una base social citadina, y la supuesta conculcación a sus derechos de religiosidad y de familia. Así la consigna fue movilizadora y de fácil propagación.
Pero todo lo que se hizo en este campo no es sustentable ni real y el movimiento cívico prefectural debe dar un viraje en sus diseños de consignas y sus proyecciones lectorales si quiera avanzar en esta nueva etapa.
Ya los viejos políticos y líderes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) Poder Democrático y Social (PODEMOS) Unidad Nacional (UN) entendieron esta dinámica política, pero en cierta manera por razones coyunturales y por los grados de debilitamiento con el que llegaron después de las jornadas de octubre y las elecciones del 2005, y enceguecidos por la vislumbrante convocatoria del movimiento cívico prefectural no encontraron otras salida que oponerse al parlamentarismo y asambleísmo masista sometiéndose coyunturalmente las estrategias cívicas prefecturales en virtud a los intereses de las logias y grupos de poder. Ahora al MNR, ADN, PODEMOS, UN les toca encarar nuevos desafíos y sobre todo su sobrevivencia como fuerzas políticas.
En conjunto los partidos tradicionales y el movimiento cívico prefectural tienen al frente la necesidad de coincidir primeramente si se acepta el referéndum del 25 de enero de 2009 o se oponen e insisten en demandar su nulidad, mientras no acuerden una mirada conjunta seguirán bajo la fuerte presión de negar sus derechos constitucionales y seguir creando incertidumbre en el conjunto de la ciudadanía boliviana.
A los partidos políticos tradicionales les tiene que interesar aceptar el referéndum para que puedan integrase a la contienda política y reestructura sus mandos, de otra manera seguirán expuestos a variables de polarización generadas por los enfrentamientos y los intereses de sectores radicales protegidos por el movimiento cívico-prefectural de la media luna.
Y por otro lado el movimiento cívico prefectural (ante el eminente proceso electoral) tiene que dar un viraje a su cerrada posición opositora a la NCPE y acomodarse a las condiciones generadas por la norma constitucional, sin perder su esencia crítica (si así lo quiere), de otra manera se convertirán en las instituciones desestabilizadoras y gestoras de conflictos políticos en una realidad que intenta alejarse de este camino y retomar el camino del desarrollo integral.
Mencionamos lo anterior porque entendemos que la implementación de la NCPE aun es frágil y en sus artículos transitorios contienen plazos que deben tratarse en conjunto y de manera acordada entre las fuerzas oficialistas, opositoras y pueblo en general.
Posibles escenarios post promulgación de la NCPE.
Ya es poco lo que puede hacer la oposición en torno a la nueva norma jurídica, y también el oficialismo. Para ambos casos es ahora un nuevo reto afrontar el impulsar una constitución hecha para todos y entre todos (incluyendo los opositores)
Si suponemos que la demanda de nulidad de la NCPE realizada por el diputado Carlos Pablo Klinski carece de posibilidades reales de tener continuidad como proceso jurídico desde el Tribunal Constitucional (ahora inexistente) se puede pensar que son dos los pasos mas importantes que debe superarse; el primero es instalar la Asamblea Plurinacional y elegir al nuevo presidente y vicepresidente bajo una nueva reglamentación electoral que está en manos del actual Congreso nacional. «El Congreso de la República en el plazo de 60 días desde la promulgación de la presente constitución sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidente y Vicepresidente de la República; la elección tendrá lugar el día 6 de diciembre de 2009 ( Disposiciones transitorias – Primera)
Los 60 días en curso y contados para este fin empiezan ya a parecer descuento para llegar al 9 de abril Pero desde la experiencia de los últimos conflictos y la composición de la cámara alta y la cámara baja del parlamento parecen ser (o en definitiva es) el próximo 9 de abril el indicador que medirá si ya la clase política ha aprendido algo de lo que es ser un representante del pueblo o simplemente quieren seguir creyéndose miembros intocables dentro de un poder nominal, desgastado y en agonía, cosa que aclararía (desde la acción de masas) el fin de muchos viejos procesos en sala de espera. La presión al parlamento vendrá de los dos lados, es decir de los que dijeron SI a la NCPE y los que dijeron NO, ¿Es este el argumento para pensar en pactos?
Para empezar la reglamentación debe ajustarse mínimamente a un Estado con representación plurinacional y al calor de esto ya nacen los primeros ensayos de definición y objetivización de las naciones indígenas originarias campesina, pero al mismo tiempo el de nación o nación camba. La restructuración de regiones para elegir representante uninominales es otro tema que no será fácil consensuar y darle fluidez parlamentaria (pasa la cámara de diputados y se tranca en la de senadores) y si bien existe ahora un vacío en cuanto al proceso legislativo, al menos ese vació tiene una precisión y es que la reglamentación de las elecciones para la naciente asamblea plurinacional está en manos del Congreso Nacional y sin ninguna posibilidad legal de trabajar en función a un solo decreto promulgado por el ejecutivo.
El otro problema es de tiempo para la Ley lectoral y su reglamentación para representantes de gobiernos autónomos y departamentos descentralizados. (Gobernadores, asambleístas departamentales, prefecto, consejeros departamentales, alcaldes, concejales, autoridades indígenas originarias campesina, etc.) La Asamblea Legislativa Plurinacional (que es la que se elegirá el 6 de diciembre del 2009) sancionará en el plazo máximo de ciento ochenta días (seis meses) a partir de su instalación (posiblemente a partir de enero 6 de 2010) la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribual Constitucional, Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y descentralización. (Disposiciones transitorias – Segunda) Los paréntesis son nuestros.
Suponiendo que la Asamblea Plurinacional (en el mejor de los casos) sea posicionada el 6 enero del 2010 después de las elecciones de diciembre de 2009, se tendría que tener entonces ya una ley promulgada para llevar adelante (4 de abril de 2010) las elecciones de los nuevos representantes, es decir al menos tener adelante los 90 a 120 días que demanda la Corte Electoral para llevar adelante cualquier evento plebiscitario. Esto ya es imposible.
Pero veamos mas, antes de sancionar cualquier Ley o convocatoria a elecciones la Cámara de Diputados y la de Senadores deben tener sus directivas instalaas y partiendo posiblemente de una directivas Ad Doc se tiene que elaborar su reglamento de debates, y esto (ya lo hemos vivido con la Asamblea Constituyente) no es cuestión de días o solamente semanas.
En definitiva estamos frente a artículos transitorios (en cuestión de fechas) inaplicables, salvo que las elecciones nacionales se realicen en el mes de julio y se posesione a la Asamblea Plurinacional el Mes de Agosto, pero ¿Bajo qué directiva y con que reglamento) Leamos lo que dice el artículo 159 inciso 1 de la NCPE «Son atribuciones de la Cámara de Diputados … 1.- Elaborar y aprobar su reglamento y el articulo 160 inciso 1 dice a letra «Son atribuciones de la Cámara de Senadores […] 1. Elaborar y aprobar su reglamento
En ambos casos mas abajo se dice que son sus atribuciones «Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento» Artículo 159, inciso 3 y artículo 160 inciso 3) para diputados y senadores respectivamente.
Es decir que no se puede hacer nada antes de su instalación sin su directiva y su organización interna. Sin directiva y reglamento lo mas probable es que no se pueda promulgar ninguna Ley.
Sin embargo aparecen otros obstáculos que sólo pueden ser salvados desde la consulta popular o el pacto de las entidades autónomas y el nivel central de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Uno de ellos es que el régimen electoral departamental y municipal son competencias compartidas (Artículo 299 inciso 1 de la NCPE) entre el nivel central del Estado (Órgano ejecutivo y Asamblea Legislativa Plurinacional) y las entidades territoriales autónomas (Órgano ejecutivo y Asamblea municipal, departamental), pero si estos niveles autonómicos aun no han sido elegidos por voto universal, (ya que supuestamente serán elegidos el 4 de abril de 2010) entonces la única vía de acuerdo son con los concejos municipales y los alcaldes, por un lado y por otro posiblemente con el prefecto y (aunque con menos legitimidad) los consejeros departamentales.
La NCPE define competencias «Compartidas aquellas sujeta a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponde a las entidades territoriales autónomas» (Artículo 297 inciso d, NCPE)
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará una Ley de Régimen electoral, pero es una entidad autónoma la que tiene que reglamentarla y ejecutarla ¿Pero cómo hacerlo sin aun haber sido instalados y elegidos por voto universal?
Otro problema ya viene en curso y es el caso de la solicitud a poner en consulta popular si los departamento descentralizados quieren entrar al régimen de autonomías y a ello las regiones y algunas provincias que posiblemente vayan agarrándose de estas iniciativas ciudadanas o legislativas.
Bueno es necesario seguir explorando mas obstáculos y defectos que se trazaron en el mismo proceso, en unos casos por la presión de la masas y en otros por falta de claridad de los operadores políticos, el caso ahora es que el tiempo es insuficiente y esa es la carga que el oficialismo del SI tiene que pagar, es decir que debe cargar el error y la falta de cálculo de los ministros Carlos Romero, Héctor Arce; los diputados Carlos Bôrth, Alejandro Colanzi y los otros tantos mas (entre ministros y diputados).
Entre improvisaciones y presiones se habilitó un frente débil (a mediano plazo) para el avance de las posturas gubernamentales, y son las que se visualizan anteriormente alguna de las que se debe ir reforzando y preparando para minimizar, sino de manera pronta empezar con los acuerdos o pactos políticos. Que pena pero por ahora creo que debemos seguir viviendo con el fantasma del pacto político y no bajo la lógica del ejercicio democrático y sometimiento a la norma constitucional.
Sintetizando, el conjunto de las ideas de lo expuesto:
Al frente tenemos una oposición que difícilmente puede sostener los argumentos con los que se opusieron a la promulgación de la NCPE, un oficialismo con fechas que no le permiten avanzar raudamente en esta importante etapa y ciudadanos organizados atentos a cualquier llamado de defensa o desacato de la NCPE.
Los problemas sectoriales deben por ahora ser tratados con las expectativas de un mejor replanteo desde la norma de la NCPE y no para destruirla o para caer de nuevo en espirales de violencia institucional o agresividad al Estado de derecho.
En otras palabras, no queda otra que pactar sin imponer la fuerza del decreto o empezamos a agarrarnos patadas en el mejor de los casos.