Emprendedurismo, esfuerzo y sacrificio, parecen ser los elementos claves que se requieren para el éxito económico, o al menos eso nos dicen las páginas de las revistas y las entrevistas televisivas.
Los dueños y ejecutivos de las empresas privadas más grandes del país no se cansan de repetir el relato justificador de cómo construyeron sus conglomerados de bancos, aseguradoras, agroindustrias, industrias, minas, medios de comunicación y supermercados. Pero se les olvida siempre un pequeño gran detalle al contar el origen de sus riquezas, que entre maletines y tanquetas se encuentran algunas pistas importantes que ayudan a comprender el proceso de construcción de la oligarquía financiera dependiente en Bolivia.
Durante la mayoría de la vida republicana de Bolivia existía una puerta giratoria, que servía de enlace entre los consejos directivos de las grandes empresas mineras, agroindustriales, industriales y financieras con los espacios de toma de decisión de la República. Al inaugurarse el septenio banzerista la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) se integró al gabinete presidencial de facto; también se integraron representantes del empresariado privado en el régimen de facto de García Meza.
Durante los regímenes militares (1964-1982) cerca de cinco millones de hectáreas de tierras fiscales fueron tituladas en parcelas mayores a 10 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz, más del 13% de la superficie territorial del departamento fue entregada a las familias que hoy son grandes empresarios. Durante los mismos años, el Banco Agrícola (estatal) entregó cuantiosos créditos a los empresarios agroindustriales; el banco fue liquidado con más del 65% de la cartera en mora, un monto mayor a 19 millones de dólares (BCB, 1988) no fue recuperado, el 89% de los créditos impagos son de empresas agroindustriales cruceñas.
Después de la transición pactada a la democracia representativa, los distintos grupos económicos del país se acomodaron en el sistema de partidos políticos convirtiendo el Congreso Nacional y el gabinete ministerial en espacios de negociación de sus intereses. Cuando la Marcha por la Vida llegó a Calamarca en 1986 una vez más se encontraban las tanquetas en medio de la disputa político-económica, pues para imponer el proyecto neoliberal privatizador era imprescindible liquidar al movimiento obrero minero y la resistencia popular. Ni los tres tomos del informe legislativo sobre la privatización y capitalización bastaron para detallar el asalto sistemático a los bienes públicos, con el que consolidaron sus fortunas los empresarios: fábricas de cemento, de alimentos, hoteles, trenes, aerolíneas, minas, yacimientos, todo fue rematado. Entre 1985 y 2005 hubo un perjuicio económico al Estado de un valor ajustado de más de 22 mil millones de dólares. Fueron al menos 212 entidades públicas privatizadas, capitalizadas o liquidadas, sin embargo son apenas un puñado de casos que fueron procesados formalmente. Uno de los pocos que llegó a instancias judiciales fue el caso Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias). Samuel Doria Medina y Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros, fueron acusados por el traspaso de 20 millones de dólares de fondos públicos a carteras de bancos privados, mediante la Fundación para la Producción. En 2020, durante el régimen de facto de Áñez, la Fiscalía instruyó archivar el caso y sobreseer a todos los denunciados.
¿Qué hacer cuando cambia el tablero?
En 2003, mientras Sánchez de Lozada huía en un helicóptero, las asambleas levantaban la “Agenda de Octubre” –nacionalización sin indemnización, industrialización soberana de los recursos naturales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente–, amenazaban no solo el régimen de la democracia pactada, sino todo el modelo económico que la sostenía. La victoria electoral del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MASIPSP) en 2005 obligaba a la oligarquía a navegar en aguas desconocidas.
Durante los primeros años del gobierno de Evo Morales las calles se convirtieron en el espacio de disputa de la lucha de clases. El bloque oligárquico, parapetado en las prefecturas de la llamada Media Luna, optó por una táctica de confrontación, la CEPB se refería a una posible “guerra civil” en titulares de periódicos, mientras los grupos paramilitares al mando de los cívicos desataron olas de violencia clasista y racista. El 11 de enero de 2007 en Cochabamba, el 24 de mayo de 2008 en Sucre y el 11 de septiembre de 2008 en el Porvenir quedaron grabados en la memoria popular, esta vez en lugar de tanques optaron por grupos de choque y paramilitares, el resultado fue el mismo: luto y dolor para el pueblo trabajador.
Las contradicciones internas de las clases dominantes no solo se expresan en las pugnas por una tajada más grande del mercado, sino en su enfoque estratégico. La Asamblea Constituyente en Oruro había aprobado un texto constitucional, pero quedaba una traba para convocar al referéndum: un Senado bajo control de la oposición. Mientras avanzaba hacia La Paz la marcha de un millón, se encontraban cuatro políticos en una comisión paralela (Börth, Ruiz, Romero y Novillo). Pactaron un texto constitucional por encima de la potestad de la Asamblea, reformulando artículos claves como el que establece la superficie máxima de tierras y la no retroactividad de esta norma, la apertura a transgénicos, el derecho a la herencia, la garantía de la educación privada y la seguridad jurídica del gran capital privado.
La década del pacto social
Al aprobarse la nueva Constitución Política del Estado (CPE) se inaugura la década del pacto social. Hay un recambio en la dirigencia regional, empresarial y cívica, las fracciones conciliadoras asumen el protagonismo. La oligarquía aprende que para cuidar la bolsa debe renunciar a la corona, sin embargo, al igual que en el mito griego de Damocles, queda una espada colgando de un hilo sobre el trono. Los programas de gobierno del MAS-IPSP empiezan a referirse a los “empresarios patriotas” y “socios estratégicos”, mientras los congresos empresariales hablan del “Proceso de Cambio”. El lobby ya no se hacía en el Parlamento, sino en las reuniones de alto nivel entre el Órgano Ejecutivo y empresarios, se postergaba una y otra vez el plazo constitucional para la revisión de la Función Económica Social de los latifundios, se pactaba la nueva Ley de Servicios Financieros y otros de interés. Si bien el gobierno de Morales no era el gobierno de los empresarios y ellos lo sabían, había un pacto y estaban ganando como nunca antes: entre 2009 y 2018 el sector financiero creció en 184.7%, un crecimiento 43.5% mayor al promedio general en ese período (INE).
En el boom de hidrocarburos (2014) la política de mayor participación estatal se tradujo en el flujo de divisas hacia el sector público que hizo posible la importación de combustibles subvencionados y el cúmulo de reservas internacionales, por lo que la fuga de capitales del sector privado no generaba ruidos para el Gobierno. Los paraísos fiscales han sido por décadas una forma discreta de evadir impuestos, hasta que salieron a luz los “Papeles de Panamá” y otros que evidencian las redes internacionales del poder político y económico. En Bolivia, el informe parlamentario estableció la vinculación de 360 empresas y 198 personas con la fuga de capitales mediante paraísos fiscales, entre los cuales figuran Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y la familia Marinković. Luego de revisar el informe, el MAS-IPSP, con la mayoría calificada en ambas cámaras, desestimó el proyecto de ley contra la fuga de capitales vía paraísos fiscales. No existe hasta la fecha sentencia judicial contra los empresarios que fugaron millones de dólares.
2019: cae la espada de Damocles
“Daremos un golpe de Estado a quien queramos”, fue el tweet del magnate Elon Musk después del golpe de 2019. En la distribución internacional del trabajo Bolivia tiene un papel asignado históricamente: somos un país exportador de materia prima. Fue la plata, el estaño, los hidrocarburos, con cada ciclo primario-exportador y su declive se reconfiguraron las clases dominantes, ajustándose a las nuevas condiciones. El capital financiero en las (semi)colonias es dependiente, su existencia está a merced de sus patrones imperialistas.
El golpe de Estado de 2019 no fue casual, tenía objetivo geopolíticos, fue planificado y ejecutado cumpliendo con el libreto expuesto por Gene Sharp. No fueron 21 días, sino años de preparación que permitieron a la oligarquía el regreso al ejercicio directo del poder estatal. Los cuadros dirigentes de las principales organizaciones empresariales y cívicas fueron perfilados cuidadosamente, escalando de forma paciente dentro de sus estructuras orgánicas. Los medios de comunicación, como Red Uno y Unitel, propiedad de los dueños del Banco Económico y Ganadero respectivamente, recibieron jugosos contratos estatales durante todo el gobierno del MAS-IPSP y fueron punta de lanza para la estrategia comunicacional golpista.
Al analizar la efímera Comuna de París, Engels critica como grave error político que los comuneros se detuvieran en los umbrales del Banco de Francia; a los 61 días los mercenarios contratados por la burguesía pusieron fin al primer gobierno obrero. El programa del MAS-IPSP nunca planteó acercarse siquiera a los umbrales del banco. En una década no solo generaron condiciones inigualables para el capital privado, le garantizaron sus latifundios, le dieron impunidad por la privatización y la fuga de capitales, además de recibir contratos estatales multimillonarios.
Sobrevolaban aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), las tanquetas se movilizaban en las calles, mientras en la Plaza Murillo un general le colgaba la banda presidencial a Jeanine Áñez. A la par que quemaban la wiphala, la oligarquía recuperaba el ejercicio directo del Poder Ejecutivo. En el gabinete de facto se encontraban exejecutivos de bancos y cámaras empresariales, entre ellos el exdirigente cívico Branko Marinković. Mediante el D.S. 4320 cambiaron el procedimiento de titulación de tierras, facilitando la titulación de más de 33 mil hectáreas a favor de la empresa de la familia Marinković – Laguna Corazón SA (RA 0143/2020). El Tribunal Constitucional en 2024, a tres días de culminar su mandato, consolidó el latifundio de la familia Marinković (SCP 1016/2023-S4).
Luego de las jornadas de resistencia popular de agosto de 2020 y el contundente revés electoral del proyecto neoliberal, el MAS-IPSP volvió al gobierno bajo la presidencia de Arce Catacora, negociando desde el día uno. La recesión económica internacional ahondada por la pandemia sanitaria y el sabotaje económico del régimen de facto entrega una coyuntura económica muy distinta a la bonanza de 2014. Los pactos y concesiones del gobierno del MAS-IPSP a favor de los empresarios empezaron a cobrar factura; ante la disyuntiva capital/trabajo ambas fracciones del oficialismo se han posicionado claramente a favor del capital. La estafa del Banco Fassil, con el que banqueros desviaron a través de la figura de “inversiones permanentes” más de mil 138 millones de bs hacia su subsidiaria de bienes raíces fue posible por los atajos pactados en la Ley de Servicios Financieros. Ante el desfalco a miles de ahorristas, el gobierno de Arce dio una salida de mercado repartiendo la cartera (créditos y depósitos) entre los principales bancos privados del país.
Al complicarse los equilibrios precarios de la economía, con una escasez de divisas, el gobierno de Arce baja el encaje legal para los bancos (el porcentaje que deben depositar en el BCB como garantía). Los empresarios hacen una serie de demandas liberalizantes: beneficios impositivos, bonos en dólares y liberación de exportaciones, a las que se suma Evo Morales. Acto seguido, el Gobierno presentó el pacto de los 10 puntos, cediendo en casi todas las demandas del sector empresarial. El gobierno del MAS-IPSP pacta con los empresarios, banqueros y agroindustriales, quienes se han beneficiado una y otra vez con tierras, créditos impagos y empresas estatales privatizadas, se llevan las divisas a paraísos fiscales en maletines y admiten sin tapujos haber financiado grupos paramilitares, motines policiales y golpes de Estado.
El avance de la ultraderecha es reflejo de la realidad económica objetiva, como parte de la reconfiguración oligárquica ante la crisis capitalista. El MAS-IPSP, al igual que otras tendencias “progresistas” a nivel continental, insiste en la posibilidad de combatir a la reacción oligárquica pactando con esta, respetando la gran propiedad privada sobre los medios de producción. Es una farsa pretender la construcción del socialismo de la mano del capital financiero, minero y agroindustrial. Hace una década el gobierno de Morales pactaba para repartir la bonanza; hoy, al resquebrajarse los equilibrios precarios económicos y políticos, Arce para mantener los privilegios de la oligarquía carga el peso de la crisis sobre la espalda del pueblo trabajador.
Nathanael Hastie es sociólogo.
*Cortesía de la revista Correo del Alba – https://www.correodelalba.org
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