Las nacionalizaciones de los hidrocarburos ejecutadas en Bolivia, en tres oportunidades, son parte de la permanente resistencia de los países coloniales y semi coloniales a la dominación de los imperios. Desde un punto de vista más general, se inscriben en el rechazo de los seres humanos a aceptar que otros seres humanos, llámense amos, dictadores […]
Las nacionalizaciones de los hidrocarburos ejecutadas en Bolivia, en tres oportunidades, son parte de la permanente resistencia de los países coloniales y semi coloniales a la dominación de los imperios. Desde un punto de vista más general, se inscriben en el rechazo de los seres humanos a aceptar que otros seres humanos, llámense amos, dictadores o plutócratas encadenen nuestra existencia. Para no caer en maniqueísmos, digamos que existen pecadores que terminan como santos, y viceversa, lo que no impide considerar a pueblos sometidos, organizaciones políticas y luchadores sociales de países dominantes y periféricos como la reserva moral de la humanidad, en la búsqueda de mayor justicia y dignidad.
Hasta hace poco, la opresión se caracterizaba por la utilización de medios físicos, cárceles, calabozos, torturas y campos de concentración, además de la succión de recursos económicos, perfeccionada por el capital financiero. En los últimos años, el Nuevo Orden Mundial (NOM) avanza en el control de la mente y la voluntad, a fin de convertir a hombres y mujeres en robots idiotizados, hasta instaurar, según las palabras de Aldous Huxley, «una dictadura sin lágrimas, en la que la gente ama sus cadenas». Para ello, se pretende generalizar el uso de microchips a fin de vigilarlos las 24 horas del día. La instalación de cámaras de televisión en calles y avenidas, estadios, cines, teatros, aeropuertos o estaciones ferroviarias se incrementa de manera incesante. Gran Bretaña cuenta con más de cuatro millones de cámaras de circuito cerrado (CCYV). El Comisario de Información de ese país, Richard Thomas, dijo que los británicos ya han entrado, sin darse cuenta, «en la sociedad de la vigilancia». El uso de tarjetas plásticas en reemplazo del papel moneda servirá para que los desobedientes no reciban ingresos ni dispongan de recursos para su subsistencia. La saturación de nuestras sociedades con drogas, cada vez más mortíferas, pornografía y música embrutecedora y el dominio transnacional de televisoras, radios, periódicos y empresas encuestadoras ansía una sociedad, como dice Daniel Estulín, en la que «todos podrán correr, pero nadie podrá ocultarse».
Aspira a que niños y jóvenes conformen generaciones de idiotas, modelados por la TV basura y «comics» violentos, que induzcan a pensar que la violencia es la única forma de resolver discrepancias sociales y políticas. Se busca, en consecuencia, la esclavitud de la mente, mediante la ruptura psicológica del individuo y la disminución de su coeficiente mental, coadyuvada por la mediocridad de la enseñanza. Los centros de poder mundial fomentan la inseguridad ciudadana, a fin de que seamos nosotros mismos los que «exijamos» que los «ingenieros sociales», en la línea del psicólogo J.B. Skinner, apliquen mayores controles sociales. Como parte de esos planes, se desea la despoblación controlada del planeta, mediante la supresión de «estómagos inservibles», como dijo Henry Kissinger. Pero de la misma manera que es imposible aniquilar todas las praderas del mundo, ya que estas rebrotan de manera inexorable, así también la sed de poder acabará siendo contenida por la indomable rebeldía humana.
LA ALIENACION DE LAS MENTES
En Latinoamérica, se acentúa la alienación de nuestras mentes, la succión de recursos naturales y la oposición a que avancemos en la unidad bolivariana y san martiniana. A los amos del mundo incomoda los conceptos de soberanía y nacionalismo. Sobre el particular, David Rockefeller dijo: «El mundo está más preparado para un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de los banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los últimos siglos». William Benton, otro personaje de los centros de poder mundial, añade: «El nacionalismo es el mayor obstáculo para el desarrollo de una mentalidad mundial. Estamos al inicio de un largo proceso de rompimiento de los muros de la soberanía nacional». (Somos Sur: «El NOM y el Saqueo de Bolivia». Dic. 2006. Cochabamba-Bolivia)
Los alienadores del imperio afirman que el nacionalismo de los países oprimidos se asemeja al de Franco, Hitler o Mussolini. No admiten que el nacionalismo defensivo de los países oprimidos es antagónico al nacionalismo expansivo y expoliador, que se transforma en imperialismo, de los países opresores. Ese rechazo se agudiza cuando avanza la articulación de nuestros nacionalismos defensivos en la búsqueda de un socialismo endógeno, con transparencia y democracia participativa, sin reelecciones indefinidas ni cultos a la personalidad, pero capaz de afirmar la autodeterminación nacional y lograr la reinversión eficaz de los excedentes económicos en beneficio de nuestros pueblos.
La Banca inglesa impidió, desde las primeras décadas del siglo XIX, la construcción de un ferrocarril que uniera la Patagonia argentina con el norte del Río Bravo, en México, el que debía impulsar la integración espiritual y económica de nuestra Patria Grande. Ese proyecto se ha tornado aún más dificultoso, ya que ahora tenemos alrededor de cinco trochas de ferrocarril, de diferente tamaño, que impiden conectar los rieles. Corresponde a las actuales generaciones de latinoamericanos compatibilizar las trochas que consorcios anglo norteamericanos sembraron en la región. Pese a lo anterior, la conciencia de la unidad rebrota como las praderas quemadas por los «modernos romanos». Y no hablamos en sentido figurado. Todos sabemos que en la guerra de las Malvinas, la Argentina enfrentó no sólo al imperio británico, sino también a Estados Unidos y sus socios de la OTAN.
Tal vez la idea más audaz y correcta, surgida en el último siglo en «nuestra» América, como decía Martí, corresponde al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, consista en avanzar en la articulación de nuestras empresas estatales de petróleo, la que, de llevarse a la práctica, impedirá que las petroleras europeas y norteamericanas sigan succionando los mayores excedentes del subsuelo. Lo anterior fue complementado con la iniciativa de impulsar el Banco Sur, que, infelizmente, no ha recibido todo el apoyo que podría aportar el Presidente Lula de Brasil. No es casual, en consecuencia, que el 65 % de las acciones de Petrobrás se encuentren en manos privadas. Lo anterior hace ver, una vez más, que el primer requisito de la integración latinoamericana reside en que nuestros estados nacionales controlen los recursos estratégicos. El incumplimiento de esta premisa explica el virtual estancamiento del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
LAS NACIONALIZACIONES
En este macro paisaje del pasado y del presente se inscriben las tres nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia. Es interesante advertir que los países expoliados utilizan resquicios impensables para detener el saqueo. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, del 13 de marzo de 1937, fue la primera de América Latina y la segunda en el mundo. Los primeros en recuperar el petróleo para su país fueron los bolcheviques, inmediatamente después de la revolución de octubre de 1917. En 1938, el general Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los hidrocarburos en México, que fue la segunda a nivel latinoamericano. Lo ocurrido en Bolivia y México se debe a que desde el ascenso de Hitler al poder, en 1933, las potencias mundiales, al advertir la inminencia de la segunda conflagración mundial, pusieron su mayor empeño en prepararse para la guerra, lo que hizo que disminuyera su vigilancia sobre sus colonias y semicolonias, hecho que se acentuó en los años de feroces enfrentamientos, en cuyo marco histórico emergieron las figuras de Gandhi en la India, Sukarno en Indonesia, Tito en Yugoslavia, Nasser en Egipto y Perón en la Argentina.
Por su parte, en 1936, Bolivia y Paraguay salían de una guerra fratricida a la que fueron empujados por petroleras de EEUU e Inglaterra y por Bancos de inversión como Dillon Read. En el subconsciente de los bolivianos estalló la indignación contra la norteamericana Standard Oil, una de las propugnadoras del conflicto que costó la vida a 100.000 soldados de ambos países. Antes del conflicto, la compañía de los Rockefeller había construido un oleoducto clandestino para exportar petróleo a Argentina, con lo que cometió los delitos de sabotaje, estafa y defraudación impositiva, por lo que fue sancionada con la caducidad de sus concesiones. La expulsión de la Standard Oil fue precedida por la fundación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que mantuvo el monopolio de la explotación petrolera, hasta 1953, año en que el primer gobierno de Víctor Paz Estensoro arrendó 350 mil hectáreas con potencialidad petrolera al aventurero norteamericano Glenn McCarthy.
La segunda nacionalización fue decretada el 17 de octubre de 1969, por el General Alfredo Ovando Candia, junto al líder y después mártir del Partido Socialista – Uno, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero ¿qué ocurría, en 1969, para que se debilitara el control imperial sobre Bolivia y sobre la región? A partir de la Revolución Cubana, iniciada el primero de enero de 1959, EEUU aplicó la doctrina de seguridad nacional, la que promovió golpes militares, a fin de contar con regímenes de fuerza que aniquilen focos guerrilleros alentados por Fidel Castro. Pese a sus victorias contra grupos guerrilleros en ciudades y selvas latinoamericanas, sectores de las FFAA cobraron conciencia de la sumisión frente al imperio y de la necesidad de recuperar los recursos naturales de las transnacionales. Los partidos de la izquierda tradicional y las organizaciones políticas que respaldaron la insurgencia armada no comprendieron los cambios de posición que sufren sectores castrenses, que, en determinadas circunstancias, abanderan la defensa de la soberanía y de los recursos humanos y naturales.
Con excepción del Grupo Revolucionario «Octubre» (GRO), fundado por el compañero argentino Adolfo Perelman y mi persona, que, en cumplimiento de los postulados de la Izquierda Nacional latinoamericana, apoyó al gobierno de Ovando y respaldó la nacionalización de la Gulf Oil Company, el resto de las entidades políticas, de izquierda y de derecha, propició su derrocamiento, lo que finalmente aconteció, luego del breve gobierno del general Juan José Tórres, el 21 de agosto de 1971. El nuevo régimen, encabezado por el general Hugo Bánzer Suárez, volvió, de inmediato, a desnacionalizar los hidrocarburos. El desgaste coyuntural de la dominación imperial sobre el Ejército boliviano alcanzó también al Perú de Juan Velasco Alvarado y al Ecuador de Guillermo Rodríguez Lara. Si a lo anterior añadimos las victorias electorales de Salvador Allende en Chile y Héctor Cámpora, primero, y del general Perón en la Argentina, después, concluiremos que la región estuvo en posibilidades de articular un bloque antiimperialista, lo que no sucedió por la rápida reacción del imperialismo y la miopía de los partidos políticos tradicionales.
La tercera nacionalización fue decretada por el gobierno de Evo Morales, el primero de mayo de 2006. Tuvo como telón de fondo el progresivo desgaste de las democracias controladas por el imperio, las que habían sido impulsadas por la Comisión Trilateral, durante el gobierno de Jimmy Carter (1976-1981). Lo importante para EEUU era mostrar que la «democracia» estaba vigente en su «patio trasero», a fin de denunciar con más fuerza a las dictaduras stalinistas de la URSS y sus aliados de Europa oriental. En consecuencia, para reforzar su prédica contra la ex URSS, EEUU y sus aliados dejaron de respaldar a las cruentas dictaduras que habían instaurado en Centro y Sudamérica, en la década de los años sesenta.
Esta constatación no implica ignorar el aporte de miles de latinoamericanos que ofrendaron su vida por reconquistar procesos democráticos, abortados por la CIA, el Pentágono y gendarmes a su servicio. Sin embargo, los pueblos de la América morena acabaron advirtiendo que la democracia auspiciada por las transnacionales busca siempre castrar la autodeterminación nacional. El desgaste de la democracia controlada coincide, al mismo tiempo, con la autocrítica de facto de organizaciones políticas que proclamaron la vía armada como el único camino posible para reabrir procesos de liberación. Lo anterior implicó entender las aperturas democráticas en forma correcta, es decir como un campo de batalla en el que se enfrentan el imperio y sus aliados, por una parte, con amplios movimientos patrióticos, por otra, empeñados en recuperar soberanía y excedentes económicos. EEUU, por su intervención en Haití y el derrocamiento de Aristide, ha vuelto a demostrar que usa la democracia cuando le conviene. Entre tanto, en América Latina se exige, cada vez con mayor claridad, una democracia con referéndum sobre el destino de recursos naturales, con mandato imperativo, con la posibilidad de convocar a nuevas elecciones exigidas por determinado número de ciudadanos, con igualdad de acceso a los medios de comunicación social para difundir propuestas políticas, con la prohibición de recibir financiamiento de transnacionales, fundaciones, ONG o gobiernos foráneos.
CORRIENTES DENTRO DEL MAS
Para entender el actual proceso político boliviano se deben analizar las tendencias que conforman el Movimiento al Socialismo (MAS), base de sustentación del actual gobierno. La primera está integrada por las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba (al centro del país), de cuyo seno emergió el liderazgo de Evo. A contra ruta de quienes encasillan a todos los campesinos del mundo bajo los rótulos de individualistas o pequeño burgueses, el valle cochabambino (al centro de Bolivia) recibió, a partir del cierre de las minas nacionalizadas, ocurrido en 1985, sucesivos contingentes de obreros del subsuelo, portadores de la disciplina organizativa de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Según la Red Voltaire (25-XII-03), Evo Morales fue uno de los dirigentes que, a principios de los noventas, organizó el Consejo Andino de Productores de Hojas de Coca (CAPHC), con presencia en Perú y Bolivia. El CAPHC recibió apoyo del Consejo Andino de Juristas (CAJ), sucursal de Human Rights Watch/Ameritas. Como los cocaleros fueron reprimidos de manera constante por policías y militares financiados y entrenados por la DEA norteamericana, se posicionaron como fuerza antiimperialista en el país, como en su momento lo fueron los obreros del subsuelo.
La segunda corriente dentro del MAS es el indigenismo del vicepresidente Alvaro García Linera, una de cuyas vertientes se halla en la obra «Sobre el Problema Nacional y Colonial» de José Stalin, que sirvió de modelo al libro «Sobre el Problema Nacional y Colonial de Bolivia», del dirigente del Partido Comunista «moscovita», Jorge Ovando. Sin embargo, el mayor teórico del indigenismo boliviano es Fausto Reynaga, cuyos libros fueron publicados entre 1960 y 1970. Su mayor expresión política fue Felipe Quispe Huanca, quien, luego de sufrir varios años de cárcel, junto a García Linera, por asaltos armados, al mando del denominado Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK), encabezó, al inicio del nuevo siglo, dos sucesivos cercos a la ciudad de La Paz, en cuya oportunidad remarcó que su objetivo era reconstruir el Kollasuyo, en el que las comunidades indígenas se autogobiernen e impidan el ingreso de autoridades del Estado, la policía o el ejército.
El indigenismo pasó a formar parte de movimientos sociales o populares, entre los que se halla el Comité de Defensa del Agua, estructurado en Cochabamba, el año 2000, que obligó a abrogar, por primera vez en las últimas dos décadas, una Ley neoliberal que buscaba la privatización del líquido elemento. Forman parte también de esos movimientos la Confederación de Campesinos, la Confederación de Colonizadores, la Federación de Mujeres «Bartolina Sisa» (compañera de Tupaj Katari), la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación de Marcas y Ayllus del Qullasuyo (CONAMAQ), las Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto y la Central Obrera Regional (COR) de la misma ciudad.
Las posiciones indigenistas son diversas. Unos plantean la vigencia del ayllu, organización andina, caracterizada por la designación de autoridades en forma rotativa. Este planteamiento se generalizó después de las rebeliones de Tupaj Amaru y Tupaj Katari, en 1780 y 1781, y ahora contradice la pretensión de reelección indefinida de Evo Morales. Ya vimos que Quispe Huanca demandó el resurgimiento del Imperio Incaico. El canciller David Choquehuanca, con un asesor sueco, Staffan Mehlstrand, afirmó que la proyección internacional de Bolivia se sustenta en un nuevo Abya Yala, nombre que los aborígenes colombianos daban a nuestro continente. El jesuita catalán Xavier Albó, de la organización no gubernamental (ONG), Centro de Promoción y Capacitación del Campesinado (CIPCA), ha sido, en los últimos treinta años, el mayor propulsor de las naciones indígenas en Bolivia. Simón Yampara dice que hay varias naciones aymaras. Liborio Uño indica que son diez. Alvaro García Linera habla de 50 grupos nacionales. El confundir etnias con naciones lleva a pensar en la instalación de 36 parlamentos, integrados por representantes que se diferenciarían por el color de la piel o de los ojos, diferencia imposible de establecer. La prédica indigenista ha comenzado a enfrentar a pobres contra pobres, como ocurrió con comunarios indígenas que expulsaron a cooperativistas mineros, aduciendo que los yacimientos están en su territorio. Con similar argumento se trata de legitimar la apropiación de porciones de los gasoductos que atraviesan poblaciones indígenas.
La Asamblea General de la ONU se halla a punto de aprobar, con la oposición de EEUU, «La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», en la que se reconoce, a favor de estos, el pleno disfrute a todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y su normativa internacional, sino también a su libre autodeterminación, autogobierno, idiomas, instituciones, regímenes jurídicos propios, sistemas judiciales, patrimonio, así como a sus tierras, territorios y recursos naturales.
Esta amplia gama de derechos será relativizada con la introducción del último artículo (el 46) del documento citado, que dice: «Nada de lo señalado en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes». Esta salvaguarda permite reconocer los derechos indígenas, sin permitir que sirvan a los centros de poder mundial para aniquilar la unidad de nuestros Estados nacionales. Esta limitante ayudará a contener posiciones fundamentalistas que acusan de colonialista interno a todo defensor de la unidad nacional.
El MAS ha recurrido al indigenismo para detener las exigencias autonomistas asentadas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Si bien la autonomía departamental, en el marco de la unidad nacional, es un legítimo derecho de las regiones de Bolivia, las autonomías a ultranza amenazan dividir al Oriente y Occidente bolivianos. Uno de los voceros de esta posición radical, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, dice que si es lícito que el MAS plantee la vigencia de 36 «naciones», ¿por qué enojarse si se postula el rompimiento del país «sólo» en dos mitades»? El MAS y sus aliados advirtieron que los indígenas ocuparán las tierras cultivables de esos departamentos si se da vigencia a las «autonomías de facto». En ese contexto, grupos separatistas, subvencionados por las petroleras, han coadyuvado a organizar la Federación de Autonomías Regionales de la América del Sur, a fin de fundar la República de Zulia en Venezuela, de Guayaquil en el Ecuador, de Loreto en Perú y de Santa Cruz en Bolivia.
FUNDACIONES Y ONG
El indigenismo cuenta con el sólido respaldo de Fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que dependen de los centros de poder mundial. El deterioro medio ambiental está borrando las diferencias entre recursos renovables y no renovables. Estos últimos son el objetivo permanente de las transnacionales mineras y petroleras. Los renovables, en cambio, se han convertido en la presa más apetecida de las potencias industrializadas y sus ONG. La biodiversidad, entendida como la totalidad de genes, especies y ecosistemas existentes en el planeta, será objeto de cruciales presiones de EEUU y el viejo continente sobre nuestros países, los que obtendrán rápidos y mejores resultados si tienen como contra parte a representantes de mini-naciones, en lugar de sólidos Estados nacionales, articulados por el ideario bolivariano. Sobre el particular, James Petras estableció que hasta 1999, el NOM había desplazado cien mil ONG en el mundo, las que ya habían gastado diez mil millones de dólares.
En el caso boliviano, la mitad de los ministros del primer gabinete de Evo Morales tenía experiencia en el manejo de ONG. El propio canciller Choquehuanca dirigió la ONG «Nina», dependiente de UNITAS, nombre de la coordinadora de ONG en el país. Personas vinculadas a UNITAS comenzaron a defender, en teoria y desde la Cancillería, la soberanía nacional, que, de manera precisa, las ONG buscan debilitar. El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana fue miembro asociado de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), apadrinada por el multimillonario George Soros. Resdal recibe financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia (o Nacional Endowment for Democracy -NED–) entidad inseparable del gobierno de Bush.
Soros tiene el 20 % de acciones en el Proyecto «San Cristóbal», uno de los emporios de plata más grandes del mundo, ubicado en el departamento de Potosí, en el que también está presente Oscar Bonifaz, empleado de confianza, durante décadas, del ex Presidente Sánchez de Lozada. Soros es, además, el creador de la «Open Society», que busca influir en los Ejércitos latinoamericanos. A su vez, Quintana abandonó las filas castrenses, con el grado de Mayor, pero no dejó de estar vinculado al Ministerio de Defensa, antes de su designación como Ministro de la Presidencia de Evo Morales. Soros, finalmente, al proponer la legalización del consumo de drogas, está interesado en evitar la erradicación de cultivos de hoja de coca, razón por la que fue acusado por cooperativistas de Potosí de ayudar a financiar las campañas electorales del MAS.
Las personas más importante que dirigieron el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), ocupan hoy dos ministerios, dos viceministerios y un cargo clave en la bancada del MAS en la Asamblea Constituyente. Uno de sus directores, el argentino Leonardo Tamburini, informó que «el CEJIS no tiene relación con el gobierno y que la labor que desarrolla es financiada con recursos provenientes de organizaciones de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania» (Periódico «La Razón», 3-XII-06). La Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM), cuyo nacimiento tuvo lugar el 28-XII-02, está financiada por el Instituto para la Democracia Multipartidaria de Holanda. Logró encasillar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en los moldes de la democracia controlada. Holanda es el país al que pertenece la Royal Dutch Shell, una de las petroleras más grandes del mundo y que ha tomado el control de los gasoductos del país. Según su boletín interno, la FBDM nació con el concurso del MIR, MAS, MIP, NFR, UCS, MNR, ADN, PS, FRI y MBL. René Meir, delegado de la Confederación de Empresarios Privados, explicó que la entidad «contribuirá a la democracia con aportes orientados a mejorar el sistema político del país». Su primera directiva estuvo conformada por Ignacio Sánchez de Lozada del MNR (hijo de Gonzalo Sánchez de Lozada –GSL–), Guido Riveros del MIR, Erik Reyes Villa de NFR, Antonio Peredo Leigue del MAS, Felipe Quispe del MIP, Mauro Bertero de ADN y Rolando Morales del PS. Figuró como asesor el economista Carlos Toranzo, vinculado a fundaciones alemanas.
En agosto de 2007, el Senado nacional, dominado por Poder Democrático y Social (PODEMOS) -defensor de las transnacionales–, que dirige el ex Presidente Jorge Quiroga Ramírez, y el MAS -con fuertes vínculos con ONG–, acordaron condecorar al jesuita catalán, Xavier Albó, fundador de CIPCA. Esta ONG es la operadora de la Fundación Interamericana (FIA), una agencia oficial del gobierno de EEUU en Bolivia. Entre 1995 y el 2005, el Banco Mundial (cuyo brazo financiero, el IFC, es accionista de COMSUR, de GSL), el BID y USAID han financiado reformas judiciales, del Parlamento y del Poder Judicial e impulsado la denominada Justicia Comunitaria. El Banco Mundial ha firmado acuerdos con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO) y la Nación «Camba», a través de la Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión (MIGA). Por su parte, USAID financió la «modernización» de la Corte Nacional Electoral. USAID ha pagado sueldos a los fiscales antinarcóticos. Ha financiado las reformas al Código de Procedimiento Penal. Junto con la petrolera Total, desembolsó los fondos necesarios para el Referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 (gobierno de Carlos Mesa), sobre el destino de los hidrocarburos. En los gobiernos de Jorge Quiroga y Carlos Mesa, USAID y las ONG, con la permanente simpatía del Fondo Monetario Internacional (FMI), han propiciado reformas a la Constitución Política del Estado, las que debían culminar, como ocurrió de manera efectiva, en una Asamblea Constituyente, que terminó por remover los cimientos del frágil Estado nacional.
CIPCA trabaja junto a la NED y OXFAM. Esta última, financiada por BP y las fundaciones Rockefeller y Ford, entre otras. CIPCA Perú recibe apoyo de ENDESA y Repsol de España. Ha suscrito acuerdos con la Fundación «Milenio» de GSL y se respalda en la influencia del Vaticano. Junto a CIPCA se hallan las ONG más importantes del país como la Fundación Tierra de Miguel Urioste, vinculada al Movimiento Bolivia Libre (MBL), que co-gobernó con GSL. Otras ONG de enorme influencia son CEJIS, ILDIS, Qhana, Aclo, Alas, Cepad, Cedoin, IPTK, Centro «Gregoria Apaza» y «Juana Azurduy», además de la Red-Ala. La página de Internet de «Tierra» indica que sus aliados privilegiados son las Iglesias Católica, evangélicas y luteranas. En el sitio de Internet www.apostamosxbolivia.org se demuestra el apoyo de USAID, CIPCA y otras ONG a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Federación de Comités de Vigilancia y Federación de Concejales Municipales. ONG y Fundaciones de EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Bélgica, Canadá, el Vaticano, Iglesias Evangélicas y otras están decididas a impedir que Bolivia cuente con una adecuada regulación de las organizaciones no gubernamentales.
LOS NOSTALGICOS DEL CHE
«Los nostálgicos del Ché» constituyen la cuarta corriente dentro del gobierno de Evo Morales, que posee pocas autoridades en el gobierno, pero cuya influencia es importante por el respaldo de Cuba al régimen boliviano. Tal importancia se mostró en momentos en que Evo rindió homenaje a Ernesto Guevara, en el 40 aniversario de su asesinato, el 8 de octubre pasado, lo que causó malestar en las Fuerzas Armadas, las que, en caso de aliarse a los sectores oligárquicos, pondrá en serio riesgo la continuidad del proceso democrático. Morales pudo rendir homenaje al comandante guerrillero al poner de relieve su ejemplo de vida y de consecuencia ética en la búsqueda del «hombre nuevo», sin lastimar a los soldados bolivianos que acudieron a Ñancaguazú, (lugar de la ejecución), en cumplimiento de sus deberes militares.
El error se cometió en momentos en que la entidad castrense es uno de los objetivos centrales de los aparatos de inteligencia norteamericanos, que no han sido desmontados por el gobierno del MAS, sobre todo en lo relativo al control de cultivos de coca e interdicción al narcotráfico. Es obvio que la lucha antinarcóticos encierra una gran hipocresía, ya que el tráfico de drogas, en gran escala, está manejado por la plutocracia mundial, que utiliza los paraísos financieros para depositar sus gigantescas ganancias. Esa plutocracia volverá a usar, como lo ha hecho en los siglos XIX y XX, cualquier pretexto para contener la rebeldía latinoamericana.
LA IZQUIERDA NACIONAL
La Izquierda Nacional, que participó, a través de mi persona, en el primer gabinete de Evo Morales, sostiene que Bolivia nació a la vida republicana, el 6 de agosto de 1825, con una enorme falencia, comparable a una falla geológica en la construcción de un edificio, que consistió en la exclusión de la Asamblea Constituyente de representantes quechuas y aymaras, que constituían el 90 % de la población. Esa exclusión, atenuada por la revolución del 9 de abril de 1952, y que impuso el voto universal, para hombres y mujeres, y expropió los latifundios del occidente del país, aún subsiste en varios escenarios de la vida nacional. Sin embargo, la revolución abrió las puertas del parlamento a indígenas de esas nacionalidades. Al mismo tiempo, concluyó la estratégica carretera Cochabamba – Santa Cruz, que articuló el centro con el oriente del país, lo que transformó a Santa Cruz de una pequeña ciudad de 60.000 habitantes, en 1952, en la urbe de 1.500.000 seres humanos que cobija ahora. Sin la migración quechuaymara al oriente ese dato estadístico resulta incomprensible.
La fundación de Conciencia de Patria (CONDEPA), en 1988, sirvió para que los contingentes indo-mestizos del occidente asumieran su importancia política en la vida nacional. La articulación indomestiza hizo que GSL fugara a Miami, el 17 de octubre de 2003. Entre 1993 y 1997, el aymara Víctor Hugo Cárdenas fue el vicepresidente de Sánchez de Lozada, lo que, de alguna manera, sirvió para que los conglomerados de origen quechua y aymara adviertan que la posibilidad de ejercer los cargos más importantes de la República no estaba lejana. Este cuadro se completa con la decisiva presencia de Felipe Quispe Huanca en los mencionados cercos a la ciudad de La Paz. Evo Morales es, por tanto, el resultado de ese proceso histórico.
La Izquierda Nacional tiene frente al indigenismo dos planteamientos básicos: Lo indomestizo y la defensa de la interculturalidad. Se trata de expresiones de voluntad destinadas a construir el Estado Nacional, tarea que sólo culminará con la Confederación de Estados de nuestra América morena. Esa voluntad es la que debe impulsarnos a encontrar convergencias entre bolivianos de todas las latitudes y etnias. Y de la misma manera que un biólogo encontrará cientos de diferencias entre dos hermanos siameses, hallará también otros cientos de rasgos comunes, entre un nórdico y un pigmeo. Depende, en última instancia, de saber qué pretende encontrar. Con ese norte, rescatamos el trabajo del antropólogo Jean-Loup Amselle, quien, a diferencia de sus colegas de la Sorbona de París, empeñados en descubrir cada vez más etnias en el continente africano, se dio a la tarea de encontrar los vínculos que las conectan.
Sus investigaciones comprobaron la inexistencia de decenas de supuestas cosmovisiones, lo que logró al observar que determinado pueblo, que sufría de sequía, no dudaba en incorporar a su galería de dioses a los totems de pueblos vecinos, después de advertir que sus rogativas a estos últimos daban buenos resultados. Amselle hizo notar que la dispersión de pueblos en el Africa subsahariana se originó en la necesidad de desconcentrar a poblaciones que eran víctimas del tráfico de esclavos. Así se lograba, por lo menos, que los esclavistas europeos, inventores después de centenares de etnias, no les resultara tan fácil capturar seres humanos para lucrar con el tráfico de esclavos (Periódico «La Prensa», 8-07-07).
La voluntad de construir una nación fue destacada, así mismo, por el investigador, también francés, Dominique Carbón, quien puntualiza la posición constructiva de las élites de negros y blancos en la Sudáfrica de Nelson Mandela, para mantener su unidad nacional, pese a los siglos de opresión de la colonización europea sobre la población aborigen («La Prensa», 24-10-07). Esta decisión de consolidar la «bolivianidad», basada en el análisis de nuestra historia, con sus aciertos y tragedias, no es rentable, como sucede con quienes prefieren los jugosos estipendios de las ONG, empeñados en encontrar en Bolivia más pueblos originarios cada día. En síntesis, la nueva Constitución que se discute en Bolivia debe reflejar la realidad de una sociedad intercultural, indomestiza y diversa. Estos planteamientos forman parte de la concepción bolivariana, a la que será imposible acceder si se astillan nuestros países y si se olvida, como dijera Jorge Abelardo Ramos, que la autodeterminación en América Latina es el derecho que tienen nuestros pueblos a unirse en una Comunidad de repúblicas, construida por nosotros mismos.
LA ENTREGA DE LOS HIDROCARBUROS
Con la fuga de GSL, la nacionalización de los hidrocarburos se convirtió en demanda incontenible. Esa demanda, acumulada por una década de afrentas, se inició, en 1994, con la decisión de Sánchez de Lozada de construir el gasoducto Tarija-Tocopilla, a fin de abastecer de gas a transnacionales mineras asentadas en Chile, como la Barrick Gold, Río Tinto Zinc, Suez-Tractebel y otras, aliadas a las petroleras Sempra Energy, Repsol, British Gas y BP (ex British Petroleum/BP Amoco). El veto de las FFAA no impidió a GSL insistir en su proyecto, a través del anexo 1, de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30-IV-96. Con respaldo de esta ley, GSL liquidó YPFB, bajo el eufemismo de «capitalización», procesó en el que participó activamente Walker San Miguel, actual Ministro de Defensa de Evo Morales. Dos días antes de terminar su primer gobierno, el 4-VIII-97, GSL promulgó el DS 24806, por el que, mediante un anexo «reservado», entregó a las transnacionales la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. De manera simultánea, desde 1994, las transnacionales asentadas en Chile, primer país exportador de cobre del mundo, producen mayores volúmenes de este mineral que la estatal CODELCO.
Sólo 4 meses y 23 días después del DS 24806, el 29-XII-97, Los Presidentes Eduardo Frei de Chile y Carlos Menem de Argentina suscribieron el Tratado de Integración y Complementación Minera, que otorga descomunales ventajas a las transnacionales para operar en la frontera cordillerana de ambos países, que se traduce en mayores presiones para controlar el gas boliviano. Casi de inmediato, se iniciaron las exportaciones de gas argentino a Chile. En la Presidencia de Jorge (Tuto) Quiroga (2001-2002), se difundió el engaño del Proyecto Pacific LNG, por el que, supuestamente, Bolivia debía vender gas a EEUU y México, vía Chile. El proyecto fue respaldado de manera enérgica por el Presidente del Comité Cívico de Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner (ex ADN, hoy Senador de PODEMOS), pese a que carecía de racionalidad, ya que EEUU es todavía exportador de gas a México y Japón, en las costas del Pacífico, en tanto el norte chileno, cuya actividad minera es enorme, importa de Argentina el 100 % del gas que consume. Su necesidad de energía es tan grande que compra carbón de Indonesia, Canadá y Colombia. El engaño consistía en postergar la ejecución del proyecto Pacific LNG. El tiempo de espera debía ser aprovechado para construir el gasoducto a Tocopilla. Las petroleras pretendían también anotar como suyas el valor de las reservas de gas existentes en suelo boliviano. Esto era posible, ya que cumplían los dos requisitos de la SEC que autoriza las anotaciones en la Bolsa Valores de Nuevas York: Contrato y reservas probadas.
La segunda presidencia de GSL se inició el 6-08-02. Para suerte de Bolivia, al demorarse el contrato con la Pacific LNG, respaldado sobre todo por Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa, y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de Jaime Paz Zamora, se produjo la rebelión de la ciudad de El Alto, que derrocó al «gonismo», el 17-X-03. El sucesor de GSL, el vicepresidente Carlos Mesa, convocó al referéndum del 18 de julio de 2004, financiado por USAID y la francesa Total, con preguntas consensuadas con el MAS, que amortiguó la demanda de nacionalización. USAID desembolsó 56.000 dólares para la distribución de panfletos que promovían la asistencia al referéndum. Pese a que el país se pronunció por la recuperación de los hidrocarburos, en abril de 2004, Mesa, mediante convenio suscrito con Kirchner, el 15-XI-04 reinició la exportación de gas a la Argentina. El Presidente argentino agradeció el respaldo del líder del MAS, con estas palabras: «Una de las cuestiones que estuvimos conversando, para no repetir problemas que hubo y que son de dominio público (derrocamiento de GSL), era qué visión tenía la dirigencia boliviana de la incorporación de Tarija para el abastecimiento de gas en toda esta fuerte inversión que se va a llevar adelante, y la dirigencia boliviana, tanto el señor Evo Morales como el Presidente de Bolivia, está absolutamente de acuerdo, lo ven con una gran perspectiva y con un gran optimismo». Ese gas llega a REFINOR, nombre de la refinería más grande en el norte del país vecino, de propiedad de Repsol y Petrobrás. En Refinor, el gas boliviano se transforma en GLP, desde donde es bombeado a Chile. Denuncié los perjuicios de la reiniciación de exportaciones a la Argentina en el Semanario «La Época» (11-12-03, 24-01-04, 27-02-04 y 8-04-04). El 24-XII-04, Mesa dictó el DS 27957, por el que se otorga a las petroleras la propiedad de los predios en los que explotan hidrocarburos. Esta medida, dictada la noche de navidad, se asemeja al DS 24806 de GSL, dos días antes de dejar la Presidencia. Ambas disposiciones servían a las transnacionales y se pretendía que pasaran inadvertidas.
Las exportaciones al Brasil comenzaron en 1999. El suceso contó con la visita a Bolivia del Presidente Fernando Henrique Cardosso, quien, antes de retornar a su país, visitó los mega campos de «Sábalo» y «San Alberto», a fin de exhibir la presencia brasileña en la frontera. En octubre de 2002 (segundo gobierno de GSL) Repsol y Petrobrás, además de exportar gas a Refinor, firmaron el Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios (CRVP), llamado «hedging», por el que Repsol (Andina) vendía gas a Petrobrás, con destino a Cuiabá, a 0.87 dólares el millón de BTU, a espaldas de YPFB. Esta estafa ocasionó al país una pérdida de 300 millones de dólares. La Mina aurífera «Don Mario», de GSL, se benefició de inmediato con la venta de gas a Cuiabá. En materia minera, sobre todo frente a la Apex Silver («San Cristóbal» y Coeur D’Alene («San Bartolomé»), las políticas de GSL y Mesa también fueron idénticas.
La Nueva Ley de Hidrocarburos 3058, del 17 de mayo de 2005, promulgada por el Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, debido a que Mesa se negó a hacerlo, recuperó la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo y repuso la tributación del 50-50, vigente desde antes del primer gobierno de GSL. En el cálculo de las petroleras, frente a la rebelión de octubre de 2003, era preferible ceder en el porcentaje de regalías procedentes de la explotación del gas, a condición de seguir beneficiándose con la transformación de esta materia prima en GLP, gasolinas, diesel, termoelectricidad y petroquímica, al otro lado de la frontera. Si bien la Ley abrogó el DS 24806 de GSL y el DS 27957 de Mesa, distribuyó el 32 % recuperado entre prefecturas, alcaldías y universidades, abriendo el camino a agudas pugnas regionales que desestabilizan a Bolivia. Sólo en el cargo de Ministro, comprobé que el MAS estuvo al tanto del contrato «hedging», pero que prefirió ocultarlo aún en la campaña electoral del 2005. En mayo de 2007, Petrobrás revendió a YPFB en 112 millones de dólares y la condonación de pasivos por casi 300 millones, dos refinerías que le vendió el gobierno de Bánzer en 1998, en 104 millones de dólares. Antes de entregar las instalaciones, Petrobrás se llevó el software, con lo que Bolivia sólo acabó recuperando hierros viejos.
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Las transnacionales y sus aliados internos quedaron insatisfechos con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE), de 13-04-04 (gobierno de GSL), ya que, a su juicio, ésta mantenía los principios del constitucionalismo social (gobierno de Germán Busch –1938-1939–), que reemplazó al constitucionalismo liberal, vigente desde la fundación de la República, en 1825. EEUU, la UE, las grandes ONG y la oligarquía nativa coincidieron en la necesidad de cambiar la CPE, la que fue calificada de «excluyente», por el MAS, con el que se sumó al esfuerzo de cambiarla por la vía de una Asamblea Constituyente. Es verdad que la CPE de 1994 necesitaba ser complementada con el reconocimiento a los derechos de los pueblos y culturas pre republicanas. Lo anterior debió ejecutarse sin perder de vista que todos los sectores oprimidos del país requieren aglutinarse en un frente nacional para defender los recursos naturales y la soberanía nacional. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La AC fue usada de pretexto para romper el acuerdo nacional que permitía a los sectores populares, nacionales y patrióticos defender las riquezas del país, a través de la CPE. En el correcto cálculo de los enajenadores del patrimonio público, la fuerza unitaria que se hallaba detrás de la CPE de 1994, sería quebrada por las autonomías departamentales a ultranza, el indigenismo radical o, qué mejor, por ambas vías, de manera simultánea.
Con ese norte, en 1994, GSL destituyó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas, a través de un juicio político, al que coadyuvó la Embajada norteamericana. Esa acción fue precedida por la Ley de Participación Popular 1551, de 20-04-94, que, como ya se dijo, logró desviar la atención del movimiento popular de los grandes problemas nacionales, para centrarlos en cuestiones locales, como la luz, el alcantarillado y el recojo de basura, en 314 municipios. Entre 1995 y el 2001 el Banco Mundial (BM) centralizó los proyectos de reforma judicial, que buscaban, según su propia redacción, que «el marco legal sea un apoyo a las actividades del sector privado» y destinó 12 millones de dólares al denominado Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), que incluía reformas al Poder Legislativo. Esta tarea fue reforzada por USAID, que financió al Centro de Investigaciones del Honorable Congreso Nacional (CICON). Los convenios entre el BM y CAINCO buscaron, según su texto, atraer la inversión extranjera. Al comenzar con el fraude del Proyecto Pacific LNG, el 2001 (gobierno de Jorge Quiroga) se constituyó el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional, integrado por nueve ciudadanos «independientes», entre quienes se hallaban Carlos Mesa, poco después candidato vicepresidencial de GSL; Luís Ossio, de la Democracia Cristiana (DC) y Vicepresidente de la República con Jaime Paz Zamora; y Juan Carlos Urenda, dirigente del Comité Cívico Pro – Santa Cruz, quienes, como puede advertirse, no tenían nada de «independientes».
Entre el 2001 y el 2005, USAID tomó el timón de los cambios legislativos, los que, como es obvio, buscaban favorecer a intereses foráneos. El Programa de Medio Ambiente Industrial y Minería se tradujo en disposiciones que determinaron que el Estado se haga cargo de la gestión de desechos mineros generados por empresas privadas. En el año 2002, USAID inició el programa «Soporte Creciente de los Ciudadanos Bolivianos al Sistema Democrático Boliviano» (Proyecto Nº 511-001, 2001-2005). El 2003, el BM respaldó lo anterior al declarar que su prioridad es la realización de una Asamblea Constituyente. En el 2004, USAID co financió la organización de la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC). Este programa y la organización del referéndum estuvieron a cargo del colaborador de Carlos Mesa, Ricardo Paz Ballivián. Al mismo tiempo, USAID desembolsó 400.000 dólares para el «mejor funcionamiento» de la Corte Nacional Electoral. Coadyuvaron a estas tareas, otras entidades de los gobiernos de EEUU, Canadá y Europa y ONG, entre las que se hallan IRI, NED, NDI, Compañeros de las Américas, IPTK y Centro Juana Azurduy.
Como consecuencia de la Guerra del Agua (febrero de 2000), en la que el pueblo de Cochabamba expulsó a la norteamericana Bechtel, entre mayo y junio de 2002 (gobierno de Jorge Quiroga), tuvo lugar la «Marcha por la Soberanía, el Territorio y los Recursos Naturales», protagonizada por indígenas de las tierras bajas. Después de la marcha, sus principales dirigentes, salvo excepciones, fueron reclutados por ONG y partidos políticos neoliberales. Esto ocurrió, por ejemplo, con Marcial Fabricano de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que luego fue posesionado como Vice Ministro del nuevo gobierno de GSL (2002-2003). En forma previa, el político aymara, Víctor Hugo Cárdenas, aceptó ser el Vicepresidente de GSL entre 1993-1997. Tomasa Yarhui fue ganada por el Movimiento Bolivia Libre (MBL), que dispuso su ingreso al primer gabinete de GSL, en agosto de 2002. Al mismo tiempo, Esther Balboa, candidata vicepresidencial del indigenista radical, Felipe Quispe Huanca, accedió a ser Viceministra de GSL. Quispe Huanca la expulsó de su partido, el Movimiento Indígena Pachacutec (MIP), pero, al cabo de pocas semanas, el MIP integró, junto al MAS y otros partidos, la Fundación por la Democracia Multipartidaria, financiada por Holanda. Las ONG, además de reclutar a dirigentes indígenas, provocaron una numerosa «fuga de cerebros» que, en lugar de trabajar por su país, prestan servicios a entidades financiadas desde el exterior.
La citada Marcha indígena fue respondida por Jorge Quiroga con el ofrecimiento de la Asamblea Constituyente, cuya consigna había sido asumida por los pueblos del oriente boliviano. El 30 de junio de 2002, GSL ganó las elecciones presidenciales, con asesores norteamericanos que planificaron su campaña electoral, lo que fue mostrado en un video ampliamente difundido en el país. En respuesta a la rebelión de El Alto, de octubre de 2003, se formó la Comisión de Estudios Alternativos de El Alto, financiada por Transredes, USAID, BM y el BID, así como por ONG como la C IDOP. El apoyo de Reyes Villa, de NFR, a la Asamblea Constituyente fue indubitable. Dos días antes del derrocamiento de GSL, Reyes Villa declaró: «La CPE es anacrónica». Para este dirigente, la CPE es anacrónica porque defiende los recursos naturales y no por la exclusión indígena, ya que este tema no le preocupó en su vida política.
EL DECRETO DE NACIONALIZACION
Con esos antecedentes, se formó la comisión encargada de elaborar el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, promulgado el primero de mayo de ese año, integrada por dirigentes del MAS que habían coadyuvado en la redacción de la Ley 3058 y mi persona. En días previos a la Nacionalización, lamenté que la comisión, respaldada por Evo y Alvaro, se negara a incluir la expropiación legal de las acciones de las empresas capitalizadas, a fin de que, desde un principio, YPFB tuviera el control del 50 % mas uno de las acciones de Chaco, Andina y Transredes. El día de la posesión de Evo Morales, los gobiernos de Venezuela y Bolivia suscribieron acuerdos de complementación económica, que permitieron contar con el respaldo venezolano al Decreto de Nacionalización.
El primer borrador del Decreto fue presentado a la Comisión por el asesor del Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera. Su texto final fue difundido después de analizarse 22 versiones, en más de cuatro meses, cuyos borradores se archivaron como testimonio histórico. Su artículo primero determina que «El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto» de los hidrocarburos del país. El artículo segundo ordena a las compañías que están operando en Bolivia entregar a YPFB la totalidad de su producción, para luego establecer que el ente estatal asume el monopolio de la comercialización, «definiendo condiciones, volúmenes y precios para el mercado interno, mercado externo e industrialización». A continuación se dejó establecido que sólo podían seguir operando en el país las petroleras que reconozcan la nacionalización. En el artículo cuarto se determinó abrir un proceso de transición de 180 días, en el cual se creaba una participación adicional del 32 % a favor de YPFB, en los mega campos de gas, en los que el Estado pasaba a recibir un ingreso del 82 % y las compañías el 18 %, o sea exactamente a la inversa de lo dispuesto por la Ley de Sánchez de Lozada. Este punto se incluyó a iniciativa del Presidente Morales.
En aplicación del artículo quinto, el Estado debió tomar el control y la dirección de la cadena productiva, es decir de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución e industrialización de hidrocarburos. Las acciones otorgadas por GSL a ciudadanos bolivianos por la «capitalización» de dos empresas petroleras: Andina (Repsol) y Chaco (Amoco-British Petróleum) y de la transportadora Transredes (Enron-Shell), que estaban en poder de dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pasaron en propiedad a YPFB, gracias a un decreto promulgado semanas después de la nacionalización. La decisión de entregar a YPFB el 50 % mas uno de las «capitalizadas» ha quedado incumplida hasta el presente. El artículo ocho dio un plazo de 60 días para refundar YPFB y el noveno determinó que las FFAA sean, junto al Poder Ejecito, las encargadas de ejecutar la histórica medida.
¿HUBO NACIONALIZACION?
Todas las nacionalizaciones en el mundo son diferentes ya que se desarrollan en contextos geopolíticos y económicos diversos. En Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos fue dictada dentro de un proceso democrático. Las dos anteriores fueron ejecutadas por gobiernos militares de facto. La primera, en 1937, conducida por el general David Toro, y, la segunda, en 1969, por el general Alfredo Ovando Candia, cooperado de manera eficaz por el histórico líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. La tercera nacionalización fue promulgada por un gobierno que controla sólo la Cámara de Diputados, ya que su partido, el MAS, es minoritario en el Senado. Tuvo lugar después de veinte años de políticas neoliberales, que habían colocado al país cerca de la disgregación. En el 2003, Mark Falcoff, asesor del vicepresidente de EEUU, Dick Cheney, aseguró que pronto veríamos una nueva configuración del mapa sudamericano (sin Bolivia) y el Ministro de Defensa Argentino, Jorge Pampuro, indicó que «Bolivia se había libanizado», razón por la que estaba organizando un corredor aéreo, a fin de rescatar a ciudadanos argentinos que residen en Bolivia.
El ex diputado del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Carlos Dabdoub, oficiaba de vocero de la «Nación Camba» y Felipe Quispe Huanca había proclamado la República Aymara. Roberto Ruiz Bass Werner, Presidente del Comité Cívico de Tarija, amenazaba con precipitar el proceso autonómico de su región. El panorama se completó con el arribo de tropas norteamericanas a la base «Mariscal Estigarribia», de Paraguay, a pocos cientos de kilómetros de los mega campos de gas. La dependencia brasileña del gas boliviano merece acápite especial. El 50 % del consumo de gas de Brasil y el 85 % del gas consumido en San Pablo dependen del gas boliviano. Esta era un arma contundente. Por una parte, garantizaba que la potencia sudamericana no cerrara los gasoductos. Tampoco podía invadir a Bolivia, como exigieron sus medios de comunicación más conservadores, debido a que la destrucción de los gasoductos hubiera desabastecido a San Pablo. El despliegue de tropas militares bolivianas en los campos petroleros el día de la nacionalización reforzó el sentimiento de unidad nacional que se vivió entonces.
Lo anterior permitía negociar con Brasil nuevas condiciones en la explotación y comercialización de los mega campos. En ese contexto, se explica la aceptación de Petrobrás de pagar una participación adicional del 32 % sobre la tributación del 50 % ya fijada por la Ley 3058, del 17 de mayo e 2005. Este 32 % debía consolidarse, desde nuestro punto de vista, gracias a las auditorias a los campos petroleros ordenadas por el Decreto de Nacionalización. Esas auditorias determinaron que entre 1999 y 2005, Petrobrás invirtió 284 millones de dólares, obtuvo utilidades por 500 millones de dólares y que se benefició con amortizaciones que sumaron 400 millones de dólares. Asimismo, logró una utilidad adicional por la exportación de gas al Brasil con un valor calórico superior al fijado en el contrato, a lo que debe añadirse las utilidades adicionales por la estafa del «hedging».
Infelizmente, los resultados de las auditorias no fueron tomados en cuenta por los negociadores de los contratos post nacionalización. A partir del Decretp de 1-05-06, Brasil sostiene que no necesitará del gas boliviano. Lo que es una falacia, aún después del descubrimiento del campo Tupí, en la bahía de Santos. Por su parte, Bolivia debió completar la nacionalización con la refundación de YPFB. Infelizmente, esta tarea también fue incumplida. El retroceso de la nacionalización pretendió ser encubierto con medidas de beneficencia y la exacerbación del indigenismo.
LAS PERSPECTIVAS
Las perspectivas de los hidrocarburos en Bolivia dependen de la capacidad del país para asumir los errores cometidos, rescatar los aciertos y adoptar medidas que permitan avizorar mejores días. Una primera conclusión es que el país requiere estructurar un frente interno de resistencia a los centros de poder mundial y sus aliados locales. Ese frente está hoy quebrado por la prédica sectaria de autonomistas a ultranza, que buscan más bien el separatismo, y del indigenismo fundamentalista, que piensa que el país puede actuar de manera coherente si se lo divide en 36 «naciones», con sus territorios, soberanías, identidades e idiomas. Debe rescatarse, sin embargo, los avances en la lucha contra la exclusión social. Es importante la toma de conciencia ciudadana de los indígenas y la liquidación del esclavismo en tierras bajas. Pero ese avance no debe ser antagónico a la apoteosis de unidad y patriotismo que se vivió con la nacionalización de los hidrocarburos, cuya senda unitaria y liberadora debe recuperarse.
En este sentido, se requiere retomar el rumbo del Decreto de Nacionalización, que ha quedado abrogado por los contratos petroleros de octubre de 2006. Petrobrás considera, de manera oficial, que firmó contratos de producción compartida y no de servicios o contratos de operación, como dice el gobierno. El ente brasileño añade que, al tener la propiedad sobre parte de la producción, puede anotar como suyo el valor de las reservas bolivianas en las bolsas internacionales de valores. Las pugnas con las petroleras no han terminado. El proyecto de CPE del MAS, en su artículo 355, dice lo siguiente: «Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana, podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrán utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado». Lo anterior muestra que la pugna con las petroleras no ha terminado.
Brasil ha comenzado a presionar a Bolivia para modificar la Ley 3058, de 17-05-04, lo que significará retornar a las reglas petroleras dejadas por GSL. Recuperar la nacionalización significa abrir nuevos horizontes para el gas y el petróleo, a fin de abandonar las rígidas opciones trazadas por Petrobrás y las petroleras de EEUU y Europa. Conlleva suscribir acuerdos con Enarsa (entidad que también necesita desprenderse de la asfixia transnacional), PDVSA y otras empresas estatales.
Lo dicho en materia de hidrocarburos, es válido para todos los recursos estratégicos del país. Fue importante suscribir el contrato que permite a la empresa Jindall, de la India, explotar el 50 de las reservas de hierro del Mutún, lo que detuvo el avance de la oligarquía brasileña en ese flanco. El 50 % restante debe ser explotado con mayor presencia estatal y en mejores condiciones para el país. Bolivia debe abandonar la mentalidad «rentista», practicada por GSL y profundizada por Evo Morales. Los países de Europa Occidental hubieran quedado en la miseria si utilizaban los recursos del Plan Marshall de EEUU (que favoreció también a los grandes Bancos privados), si los repartía entre ancianos, escolares y minusválidos. Los excedentes que tiene Bolivia, fruto de los aumentos de precios del petróleo y los minerales, no pueden servir para la beneficencia y para prestarlos a transnacionales y Bancos foráneos a tasas de interés menores a los créditos que la CAF otorga a Bolivia. Sin estrategia de desarrollo que permita utilizar de manera correcta los excedentes económicos. no hay futuro digno para los bolivianos.
En fundamental entender que las soluciones a nuestros problemas estructurales no provengan de países extranjeros, de organismos internacionales, como el BM, el FMI, el BID y la CAF y de las ONG. Admitamos que «existen ONG y ONG» y que no todas son lo mismo. Pero lo anterior pasa por debatir y aprobar el proyecto de Ley de ONG, que está en el Parlamento hace seis años. En él se establece que las ONG requieren, para operar en el país, tener objetivos coincidentes con los de la estrategia nacional de desarrollo, mostrar el origen de sus financiamientos y el destino de los recursos. Lo anterior no podrá cumplirse mientras el país adolezca de una estrategia de desarrollo, ya que la elaborada por el MAS carece de sustento.
El requisito previo para avanzar en todo lo afirmado consiste en recuperar el sentido de la «bolivianidad», que ha sido casi pulverizado por las políticas neoliberales, primero, y por el indigenismo a ultranza después. Los riesgos para la existencia del país como Estado independiente se han vuelto a presentar con igual o mayor fuerza que existente durante el «gonismo». Sólo el rescate de la voluntad de existir podrá salvar a «la hija predilecta del Libertador», a fin de que coadyuve al sueño común de La Patria Grande.