La Paz, agosto 18, 2004.- Fuerzas combinadas del Ejército y la policía fueron desplegadas hoy para defender los pozos y las instalaciones petroleras, que corren el riesgo de ser ocupadas por organizaciones campesinas y vecinales que reclaman desde la dotación de tierras hasta el congelamiento de los precios de los carburantes. El Comandante Nacional de […]
La Paz, agosto 18, 2004.- Fuerzas combinadas del Ejército y la policía fueron desplegadas hoy para defender los pozos y las instalaciones petroleras, que corren el riesgo de ser ocupadas por organizaciones campesinas y vecinales que reclaman desde la dotación de tierras hasta el congelamiento de los precios de los carburantes.
El Comandante Nacional de la Policía, Jairo Sanabria, confirmó hoy en La Paz que se comenzó a movilizar tropas policiales hacia las zonas donde se produjeron tomas de tierras, pozos petroleros y el cierre de válvulas de gas. «Si ellos van a atentar contra la vida, contra la integridad física, o contra el derecho de propiedad del resto de los habitantes la Policía va actuar de hecho», dijo.
Mientras tanto, en Santa Cruz, policías y militares, fuertemente pertrechados, custodiaban la refinería de Palmasola ante la advertencia de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de tomar esa planta como protesta por los constantes incrementos en el precio de los carburantes. «El presidente (Carlos) Mesa tiene una política económica y social que es matar al pueblo de hambre», dijo el dirigente vecinal Romel Porcel, quien a la cabeza de una masiva marcha de vecinos llegó hasta las puertas de esta refinería amenazando con ocuparla por la fuerza.
A principios de semana, campesinos del norte de Santa Cruz habían ocupado los campos petroleros de British Petroleum y cerraron las válvulas de gas de Santa Rosa del Sara, en demanda de tierras. En Tarija, los pobladores de Villamontes cerraron las válvulas de Transredes exigiendo la aprobación de un crédito para la construcción de la carretera Tarija- Villamontes con la frontera con Paraguay. Estas acciones habían sido tipificadas como ilegales por las autoridades de gobierno.
Por lo que se ha visto hasta ahora, la ocupación de campos petroleros parece ser una nueva arma que utilizan las organizaciones sociales y sindicales para reivindicar sus derechos y reclamos. Hoy, en La Paz, una decena de afiliados al Movimiento Sin Tierra (MST) instalaron un piquete de huelga de hambre en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en demanda de la libertad del dirigente agrario Gabriel Pinto, acusado de haber participado en el secuestro, asesinato y quema del alcalde de Ayo Ayo, a mediados de junio, en una acción que los agricultores reclaman como «justicia comunitaria». Los miembros del MST amenazaron con tomar el pozo Madrejones, en el sur del país, si Pinto no era puesto en libertad.
La toma de pozos es rechazada, sin embargo, por el Movimiento al Socialismo (MAS), del diputado cocalero Evo Morales, que está inmerso de lleno en la preparación de sus candidaturas para las elecciones municipales de fin de año. Morales negó tener vínculos con la ola de ocupación de tierras y pozos. «Lamento mucho que el señor (Gregorio) Lanza, (autoridad del Ministerio de Gobierno) que era asesor de los cocaleros de los Yungas, hable por demás, parece que ha consumido de manera excesiva ya no hoja de coca sino sus derivados para decir que el MAS está implicado en la toma de campos petrolíferos», dijo.
En el frente oficial, la preocupación era notoria. «Nunca antes hemos tenido situaciones como estas, que son lamentables y peligrosas», dijo Jaime Barrenechea, presidente de la petrolera YPFB, respecto de la toma de pozos petroleros en Santa Rosa. «El gobierno está desplegando todos los esfuerzos para solucionar el conflicto a través del diálogo; pero no encuentra respuesta de estos sectores radicalizados», dijo al asegurar que las ocupaciones provocarían un déficit de producción de tres mil barriles diarios afectando la provisión de gas licuado en Santa Cruz y Tarija. El desabastecimiento de gas en Tarija es inminente».
Como respuesta, el MST dijo estar dispuesto a dialogar si es que el gobierno cumple sus compromisos; pero está dispuesto también a continuar la toma de campos petroleros, según Silvestre Saisari, dirigente del bloque oriente. «Al momento se tomó dos pozos y los demás están en camino de ser intervenidos (…) No tenemos miedo porque no tenemos nada que perder», dijo y advirtió que «cuando haya represión» los sin tierra «tomarán cualquier acción más drástica».
Por su parte, dirigentes de la COB y de la Coordinadora de defensa del Gas anunciaron el inicio de movilizaciones desde el 25 de agosto para rechazar el constante aumento de los carburantes y lograr la nacionalización de la industria petrolera.