En un contexto de aguda crisis económica y desempleo creciente, el Estado mexicano liquida inconstitucionalmente a más de 44.000 trabajadores activos, a los que se suman los trabajadores jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por la Policía Federal Preventiva (policía militar) […]
En un contexto de aguda crisis económica y desempleo creciente, el Estado mexicano liquida inconstitucionalmente a más de 44.000 trabajadores activos, a los que se suman los trabajadores jubilados de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La toma de las instalaciones de Luz y Fuerza por la Policía Federal Preventiva (policía militar) el 10 de octubre pasado y el decreto presidencial de extinción de dicha empresa paraestatal, muestran el despliegue armado y policial del neoliberalismo -en el que el uso de la fuerza antecede a la política.
Este embate sigue los lineamientos del neoliberalismo clásico impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás instituciones internacionales que buscan precarizar el trabajo, anulando todos los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de más de un siglo. La agresión gubernamental pretende, además, destruir la organización sindical independiente, al tiempo que propina un ataque brutal a la legislación laboral mexicana, al derecho a la organización de los trabajadores, y se inscribe en una estrategia que busca conducir a la nación entera hacia un Estado de excepción.
Es inadmisible privatizar las empresas de servicios vitales para la población, entregándolas a corporaciones nacionales y extranjeras que no atienden al bien público sino a intereses privados. Se responde así a las necesidades de integración y suministro energético del mayor consumidor del mundo, Estados Unidos, y al interés económico de ex funcionarios gubernamentales y empresas transnacionales, particularmente españolas, que buscan obtener la concesión exclusiva de la red de fibra óptica de la compañía, instalada en el Valle de México, para hacer un negocio privado de telecomunicaciones consistente en transmisión de datos, audio y video (Triple play), cancelando así la posibilidad de que la compañía pública de Luz y Fuerza brinde dicho servicio como servicio público.
Rechazamos de la manera más enérgica este nuevo acto de violencia y despojo del capital contra el pueblo de México y expresamos nuestra mayor solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos sumamos a las miles de voces que exigen la derogación inmediata del decreto de extinción de LyFC; la salida de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo de los electricistas; el regreso del Ejército a sus cuarteles, y el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional.
Movimiento Nuestra América
Red de Intelectuales y Artistas En Defensa de la Humanidad
Pablo González Casanova, José Luis Ceceña, Miguel Concha Malo, Enrique Dussel, Ana Esther Ceceña, Gilberto López y Rivas, Camilo Pérez Bustillo, Ana María Aragonés, Miguel Álvarez, José Steinsleger, Alicia Castellanos, Oscar González, Héctor Díaz-Polanco, Carlos Fazio, Enrique Rajchenberg, Lucio Oliver Costilla, José María Calderón, Enrique González Ruiz, Francisco López Bárcenas, Oscar González, Arturo Guillén, Hugo Aboites, Carlos Beas, Margarita Favela, Josefina Morales, Mariana Berlanga, Eduardo Correa, Clemencia Correa, Rubén García Clarck, Catalina Eibenschutz, Marcos Roitman Rosenmann (España), Roland Denis (Venezuela), Efraín León Hernández, Elder Andrade de Paula (Brasil), Roberta Lobo da Silva (Brasil), Nayar López Castellanos, María Atilano, María Guerra, Antonia Candela, José Gandarilla Salgado, Rebeca Peralta Mariñelarena, Massimo Modonesi, Sara Neria Ordaz, Maricarmen Montes, Cristina Steffen, Isabel Sanginés, Daniel Ezcurra (Argentina), Gabriela Roffinelli (Argentina), Luis Arizmendi, Miguel Mazzeo (Argentina).