El máximo tribunal de Bolivia sentenció recientemente a cinco militares a 15 y 10 años de prisión. También dictó tres años de cárcel para dos ex ministros. Fue en el juicio por la masacre de octubre de 2003, conocida como «octubre negro». Se trató de la represión de la revuelta popular contra el Gobierno de […]
El máximo tribunal de Bolivia sentenció recientemente a cinco militares a 15 y 10 años de prisión. También dictó tres años de cárcel para dos ex ministros. Fue en el juicio por la masacre de octubre de 2003, conocida como «octubre negro».
Se trató de la represión de la revuelta popular contra el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La masacre terminó con la muerte de casi setenta personas y más de 500 heridos.
Tercera Información conversó con Rogelio Mayta, el abogado defensor de las familias de las víctimas. Mayta comentó que la sentencia es una muestra de que es posible lograr la justicia con perseverancia y convicción, aún en escenarios adversos.
«Soy aymara y mi pueblo ha vivido una larga historia de represión y explotación… Ese era nuestro tiempo, el tiempo para arrebatarle a un sistema injusto y discriminador un poco de justicia», enfatizó.
El fallo declaró que los militares Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera cometieron el delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Ordenó 15 años y 6 meses de prisión para ellos.
La sentencia también declaró a los militares José Quiroga Mendoza y Luis Aranda Granados como autores del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. La condena para ellos fue de 11 años de presidio.
Y la sanción para el militar Gonzalo Mercado Rocabado fue una pena de 10 años de prisión. Los sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente Sánchez de Lozada.
Los ex ministros Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron señalados como autores en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, por lo cual fueron condenados a tres años de cárcel.
La Corte Suprema dictó el fallo en unanimidad y en única instancia. Allí se establece que los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.
La causa investiga también la responsabilidad del ex presidente Sánchez de Lozada y ocho de sus ministros. Todos ellos se encuentran prófugos de la justicia en distintos países. La legislación boliviana impide enjuiciar y dictar sentencia en ausencia de los imputados.
Esta sentencia de Bolivia adquiere especial importancia, por ejemplo, en El Salvador, porque se da en el contexto en que los nueve militares acusados del asesinato de seis jesuitas -la mayoría españoles- y dos de sus colaboradoras, en 1989 en El Salvador, serán procesados en ausencia por tribunales españoles, luego de que la Corte Suprema de Justicia de este país centroamericano se negó a detenerlos para ser extraditados.
«Debemos tener el conocimiento y la fortaleza necesaria para hacer que las leyes se apliquen y funcionen, una y otra vez, hasta que la impunidad deje de ser la regla», dijo Mayta.
– ¿Qué sucedió en la masacre conocida como «octubre negro»?
Para el seis de agosto de 2002, fecha en que asumió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, era público que Bolivia tenía importantes reservas de gas natural y que las autoridades tenían la intención de exportarlo por puerto chileno, y en condiciones totalmente adversas para el país, pues a Bolivia sólo le habría correspondido el 18% de los ingresos generados por la exportación.
Entonces se vivía la crisis del modelo neoliberal, escaseaba el trabajo y era mal pagado, existía una profunda crisis económica y como solución el gobierno sólo intentaba incrementar impuestos.
Desde diferentes sectores la gente protestaba, junto a sus reclamos particulares exigían que: el gas se industrialice en Bolivia y que no se exporte por Chile, con quien se tiene un problema histórico no resuelto porque Bolivia perdió su cualidad marítima por la guerra que enfrentó a ambos países.
El gobierno, que tenía intención de exportar el gas natural por Chile, evaluó la situación y determino que para hacerlo debía aplastar al movimiento popular y decidió hacerlo por la represión militar.
Luego de concluir los preparativos políticos, militares y logísticos, a principios de septiembre de 2003, el gobierno dispuso el inicio de las operaciones militares. El 20 de septiembre, en Warizata, se dio el primer operativo, se tomó el pueblo con fuerzas especiales bajo el pretexto de vencer un bloqueo de caminos y de que estaba operando en la zona un foco guerrillero -lo que fue desmentido posteriormente de forma categórica por toda la comunidad de inteligencia- (formada por el Servicio de Inteligencia del Estado, SIE, y la Dirección de Inteligencia del Estado, DIE.
La muerte y la violencia absolutamente desmedida causó una indignación general. El gobierno prosiguió ejecutando su política de criminalización y represión violenta de la protesta social.
En octubre, entre el 8 y el 17, se militarizaron las ciudades de El Alto y La Paz de facto, y se realizaron varias operaciones de represión, una de las más violentas fue la ejecutada en la zona de Villa Ingenio (El Alto) en la que efectivos militares ingresaron a barrios en los que no se protestaba, en los que la gente se hallaba totalmente desprevenida, disparando armamento de guerra con el saldo fatal de 21 muertes y unas cien personas heridas.
La investigación oficial, concluida en 2007, estableció que en las operaciones militares mataron a 57 personas y resultaron heridas unas 500.
– ¿Por qué decidió ser el abogado defensor de las familias de las víctimas?
Los hechos de la masacre nos marcaron a todos en Bolivia y en especial en las ciudades de La Paz y El Alto. Como a muchos, la violencia que se ejerció desde el Estado, y por una razón tan mezquina como la exportación de gas natural para beneficiar a las transnacionales petroleras y unos cuantos socios bolivianos, me llenó de indignación.
Cuando Sánchez de Lozada huyó, quedó el reto de impulsar el proceso de justicia para que no sea como siempre, o sea, que desde el poder político y económico se masacre, se asalte la hacienda pública y no pase nada.
Soy aymara y mi pueblo ha vivido una larga historia de represión y explotación, si se hubiera masacrado a nuestros abuelos ni siquiera se hubiese podido presentar una denuncia, si se hubiera masacrado a nuestros padres con suerte se habría abierto un proceso legal que no iba a llegar a nada.
Ese era nuestro tiempo, el tiempo para arrebatarle a un sistema injusto y discriminador un poco de justicia. Nunca pensé que sería tan complejo, ni siquiera imaginé el enemigo al que íbamos a enfrentar, que no eran sólo personas sino intereses económicos y políticos, y toda la clase que encarnó el poder del Estado hasta enero de 2006 y que lo disputa todavía.
– ¿Qué mensaje considera que deja la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia contra los autores de esta masacre?
Que quienes ejerzan el poder en Bolivia, en el futuro, sean muy cuidadosos al pretender reprimir militarmente la protesta social para resguardar intereses económicos de transnacionales y de algunos grupos de poder.
No es sólo un castigo a los responsables de la masacre sino también una advertencia a los futuros gobernantes.
Por otra parte nos queda claro que aún en un escenario complicado como el que enfrentamos, es posible que incluso altas autoridades de Estado sean procesadas y castigadas por los delitos que pudieran haber cometido cuando ejercían el poder.
– ¿Qué obstáculos encontraron las víctimas y sus familiares para hacer justicia en este genocidio y qué tipo de presiones hicieron?
La ley fue un gran obstáculo, la hicieron a medida para la impunidad. En Bolivia el genocidio, la masacre, que son crímenes de lesa humanidad tienen pena privativa de libertad de 10 a 20 años.
La ley determinaba un proceso complicado con muchos vacíos y privilegios para los procesados que hacían casi imposible que se llegase a una sentencia.
Las autoridades, en su generalidad, siempre le pusieron trabas al proceso, buscando que se extinguiera legalmente y de facto porque ya nadie reclamase. No lo lograron. Salvo el trabajo de contadas autoridades, la constante fue que ellos no hicieron lo que debían o lo hicieron mal.
El poder económico y político de Sánchez de Lozada siempre estuvo presente, lo advertimos en varios episodios y en particular cuando las autoridades actuaban contra el proceso sin fundamento, quedando clara sólo la relación de esas autoridades con el grupo de poder de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzain o Manfred Reyes Villa.
Nuestro accionar tuvo varios ejes. Un eje fue jurídico, el planteamiento del caso en los términos que requiere la ley. Otro fue el eje de movilización, aquí el elemento fundamental fue un proceso constante de información, primero al interior de la organización de víctimas y luego a la opinión pública, utilizamos diferentes medios y formas -conferencias de prensa, entrevistas, difusión de material informativo, comics, entre otros-.
Con base en la información se decidieron y realizaron varias acciones de exigencia a las autoridades, fundamentalmente para que cumplan la ley; se realizaron plantones, vigilias, campañas de cartas y protestas culturales, entre otros.
Para el final unas 40 víctimas se trasladaron de la ciudad de El Alto a Sucre (a unos 1.000 Km de distancia), sede de la Corte Suprema de Justicia y del juicio, y sostuvieron una vigilia de 58 días frente a la Corte Suprema .
– Los condenados formaron parte del alto mando militar del ex presidente Sánchez de Lozada, quien junto a ocho de sus ministros aún se encuentran prófugos de la justicia en diferentes países ¿Qué piden las organizaciones y las víctimas?
Los bolivianos creemos firmemente que las ex autoridades tienen que ser repatriados para rendir cuentas ante la justicia. Pedimos que los gobiernos de Estados Unidos, Perú y España (donde están las ex autoridades) nos permitan tener justicia.
Estas ex autoridades y sobre todo el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex Ministro Carlos Sánchez Berzain deben enfrentar un proceso judicial en el que se establezca su responsabilidad en la masacre y su sanción si fuera el caso.
– La Cancillería de Bolivia tramita desde 2007 la extradición del ex presidente ante la Secretaría de Estado de EE.UU. ¿Cómo avanza este proceso?
No avanza, hasta donde conocemos la solicitud no fue aceptada ni rechazada, ni se le habría dado el proceso que correspondía remitiéndose la solicitud a conocimiento de un juez que decida sobre ella.
Nosotros advertimos que no existe la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos para permitir la extradición y por el contrario existe una decisión clara para evitar que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain sean sometidos a la justicia.
– El senador opositor y ex comandante general del ejército, Marcelo Antezana, sostiene que con esta sentencia se ha criminalizado el accionar de las fuerzas armadas por lo cual impulsarán que se revoque ¿Qué opina al respecto?
El General Antezana parece desconocer que las instituciones, según la ley boliviana, no cometen delitos, que sólo pueden cometerlos las personas naturales. No se puede afirmar que el accionar de las Fuerzas Armadas hubiera sido criminalizada ni mucho menos, se ha sancionado el accionar de algunos miembros de las fuerzas armadas que en los hechos concretos de la masacre se apartaron del ordenamiento jurídico.
La afirmación del general Antezana, testigo de cargo de la acusación, no parece ser producto de una reflexión profunda ni de conocimiento del caso ni de la ley; sólo así podemos entender que pretenda que la sentencia se revoque, cuando ello es procesalmente inviable, según la Constitución Política boliviana, al tratarse de una sentencia emitida en un proceso de privilegio que mereció un antejuicio y al que se sometieron voluntariamente todos los acusados en 2009.
– Denis Racicot, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, resaltó la importancia de la sentencia porque es un avance en la lucha contra la impunidad ¿Cuál es su reflexión sobre estas declaraciones y qué mensaje deja a los demás pueblos y Estados de América Latina?
Cuando empezamos el proceso, todos nos decían que estábamos perdiendo el tiempo, que el proceso no iría a ninguna parte. Se temía al poder económico y político de los acusados que en definitiva es poder y el poder pretende ser eternamente impune.
La sentencia que se logró nos muestra a los bolivianos que es posible lograr justicia con perseverancia y convicción, aún en escenarios adversos.
No debemos rendirnos y resignarnos a que las cosas sigan como siempre porque así han sido, parece trillado; pero hay que dar la pelea.
En todo caso, comprobamos en carne propia que en este tipo de casos las autoridades no hacen justicia o más bien que hacen todo lo posible para que los procesos no avancen porque hay demasiados intereses en juego.
Las leyes y las instituciones no funcionan porque sí, debemos tener el conocimiento y la fortaleza necesaria para hacer que se apliquen y funcionen, una y otra vez hasta que la impunidad deje de ser la regla.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article28833
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