La provincia sigue engrosando sus estadísticas de abusos y casos de gatillo fácil. En apenas cuatro meses, se registraron 187 casos de tortura por parte de efectivos de distintas fuerzas. En el año hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos. Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 […]
La provincia sigue engrosando sus estadísticas de abusos y casos de gatillo fácil. En apenas cuatro meses, se registraron 187 casos de tortura por parte de efectivos de distintas fuerzas. En el año hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos.
Entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril de 2015, se registraron 187 casos de tortura por parte de las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe. El dato sale del último informe del Registro Provincial de Torturas, Malos Tratos, Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas del sistema Judicial, presentado en julio pasado. Según el relevamiento, 108 casos se circunscriben a Rosario. Es decir, casi un 60 por ciento del total. Completan la lista Santa Fe (34), Venado Tuerto (20), Reconquista (16) y Rafaela (9).
El informe del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) revela un dato determinante: la mayor parte de las víctimas de abusos y malos tratos son jóvenes y sólo finalizaron la escuela primaria en su formación educativa. El grupo de edad comprende desde 19 a 29 años, en su mayoría hombres (169), mientras que se registraron 10 casos en mujeres y 8 no aclarados.
El 72 por ciento de los abusos policiales ocurrieron en la vía pública y un 18 en las comisarías. El informe destaca que el 58 por ciento de los casos se dio en un sólo lugar, mientras que otro 40 afirma haber sido víctima en más de un sitio. Los tipos de agresiones son tres: físicas, psicológicas y afectaciones. El trabajo aclara que en un mismo hecho pueden confluir varias vejaciones. La mayor cantidad corresponde a violencia física: las más reiteradas son los golpes y golpizas, pero también aparecen balas de goma, asfixia, submarino seco, picana, puntazos, entre otras. Las amenazas constantes y maltratos a familiares son las principales agresiones psicológicas; mientras que el armado de causas es la principal de las afectaciones.
El Registro Provincial aclara que sólo el 14 por ciento de los torturadores poseían placa o algún tipo de identificación y sólo un 16 por ciento de las víctimas pudo identificarlos de otro modo. Del porcentaje identificado, el 45 corresponde al personal de las comisarías y el 22 al Comando radioeléctrico. Entre estas dos fuerzas concentran casi la totalidad de los casos, pero también están mencionadas la Policía de Acción Táctica (PAT), Infantería, Policía motorizada, Gendarmería y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), entre otras.
Otro dato que refleja la realidad de las víctimas de torturas es que el 38 por ciento de los casos registrados no fueron judicializados. Esto se debe, principalmente, por temor a represalias y por miedo a que empeore la situación de los que se encuentran detenidos.
El informe del SPPDP demuestra la vulnerabilidad de un sector de los jóvenes santafesinos que son abusados por distintas fuerzas represivas estatales. No sólo son víctimas cuando sufren torturas, sino también cuando son abandonados, cuando se encuentran desprotegidos y sin las garantías mínimas para denunciar. En ese contexto, sumado a otros factores, muchos de estos casos no son denunciados ni informados.
En un artículo publicado recientemente en Rosario/12 se confirmó a través de una voz oficial lo que víctimas, vecinos, organizaciones sociales y hasta funcionarios públicos venían denunciando: las detenciones por «portación de rostro». Entrevistado por Martín Stoianovich, Ariel Sánchez, el regente de zona sur del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, admitió que «hay ciertas características físicas que se repiten» en las detenciones. En nombre de la prevención de delitos, declaró: «Yo no soy antropólogo, pero sí ocurre que cuando uno tiene una gimnasia de trabajar mucho tiempo en la calle, a veces se da cuenta de que hay ciertas características físicas que se repiten. Cuando uno detecta ciertos rasgos por formas de vestir o algo por el estilo, podemos cometer el error de estigmatizar».
Sánchez admite la estigmatización y los abusos que deben sufrir cientos de jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad en nombre de la «prevención» y la «seguridad», al mismo tiempo que reivindica dicho accionar. Muchas de las víctimas de los operativos y de las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiales son los que siguen engrosando las estadísticas de torturas en la provincia de la bota.
Gatillo fácil
El año arrancó con la peor noticia: el asesinato de un pibe que estaba lavando su auto en la puerta de su casa cuando agentes del Comando Radioléctrico y de la recién estrenada Policía de Acción Táctica (PAT) avanzaban a los tiros persiguiendo a otro joven que había cometido un delito. Tres disparos recibió Jonathan Herrera, mientras intentaba refugiarse de la balacera, la primer semana de enero. Los agentes de la PAT declararon en su momento que lo habían confundido con un presunto cómplice de la persona perseguida. Un «accidente» que costó una vida de 23 años.
El último caso registrado es el de Roberto Arrieta. El joven se trasladaba en moto, junto a su novia, cuando fue embestido por un móvil de la policía; luego de discutir con algunos efectivos, se dirigió a la comisaría de Puerto General San Martín a realizar la denuncia. En la seccional, uno de los policías le disparó a muy corta distancia «con un arma antitumulto», según informó Karina Bartocci, fiscal a cargo de la oficina de Violencia y Corrupción Institucional. El tiro fue directo al pecho. Roberto cumplía 22 años el 6 de septiembre, el mismo día que fue asesinado.
En el medio de estos dos hechos se cuentan más de una decena de jóvenes asesinados por agentes policiales. Muchos de ellos son presentados a los medios y a la Justicia como «enfrentamientos» o «accidentes»; eso ocurrió con las primeras versiones de los casos nombrados arriba. Sin embargo, la realidad es otra: la mayoría de los jóvenes asesinados no tenía relación con algún hecho delictivo y, otras veces, cuando sí hubo un delito, el accionar policial fue desmedido.
En 2014 se registraron 15 casos de gatillo fácil en Rosario. En una reciente publicación, el Gobierno provincial reconoció que ascienden a 16 los homicidios cometidos por policías durante los primeros ocho meses del año. Algunos de esos jóvenes, además de Herrera y Arrieta, son Alexis Oscar Rosales, Nelson Gastón Fuentes, Jonathan Berloti, Dante Fiori, Carlos Godoy, Maximiliano Zamudio, Facundo Rivas, Lucas Matías Segovia, Ezequiel Marcelo Fiori, Marcelo Joaquín Cañete y Elías Martínez. Todos pibes de las barriadas populares. A la infame lista puede sumarse también el nombre de Gerardo Escobar, ya que en el caso se encuentran implicados varios policías.
Según el informe realizado por la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales, del Ministerio de Gobierno, hubo más muertos por las balas policiales que los cometidos en robos, cifra que asciende a 15 (un 10 por ciento del total). De los 141 homicidios dolosos registrados hasta el mes de agosto, una tercera parte está ligada al narcotráfico. Este último dato explica gran parte de la situación de violencia y de impunidad que se respira en todo el departamento de Rosario.
Además destaca, casi como un logro, una disminución de un 20 por ciento de los homicidios en relación al mismo mes de 2014 (176 asesinatos). Es evidente que esa disminución en la Tasa de Homicidios no se traduce en menos casos de gatillo fácil y abusos y torturas policiales.
Una provincia represiva
Según el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante todo el período democrático post-Dictadura fueron asesinadas más de cuatro mil personas. Santa Fe registra 504 casos, siendo una de las provincias con niveles más altos de represión estatal.
Según la Correpi -organización que lleva casi veinte años de lucha contra la represión, por los Derechos Humanos, y trabajando en la elaboración del más completo archivo de casos-, desde 1983 hasta diciembre de 2014, fueron asesinadas 4278 personas. El 63 por ciento de los homicidios (2710) ocurrieron durante toda la gestión kirchnerista (2003-2014). Esto significa que en 11 años fueron asesinadas más de la mitad de las personas de 31 años de democracia.
Si bien Buenos Aires (provincia y ciudad) concentra el 52 por ciento de los casos y Santa Fe casi el 12, cuando se compara la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes, el dato es alarmante: hasta el año 2013, lideró el ranking siendo la provincia con más muertes por millón de habitantes. Según la última actualización del informe de Correpi, fue desplazada al segundo lugar por Tierra del Fuego -esto se explica ya que es la menos poblada del país-, pero mantiene un índice elevado de 158; mientras que para Buenos Aires es de 125.
A la inocultable situación en la provincia, se sumó la represión sufrida en Rosario por familiares y organizaciones de derechos humanos que reclamaban avances en casos de gatillo fácil y otras causas impunes, en junio pasado. «La gente se estaba manifestando pacíficamente cuando empezó la represión», contó en aquel momento Alicia Bernal, presidenta de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (CADH). Entrevistada en La Brújula de la Mañana, explicó que la convocatoria comenzó con el reclamo por el esclarecimiento del caso de Mercedes Delgado -militante social del barrio Ludueña, asesinada en 2013- y se fueron sumando otras causas.
La activista de derechos humanos describió ese momento: «Hubo una manifestación frente a Tribunales y en la Fiscalía de Homicidios, con mucha gente, y en un momento, ante la negativa de un fiscal de atender a los familiares de Dante Fiori (NdR: asesinado por un policía), comenzaron a quemar cubiertas. Ahí apareció muchísima policía, en todas sus formas, la motorizada, creo que también había un camión hidrante». El saldo de la represión fueron 18 detenidos, entre ellas dos menores de edad y una persona con discapacidad, «lo cual es terrible», denunció Bernal. El mensaje fue claro: el Estado va a seguir garantizando la impunidad, incluso reprimiendo la protesta social si lo considera necesario.
En declaraciones recientes frente a la prensa -interpelado por los casos de Roberto Arrieta, Franco Casco y Gerardo Escobar-, el gobernador santafesino Antonio Bonfatti, reconoció que hay «manzanas podridas» en la policía. Por otro lado, defendió a los policias «buenos», que hacen un «gran trabajo» combatiendo todo tipo de delitos. Lo que no dijo fue que, como sostienen las organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos, es «toda la institución», que existe un accionar sistemático en todas las fuerzas represivas y que hay un Estado que las conduce.
Fuente: http://brujulacomunicacion.com/index.php/informes/item/1499-santa-fe-esa-costumbre-policial-de-matar