Otra vez en la Argentina aparece quien quiere hacer que nuestros niños concurran a los cuarteles del Ejército para recibir instrucción escolar, además de capacitación laboral y formación ciudadana -créanlo, «formación ciudadana»-. Ahora ha sido el turno de la senadora Nacional Laura Martínez Pass de Cresto, perteneciente al partido justicialista de la provincia de Entre […]
Otra vez en la Argentina aparece quien quiere hacer que nuestros niños concurran a los cuarteles del Ejército para recibir instrucción escolar, además de capacitación laboral y formación ciudadana -créanlo, «formación ciudadana»-. Ahora ha sido el turno de la senadora Nacional Laura Martínez Pass de Cresto, perteneciente al partido justicialista de la provincia de Entre Ríos, quien propone semejante dislate.
La senadora Martínez Pass -que es «docente» promoción 1966 de la Escuela Nacional Normal Mixta Nº 3 «Almafuerte» de La Plata- ha presentado un proyecto de Ley (Expediente Nº 3195/04) que todavía, por suerte, se encuentra en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Su finalidad es crear el «Sistema educativo de Inserción social del adolescente» (SEISA) que supuestamente persigue la integración social de aquellos jóvenes entre 15 y 17 años que no han terminado sus estudios primarios.
Los antecedentes los podemos encontrar allá por octubre del 2002 cuando la iniciativa estaba en manos del gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires encabezado por Felipe Solá. En aquella oportunidad había dejado mi opinión al respecto manifestando mi repudio e indignación de pretender llevar a los jóvenes de entre 15 y 16 años a capacitarse laboralmente en instalaciones del Ejército («Ahora nuestros chicos pobres a los cuarteles» -http://usuarios.advance.com.ar/hugo-de-pedro/cuarteles.htm-). Por suerte aquella iniciativa no fue más allá de las propuestas.
Uno de los fundamentos expuestos por la senadora -que posee estudios en decoración de interiores- dice textualmente «El Sistema que se propone con la presente ley, ya ha sido instrumentado en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, merced a la iniciativa de su Intendente, Juan Carlos Cresto, habiéndose firmado los convenios pertinentes con el Ejército Argentino y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, y comenzará a implementarse el año próximo. Creo, que los resultados que se pueden lograr en Concordia, también pueden obtenerse en otros lugares del país, y este proyecto apunta precisamente a su extensión a todo el territorio de la República Argentina, con el necesario respaldo, que creo le corresponde a la nación en este sentido». En consecuencia la legisladora solamente posee como antecedentes una instrumentación que por suerte aún no ha sido llevada a la práctica y por lo cual es solamente un papel firmado. Tristemente firmado sin dudas. Ahora bien sí los ámbi tos establecidos para la educación y sus educadores o instructores pueden ser cambiados así a la ligera estamos frente a un serio problema.
La senadora -cuyo esposo es Juan Carlos Cresto el mismísimo Intendente mencionado en sus fundamentos- propone que se financie desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación las refacciones de los Regimientos del Ejército Argentino para adecuarlos a las condiciones educativas, a cambio de ofrecer los militares el servicio alimentario -desayuno, almuerzo y merienda- a los estudiantes, con fondos girados desde la Nación a las Provincias. Asimismo establece que el Ministerio de Salud de la Nación debería enviar a los cuarteles los medicamentos y vacunas necesarias para que sean suministrados por personal militar a los «jóvenes futuros uniformados». Más adelante aclararé esto último. ¿Debemos interpretar que los militares asumirían la tarea de nuestro sistema hospitalario y de salud?
No queda muy claro en el proyecto porqué la senadora -que es propietaria de una empresa metalúrgica- se refiere a la Escuela de Adultos si se trata de adolescentes, aunque a lo mejor es simplemente un error dentro del yerro que es éste alocado proyecto de Ley.
Cómo en la tentativa de Solá se quiere incluir en la currícula escolar la Educación Física, dejando establecido un amplio criterio al establecer «y todas las necesarias que surjan durante la elaboración». Deja sí consignado que cada jurisdicción provincial fijará un «Sistema Particular» que contendrá la «Formación Ciudadana». Ahora bien, no aclara la legisladora si tal formación ciudadana se refiere para que sea brindada a los chicos o a los militares que tanta falta les hace conocer, aprender y respetar esa mentada formación.
El proyecto de la senadora -en ejercicio desde el 4 de diciembre de 2003, que tiene presentados 134 proyectos de Declaraciones, 15 de Resoluciones y 25 de Leyes-, establece en su artículo 4º que «Se crearán en el ámbito de cada regimiento, equipos de asistentes sociales, para efectuar el relevamiento y seguimiento de la situación y evolución social del estudiante y su grupo familiar, erogación que deberá efectuar el Ministerio de Defensa de la Nación». Cualquiera que conozca los antecedentes de los militares y que se encuentre en su sano juicio no podría fundamentarlo diciendo «… que existe en dicha fuerza buena predisposición para la realización de actividades en la comunidad. Es por ello, que sería necesario que estuviera a su cargo el seguimiento del estudiante y su grupo familiar». Por lo menos es renegar de la verdad confirmada por el pasado y el presente accionar de los militares.
Si a todo lo antes descripto le sumo que la senadora -que posee estudios intensivos del idioma alemán- considera oportuno establecer que las «Instalaciones de los Regimientos» se conviertan en apéndice del sistema educativo llegamos a un absurdo con características de insolencia hacia nuestra Constitución. Estamos frente a una insostenible propuesta y es necesario remarcar este fundamento de la legisladora: «Asimismo, las necesidades de incorporación de voluntarios y cuadros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas proporcionaría a quien complete sus estudios con esta orientación contar con buenas posibilidades laborales a futuro». ¿Orientación educativa o militar?. Siendo más alarmante cuando sostiene «la facilidad de integrar la experiencia de los entes provinciales y municipales con la experiencia, elementos y posibilidades del Ejército Argentino, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo». ¿Qué experiencia educativa puede brindar el Ejército?. ¿Cuáles s on las posibilidades educativas de los militares para con menores de 17 años?
La Constitución Nacional, la ley de leyes, establece que el Estado Federal debe garantizar la educación primaria y sus instituciones; para más establece que al Senado le corresponde sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, cumpliendo con los principios que garanticen la gratuidad y equidad de la educación pública estatal. En toda la carta magna no se habla de educación en los cuarteles.
La historia argentina obliga a tener memoria activa sobre los actos de terrorismo de Estado y genocidio realizado por los militares entre 1976 y 1983, así como del envío a nuestras Islas Malvinas de miles de jóvenes no preparados y prácticamente desarmados en el año 1982. ¿Deberán ser los regimientos, asistidos religiosamente por monseñores como Antonio Baseotto, dónde deban estudiar los jóvenes?. ¿Deberán los chicos estudiar en los cuarteles que ensangrentaron los Tenientes Generales Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri?.
La falta total de autocrítica de los uniformados, la negación sistemática de declarar ante los tribunales nacionales e internacionales, la falta de información sobre el destino de decenas de miles de detenidos desaparecidos, el inmoral ocultamiento de los cientos de niños nacidos en cautiverio y privados de su identidad entre muchas atrocidades más hace imposible que uno se quede callado ante éste proyecto de Ley propuesto por la senadora que votó -junto a Ricardo Bussi, Eduardo Menem, Ramón Saadi y Ricardo López Diez- en contra de la designación como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Dra. Carmen Argibay. Su particular impronta no consideró la capacidad, antecedentes, independencia profesional y actuación en la justicia de la jueza porque simplemente «la República Argentina tiene una orientación religiosa que no se debe perder».
Si la senadora Martínez Pass -madre del Dr. Enrique Tomás Cresto que es diputado Provincial en Entre Ríos- fuera coherente al sostener en sus fundamentos como un factor importante de la problemática educativa el «debilitamiento de valores éticos, ciudadanos, de orden, patrióticos y de respeto a las instituciones» no debería proponer semejante proyecto de Ley para la formación de los adolescentes. A menos, claro está, que haya enviado a educarse en la escuela primaria a sus seis hijos en unidades militares y nos pudiera informar sobre los resultados obtenidos.
Realmente deseo y espero que los senadores rechacen el proyecto en la comisión, y que no den curso al tratamiento en el recinto, de éste descabellado proyecto de Ley, que toma una dimensión preocupante cuando asegura la senadora que «encontrándose el mismo en análisis con muy buena receptividad en la Comisión de Educación del Senado Nacional y en el Poder Ejecutivo Nacional».
La autora de éste proyecto no tiene la menor idea de lo que puede llegar a significar como antecedente una ley de estas características bajo el velado «objeto de integrar socialmente a los jóvenes». Su actuar legislativo en temas de educación escolar solamente encuentra un antecedente en un proyecto de comunicación solicitando que se instrumente la enseñanza de ajedrez en las escuelas.
Es increíble pero real. Tan real como debe ser nuestro compromiso por impedir que en alguna trasnochada sesión los legisladores voten este proyecto de Ley.
27 de marzo del 2005