El pasado 27 de julio, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, envió una carta a la organización Access Info Europe y a la Coalición Pro Acceso donde daba cuenta de que «en la mañana de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública». […]
El pasado 27 de julio, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, envió una carta a la organización Access Info Europe y a la Coalición Pro Acceso donde daba cuenta de que «en la mañana de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Y, a continuación, asumía que «la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley no será posible en esta legislatura».
El todavía presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluyó en su programa político para las elecciones de 2004 el proyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que tenía que reconocer el derecho a saber de los ciudadanos frente a las administraciones. En las elecciones de 2008, el PSOE volvió a incluir ese proyecto en su programa y enarboló, una vez más, la bandera de la «transparencia» y del ‘derecho a saber’.
En agosto de 2010, el Gobierno publicitó a bombo y platillo en sus medios afines que el anteproyecto de la Ley de Transparencia ya era un hecho y que en septiembre se llevaría al Parlamento. Sin embargo, ya ha concluido la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y esa norma no se ha aprobado. El miércoles es el Día Internacional del Derecho a Saber y el próximo 20 de noviembre se celebran las elecciones generales en nuestro país. Se da la circunstancia de que, hasta el día de hoy, tan sólo dos partidos políticos han presentado sus respectivos borradores sobre la Ley de Transparencia en el Parlamento: el PSOE y el PP. El partido del Gobierno lo hizo el pasado 29 de julio, y un mes antes, el 28 de junio, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, había presentado su proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Hay que recordar que, de los 27 países que forman la Unión Europea, solamente cuatro no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, Luxemburgo, Malta y España. En noviembre de 2008, el Consejo de Europa, del que son miembros 47 países, aprobó el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales. España, junto a Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco y San Marino, sigue sin aplicar ese Convenio. Es decir, nuestro país se encuentra en el furgón de cola de Europa en lo que se refiere a transparencia y Derecho a Saber de los Ciudadanos.
Jáuregui recordaba en su misiva a Access Info Europe y a la coalición Pro Acceso que «esta ley es ya irrevocable y, con toda seguridad, formará parte de los primeros proyectos que serán tratados en la legislatura del próximo año 2012». El ministro de la Presidencia también reconocía en su carta que, «en gran parte, esa andadura la habéis iniciado vosotros y ha sido sin duda vuestro impulso el que ha hecho posible su aprobación». La Coalición Pro Acceso está integrada por más de una 50 de organizaciones entre las que se encuentran Acces Info Europe, Amnistía Internacional, Pro Derechos Humanos de España, la Federación de Asociaciones de la Prensa, Open Data España, Transparencia Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace y otras muchas. También forman parte de esa coalición catedráticos, profesores universitarios, periodistas y abogados.
La Coalición Pro Acceso, como ha reconocido el ministro Jáuregui, ha sido la principal impulsora de la Ley de Transparencia y ha realizado un profundo estudio sobre las leyes de acceso a la información que rigen en 80 países. También ha analizado el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales del Consejo de Europa. Todo ello está reflejado en el gráfico que acompaña esta página.
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