La burocracia sindical es un caso particular dentro de las relaciones de dominación implementadas por el capitalismo, en ella se juntan: la represión contra el activismo, la buchoneada a la patronal, la visión policial del conflicto de clases, el armamento directo, la corrupción, el robo y la opresión cultural y espiritual sobre los trabajadores. […]
La burocracia sindical es un caso particular dentro de las relaciones de dominación implementadas por el capitalismo, en ella se juntan: la represión contra el activismo, la buchoneada a la patronal, la visión policial del conflicto de clases, el armamento directo, la corrupción, el robo y la opresión cultural y espiritual sobre los trabajadores.
La burocracia sindical es algo más que una simple correa de trasmisión de las políticas del estado entre los trabajadores, si por correa de trasmisión entendemos el convencimiento ideológico de la defensa del régimen de explotación; la burocracia sindical es un factor de poder que ha desarrollado y profundizado intereses particulares que la separan definitivamente de los trabajadores, sin que las patronales capitalistas lleguen a verlos como parte de su clase, por más, que los burócratas se esfuercen en ello.
La dirigencia sindical es un pilar en el sostenimiento del régimen de explotación, por la pura convicción de que su existencia está condicionada a la existencia del trabajo asalariado y a las condiciones de crisis que el capitalismo impone. En este sentido la defensa de los intereses de los trabajadores, desde el vamos, ocupa un lugar de desecho en relación a los altos intereses del capital.
Cuando la dirigencia de centro izquierda, afincada en la CTA, declara su amor por las políticas del kirchnerismo o por los sectores opositores, amantes de la producción sojera, no hace más que declarar su impotencia para representar los intereses reales de los trabajadores. Sobran los eufemismos y los artificios verbales sobre «la necesidad de profundizar una política de distribución de la riqueza o de acompañar en su lucha a los que menos tienen»; pero la realidad marca que un «nuevo modelo sindical» basado en el fraude, en la persecución a los luchadores obreros y en la aceptación de las condiciones imperantes como insustituibles, en función de priorizar la batalla por la gobernabilidad por encima de la lucha de los derechos de los trabajadores, colocan a esta Central en un plano reaccionario, apenas un escalón por debajo de la misma tesis sostenida por la iglesia.
Naturalmente el compromiso de la CTA con las políticas oficiales lleva a una revisión y una derechización de todos sus métodos. Es que las condiciones políticas imponen una forma de ser y de hacer.
No es que la burocracia moyanista le guste ser reaccionaria todo el tiempo, mientras que a los yaskistas le brote progresismo por los poros, es la realidad la que le marca los tiempos y tanto unos como los otros se disputan el viceversa de reacción-progresismo.
Cuando Juan Belén, Moyano y compañía salieron a defender los «sindicatos de Perón, en contra de la zurda loca y la cuarta internacional», lo hicieron porque vieron detrás del conflicto de Kraft-Terrabusi y del sindicato del subte una ofensiva democrática que amaza su sustentación como dueños del negocio. De la misma manera, cuando fundaron la Triple A en épocas del `70 para descabezar a balazos limpio a todo un conjunto de direcciones antiburocráticas que empezaron a tomar cuerpo luego del Cordobazo. De no ser «necesario», se autocrítican, no lo hubieran hecho y hubieran jugado al inocuo antiimperialismo «ni yanqui ni marxista» con el que Perón pretendió fundar una tercera posición. No se pudo, así funcionan los negocios.
La burocracia sindical de la CTA, desde hace 20 años viene jugando con eso de ser una central alternativa y pluralista, logrando imponer entre sectores más cercanos a una ideología centroizquierdista, e incluso izquierdista, la visión de ser los representantes morales del progresismo nacional. En el medio, fueron demoliendo el salario de sus representados, los convenios laborales y la estabilidad del trabajador del estado. La aceptación de la contratación en negro, las leyes de emergencia económica. A la demolición de la salud y la educación provinciales, que fueron posibles gracias al accionar de los «alternativos», cuya integración al Estado ha alcanzado un carácter sin precedentes, se le suma ahora la demolición de un sindicato entero -Suteba La Plata- al que entraron de noche rodeados de patotas armadas. De no ser necesario tampoco lo hubieran hecho, pero la docencia de La Plata no se resignó al fraude y resistió por seis meses su derecho a elegir una dirección propia. Así son los negocios: patotas y demolición.
La integración al Estado por parte de los sindicatos «alternativos» forma parte de una postura carrerista y acomodaticia que se justifica en la tesis de «cuestionar lo que está mal y defender lo que está bien en el marco del más amplio dialogo con el gobierno».
La CTA es una central dialoguista, que no realiza asambleas ni congresos bases, pero que recorre los despachos de los funcionarios «con la mejor buena voluntad para el acuerdo»; este dialogo abarca desde el gobierno nacional y los provinciales, hasta la iglesia, pasando por las cámaras patronales y burocracia sindical de la cual dice diferenciarse. El dialogo con el poder se sucede sin solución de continuidad, mientras el dialogo con los trabajadores «esta sometido a un proceso de construcción en el largo camino de democratizar las relaciones del trabajo», esto es, con la menor frecuencia posible.
Desde que la presidenta Cristina Fernández, salió en defensa del «modelo sindical tradicional como la más efectiva forma de defender la gobernabilidad» -y a esta altura el concepto tradicional abarca a la CTA- logró que aumentara el ritmo de reacciones violentas por parte las «patotas tradicionales» en contra de los trabajadores que intentan agruparse independientemente en sus lugares de trabajo.
La presidenta, realizó estas declaraciones en favor de los barones del sindicalismo, en el momento justo en que el accionar de los burócratas sindicales ha llevado a muchos de ellos a recorrer los estrados judiciales y estar cuestionados socialmente por las repugnantes maniobras que desde sus sindicatos y obras sociales realizan en contra de sus afiliados.
Que el kirchnerismo salga a defender a los Moyano, a Zanola de bancarios, a Palacios y Fernández de la UTA, a los Pedraza, los Daer o los Martines; los Yasky o Baradel -que derriban puertas a patadas y mandan golpear a mujeres y hombres por lumpenes armados en una batalla desigual-, significa salir en defensa de los que rebajan los medicamentos oncológicos con agua y que hoy debería vestir el ambo de presos comunes; a los que residen en lujosas mansiones en Miami, escapados de la justicia; a los que son investigados por asesinatos mafiosos o que cubren un importante espacio en el mapa del delito.
La realidad, es que cuando la presidenta habla de estos sectores como de un «sindicalismo fuerte necesario para crecimiento» recurre al puro artificio verbal, que de lo único que da cuenta es del proceso de descomposición que corroe al oficialismo.
Entre los trabajadores, la compresión y el debate en los lugares de trabajo de que la lucha por las reivindicaciones obreras se dan de frente en contra la burocracia que dirige los sindicatos, no es algo nuevo: las rufianadas mafiosas y el accionar extorsivo, patoteril y entreguista de los representantes del «modelo sindical tradicional» es de larga data; sin embargo, lo «original», si quiere llamárselo de alguna manera, de la situación actual en los gremios es que esta comprensión entre las bases obreras comienza a materializarse en una tendencia clasista, es decir una tendencia en la cual los trabajadores se reconocen a sí mismos como tales y que se lanzan a la lucha por sus reivindicaciones organizándose en forma independiente de la patronal, de los partidos del régimen y de la vieja burocracia propatronal.
Se rompe de esta manera, con la pasividad cómplice de las direcciones sindicales ante los despidos, las suspensiones y el congelamiento salarial.
Es de observar que, aunque incipiente aun, esta tendencia independiente, parece ir consolidándose aceleradamente entre las bases, lo que ha puesto en estado de alerta tanto al gobierno como a la propia burocracia sindical. Es que si bien, tanto Kraft- Terrabusi como la lucha de los trabajadores del Sindicato del subte o el Suteba La Plata, aparecen como las manifestaciones más visibles de este proceso, se trata de la existencia de algo más profundo que recorre la conciencia de los trabajadores desde Ushuaia a La Quiaca.
La causa que defiende la presidenta, la causa kirchnerista, es una causa reaccionaria en todos sus términos. Desde el punto de vista sindical: porque los trabajadores, que aspiran a desembarazarse del conjunto de parásitos que amasaron fortunas al frente de los sindicatos sobre la base de negociar el sudor ajeno, se verán en la necesidad de afrontar una lucha desigual en contra de todo el aparato burocrático y todo el poder del estado; y reaccionaria también, desde un punto de vista democrático más elemental: ya que la presidenta deposita las expectativas de la gobernabilidad (en definitiva conservar el poder hasta el final de su mandato) en una casta derechista, vinculada desde hace décadas a los pactos con los milicos y poseedora de gavillas armadas, que funcionan como verdaderos fuerzas paraestatales.
Bajo el menemismo también se defendía «modelo sindical tradicional»; eran épocas donde la burocracia sindical era prebendaría del Estado, y se surtía de las divisas que generaban las privatizaciones. Las patronales eran complacientes con el reparto del botín ya que alcanzaba para todos, comprendiendo que sin los aliados burócratas al frente de los sindicatos la expoliación menemista no hubiera sido posible.
En la actualidad, la crisis económica hace que las patronales no quieran competencias, y sólo a regañadientes aceptan que la dirigencia sindical avance irrefrenablemente en la integración al aparato del estado; para las patronales, el sostenimiento de la gobernabilidad en manos de la dirigencia sindical no sólo representa un incremento de gasto en el capital variable, sino un desvío de los subsidios estatales, que por fuerza creen que les corresponden, y una situación que muchas veces la deja en desventaja en los negociados con el patrimonio nacional.
A la burguesía, le gustaría vivir sin sindicatos y sin sindicalistas, que la obligan a una inversión cuya rentabilidad no es conocida y de alto riesgo, pero… no puede vivir sin ellos.
A la centroizquierda esta batalla por el capital variable y la política de subsidios entre empresarios y burócratas sindicales, le alcanza para definir una política de alianzas: cuanto más integrados aparezcan los burócratas al gobierno «progresista», mayor apoyo; en esto simplemente se basa la «distribución de la riqueza», en definir que corporación se queda con la mayor tajada. Esta es la base materialista de toda la ideología de los «alternativos».
El cuadro de descomposición política que acompaña al kirchnerismo es más contagioso que la gripe A. El gobierno ha venido rodeando de impunidad a los distintos sectores burocráticos y esto le ha armado un impresionante despelote judicial.
Puede que los jueces sean el Estado y que el derecho no pase de un discurso imaginado, una ficción que oculta la explotación y que permite una realidad aparente. Pero, las maniobras de la burocracia sindical son tan brutales que ponen en riesgo la propia ficción del derecho, y precisamente por eso, a la tropa de profesionales que viven de él.
El caso más emblemático quizá sea el del sindicato de aeronavegantes, donde la burocracia alineada con Alicia Castro -actual embajadora del kirchnerismo ante el gobierno de Venezuela- realizó un fraude escandaloso para declararse ganadora en las elecciones del gremio. Los fiscales de Ricardo Frecia (lista verde), intimo amigo del poder kirchnerista, al ver que perdían las elecciones agarraron 7 papeletas sueltas de su lista y las contaron como votos validos. Ni el trabajo de meterlos adentro de un sobre se tomaron!!!
La reacción de la justicia en contra de este fraude opuso a los jueces de las cámaras laborales con el propio aparato del ejecutivo que salió en defensa de la gente de Frecia.
Cuando el juez laboral acudió a la sede sindical para desalojar a los usurpadores fue recibido por una robusta patota «que estaba ahí para defender a las chicas» (curiosamente el sindicato de aeronavegantes es un sindicato mayoritariamente femenino, como el caso de Suteba La Plata), entre la patota oficial de Frecia y el mandato policial de Aníbal Fernández la jueza tuvo que retirarse del lugar.
El papel jugado en el caso de los aeronavegantes por el ministro Tomada, de trabajo, por el jefe de gabinete y las conducciones de las centrales obreras es el mismo que se reproduce en la pequeña seccional platense del Suteba.
La burocracia de Baradel engolosinada con la cerrada defensa que la presidenta realizó al sindicalismo tradicional y la aceptación del fraude en las elecciones -en primera instancia- por el Ministerio de Trabajo, sirvieron para que el «alternativo» de la CTA armara un grupo de tareas dispuesto a demoler el sindicato en La Plata.
La burocracia sindical es una especialista en demoliciones. La acción cobarde de pegarles a mujeres y usurpar sedes sindicales se basa en la desesperación de un burócrata que ve que la piqueta de la historia parece ahora avanza en un nuevo curso. Baradel y Yasky tendrán que entender que mientras los ladrillos no tienen memoria, los docentes si.
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